Sentencia nº 52001-23-31-000-2006-01365-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 10 de Febrero de 2011
| Número de expediente | 52001-23-31-000-2006-01365-01 |
| Fecha | 10 Febrero 2011 |
| Emisor | SECCIÓN SEGUNDA |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social,Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION "B"
Consejero ponente: VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA
Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil once (2011).
Radicación número: 52001-23-31-000-2006-01365-01(0088-10)
Actor: GLORIA I.D.O.
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACION - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida el 9 de octubre de 2009, por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por G.I.D.O. contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
LA DEMANDA
GLORIA I.D.O., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A[1]., solicitó ante el Tribunal Administrativo de Nariño, declarar la nulidad del siguiente acto administrativo:
- Resolución N° 0182 de 2 de marzo de 2006, notificada el día 16 siguiente, por medio de la cual, la representante del Ministro de Educación ante el Departamento de Nariño, le reconoció la suma de ocho millones quinientos diez mil seiscientos veintidós pesos ($8.510.622), por concepto de liquidación parcial de cesantías por el tiempo de servicios como docente municipal cofinanciada.
- Adicionalmente, solicitó declarar que no hubo solución de continuidad en la relación laboral, desde el 21 de marzo de 1981, fecha en la que fue nombrada como docente.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, la demandante pretende:
- Que se condene al Fondo de Prestaciones Sociales del M. a pagarle las cesantías retroactivas “liquidadas con el promedio mensual devengado durante el último año de servicio inmediatamente anterior a la fecha de la radicación de la solicitud del reconocimiento y pago de la misma, teniendo en cuenta el periodo comprendido entre el 21 de Marzo (sic) de 1981 y la presente fecha”[2].
- Que los valores objeto de la condena, sean indexados de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE, incluyendo el reconocimiento de los intereses causados a partir de la ejecutoria del acto de reconocimiento de las cesantías.
- Que se ordene a la entidad demandada que, a través de la Fiduciaria de P.S.A., cumpla la sentencia dentro del término que prevé el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
Como sustento de sus pretensiones, la demandante expuso los hechos que la Sala sintetiza así:
- Se vinculó como docente en el Municipio de Leiva (Nariño), mediante Decreto N° 689 de 21 de marzo de 1981 y se desempeñó inicialmente en la Escuela Rural Mixta de la vereda “La Esperanza”.
- Mediante Decreto N° 010 de 15 de febrero de 1994, el Alcalde de L. la nombró como profesora municipal cofinanciada en la Escuela Rural Mixta Sagrado Corazón de Jesús de la vereda “los Planes”.
- No obstante, a juicio de la demandante el anterior no fue, en estricto sentido, un nombramiento sino más bien una incorporación al sistema de cofinanciación. En efecto, nunca presentó renuncia alguna y tampoco hubo interrupción en el ejercicio de sus funciones, tal como lo acredita la constancia de trabajo de 18 de marzo de 2006 expedida por el Alcalde Municipal, quien certificó que ella fue vinculada mediante relación legal y reglamentaria desde el 21 de marzo de 1981.
- A través de un convenio celebrado entre la Nación, Ministerio de Educación y el Municipio de L., fue afiliada e incorporada -junto con otros docentes cofinanciados por la Nación y el Municipio-, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, en su Decreto Reglamentario (N° 196 de 1995), y en la Ley 91 de 1989 y los Decretos que la reglamentan (N° 1175 y 2563 de 1990).
- Desde el 1 de julio de 1996 los docentes cofinanciados por la Nación y el Municipio fueron incorporados al presupuesto del situado fiscal y, a partir de esa fecha, la Nación asumió el pago de su salario y de las demás prestaciones sociales.
- De acuerdo con lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2001 y en la Ley 715 de ese mismo año, los docentes municipales pasaron a formar parte del sistema general de participaciones de la planta del personal docente del Departamento de Nariño, a partir de 1 de enero de 2002; y conservaron el régimen prestacional que tenían hasta entonces.
- Mediante solicitud radicada bajo el número 0851 de 10 de noviembre de 2005, la demandante le solicitó a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento de una cesantía parcial para la compra de un lote, prestación que en su criterio le corresponde por los servicios prestados como docente de vinculación municipal cofinanciada, en la institución educativa “San Gerardo” del Municipio de L..
- Atendiendo la solicitud anterior, la entidad demandada profirió la Resolución N° 0182 de 2 de marzo de 2006, en la que le reconoció las cesantías parciales a partir del 1 de enero de 1996 hasta el año 2004, por un valor de ocho millones quinientos diez mil seiscientos veintidós pesos ($8.510.622). Este acto administrativo fue notificado a la parte actora el 16 de marzo de 2006 y contra el mismo no interpuso recurso de reposición pues “no es necesario para demandar” en los términos del artículo 51 del Código Contencioso Administrativo.
- A juicio de la demandante, se le debió reconocer la cesantía retroactiva y con retroactividad desde el 21 de marzo de 1981 y no desde 1 de enero de 1996. Por esa razón, sostiene que la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, incurrió en doble error: i) desconoció 15 años de su trabajo como docente y ii) desconoció el régimen de cesantías retroactivas que tienen los maestros en los términos de la Ley 91 de 1989, del Decreto 196 de 1995 y de la Ley 344 de 1996, entre otras disposiciones.NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN
A juicio de la demandante, la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, desconoció las siguientes disposiciones:
- De la Constitución Nacional, los artículos 2, 48, 53 y 58.
- La Ley 60 de 1993.
- La Ley 91 de 1989.
- La Ley 6 de 1945.
- La Ley 65 de 1946.
- La Ley 334 de 1996.
- El Decreto 196 de 1995.
- Los Acuerdos del Consejo Directivo de: 3 de marzo de 1993, 11 de enero de 1995, 29 de noviembre de 1995 y 26 de junio de 1996.
Para sustentar la violación de las normas antedichas, la actora manifiesta que si bien el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M. tiene como principal función, en los términos del artículo 4 de la Ley 91 de 1989, “la de atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la...
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