Sentencia nº 25000-23-25-000-2001-09447-01(8274-05) de Consejo de Estado - Seccion Segunda, de 27 de Septiembre de 2007

Contenido completo sólo para clientes

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS
RESUMEN

PENSION GRACIA – Reconocimiento porcentual del veinticinco por ciento adicional. Ordenanza 059 de 1937PRESTACIONES SOCIALES – Regulación. Se trata de establecer si en este caso la actora tiene derecho a que se le reconozca el porcentaje pensional aplicable a la pensión gracia reconocida por CAJANAL, en los términos del artículo 12 de la Ordenanza 059 de 1937. Ha sido reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de que la regulación de prestaciones sociales para los empleados públicos, según el texto constitucional de 1886, era facultad exclusiva del Congreso de la República o del Presidente en uso de facultades extraordinarias. Por lo tanto, una Ordenanza no podía señalar requisitos distintos de los establecidos en la Ley para el reconocimiento del derecho. Por mandato expreso del artículo 76, numeral 9°, de la Constitución de 1886, correspondía al Congreso determinar la estructura de la Administración Nacional y fijar las distintas categorías de empleo, así como el régimen de prestaciones sociales. La Sala también ha aclarado que las Asambleas no tenían ni tienen facultad para regular prestaciones sociales. Conforme a lo expuesto, si la reliquidación pensional a la que aspira la demandante tiene su fundamento en lo establecido por la Asamblea de Cundinamarca y tal Acto es contrario a la Constitución, es menester concluir que no le asiste el derecho reclamado por cuanto a dichas Corporaciones no les... (ver resumen completo)

EXTRACTO GRATUITO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION “B”

Consejero ponente: BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil siete (2007)

Radicación número: 25000-23-25-000-2001-09447-01(8274-05)

Actor: MARTHA MARINA PAIBA NUÑEZ

Demandado: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

AUTORIDADES DEPARTAMENTALES

______________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 31 de marzo de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que inaplicó la norma en que se fundaron las pretensiones de la demanda incoada por Martha Marina Paiba Núñez.

LA DEMANDA

MARTHA MARINA PAIBA NÚÑEZ, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C. C. A., solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se declare la ocurrencia del silencio administrativo negativo de la petición

presentada el 4 de junio de 2001, mediante la cual solicitó el reconocimiento, liquidación y pago de sus derechos pensionales de conformidad con el artículo 12 de la Ordenanza No. 059 de 1937, y su consecuente nulidad.

A título de restablecimiento del derecho, pretende el reconocimiento, liquidación y pago de los derechos pensionales establecidos en el artículo 12 de la Ordenanza No. 059 de 1937, sin que sea inferior al 25% del último sueldo que se tuvo en cuenta para liquidar la pensión gracia; se efectúen los ajustes de valor; dé cumplimiento a los artículos 176, 177 y 178 del C. C. A., artículo 151 del C.P.C. se condene a la entidad demandada al pago de las agencias en derecho.

Como hechos que sirvieron de sustento a las pretensiones narró los siguientes:

Una vez adquirida la pensión gracia, por cumplir con los requisitos legales, la actora solicitó el reconocimiento de los derechos pensionales contemplados en el artículo 12 de la Ordenanza No. 59 de 1937.

Dicha norma consagra el siguiente tenor literal:

“Para el caso especial de los maestros e inspectores escolares pensionados por la Nación o que tengan derecho a esa gracia del tesoro nacional, la Caja de Previsión solo reconocerá el saldo que falte para

completar el valor del último sueldo devengado por el respectivo inspector o maestro.

Parágrafo. Para el caso especial de los maestros de escuela se computará como servicio al Departamento el prestado por ellos como maestros, o como directores de establecimientos de educación que tengan carácter oficial.”

A su vez, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, consagra el siguiente contenido:

“Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación a favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados continuarán vigentes...”

El Departamento de Cundinamarca ha reconocido los derechos pensionales del artículo 12 de la Ordenanza No. 059 de 1937, a varios docentes, por lo que argumenta tener derecho a esto.

Finaliza diciendo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, M. P. Dr. Antonio José Arciniegas, mediante Auto de 5 de febrero de 2000, dentro del expediente No. 2000-7017, suspendió provisionalmente el artículo 12 de la Ordenanza No. 059 de 1937 expedida por la Gobernación de Cundinamarca, manifestando sin embargo, que dicha decisión fue posterior a la presentación de la demanda, por lo que tendría derecho a tal prestación.

NORMAS VIOLADAS

Como disposiciones violadas cita las siguientes:

Artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 53 y 58 de la Constitución Política ; artículo 8 de la Ley 153 de 1887; artículo 12 de la Ordenanza No. 059 de 1937; artículos 66, 85, 137, 177, 178 y 206 del Código Contencioso Administrativo; artículo 151 del C. de P. L.; artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo ; artículos 141 y 146 de la Ley 100 de 1993; artículo 48 de la Ley 270 de 1996; sentencias C-410 de 1997, C-539 de 1999 y T-409 de 1998 de la Corte Constitucional.

LA SENTENCIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 31 de marzo de 2005 (fls. 152 al 160), declaró la inaplicabilidad del artículo 12 de la Ordenanza 059 de 1937, con base en los siguientes argumentos:

De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza No. 059 de 1937, la actora pretende que se le reconozca y pague el saldo que falta para completar el valor del último sueldo devengado, o sea, que se reajuste en un 25% la pensión reconocida.

Advirtió que al momento de proferirse el fallo de primera instancia, la norma que se invocó violada, salió del mundo jurídico, pues esa Corporación en providencia de 14 de junio de 2002, ordenó su anulación.

Indica que la nulidad de los actos produce efectos desde el momento de su expedición, lo que significa que si dicho Acto nació viciado, no puede producir efectos, y ante esa ilegalidad no puede hablarse de derechos adquiridos.

La jurisprudencia del Consejo de Estado, ha afirmado que cuando la anulación se funda en razones de ilegalidad, surte efectos retroactivos, por lo que las cosas vuelven al estado en que se encontraban en el momento de la expedición del Acto revocado.

EL RECURSO

La actora interpuso recurso de apelación (fls. 161-163), teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

Indicó que el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, que consagra que las situaciones jurídicas de carácter pensional definidas por disposiciones municipales o departamentales, continúan vigentes, fue declarada exequible mediante sentencia de la Corte Constitucional C-410 de 1997, siendo obligatorio su cumplimiento para todos los operadores judiciales de conformidad con el artículo 48 de la Ley 270 de 1996 y la sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional.

Si bien, la Ordenanza No. 059 de 1937 declaró la nulidad del artículo 12, entre otros, lo cierto es que se encontraba vigente al momento de promover la presente acción de nulidad.

Indicó que contra la decisión del Tribunal de Cundinamarca que anuló varios artículos de la Ordenanza citada, se promovió una acción de tutela, que fue revisada por la Corte Constitucional, quien mediante sentencia T-520 de 2004, dijo:

“Así entonces, con la sentencia impugnada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no desconoce el eventual derecho adquirido a la pensión de jubilación del accionante, pues tal derecho le fue garantizado o protegido por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con la sentencia C-410 de 1997.

Si la Dirección de Pensiones Públicas del Departamento de Cundinamarca negó al actor el reconocimiento de la pensión de jubilación y con esa determinación le vulneró el derecho...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS