Sentencia nº 25000-23-26-000-1999-02733-01(25738) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 11 de Junio de 2014
| Fecha | 11 Junio 2014 |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
3-RD-850-2014
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
SUBSECCION A
Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON
Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil catorce (2014).
Radicación número: 25000-23-26-000-1999-02733-01(25738)
Actor: SOCIEDAD ARROCERA DON JUAN LTDA.
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
Referencia: ACCION DE REPARACION DIRECTA (APELACION SENTENCIA)
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida el 6 de agosto de 2003, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
La Sociedad Arrocera Don Juan Ltda., por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa instaurada en contra del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, solicitó declarar a la parte demandada patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados a la sociedad actora con la operación administrativa que adelantó y mediante la cual se suspendió, sin fundamento legal, el permiso fitosanitario que le había expedido y como consecuencia le impidió importar diez mil toneladas de arroz paddy provenientes de Ecuador.
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solicitó que se condenara a la parte demandada a pagar a su favor la indemnización por los perjuicios materiales causados, en las modalidades de lucro cesante por la suma de mil setecientos veintitrés millones seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y seis pesos ($1.723.658.356), más los intereses legales y la indexación a que hubiera lugar.
Como fundamentos fácticos de sus pretensiones expuso los que la Sala se permite resumir de la siguiente manera:
Se afirmó en la demanda que el 19 de octubre de 1998 el Instituto Colombiano Agropecuaria – ICA -, otorgó a la demandante el permiso fitosanitario No. ON-5111-98 para la importación de 10.000 toneladas de arroz paddy y 10.000 toneladas de arroz blanco, provenientes de Ecuador.
Expuso la accionante que una vez obtuvo el permiso, procedió a solicitar los registros de importación ante el Incomex, entidad que expidió el registro de importación contenido en el formulario L07971003059624, válido por seis meses, hasta el 3 de mayo de 1999.
Agregó la demanda que obtenido el permiso y el registro de importación la sociedad demandante procedió, el 8 de octubre de 1998, a celebrar con la sociedad Corcelsa S.A. de Ecuador un contrato para la compra de arroz, en el que se estipuló que si la sociedad colombiana no realizaba la importación dentro del término convenido debería pagar una indemnización equivalente al 20% del valor de la operación.
Expuso la parte accionante que mediante la Resolución No. 02933 de 25 de noviembre de 1998, el ICA condicionó la importación de arroz a Colombia, por una eventual emergencia sanitaria y dispuso que se debía cumplir con ciertos requisitos, como fueron: 1) Que el producto viniese libre de una serie de virus enumerados en los numerales uno y dos del artículo primero de la resolución enunciada; 2) Que el arroz viniera en empaques nuevos y, 3) Que el material no fuera transgénico, ni que hubiera sufrido manipulación genética.
Refirió el actor que, el 30 de diciembre de 1998 recibió el oficio No. 11546 enviado por el ICA, mediante el cual le suspendía el permiso fitosanitario hasta que se normalizara la situación; en atención a la suspensión la sociedad demandante intentó la prórroga de la vigencia del registro de importación, pero el Incomex mediante acto administrativo del 19 de abril de 1999 negó la solicitud porque el permiso fitosanitario no estaba vigente.
Cuenta la demanda que la Secretaría General de la Comunidad Andina, en uso de sus atribuciones, profirió la Resolución 207 de 22 de marzo de 1999 mediante la cual declaró que las restricciones y los requisitos fitosanitarios adicionales impuestos por el ICA mediante la Resolución 2933 de 1998, violaban las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en especial la Decisión 328 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Resolución 431 de 1996 de la Junta del Acuerdo de Cartagena y afectaba en forma ilegal operaciones del comercio regional andino, por lo que ordenó al gobierno colombiano que dispusiera la revocación de la medida.
Se afirma que, en atención a la anterior disposición, el ICA profirió la Resolución 708 de 6 de mayo de 1999, mediante la cual retiró las restricciones para la importación de arroz ecuatoriano y dispuso que los permisos fitosanitarios expedidos durante el término en el que había operado la restricción se debían entender suspendidos, por lo que el 6 de mayo el ICA le reemplazó el permiso fitosanitario a la sociedad demandante con validez hasta el 2 de septiembre de 1999.
Agrega la demanda que teniendo la parte actora el permiso fitosanitario solicitó ante el Incomex la renovación del registro de importación, entidad que se lo negó mediante el acto administrativo No. 8235 porque el gobierno nacional había expedido el Decreto 820 de 7 de mayo de 1999 que restringía las importaciones de arroz del Ecuador, aduciendo que éstas perturbaban el mercado interno de arroz colombiano.
La demanda, así formulada y radicada el 9 de noviembre de 1999[1], fue admitida por auto del 15 de agosto de 2000[2], notificada en legal forma al Ministerio Público el 24 de agosto siguiente[3] y al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA – el 22 de febrero de 2001[4].
El ICA se opuso a las pretensiones de la demanda, adujo en esa oportunidad que expidió la Resolución 2933 de 1998 porque tenía sospechas fundadas de que la plaga T.P., pudiera estar en el territorio nacional, según denuncia de F.; que dicha Resolución condicionó la importación de arroz al cumplimiento de unos requisitos sanitarios, como era la certificación expedida por la autoridad sanitaria del país exportador.
Agregó que la sociedad demandante suscribió el contrato No. 901008A el 8 de octubre de 1998 con Corcelsa S.A., para importar 10.000 toneladas de arroz, mediante tres embarques en los meses de marzo, abril y mayo de 1999; que, como el permiso fitosanitario ON-5111-98 otorgado a la sociedad demandante tenía una vigencia comprendida entre el 19 de octubre de 1998 y el 18 de abril de 1999, ésta tuvo tres meses antes del primer embarque que se haría en marzo, para conseguir en Ecuador el certificado a que se refiere el artículo primero del acto; además el permiso de importación otorgado por el Incomex vencía el 3 de mayo de 1999, lo que indica que si la sociedad demandante hubiera conseguido la certificación requerida habría podido realizar las importaciones.
Puso de presente que el permiso fitosanitario que otorga el ICA en ejercicio de la función atribuida por la Carta Política de protección a la sanidad agropecuaria, es previo a la autorización de exportación que debe ser otorgada por el Incomex o el Ministerio de Comercio Exterior, por lo que no le asiste culpa alguna en lo relacionado a la imposibilidad de importación de las 10.000 toneladas de arroz.
Así las cosas –concluyó- la responsabilidad es de la demandante y no del ICA.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 3 de abril de 2001 abrió el proceso a pruebas[5] y decretó las solicitadas por las partes.
Concluido el término probatorio, a través de auto de 4 de septiembre de 2002, se corrió traslado para alegar de conclusión[6], oportunidad procesal en la cual el Ministerio Público guardó silencio.
Tanto la parte actora como la demandada se pronunciaron para reiterar la misma argumentación expuesta en la demanda y su contestación[7].
I.I.-LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 6 de agosto de 2003[8], negó las pretensiones de la demanda al considerar que la sociedad actora no había probado el daño que le atribuye a la entidad demandada, consistente en el pago de la sanción por el incumplimiento del contrato celebrado con Corcelsa S.A., el 8 de octubre de 1998.
Agregó que no se configuró la aludida falla del servicio, en tanto que las medidas de policía que adoptó la entidad accionada, tenían como propósito velar por la salubridad pública, pues, para la época en que se suspendió el permiso fitosanitario a la demandante, existían serios indicios de que al territorio nacional se había introducido el Thrips Palmi.
Finalmente manifestó que la sociedad demandante pudo haber realizado los embarques de arroz oportunamente durante el tiempo en que estuvo vigente el permiso fitosanitario, que fue expedido el 19 de octubre de 1998 y se halló vigente hasta el 18 de abril de 1999, concluyendo que fue la tardanza con la que actuó la ahora demandante la que originó la imposibilidad de importar dicho grano.
I.II.- EL RECURSO DE APELACION
De manera oportuna la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia para solicitar su revocatoria y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.
Advierte la impugnante que la sentencia apelada pasa por alto una vía de hecho en la que incurrió la demandada a través de la operación administrativa mediante la cual prohibió la importación de arroz del Ecuador, obrando con falta absoluta de competencia. Tal operación administrativa comprende la ejecución de una medida sanitaria no registrada en legal forma ante la Comunidad Andina de Naciones, la suspensión de permisos fitosanitarios legalmente concedidos y la prohibición, con absoluta incompetencia, de realizar importaciones de arroz.
Agregó que tampoco comparte la apreciación hecha por el a quo en relación a que la importación de arroz no se hizo por su propia negligencia, porque ésta solamente se podría haber realizado entre el 3 y el 25 de noviembre ya que era necesario además del permiso fitosanitario el registro de importación que fue obtenido el 3 de noviembre, luego el 25 de noviembre mediante la Resolución 2933 de...
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