Sentencia nº 73001-23-33-000-2013-00534-01(3650-14 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 29 de Febrero de 2016
| Fecha | 29 Febrero 2016 |
| Emisor | SECCIÓN SEGUNDA |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
NIVEL EJECUTIVO – Policía Nacional / NIVEL EJECUTIVO – Marco normativo y jurisprudencial / REGIMEN DE AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL – Decreto 1213 de 1990 / NIVEL EJECUTIVO – Mejoro las condiciones salariales y prestacionales / NIVEL EJECUTIVO – No lesiono el mandato de no regresividad / PRINCIPIO DE INESCINDIBILIDAD – Régimen de cesantía / CONDENA EN COSTAS – Se revoca puesto que no se observa conducta de mala fe que involucre abuso del derecho
Destaca la Sala que mientras en el Decreto 1213 de 1990 se estableció el régimen retroactivo de cesantías [artículo 103]; en el Nivel Ejecutivo [Decreto 1091 de 1995], está el régimen anualizado, determinando que a la fecha del traslado se reconocería el beneficio causado hasta ese momento al interesado, si se acreditaban los requisitos para ello [artículo 50 y transitorio]. Quienes se acogieron al Nivel Ejecutivo vieron aumentados sus ingresos, dando aplicación la accionada así al principio de progresividad y no solamente manteniendo sus condiciones salariales y prestacionales, sino que fueron ampliamente mejoradas. Aunado lo anterior, no se desconocen los derechos adquiridos cuando se trata del cambio voluntario de régimen como ocurrió en el sub- examine, teniendo en cuenta que la demandante fue H. al Nivel Ejecutivo, y estuvo vinculada hasta el 4 de diciembre de 2013, sin que hubiera manifestado reparo alguno, dado que hasta el 22 de noviembre 2013, presentó petición para que le fueran tenidos en cuenta los factores que devengaba en el régimen de agentes [Decreto 1213 de 1990]. Ahora bien, en relación con las primas de servicios, navidad y de vacaciones, es evidente que en el régimen salarial y prestacional del Nivel Ejecutivo no se contemplaron las primas de actividad y antigüedad, entre otras; sin embargo, se crearon unas nuevas primas y se consagró una asignación básica mensual muy superior en relación con el grado de agente, por lo que, se advierte, en vigencia del nuevo régimen se superaron las condiciones salariales y prestacionales que la interesada ostentaba antes del 31 de mayo de 1995. Con el material probatorio obrante dentro del expediente, entonces, contrario a lo afirmado por la accionante, lo que se observa es que el Nivel Ejecutivo no lesionó el mandato de no regresividad, pues mirado en su conjunto, el régimen del Decreto No. 1091 de 1995 le reporta mayores beneficios. También cabe precisar que en materia de subsidio familiar el régimen del nivel Ejecutivo consagró unas nuevas condiciones que posiblemente no la favorecieron, pero que, por otros aspectos es más benéfico, pues permite la inclusión de los hermanos y padres como beneficiarios del mismo. En relación con el régimen de cesantías, tampoco se puede acceder a lo reclamado por la interesada, so pena de violar el principio de inescindibilidad. Así las cosas, se establece que la demandante se benefició al cambiar del rango de agente al del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en materia salarial, pues, en dicho régimen se superaron las condiciones mínimas que dispuso el Legislador, y por lo mismo, se debe someter integralmente a su reglamentación, dentro de la cual no se establecieron los factores que la actora reclama, precisamente porque corresponden es al régimen de agentes, al que ya no pertenece, y en cambio sí se le reconocieron y pagaron los propios del Nivel Ejecutivo al cual ingresó de forma voluntaria. (…) En el presente asunto, el Tribunal Administrativo Boyacá condenó en costas y agencias en derecho a la demandante, sin señalar ningún argumento, empero, no es procedente imponerlas a la parte vencida, toda vez que no se observa y verifica una conducta de mala fe que involucre abuso del derecho, ya que la parte actora esbozó argumentos que aunque no prosperaron, son jurídicamente razonables.
FUENTE FORMAL: LEY DE 1993 / LEY 4 EE 1992 / LEY 180 DE 1995 / LEY 923 DE 2004 / DECRETO 1791 DE 2000 / DECRETO 1213 DE 1990 / DECRETO 1091 DE 1995
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VELEZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 73001-23-33-000-2013-00534-01(3650-14
Actor: M.E.M.S.
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONALTrámite: Ley 1437-002011
Asunto: Apelación Sentencia – Homologación Nivel Ejecutivo
Confirma la decisión del Tribunal que negó las prestaciones sociales establecidas en el Decreto 1212 de 1990 solicitadas por la demandante, toda vez que no tiene derecho a ellas por pertenecer al nivel ejecutivo al cual se homologó desde 1995.
La Sala decide el recurso de apelación[1] interpuesto por la parte actora contra la Sentencia de 11 de julio de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las súplicas del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, incoado por M.E.M.S. contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
LA DEMANDA
La señora M.H.M.S., actuando a través de apoderado judicial[2], acudió ante el Tribunal Administrativo del Tolima[3], con el objeto de obtener la nulidad del Oficio No. S-2013-078670/ADSAL-GRUNO-22 de 21 de marzo de 2013, suscrito por la Jefe Área Administración Salarial de la Policía Nacional que negó la reliquidación y pago de factores salariales y prestacionales que la Policía Nacional le suprimió y/o extinguió sin fundamento constitucional o legal alguno.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho solicitó: I) se ordene a la demandada a reconocer y pagar a partir del 29 de enero de 1996[4], por concepto de prima de actividad en un porcentaje del 50% del sueldo básico de un intendente J., II) la prima de antigüedad con base en el grado y salario básico de un de un S. desde el 29 de enero de 1996[5]; III) subsidio familiar en el 43% del sueldo básico a partir del 29 de enero de 1995[6]; IV) bonificación por buena conducta; V) auxilio retroactivo de las cesantías sobre el salario básico mensual que devengaba la demandante; VI) que se condene a la Policía Nacional al pago de 100 S.M.L.V., por concepto de perjuicios morales sufridos.
Además solicitó se ordene a la Policía Nacional, la modificación de la hoja de servicios la actora, para que la Caja de Suelos de Retiro- CASUR, modifique la resolución que reconoció y ordenó el pago de su asignación de retiro.
También pidió se condene en gastos y costas procesales a la parte demandada, y se ordene dar cumplimiento a la sentencia en la forma y términos señalados en el C.P.A.C.A.
FUNDAMENTOS FÁCTICOS
Para fundamentar sus pretensiones expuso los siguientes hechos:
La señora M.E.M.S., ingresó a prestar sus servicios a la Policia Nacional por un tiempo de veintiún (20) años, un mes (1) y ocho (8) días, de la siguiente manera:
• Resolución No. 001035 de 22 de febrero de 1993 como suboficial alumna de 25 de enero de 1993 a 8 de julio del mismo año.
• Resolución No. 004938 de 07 de julio de 1993 como Suboficial con efectos de 9 de julio de esa anualidad a 31 de junio de 1996.
• Resolución No. 000284 de 29 de junio de 1996 mediante la cual se vinculó al nivel ejecutivo, hasta el 4 de marzo de 2013, fecha en que retiró de la Institución
Aseguró que motivada por las garantías que el Gobierno Nacional les ofreció, en virtud de la ley 62 de 1993, homologó al escalafón del nivel ejecutivo en el grado de subintendente, con la misma continuidad de la relación laboral, antigüedad y cumpliendo iguales actividades de servicio.
Afirmó que el 13 de marzo de 2013 interpuso derecho de petición ante la Policía Nacional en el cual solicitó se reconociera, reliquidara y pagara los factores salariales y prestacionales del Decreto 1212 de 1990, las cuales se venían cancelando antes de su homologación al Nivel Ejecutivo; dicha solicitud que se despachó desfavorablemente mediante oficio No. S-2013-078670/ADSAL-GRUNO 22 de 21 de marzo de 2013.
Normas Violadas y Concepto de Violación.
Relacionó como disposiciones violadas las siguientes: de la Constitución Política, su preámbulo, los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 48, 53, 83, 84, 121 y 220; Ley 4ª de 1992, artículos 1, 2 y 10; Ley 180 de 1995, artículo 7 parágrafo único; Ley 734 de 2002, artículo 33, Decreto 1213 de 1990, Decreto 132 de 1995, artículo 82.
Los actos demandados violan los principios, valores y fines del Estado, toda vez que...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba