Sentencia nº 08001-23-31-000-2011-01066-01(43292) de Consejo de Estado - Sala de Consulta, de 30 de Enero de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 495949595

Sentencia nº 08001-23-31-000-2011-01066-01(43292) de Consejo de Estado - Sala de Consulta, de 30 de Enero de 2013

Ponente:Danilo Rojas Betancourth
Actor:Acción de Reparacion Directa
Fecha de Resolución:30 de Enero de 2013
Emisor:Sala de Consulta
RESUMEN

AUTO QUE RECHAZA LA DEMANDA - Recurso de apelación. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - Cuantía del proceso / CUANTIA - Supera el monto exigido para que el proceso sea de doble instancia / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - Recurso de apelación contra auto que rechazó la demanda. Procedencia Esta Corporación es competente para conocer del presente proceso comoquiera que supera la cuantía exigida por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998. De igual forma, se advierte que la Sala es competente para decidir el presente asunto de acuerdo con lo señalado por el artículo 146A del Código Contencioso Administrativo, por tratarse del auto a través del cual el Tribunal Contencioso Administrativo de Atlántico rechazó la demanda, providencia que es apelable de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 181 ibídem. FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 129 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -... (ver resumen completo)

 
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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION B

Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil trece (2013)

Radicación número: 08001-23-31-000-2011-01066-01(43292)

Actor: MARIA TERESA TORRES RONCALLO

Demandado: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Referencia: ACCION DE REPARACION DIRECTA

Decide la sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 3 de octubre de 2011 proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante el cual se rechazó la demanda por haber operado la caducidad.

ANTECEDENTES

  1. El 9 de septiembre de 2011, la señora María Teresa Castillo Roncallo presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, con el fin de declarar administrativamente responsable al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, y obtener la indemnización por los perjuicios causados como consecuencia de la falla en el servicio al obrar con negligencia, descuido y abandono en el ejercicio de sus funciones públicas como empleador, por omitir pagarle oportunamente las prestaciones laborales finales (f.1-20, c. 1).

  2. Como hechos de su demanda, adujo la actora que desempeñó el cargo de gerente de la oficina asesora jurídica del despacho del alcalde de la ciudad de Barranquilla, desde el 1 de enero de 1998 hasta el 9 de agosto de 2000 con una asignación básica salarial de $ 3 229 300 pesos mensuales durante su último año de servicio (f.1-20, c. 1).

  3. Mediante resolución n.° 0008 del 5 de marzo de 2001, expedida por la gerencia de relaciones humanas y laborales del despacho del alcalde distrital de Barranquilla, le fueron reconocidas y liquidadas sus prestaciones sociales de carácter laboral por valor de $ 6 514 664 pesos. De conformidad con el numeral quinto de la referida resolución, existía disponibilidad presupuestal de pago para la vigencia 2001, y como consecuencia se expidió la orden de pago n.° 6488 de marzo 30 del mismo año (f.1-20, c. 1).

  4. Argumentó la demandante que no obstante existir la correspondiente certificación de registro establecido en el presupuesto de rentas y gastos del Distrito de Barranquilla, para cancelar dichas prestaciones de carácter laboral, hasta el momento de presentación de la demanda no se habían pagado (f.1-20, c. 1).

  5. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla se acogió al proceso de reestructuración de pasivos contemplado en la Ley 550 de 1999 el día 27 de diciembre de 2002, cuya terminación por cancelación total de las obligaciones laborales fue decretado mediante resolución n.° 0410 del 6 de septiembre de 2010. Sin embargo, la accionante manifestó no haber recibido el pago de sus prestaciones de carácter laboral, ni haber sido su crédito inventariado dentro de las acreencias laborales del acuerdo de reestructuración de pasivos (f.1-20, c. 1).

  6. El 3 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo del Atlántico expidió auto mediante el cual rechazó la demanda, por considerar que había operado el fenómeno de la caducidad...

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