Sentencia nº 25000-23-26-000-1999-00257-01(18539) de Consejo de Estado - Sala de Consulta, de 1 de Julio de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 495950763

Sentencia nº 25000-23-26-000-1999-00257-01(18539) de Consejo de Estado - Sala de Consulta, de 1 de Julio de 2004

Ponente:Alier Eduardo Hernandez Enriquez
Actor:Modo de Compatibilidad
Fecha de Resolución: 1 de Julio de 2004
Emisor:Sala de Consulta
 
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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de julio de dos mil cuatro (2004)

Radicación número: 25000-23-26-000-1999-00257-01(18539)

Actor: C.A.L.A.

Demandado: NACION-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

De conformidad con la decisión adoptada por esta Sala el 24 de julio de 2003, que consta en el acta 025, en el sentido de fallar con prelación el proceso de la referencia, atendiendo lo previsto en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de marzo de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES
  1. Mediante demanda presentada el 18 de enero de 1999, por medio de apoderado (folios 3 a 7), el señor C.A.L.Á. solicitó que se declarara que la Nación – Presidencia de la República está obligada a pagarle la recompensa ofrecida públicamente por el señor P. de la República, E.S.P., el 16 de noviembre de 1995, cuyo valor es de $2.000.000.000.oo, suma que pidió actualizar con fundamento en la variación del IPC, hasta la fecha en que se diera cumplimiento a la condena. Adicionalmente, pidió que se condenara a la demandada a pagarle la suma de $200.000.000.oo, por concepto de perjuicios morales.

    En apoyo de estas pretensiones, se narraron en la demanda los siguientes hechos:

    a. El 2 de noviembre de 1995, se produjo en Bogotá el magnicidio del doctor Á.G.H..

    b. El día 16 siguiente, el entonces Presidente de la República, doctor E.S.P., al pronunciar un discurso con motivo de la celebración de los 76 años de la Fuerza Aérea Colombiana, ofreció la suma de $2.000.000.000.oo a quien suministrara información que permitiera a las autoridades obtener elementos para lograr la captura de los responsables del mencionado magnicidio. Este ofrecimiento se hizo públicamente y tuvo, además, amplio despliegue por parte de los medios de información nacionales e internacionales.

    c. El 18 de noviembre de 1995, el señor L.Á. se presentó ante la “Fiscalía General de la Nación Delegada o comisionada desde Santafé de Bogotá a la ciudad de Sincelejo (Sucre)”, donde rindió declaración juramentada y relató todo cuanto sabía sobre el hecho investigado, “haciendo señalamientos claros y precisos sobre sus autores”, y colaboró personalmente con la captura.

    d. “Como consecuencia de las declaraciones del señor C.A.L.Á., fue posible identificar, investigar y llamar a juicio a las personas implicadas...”.

    e. Desde el 21 de marzo de 1997, el señor L.Á. ha solicitado a la Presidencia de la República el pago de la suma ofrecida, pero no ha obtenido respuesta favorable. Por el contrario, “se ha buscado demorar y dilatar injustificadamente su cancelación...”.

    f. La pretensión referida al pago de los perjuicios morales está fundada en que “el señor L.Á. ha puesto su vida en gravísimo peligro, al enfrentarse a lo que se ha venido conociendo como una GRAN CONSPIRACIÓN, según lo afirma la Fiscalía General”. Por esa razón, tanto él como su familia han tenido que “ocultarse, perder sus empleos, sus sitios de habitación, sus lugares de estudio, sus amigos”, y han sido “condenados a trashumar como parias en todo el territorio nacional, sometidos a un aislamiento forzado, a la indiferencia de la entidad pública”, y a sufrir “amarguras y soledad personal y familiar a causa de la actitud menospreciativa de la administración”.

    Se aludió, además, en la demanda, a que el ofrecimiento mencionado constituye una oferta pública de premio o recompensa, que, conforme a los artículos 856 a 859 del C. de Co., es fuente de obligaciones.

  2. Notificado debidamente el auto admisorio de la demanda, la Nación le dio contestación a ésta última, en la siguiente forma (fls. 19 a 25):

    Se opuso a las pretensiones de la demanda y, respecto de los hechos, manifestó que no es cierto que el P. de la República hubiese hecho algún ofrecimiento de recompensa. Explicó que, por medio del Decreto legislativo 1900 del 2 de noviembre de 1995, se declaró el estado de conmoción interior, teniendo en cuenta, especialmente, el asesinato del connotado dirigente político Á.G.H., ocurrido ese día, y en ejercicio de las facultades de excepción, el Gobierno expidió, a su vez, el Decreto 1901 de 1991, que, en su artículo 7, dispuso que las autoridades competentes podrían conceder recompensas monetarias a la persona que, sin haber participado en la comisión de delito, suministrara información eficaz para identificar y ubicar a los autores o partícipes de un delito de competencia de los jueces regionales, o de bienes destinados a su comisión o que provinieran de ella. Se previó, además, que dichas recompensas debían ser certificadas por el fiscal competente, y que no procederían en caso de informes suministrados por el perjudicado directo de la infracción.

    Así, manifestó, es claro que únicamente con base en el artículo citado, las autoridades competentes, en nombre del Gobierno, estaban facultadas para ofrecer recompensas durante el período de la conmoción interior. De modo que, cuando el doctor E.S. dijo “se ofrecerá”, no efectuó un ofrecimiento, “ni sus palabras constituían ningún acto administrativo ni de Gobierno del cual pudiera derivarse ninguna obligación...”. Si existió otro tipo de ofrecimiento, no fue efectuado por el Presidente, sino por otras autoridades.

    Adicionalmente, conforme a la misma norma, se requería que la información suministrada fuera eficaz, aspecto que “ha sido fundamento de la respuesta que en varias oportunidades se le ha dado al actor, al contestar sus peticiones”, aunque nunca se ha reconocido la existencia de la obligación reclamada.

    Por otra parte, no existió, en este caso, una oferta comercial, dado que no se cumplen los requisitos que, para ello, ha señalado la doctrina: debe estar encaminada a la celebración de un negocio jurídico; debe ser completa, esto es, comprensiva de todos los elementos de dicho negocio, y debe existir una declaración de voluntad válidamente dada a conocer. El uso, por parte del Presidente, de una expresión en futuro, crea un margen de incertidumbre que impide la configuración de estos requisitos.

    Interpuso las excepciones de “[i]nexistencia de título ejecutivo” o de “título alguno donde conste la obligación reclamada por el demandante”, “[i]legitimidad en la causa por pasiva” e “[i]legitimidad en la personería sustantiva por pasiva”. Sobre estas dos últimas, expresó que no se ha encontrado ningún acto de gobierno, ni ningún acto jurídico de ofrecimiento, por parte del Presidente de la República, ni del Departamento Administrativo de la Presidencia, con lo cual dijo formular una negación indefinida, exenta de demostración.

  3. Practicadas las pruebas decretadas, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, y al representante del Ministerio Público para rendir concepto. Dentro del término respectivo, intervinieron aquéllas (folios 39, 40, 43 a 54).

    El apoderado de la parte demandante manifestó que la administración ha realizado “maniobras dilatorias” para no pagar la recompensa debida, al “incluir nuevos deberes para el administrado y... exigir providencias de la justicia penal que no estaban contempladas en el contrato de oferta, pues, de estarlo, nadie hubiera arriesgado su tranquilidad y su vida en pos de una peligrosísima quimera”. Agregó que, en la contestación de la demanda, el apoderado de la Nación hace “disquisiciones sobre verbos rectores para concluir que jamás se hizo la oferta, todo a contrapelo de la prueba documental donde sus mandantes reconocen esa realidad y sus efectos vinculantes”.

    De otra parte, consideró demostrados los hechos presentados en la demanda como fundamento de las pretensiones y expresó que, en cambio, la entidad demandada no aportó prueba alguna que avale sus alegaciones.

    Insistió en que, en el caso concreto, se produjo una típica oferta, a la luz del derecho civil y comercial, sin destinatario específico, la cual “se torna recepticia” cuando alguien la hace suya, como lo hizo C.A.L.. Y dado que el oferente no cumplió con sus deberes contractuales, la acción busca “que cese la incertidumbre respecto de vínculo contractual que une a los sujetos que litigan y que... se dicten las condenas consecuenciales”.

    El apoderado de la Nación reiteró los argumentos expuestos al contestar la demanda. Adicionalmente, manifestó que los medios de comunicación tergiversaron las palabras del Presidente de la República, incluidas en el discurso pronunciado el 16 de noviembre de 1995, en Palanquero, y reconoció que muchos ciudadanos creyeron, desprevenidamente, que se había hecho una oferta de recompensa y se crearon una expectativa. Precisó que, si el señor P. hubiera querido efectivamente ofrecer tal recompensa, se habría requerido “de la expedición de un acto jurídico, decreto, resolución o directiva presidencial, para que tuviera validez”, lo que, además, habría permitido “efectuar todas las apropiaciones presupuestales del caso”.

    Reiteró que no se produjo una policitación compromisoria, conforme al Código de Comercio, dado que no hubo un ofrecimiento, “sino un mero anuncio expresado en futuro”; no se dijo qué entidad lo haría, por cuanto fue una expresión impersonal; no se determinaron sus condiciones, lo que tampoco habría podido hacerse, dado que no se había efectuado ninguna oferta, y, finalmente, no hubo una declaración de voluntad válidamente dada a conocer, de manera que no hubo ánimo de obligarse; las manifestaciones del P. no estaban encaminadas a la celebración de un negocio jurídico. Citó, al respecto, algunos textos de doctrina.

    Indicó que, en los oficios de la Presidencia de la República, no se reconoce la existencia de ninguna obligación, sino que se alude a “las entidades estatales” que hubieren hecho el ofrecimiento, si ello efectivamente hubiere sucedido, y se explica que, en todo caso, se requería que la información suministrada fuera eficaz. Expresó, entonces, que el demandante tenía que probar la existencia de la oferta y su autor, y llamó la atención sobre el hecho de que el señor L.Á. utilizó la vía procesal ordinaria, y no la ejecutiva, lo que demuestra que es consciente de que los oficios citados no implican reconocimiento de ninguna obligación por parte de la Presidencia de la República.

    Expresó, además, que obran en el proceso otras pruebas que no provienen de la Presidencia de la República, por lo cual no la comprometen, ni demuestran la existencia de obligación alguna a su cargo.

    Aludió, finalmente, el apoderado de la Nación, a los términos de pretensiones de carácter ejecutivo, que, si bien, según afirmó, fueron presentadas por el demandante, no corresponden a las formuladas en este proceso.

    1. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

      Mediante sentencia del 30 de marzo de 2000, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, puso fin a la primera instancia, en la forma indicada en la primera parte de esta providencia (folios 56 a 79).

      Luego de referirse a las pruebas practicadas y a los hechos demostrados con fundamento en ellas, procedió a estudiar las excepciones propuestas, las cuales consideró infundadas. Precisó, respecto de ellas, que de la lectura de la demanda se desprende claramente que la acción formulada es de carácter ordinario, por lo cual no puede tenerse en cuenta el argumento de la demandada en el sentido de que no existe título ejecutivo a favor del actor. Tampoco el referido a la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que se pretende imputar responsabilidad a la Nación – Presidencia de la República, por hechos que se atribuyen, precisamente, a esta dependencia, de manera que las obligaciones que generaría una sentencia favorable a las pretensiones estarían a cargo de la entidad demandada. En cuanto a la falta de personería sustantiva, expresó que “no es más que una denominación impropia de la legitimación en la causa”.

      De otra parte, expresó que, como lo afirmó la parte demandada, en el discurso pronunciado el 16 de noviembre de 1995, el P.E.S. sólo hizo un anuncio en el sentido de que más adelante se haría una oferta de recompensa a quienes colaboraran con la justicia, en el esclarecimiento de la muerte del doctor G.H.; no hizo, entonces, una oferta específica. Entendió el Tribunal, sin embargo, que dicha oferta se produjo posteriormente, y que, si bien se desconoce el acto administrativo por el cual se realizó, la misma se publicó mediante avisos en los canales de televisión, desde el 22 de noviembre de 1995, según se desprende del oficio del S. General de Inravisión, que obra a folio 37 del expediente.

      Manifestó que, en el caso concreto, no resultan aplicables las normas del Código de Comercio que regulan la oferta o policitación, dada la naturaleza ajena al comercio que tienen tanto la administración de justicia como la colaboración que a ella le brinden otras personas. Estos ofrecimientos, entonces, están reglados por disposiciones especiales, distintas de las que regulan la actividad de los comerciantes.

      Indicó que, antes del discurso pronunciado por el doctor E.S., ya el Gobierno había expedido, el 2 de noviembre de 1995, el Decreto 1901, en ejercicio de las facultades derivadas de la declaratoria de conmoción interior, que reguló, en su artículo 7, el ofrecimiento de recompensas, previendo que se otorgarían en el evento de comprobarse el resultado y la eficacia de la información entregada. Así, cuando se publicó el aviso antes referido, ya existía este condicionamiento, lo que deja sin sustento la afirmación contraria del demandante en tal sentido.

      Se requiere, entonces, la demostración de que la información entregada por el demandante fue eficaz, como lo ha exigido la Presidencia de la República, para lo cual, a juicio de esta dependencia, es necesario que de ello se dé cuenta en “sentencia condenatoria ejecutoriada contra las personas involucradas en el ilícito y con base en las informaciones suministradas por el declarante”.

      Posteriormente, expresó:

      “La posición asumida por la Presidencia es válida en sentir de la Sala porque si bien el fiscal competente certificó que las declaraciones rendidas por L.Á. fueron fundamentales para identificar, investigar y llamar a juicio a dos de “...los presuntos autores responsables...” del homicidio, lo cierto es que el resultado y la eficacia de la información a que condiciona el citado decreto el pago de la recompensa sólo se pueden establecer definitivamente cuando, surtido el proceso, se produzca sentencia condenatoria que cobre ejecutoria y tenga como base fundamental el testimonio, aspecto que por ahora no se puede valorar, porque se desconocen los resultados finales de la causa y los incriminados por el actor bien pueden ser absueltos o resultar condenados con base en otros medios probatorios, éstos sí eficaces para tal efecto”.

      Precisó que lo anterior no quiere decir que el demandante no tenga derecho a la totalidad o parte de la recompensa ofrecida, ya que en este momento no hay elementos de juicio para establecer su derecho, “sino que su conducta debe estar encaminada a esperar que el proceso penal culmine y una vez esto suceda pedir la certificación del funcionario competente sobre la eficacia de su colaboración, para, con ella pedir a la Presidencia el reconocimiento respectivo y, de ser negado, acudir oportunamente al ejercicio de la acción pertinente contra el acto que así lo decida”.

      Concluyó, en ese orden de ideas, que las pretensiones objeto del proceso fueron formuladas antes de tiempo, por lo cual resolvió negarlas, “sin que ello implique cosa juzgada, ya que el actor, en la debida oportunidad, puede volver a demandar”.

    2. RECURSO DE APELACIÓN Y ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA:

      Dentro del término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia, el apoderado del demandante interpuso contra ella recurso de apelación, con fundamento en los siguientes argumentos (folios 81 y 100 a 103):

      “1. Sigo considerando que la obligación contenida en la oferta especialísima del Estado Colombiano a la ciudadanía en general, se limitó a dar la (sic) captura de los responsables. Dentro de ese criterio limitado –que desde luego la Administración quiso ampliar– mi poderdante cumplió con su obligación que es –así lo expresa el H. Tribunal– diferente del deber que en las mismas circunstancias nos cumple (sic) a todos los habitantes del territorio.

  4. En efecto, el cumplimiento de la obligación contractual conforme a los términos de la oferta especialísima, quedó clara e irrefutablemente probada (sic) en este plenario por medio de documentos que como constancias oficiales nos habla (sic) de:

    • Haber recibido en la Fiscalía General de la Nación informes fidedignos de parte del demandante.

    • Haberse capturado presuntos responsables del magnicidio con fundamento en tales informes.

    • Estarse en la actualidad juzgando a esos presuntos responsables”.

    Dentro de la oportunidad debida, estos argumentos fueron ampliados por el apoderado del demandante, ante esta S., mediante escrito en el que insistió en los aspectos planteados en otras etapas procesales, y especialmente en que está demostrada la eficacia de la colaboración de su representado. Finalmente, solicitó revocar la sentencia impugnada, teniendo en cuenta lo siguiente:

    “...el hecho cierto de la existencia de un contrato que une a las partes contendientes en este proceso; del cumplimiento de dicho contrato por el actor; de las constancias expedidas por la Fiscalía General de la Nación certificando la eficacia de la colaboración prestada por el demandante a las autoridades investigadoras; y de la existencia como hecho público y notorio de un juicio que se adelanta contra las personas sindicadas por el colaborador de la justicia...”.

    Estando en tiempo para ello, la apoderada de la demandada manifestó adherirse a la apelación del demandante, precisando que su inconformidad sólo se refiere a “algunos apartes de la parte considerativa de la sentencia”, dado que no existen objeciones respecto de su parte resolutiva. Cuestionó, entonces, dicha sentencia, teniendo en cuenta lo siguiente (folios 89 a 99):

    - En ella se concluyó que sí hubo un ofrecimiento de recompensa, posterior al discurso del doctor E.S., y para ello se tuvo en cuenta un oficio suscrito por el S. General de Inravisión, que había sido desestimado como prueba, en auto del 29 de junio de 1999, por haberse allegado extemporáneamente. Este oficio, además, alude a solicitudes formuladas por el Gobierno Nacional, y no por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

    - La información publicada en periódicos nacionales, y concretamente en el diario El Tiempo, es del 17 de noviembre de 1995, esto es, un día después del discurso de Palanquero, y constituye simplemente una publicación particular.

    - Carece de lógica disponer, como lo hizo el a quo, que el demandante podrá, posteriormente, formular la reclamación correspondiente, dado que no se demostró la responsabilidad de la Presidencia de la República.

    - Hoy en día está revaluada la información que inicialmente entregó la Fiscalía, en relación con la eficacia de los informes del demandante.

    - El ofrecimiento de recompensas, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1901 de 1995, sólo lo podían hacer las autoridades competentes para ello, a las cuales se refieren el artículo 64 del Decreto 2271 de 1991 y el artículo 89 del Decreto 2110 de 1992, y ninguna de ellas es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

    - En los oficios de la Presidencia de la República por los cuales se contestaron las peticiones del demandante, no se reconoce la existencia de la obligación de pagar la recompensa; sólo se reitera que, de existir tal obligación a cargo de otras dependencias del Estado, estaría, en todo caso, supeditada a la demostración de la eficacia de la información entregada. Por lo demás, aún si se hubiera hecho un reconocimiento en tal sentido, el mismo no comprometería a la Nación, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del C.C.A.

    La apelación del demandante fue concedida mediante auto del 23 de mayo de 2000. El 25 de septiembre siguiente, se dispuso su admisión y se ordenó tener en cuenta, para todos los efectos legales, la apelación adhesiva de la entidad demandada (folios 83 y 105).

    Corrido el traslado a las partes para alegar, y al representante del Ministerio Público para que rindiera concepto, intervinieron aquéllas (folios 108 a 120):

    El apoderado de la parte demandante reiteró los argumentos expuestos al sustentar la apelación, precisando que su inconformidad con el fallo apelado está referida al hecho de haberse considerado en ella que la obligación de recompensar a su poderdante “aún no es exigible contra la Administración..., pues aún se requiere que la justicia penal emita un fallo condenatorio contra las personas a que se referían los precisos informes” (folios 108 a 110).

    El apoderado de la Nación también insistió en las razones de defensa expuestas con anterioridad, y se refirió, nuevamente, a varios aspectos planteados en el escrito de apelación adhesiva. Precisó que el problema jurídico debatido está referido a la determinación de la existencia de un ofrecimiento de recompensa, por parte de la Presidencia de la República, en la forma indicada por el demandante, y consideró que este hecho no pudo demostrarse con fundamento en las pruebas se allegaron al proceso.

    Expresó, entonces, que “si se demostrara que fue la Nación genéricamente considerada o que fue otra la entidad del Estado que profirió el acto...”, tendría que considerarse que aquélla estuvo indebidamente representada en el proceso, dado que la fuente del daño no podría atribuirse al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

    Mediante auto del 31 de julio de 2003, el despacho del Magistrado Ponente decretó pruebas de oficio (folios 178 a 181).

CONSIDERACIONES
  1. Competencia del Consejo de Estado:

    Observa la Sala que si bien el apoderado de la entidad demandada presentó oportunamente un escrito en el cual manifestó adherir a la apelación interpuesta por el demandante, y mediante auto del 25 de septiembre de 2000, se ordenó tenerlo en cuenta, para todos los efectos legales, aquélla carece de interés para recurrir.

    En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, la apelación sólo puede tener por objeto solicitar el estudio de “la cuestión decidida en la providencia de primer grado” (se subraya), con el fin de que se “revoque o reforme”, por lo cual sólo puede interponerla “la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia”. Así las cosas y dado que en el fallo de primera instancia se resolvió negar las pretensiones de la demanda, lo cual resulta completamente favorable a los intereses de la Nación, es claro que la apelación adhesiva presentada por ésta carece de objeto y, por lo tanto, no puede ser considerada.

    Por lo anterior, la Sala se limitará a resolver la apelación presentada por la parte demandante y tendrá en cuenta, como alegatos, los argumentos expuestos por la demandada en el memorial por el cual se dijo adherir a aquélla, en el que reconoce que su inconformidad sólo se refiere a “algunos apartes de la parte considerativa de la sentencia”, dado que no existen objeciones respecto de su parte resolutiva.

    Debe precisarse, en todo caso, que, aunque en la parte motiva del fallo de primera instancia se expresó que lo decidido en él no haría tránsito a cosa juzgada, aspecto que podría, en principio, afectar a la entidad demandada, en la parte resolutiva del mismo no se adoptó una decisión inhibitoria, sino que, como se ha dicho, se resolvió el proceso de fondo, negando las pretensiones formuladas, de manera que aquella observación de las consideraciones resultó intrascendente respecto de la determinación adoptada.

  2. Situación probatoria:

    Obran en el expediente las siguientes pruebas, relevantes para la adopción de la decisión correspondiente:

    1. Copia del discurso pronunciado por el Presidente de la República, doctor E.S.P., el 16 de noviembre de 1995, en Palanquero, en la ceremonia de conmemoración de los 76 años de la Fuerza Aérea Colombiana (folios 2 a 4 del c. de pruebas).

      Luego de referirse a los tiempos difíciles que atravesaba el país, por causa de la violencia, y a la necesidad de contar con un compromiso firme de la Fuerza Pública y con instrumentos modernos y eficaces para combatir y reprimir el delito, se aludió, en este discurso, a la propuesta de descentralizar las unidades aéreas de la FAC, a la conformación de una comisión redactora de un proyecto de ley contra el terrorismo, y se anunciaron varias medidas que serían tomadas en uso de las facultades extraordinarias de conmoción interior. Se dijo que, en las horas siguientes, el Gobierno, amparado en dichas facultades, expediría un decreto para autorizar a los Alcaldes y Gobernadores para disponer la evacuación de zonas donde se estuvieran realizando o se fueran a realizar operativos tendientes a restablecer el orden público, e, inmediatamente después, se expresó:

      “Se ofrecerá la suma de 2.000 millones de pesos como recompensa para quien suministre información que permita a las autoridades obtener información para dar con la captura de los responsables del magnicidio de Á.G.H.”.

      Posteriormente, se dijo que, en el transcurso del año siguiente, se restablecerían los puestos de policía nacional en 72 municipios.

      Finalmente, se hizo referencia a que, cada tres meses, el Comando General de las Fuerzas Militares evaluaría el desempeño de las diferentes fuerzas; se aludió también a la creación de la V División del Ejército, y se terminó la intervención haciendo un llamado a los miembros de la FAC a complementar con su trabajo los esfuerzos del Gobierno.

    2. Certificación expedida por el Secretario de Prensa de la Presidencia de la República, en el sentido de que el discurso citado en el literal anterior “corresponde al texto de aquél que reposa en los archivos” de su oficina, pronunciado por el P.E.S.P., en la fecha ya indicada (folio 252).

    3. Copia autenticada de la primera página del diario El Tiempo, del 17 de noviembre de 1995, en el cual se informa que “[e]l Gobierno anuncia medidas contra terrorismo y violencia”. La noticia se titula: “Dos mil millones por los asesinos de G.”, y se desarrolla en la siguiente forma (folio 1 c. de pruebas):

      “Con cuatro nuevas disposiciones anunciadas ayer por el presidente E.S.P., el Gobierno espera contribuir a darle un golpe a la actual oleada de violencia y terrorismo.

      En primer lugar, se dará una recompensa de 2 mil millones de pesos a quien dé informaciones que conduzcan a la captura de los asesinos de Á.G.H..

      (...)

      Los anuncios los hizo el Presidente de la República en la Base Aérea de Palanquero, durante la celebración del septuagésimo sexto aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), al cual asistieron los altos mandos militares”. (Se subraya).

    4. Oficio remitido a esta Sala el 30 de septiembre de 2003, por el cual la Jefe Jurídica de Negocios del diario El Tiempo manifiesta que, por el tiempo transcurrido, ese periódico no está en capacidad de establecer, ni confirmar, si existió o no solicitud de rectificación de la Presidencia de la República u otra dependencia gubernamental, en relación con la información citada en el literal anterior (folio 198B).

    5. Certificación expedida por el Secretario de Prensa de la Presidencia de la República, en el sentido de que no se encontraron en los archivos de esa dependencia documentos relacionados con una rectificación a la misma información a que se alude en el literal c. (Folio 252).

    6. Certificación expedida por el Director de la Presidencia de la República, el 31 de julio de 2003 (folio 253), en el sentido de que, de la lectura del discurso citado en el literal a) de estas consideraciones:

      “se colige que el Primer Mandatario de la época no efectuó ofrecimiento alguno, sino que informó, utilizando un adjetivo sustantivado o futuro imperfecto [“Se ofrecerá la suma de 2.000 millones de pesos como recompensa”], que denota un hecho no acabado..., que las entidades competentes ofrecerían una recompensa a quien suministrara información que permitiera la captura de los responsables del magnicidio del Dr. G.H.”.

      Se expresó, además, que el suscrito director carece de competencia para certificar la forma como se ofreció una recompensa por parte de “las autoridades competentes”, conforme a los artículos 6 y 121 de la Constitución Política.

    7. Oficio recibido el 3 de septiembre de 2003, por el cual el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. informa a esta Sala que dicha entidad “NO ofreció recompensa alguna por información que permitiera la identificación y ubicación de los autores del homicidio del D.Á.G.H.” (folio 194).

    8. Oficio suscrito por la Asesora Jurídica de la Dirección Central de Policía Judicial, por el cual se da respuesta al requerimiento formulado por esta Sala al Director de la Policía Nacional (folio 189), informando que, “en el Área Administrativa y Financiera y de Delitos contra la Vida e Integridad Personal” de la Policía “no figura antecedente alguno sobre ofrecimiento de recompensa para la persona que suministrara información para la identificación y ubicación de los autores del homicidio del doctor Á.G.H.” (folio 260).

      Se anexó a este oficio una comunicación en la que se informa, además, que en el Área Administrativa y Financiera – Gastos Reservados, tampoco obra antecedente alguno al respecto (folio 261).

    9. Oficio suscrito por el Director Nacional de Fiscalías, en el cual se informa que, en los archivos relacionados con las solicitudes de concesión de beneficios por colaboración eficaz con la administración de justicia, “NO aparece información en el sentido que, de conformidad con el artículo 64 del Decreto 2790 de 1990 (modificado por el artículo 1º del Decreto 099 de 1991 y adoptado como legislación permanente en virtud del artículo 4º del Decreto 2271 de 1991) y del artículo 7º del Decreto Ley 1901 de 1995, se hubiese ofrecido recompensa económica a las personas que eventualmente suministraran información para procurar la individualización e identificación de los autores o partícipes del homicidio de que fue víctima el doctor Á.G.H.” (folio 214).

    10. Certificación expedida por el S. General del Instituto Nacional de Radio y Televisión Ltda. – INRAVISIÓN LTDA., a solicitud de esta S., en el curso de la segunda instancia, en el sentido de que, entre el 22 de noviembre de 1995 y el 30 de marzo de 1996, se publicó el siguiente aviso, por petición del “Gobierno Nacional” (folios 216 y 217):

      “UNIDOS PODEMOS MÁS QUE LOS DELINCUENTES. DOS MIL MILLONES DE PESOS DE RECOMPENSA POR LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES DE LA MUERTE DEL DOCTOR Á.G.H.. LLAME GRATIS AL 980019800 O AL 80011106. EN BOGOTÁ 2804617 – 2774343 – 2871960. ABSOLUTA RESERVA”.

      Según consta en un oficio interno del Director del Centro de Emisión de INRAVISIÓN, el 6 de mayo de 1999, el Coordinador de Emisión y Mantenimiento de la época preparó una respuesta, para la firma del Presidente de INRAVISIÓN, con destino al S.J. de la Presidencia de la República, anexando dos casettes de V.H.S., con la grabación al aire del anuncio mencionado, emitido el “dos (2) de noviembre de 1995, a las 19:10, por el Canal Uno”. En este mismo oficio consta que no es posible volver a expedir copia de dicha grabación, por cuanto los archivos fílmicos de la época, que, conforme a la ley, sólo tienen que ser guardados por un período de 6 meses, ya no existen (folio 218).

    11. Cinco (5) oficios suscritos por el señor C.A.L.Á. y siete (7) suscritos por el doctor L.H.C. –quien manifiesta ser apoderado de aquél–, dirigidos todos al P. de la República, salvo dos dirigidos al Director de la Dijín de la Policía Nacional, radicados entre el 14 de enero de 1997 y el 7 de septiembre de1998, por los cuales se solicita que se impartan las instrucciones necesarias para que se le cancele al primero la recompensa a que tiene derecho, en su condición de testigo dentro del proceso adelantado por el homicidio del doctor Á.G.H., teniendo en cuenta que su colaboración permitió a la Fiscalía conocer, capturar y procesar a tres de los principales autores materiales de ese delito (folios 5 a 10 y 22 a 32 del c. de pruebas)

    12. Oficio del 19 de marzo de 1997, por el cual el Director de la Policía Judicial le informa al señor C.A.L.Á. que la dependencia a su cargo nunca ofreció recompensa por la información relacionada con el homicidio del doctor Á.G., y le sugiere remitirse a la Fiscalía General de la Nación, entidad que lo incluyó dentro del programa de protección de testigos (folio 11 del c. de pruebas).

    13. Oficio del 19 de mayo de 1997, por el cual el Secretario Privado del Presidente de la República le informa al señor C.A.L.Á. que, después de haber realizado consultas a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Justicia y del Derecho, y “de haber investigado el procedimiento legal para la entrega de las recompensas que ofreció el Gobierno Nacional por la información que condujera a la captura de los culpables del asesinato del doctor Á.G.H.”, se llegó a la conclusión de que es necesario “esperar el pronunciamiento de la justicia ordinaria que establecerá la culpabilidad o inocencia de los implicados en el proceso para entregar la recompensa ofrecida” (folios 34 y 35 del c. ppal).

    14. Oficio del 15 de septiembre de 1997, por el cual la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República le informa al señor L.Á. que trasladó su petición del 11 de agosto anterior al Director del D.A.S., para que se pronunciara sobre la misma (folio 17 del c. de pruebas).

      ñ. Oficio del 26 de septiembre de 1997, por el cual el Director del D.A.S. le remite al señor L.Á., copia de la comunicación enviada en la misma fecha a la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, en la que se expresa que dicha institución no puede pagarle al reclamante, puesto que, si bien, conforme al artículo 89 del Decreto 2110 de 1992, corresponde al Director del D.A.S. determinar los casos en que procede el reconocimiento de recompensas, así como su cuantía y oportunidad de pago, a personas que proporcionen informaciones y pruebas eficaces que fundamenten la responsabilidad penal o permitan hacerla extensiva a otras personas, en el caso del homicidio del doctor G.H., el D.A.S. no ofreció recompensa alguna, ya que quien lo hizo, según se desprende de los antecedentes que se le han puesto de presente, fue el Presidente de la República. Se agrega, en la comunicación citada, que, en todo caso, con el fin de establecer si el señor L.Á. tiene derecho a recibir la recompensa, es necesario esperar a que se produzca un pronunciamiento definitivo, dentro del proceso correspondiente, a fin de determinar si, efectivamente, la colaboración ofrecida por él permitió fundar la responsabilidad penal declarada, como lo prevé la norma mencionada (folios 18 a 21 del c. de pruebas).

    15. Copias autenticadas de los oficios del 17 de junio y el 17 de septiembre de 1998, y original del oficio del 18 de agosto de 1998, por los cuales el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República le informa al señor L.H.C., en relación con su solicitud de efectuar el pago al señor L.Á. de la recompensa ofrecida por la colaboración en la investigación del homicidio del doctor Á.G.H., que “las autoridades públicas competentes” sólo podrán reconocer la obligación cuando exista sentencia condenatoria ejecutoriada, con la constancia del juez respectivo sobre la eficacia de dicha colaboración para llamar a juicio y condenar a los responsables (folios 32 y 33 del c. ppal. y 33, 34, 37 y 38 del c. de pruebas).

      Se advierte que obran en el proceso, además, varias fotocopias simples de oficios en los que aparecen como signatarios funcionarios de la Presidencia de la República, las cuales no pueden ser tenidas en cuenta, por tratarse de documentos públicos, que deben ser presentados en original o en fotocopia autenticada.

    16. Fotocopia autenticada del oficio del 6 de agosto de 1997, suscrito por el J. de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, dirigido al señor C.A.L.Á., por el cual se da contestación a una petición, en los siguientes términos (folios 14 a 16 del c. de pruebas):

      “1. En esta Unidad Nacional de Fiscalías, se adelanta la investigación por los delitos de homicidio de los doctores Á.G.H. y JOSÉ DEL CRISTO HUERTAS HASTAMORIR, tentativa de homicidio, lesiones personales con fines terroristas, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y concierto para delinquir con finalidad terrorista.

      Desde el inicio de la investigación, el señor C.A.L.Á. rindió diferentes declaraciones bajo la gravedad del juramento que llevaron al Despacho a conocer de (sic) circunstancias antecedentes a los hechos investigados como a individualizar e identificar a personas que a la postre resultaron ser presuntos autores materiales de estos ilícitos.

  3. Mediante resolución de noviembre 13 de 1996, se profirió en este proceso Resolución de Acusación en contra de los señores H.P.F.M. y M.M.M.P., entre otros, como presuntos autores responsables de los delitos de homicidio doble agravado en concurso real, homogéneo y heterogéneo y coautores de los punibles de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, lesiones personales agravadas y concierto para delinquir con finalidad terrorista.

    Así mismo, se profirió resolución de acusación en contra del señor FLAMINIS DE J.T., por los delitos de omisión de denuncia o testimonio y conformación de grupos de justicia privada o mal llamados paramilitares.

    Esta providencia fue recurrida ante la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional, recibiendo (sic) confirmación en cuanto a estas personas.

    El proceso para ellos se encuentra en etapa de causa ante un Juzgado Regional de esta ciudad.

  4. Tal como quedó consignado en los diferentes pronunciamientos judiciales del proceso, las versiones rendidas por el señor C.A.L.Á. fueron fundamentales para identificar, investigar y llamar a juicio a las personas atrás mencionadas”. (Se subraya).

    1. Oficio suscrito el 22 de septiembre de 2003 por el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por el cual remite copia del fallo proferido por su despacho el 21 de diciembre de 2001, dentro del expediente JR 4152, que corresponde a varias causas acumuladas, entre ellas la relacionada con la investigación del homicidio del doctor Á.G.H., así como copia de la sentencia proferida el 13 de febrero de 2003 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por la cual se resuelve la apelación interpuesta contra dicho fallo.

      Expresa el citado juez, en el oficio referido, que el testimonio del señor C.A.L.Á. fue “descartado como prueba dentro del proceso” (folios 207 y 208).

    2. Copia del fallo citado en el literal anterior, del 21 de diciembre de 2001, en el que, entre otras decisiones, el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá resuelve condenar a H.P.F.M. –en su condición de coautor material del homicidio doble agravado de los doctores Á.G.H. y J. delC.H.H., en concurso con otros delitos–, a las penas de cuarenta (40) años de prisión, veinte (20) años de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y al pago de los daños y perjuicios ocasionados.

      Adicionalmente, en la misma providencia, se resuelve absolver a M.M.M.P., H.O.D. y G.A.J.G., que habían sido acusados por el mismo delito, y se dispone compulsar copias de la decisión, con destino a la Fiscalía Seccional de Bogotá, “a fin de que se adelante en contra de C.A.L.Á. la investigación que se amerita por el delito de Falso Testimonio” (folios 1 a 265 del c. anexo). Se subraya.

      Debe observarse que, no obstante lo expresado en la certificación citada en el literal p) anterior, en el acápite de antecedentes de este fallo se precisa que la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional confirmó las decisiones de primera instancia respecto de H.P.F., y M.M.M., pero la revocó respecto de la acusación que afectaba a Flaminis de J.T. (folio 8 del c. anexo).

      De la parte motiva de este fallo resultan relevantes algunos apartes, en los que se alude a las entrevistas hechas al testigo C.A.L.Á. en la Dirección Regional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, que fueron grabadas, así como a las declaraciones rendidas por él dentro del proceso, y se hace referencia a las contradicciones advertidas, así como a la retractación presentada por el mismo respecto de sus afirmaciones iniciales.

      Se citan, a continuación, algunos de los apartes mencionados:

      “Al examen de la grabación se verifica que el diálogo se centra sobre la veracidad de la información que hasta esa fecha había suministrado el testigo en relación con la participación de H.P.F.M. y M.M.M.P., dejándose ver con claridad que el testigo pretende con su información falaz, que los acusados paguen deudas que considera tienen con la justicia, lo que considera justo, pues no puede concebir que él haya tendido problemas por asuntos más insignificantes, como los inconvenientes que tuvo con la tarjeta del “C.C.”; pero sin embargo presenta algunos rasgos de honestidad cuando manifiesta que le duele haber engañado a su madre, a la Fiscalía..., quienes creyeron en él ciegamente, que lo que pasa es que él es “un teso” que “desorganiza lo que tú quieras”, todo bajo el supuesto de que “la cabeza se hizo para pensar”.

      (...)

      En un acto de arrogancia y desafío para con la Fiscalía General de la Nacional (sic) y Organismos de Policía Judicial, asegura inicialmente que está en capacidad de probar que ellos no fueron partícipes del hecho, aunque ellos le hayan dicho la verdad... finalmente se decide y les dice “Sentémonos que vamos a hablar a calzón quitao”... se decide y manifiesta que “Bueno toda esa mierda me la inventé” bajo el supuesto de que estaba aburrido en el pueblo, pues “ellos nunca me han dicho na´ de esa vaina”, que los involucró para que “pagaran sus vainas”, pues “ellos a ese viejo no lo mataron”... “nunca estuvimos en ALTAMIRA...”, “...yo estaba de pelea con H.”, porque, según afirma, H.P.F.M. se percató que estaba suministrando información sobre sus actividades delictivas, pero que el AGENTE ACUÑA SEVERICHE nada tuvo que ver en el asunto pues es un hombre honesto, a quien también engañó, pero que lo cierto es que esa gente “han hecho muchos asesinatos...” (Se subraya).

      Se expresó, luego, en el fallo, que, con base en el testimonio de Lugo Álvarez y en otras pruebas, se dispuso abrir la instrucción y se ordenó la captura y vinculación de los sindicados, y luego se indica que, en el momento de proferir sentencia, “aparece una imputación directa en contra de F.M., no solo por el testigo revelador, L.Á., sino por el reconocimiento enfático y directo que hacen J.G.V. y G.P.D., en diligencia de reconocimiento en fila de personas”. Y, finalmente, luego de presentarse un análisis detallado sobre la responsabilidad del mencionado sindicado, se concluye:

      “...debe reiterarse que son pues las diligencias de reconocimiento en fila de personas y las posiciones contradictorias del procesado F.M., las que en este asunto generan certeza en relación con su responsabilidad. El despacho descarta como prueba de responsabilidad el testimonio de C.A.L.Á. en la medida en que si bien no puede negarse es su compañero de andanzas, no es menos cierto que la información que recogió con respecto a los hechos la obtenía de los medios de comunicación social, e incluso de sus propias indagaciones con G.V.M., testigo de los hechos, y agentes investigadores del CTI, de quienes, con extremo descaro, se burla y descalifica a lo largo del instructivo, tal como él mismo lo informa cuando reconoce que habló con GUILLERMO VÉLEZ MONTENEGRO: “...e intenté preguntarle más cosas, pero él me dijo que no quería saber absolutamente nada de eso”.

      Esta apreciación, dada la ausencia de fronteras morales y éticas del testigo, repudiable en su comportamiento, irrespetuoso con la administración de justicia y ante todo con los funcionarios que en su momento la encarnaron, lo que deja en evidencia que posee una personalidad paranoica que significa “pensar a través”..., siendo sus principales rasgos algunos presentes en el acusado...”. (Se subraya).

      Se alude, entonces, a los citados rasgos, así: “Sobrevaloración patológica del yo”, “Se considera poseedor exclusivo de la verdad”, “Manifiesto sentimiento de desconfianza”, “Alto grado de inseguridad” y “Falta de autocrítica y de flexibilidad”. Sobre éste último, se explica lo siguiente:

      “...El paciente acumula incidentes y trivialidades para obtener pruebas de la certeza de sus acusaciones; su espíritu litigante hace que frecuentemente acuse ante las autoridades a sus imaginarios enemigos. La falsedad del juicio lo lleva a la obstinación, por su psicorrigidez llega a la interpretación delirante de los hechos cotidianos...”

      Se concluye, entonces, que “...las condiciones anotadas descalifican de tajo su versión, y como consecuencia de ello, ante la Fiscalía General de la Nación se ordenará la pertinente investigación por el delito de FALSO TESTIMONIO y se proferirá a favor de M.M.M.P. SENTENCIA ABSOLUTORIA...”. (Se subraya).

    3. Copia de las declaraciones rendidas por C.A.L.Á. ante la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el 18 y el 27 de noviembre de 1995, el 6 de agosto de 1997, el 30 de marzo y el 25 de mayo de 2000 (folios 266 a 321 del cuaderno anexo). En varias de ellas, se formulan preguntas para pedir explicaciones al testigo sobre contradicciones advertidas en su dicho, y en la última se hace referencia expresamente a lo manifestado por él en la conversación sostenida con miembros del C.T.I., cuya grabación fue aportada al expediente, en el sentido de que se retractaba de lo declarado anteriormente.

    4. Copia de la sentencia proferida el 13 de febrero de 2003, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por la cual se resolvió la apelación interpuesta contra el fallo mencionado en el numeral anterior, confirmándolo en los aspectos decididos en la causa relativa al homicidio del doctor Á.G.H., y concretamente en relación con la condena impuesta a H.P.F.M. (fls. 322 a 379 del c. anexo).

      Consideró el Tribunal que se llenan las exigencias del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal para proferir decisión condenatoria en contra de F.M., y expresó:

      “En primer lugar debe tenerse en cuenta que si bien es cierto el fallador de instancia dedujo la responsabilidad del sindicado sin tener en cuenta para ello la declaración de C.A.L.Á. (alias El Mello), previo el análisis de su personalidad, sin embargo importa anotar desde ahora que algunas de sus afirmaciones en las que endilga la participación de F. en los hechos relacionados con el homicidio del Dr. Á.G.H., han sido corroboradas a través de otras pruebas allegadas al expediente, por lo que, a nuestro juicio, no debe desecharse del todo la versión de aquél”.

      Pues bien: considera el Tribunal que en el expediente reposan pruebas legalmente aducidas que son suficientes para deducir, en grado de certeza, la participación de F. como coautor material de los punibles aludidos.

      Tales pruebas son: la declaración rendida por J.G.V.M. y la diligencia de reconocimiento que efectuó en relación con el citado F.”.

      Posteriormente, el Tribunal citó apartes de las declaraciones rendidas por los testigos V.M., F.B., D.M. y R.J., y se refirió a los reconocimientos de F. hechos por los mismos, para concluir que son contestes y dignos de credibilidad.

      Explicó, además, que este “material probatorio... recibe confirmación con la declaración inicial de la empleada del servicio doméstico de la casa de habitación del implicado F.M. en la ciudad de Sincelejo, M.M. o N.C. de Ballesteros..., en cuanto manifestó no haber visto el 2 de noviembre de 1995 en la casa aludida al citado endilgado...”. Luego indicó que la versión posterior rendida por la misma declarante quedó desvirtuada, en cuanto “pretende, por razones obvias, cambiar su dicho a favor del implicado, a la postre hijo de su patrono”.

      Luego, aludió el Tribunal a la personalidad del sindicado F.M., y al hecho de que, en el allanamiento hecho a su casa, se encontró una chaqueta negra de cuero, cuyas características coinciden con la de la prenda de vestir que, según los testigos, tenía el homicida el día de los hechos. Se refirió, además, a varios testigos mencionados por el recurrente, respecto de los cuales señala que no estaban en capacidad de reconocer a los delincuentes, por diversas circunstancias, y precisó que debe mantenerse la decisión de condenar al citado sindicado como coautor, teniendo en cuenta que, si bien es el único condenado hasta el momento, es evidente que fueron varios los sujetos que intervinieron en la ejecución del delito.

    5. Certificación expedida por la Secretaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el sentido de que la sentencia citada en el numeral anterior, proferida por esa Corporación, fue recurrida en casación por el condenado H.P.F.M., y que el recurso fue concedido el 30 de octubre de 2003 (folio 274).

  5. Conclusiones sobre la responsabilidad de la entidad demandada:

    Con fundamento en lo anterior, advierte la Sala, de una parte, que en la demanda se pretende imputar responsabilidad a la Nación, en virtud del incumplimiento de un ofrecimiento que, según allí se expresa, fue hecho por el Presidente de la República el 16 de noviembre de 1995, en el sentido de recompensar, con la suma de $2.000.000.000,oo, a quien suministrara información que permitiera a las autoridades capturar a los responsables del homicidio del doctor Á.G.H.. Se indica, además, que dicho ofrecimiento fue hecho al pronunciar un discurso, con ocasión de la celebración del aniversario número 76 de la Fuerza Aérea Colombiana.

    Así las cosas, no cabe duda de que no está demostrada la excepción de ilegitimidad en la causa por pasiva, formulada por la parte demandada, dado que, en el evento de probarse el hecho alegado, a más de la existencia del derecho a favor del actor, surgiría, sin duda, la responsabilidad de aquélla, que, por lo demás, estaría debidamente representada en el proceso por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, conforme al artículo 149 del C.C.A.

    Manifiesta el apoderado de la Nación que el Presidente de la República no hizo ofrecimiento de recompensa alguno; indica que sólo anunció que el mismo sería hecho por las autoridades competentes, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 1901 del 2 de noviembre de 1995, en concordancia con los artículos 64 del Decreto legislativo 099 de 1991 –adoptado como legislación permanente por el Decreto 2271 de 1991– y 89 del Decreto 2110 de 1992 –por el cual se reestructuró el D.A.S.–, de manera que, en el evento de existir el derecho del señor L.Á., éste no supondría la existencia de una obligación correlativa por parte de aquél o del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

    Al respecto, se observa que el artículo 7 citado, expedido al amparo del Decreto 1900, también del 2 de noviembre de 1995, por el cual se declaró el estado de conmoción interior en todo el territorio nacional, dispuso lo siguiente:

    “ART. 7º.- Recompensas. Las autoridades competentes podrán conceder recompensas monetarias a la persona que sin haber participado en la comisión de delito suministre a la autoridad información eficaz que permita la identificación y ubicación de los autores o partícipes de los delitos de competencia de los jueces regionales, o de bienes destinados a su comisión o que provengan de su ejecución. La recompensa a informantes se otorgará de comprobarse el resultado y la eficacia de la información. Esta última deberá ser certificada por el fiscal competente. En ningún caso procederán las recompensas por informes suministrados por el perjudicado directo de la infracción”. (Se subraya).

    Adicionalmente, el artículo 64 del Decreto 099 de 1991 establece:

    “Artículo 64. Quien no siendo autor o partícipe del hecho punible, suministre a la autoridad informes que permitan hacer efectiva orden de captura de sindicado o incautación de bienes destinados a la comisión o que provengan de la ejecución de delito de competencia de los jueces de orden público, o informes que permitan determinar la autoría, participación o responsabilidad penal en los mismos, será beneficiario de una recompensa monetaria cuya cuantía no excederá el equivalente a un mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, la que podrá ser pagada dentro o fuera del país.

    Dicho beneficio será determinado por el Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, el Director General de la Policía Nacional o el Director Nacional de Instrucción Criminal, según el caso, quienes serán los ordenadores del gasto, el que se cargará contra la cuenta especial del presupuesto de la respectiva entidad, y cuyo manejo será cobijado por reserva legal...

    Los ordenadores de estos gastos podrán autorizar en casos especiales que se realicen ofertas públicas de recompensa, por cuantía superior a la señalada en el inciso primero.

    (...)”. (Se subraya).

    Y el artículo 89 del Decreto 2110 de 1992 prevé:

    “ARTÍCULO 89. Recompensas. Corresponde al Director del Departamento Administrativo de Seguridad determinar los casos en los cuales se reconozcan recompensas, su cuantía y la oportunidad de su pago, a quien suministre informes que permitan hacer efectivo el cumplimiento de órdenes de captura dictadas con ocasión de la comisión de delitos en el territorio nacional o fuera de él, a la persona que proporcione informaciones y pruebas eficaces que fundamenten la responsabilidad penal o permiten hacerla extensiva a otras personas.

    El Director del Departamento Administrativo de Seguridad puede disponer que las ofertas sean hechas públicas y, cuando lo considere conveniente, autorizará la determinación anticipada del monto de las mismas.

    (...)

    El valor de las recompensas se imputará al rubro correspondiente del presupuesto de gastos del Departamento Administrativo de Seguridad y se manejará en cuenta especial absolutamente reservada.

    El ordenador del gasto para los efectos señalados en este artículo es el Director del Departamento Administrativo de Seguridad, quien no puede delegar esta facultad...”. (Se subraya).

    De lo dispuesto en las normas citadas, se concluye que el Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, el Director General de la Policía Nacional y el Director Nacional de Fiscalías –que asumió las funciones del Director Nacional de Instrucción Criminal–, pueden determinar las recompensas a que tienen derecho las personas que suministren a la autoridad los informes a que se refiere el artículo 64 transcrito. En relación con el primero de dichos funcionarios, esta facultad es reiterada por el también transcrito artículo 89.

    Por otra parte, está demostrado que las autoridades citadas no ofrecieron recompensa alguna por el suministro de información que permitiera la identificación y ubicación de los autores del homicidio del doctor Á.G.H.. Así lo certifica cada una de ellas, mediante oficios citados en los literales g) a i), l) y ñ) del acápite anterior.

    Ahora bien, considera esta Sala que ello no implica que la facultad aludida no corresponda también al Presidente de la República; por el contrario, no cabe duda de que el mismo, como J. delG. y Suprema autoridad administrativa, puede ejercerla para cumplir su obligación de conservar el orden público en el territorio nacional, y restablecerlo donde fuere turbado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 4, de la Constitución Política.

    No obstante, el apoderado de la entidad demandada afirma, como se ha dicho, que en el discurso de Palanquero, pronunciado el 16 de diciembre de 1995, no se hizo un ofrecimiento de recompensa, y, para demostrarlo, se refiere a los términos literales del mismo, haciendo énfasis en la utilización de la inflexión futura “se ofrecerá”, que, en su opinión, supone simplemente la realización del anuncio de un hecho que se realizaría con posterioridad. En el mismo sentido, se pronunció el Director de la Presidencia de la República, mediante el oficio citado en el literal f) del acápite anterior de estas consideraciones.

    En relación con este hecho, considera esta S. que, si bien dicha inflexión puede resultar, en principio, equívoca, en el caso concreto fue utilizada con el fin de anunciar públicamente la decisión de ofrecer la recompensa. Así se desprende de la lectura total de la parte pertinente del discurso, en la que se alude, expresamente, no sólo a su objeto específico, referido al suministro de información que permitiera a las autoridades capturar a los responsables del magnicidio del doctor Á.G.H., sino al valor de aquélla, establecido en $2.000 millones.

    Se considera relevante, por otra parte, el hecho de que el discurso de Palanquero, del 16 de noviembre de 1995, fue pronunciado en vigencia del estado de conmoción interior, que fue declarado el día 2 anterior, dada la necesidad de tomar medidas excepcionales directamente dirigidas a conjurar la crisis del orden público y de seguridad nacional, según se expresó en el último considerando del Decreto 1901 de 1995. Resultaba lógico y comprensible, entonces, que el Presidente de la República anunciara allí la adopción, por su parte, de una decisión que, como se ha visto, podía tomar en desarrollo del artículo 189, numeral 4º, de la Constitución Política, y del artículo 7º del decreto citado, que expresamente había previsto la posibilidad de conceder recompensas.

    Adicionalmente, está demostrado que el periódico El Tiempo publicó, en la primera página de su edición del día siguiente, 17 de noviembre de 1995, la noticia de que el Gobierno, y concretamente el P. de la República, había anunciado medidas contra el terrorismo y la violencia, en la base de Palanquero, durante la celebración del septuagésimo sexto aniversario de la creación de la FAC, y que una de ellas consistía en el otorgamiento de la recompensa mencionada.

    De la lectura de esta noticia se desprende, claramente, en opinión de esta S., que el Presidente de la República hizo directamente el ofrecimiento mencionado, y, conforme a los oficios citados en los literales d) y e) del acápite anterior de estas consideraciones, está demostrado que no se presentó ante el citado periódico solicitud alguna, por parte de la Presidencia de la República, en el sentido de rectificar la publicación. Esto permite inferir que sus términos se consideraron, por ésta última, en su momento, ajustados a la verdad.

    Es éste, además, sin duda, el entendimiento que le dieron al anuncio no sólo los ciudadanos, sino las autoridades públicas, entre ellas el Director del Departamento Administrativo de Seguridad, quien, en oficio del 26 de septiembre de 1997 –citado en el literal ñ) del acápite anterior de estas consideraciones–, le expresa a la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República que, de los documentos que fueron enviados a su despacho, se desprende que fue el Presidente de la República, directamente, quien hizo el ofrecimiento de la recompensa de dos mil millones de pesos, por el suministro de información que contribuyera a capturar a los responsables de la muerte del doctor Á.G.H..

    Y un entendimiento similar debió resultar de la publicación hecha por televisión –según consta en la certificación expedida por el S. General de Inravisión, a solicitud de esta S., en el curso de la segunda instancia (literal j) del acápite anterior)–, del anuncio solicitado por el “Gobierno Nacional”, en el sentido de que se ofrecían dos mil millones de pesos de recompensa por los autores materiales e intelectuales de la muerte del doctor G.H..

    Finalmente, se advierte que, en el oficio citado en el literal m) del acápite anterior, del 19 de mayo de 1997, suscrito por el Secretario Privado del Presidente de la República y dirigido al señor L.Á., por el cual se da respuesta a su solicitud de pago de la recompensa mencionada, se hace referencia al ofrecimiento efectuado por el “Gobierno Nacional”, y la negativa a su reconocimiento se hace consistir, únicamente, en la necesidad de esperar un pronunciamiento de la justicia ordinaria, respecto de la culpabilidad o inocencia de los implicados en el proceso.

    Sólo en oficios posteriores, del año siguiente, dirigidos al apoderado del demandante, se alude al reconocimiento de la obligación por parte de “las autoridades competentes” y se insiste en la necesidad de contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada (literal o) del acápite anterior). Sin embargo, ni en éstos, ni en el anteriormente mencionado, se niega la existencia del ofrecimiento de recompensa, ni se le pide al peticionario que se dirija a otra autoridad. Si bien en uno de ellos se le informa que se ha solicitado al Director del D.A.S. que se pronuncie sobre su solicitud, es éste funcionario, precisamente, quien le informa al señor L.Á., en oficio ya referido, que la entidad a su cargo no hizo ofrecimiento alguno y que quien lo hizo fue el P. de la República.

    Debe aclararse, además, que no es aplicable al caso concreto el artículo 25 del C.C.A., al cual recurre el apoderado de la demandada para indicar que, en el evento de haberse reconocido la obligación de pagar la recompensa, en alguno de los oficios suscritos por funcionarios de la Presidencia de la República, ello no compromete la responsabilidad de ésta última. En efecto, dicha norma se refiere a las respuestas a las peticiones presentadas por los ciudadanos, cuando éstas tienen por objeto la formulación de consultas a las autoridades, en relación...

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