Sentencia de Consejo de Estado, 11 de Mayo de 2016
| Fecha | 11 Mayo 2016 |
| Tipo de documento | Sentencia |
DERECHOS FUNDAMENTALES - Concepto / DERECHO DE PETICION DIRIGIDO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Se responde por parte de la estructura institucional de la Presidencia de la República / RESPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA AL DERECHO DE PETICION - No es un acto administrativo ya que no constituye una manifestación de la voluntad de la administración tendiente a producir efectos jurídicos / DERECHO DE PETICION - Ausencia de vulneración: Existencia de respuesta de fondo, clara, precisa, oportuna y puesta en conocimiento del peticionario
El núcleo esencial de los derechos fundamentales, es el conjunto de garantías mínimas y necesarias que deben ser respetadas para el goce de los mismos, para que resulten real, concreta y efectivamente protegidos, de lo contrario éstos serían vulnerados o su contenido se desnaturalizaría… destaca la Sala que de las actuaciones surtidas por la autoridad administrativa y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el presente trámite constitucional, no se evidencia nulidad alguna, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia… En criterio de la Sala, la respuesta emitida, fue clara, precisa, de fondo y congruente en lo que a la competencia de la Presidencia de la República concierne, razón por la cual tiene la potencialidad de absolver los requerimientos del demandante en ese aspecto. Ahora bien, el actor reprocha que la respuesta debió ser emitida de forma exclusiva por el Presidente de la República de acuerdo con su competencia constitucional, y que no atiende los interrogantes elevados, pues se limita a hacer referencia a las respuestas anteriores dadas a otras peticiones. Al respecto, en primer lugar, resalta la Sala a pesar de lo dicho por el accionante, que la Resolución del 20 de septiembre de 2012, por la cual se reglamenta el trámite interno del Derecho de Petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, establece que las peticiones dirigidas ante el señor Presidente de la República, serán tramitadas por la Secretaría Privada del Departamento, lo que quiere decir que dicha dependencia sí podía contestar la petición elevada en esta ocasión… Como corolario de lo hasta aquí expuesto, no se puede predicar la presunta vulneración que le endilga el actor a la autoridad accionada, que se pronunció de fondo teniendo en cuenta los términos del requerimiento elevado, situación diferente es que no se encuentre conforme con el contenido de las respuestas. Frente a esto último, cabe reiterar que el derecho fundamental de petición se vulnera cuando no se obtiene una respuesta de fondo, congruente y clara, no por el sentido favorable o desfavorable de la misma, y por ende, la protección de este derecho no se puede traducir en una orden que imponga a la administración expedir un pronunciamiento en un determinado sentido. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha resaltado que la protección del derecho de petición llega hasta la obtención de una respuesta oportuna y de fondo a lo solicitado, no implicando una respuesta favorable a los intereses del peticionario... Además, se advierte que el referido oficio fue recibido por el accionante debido a que el mismo lo acepta y lo trascribe el escrito de tutela, manifestando a su vez inconformidad respecto a su contenido. En ese orden de ideas, se concluye que el Departamento Administrativo acusado no vulneró el derecho fundamental de petición.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 23 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 86 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 115 / LEY 1437 DE 2011 - ARTICULO 19 / LEY 1437 DE 2011 ARTICULO 65 / LEY 1755 DE 2015 - ARTICULO 1 / DECRETO 1060 DE 2014 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTICULO 6 / DECRETO 2591 - ARTICULO 32
NOTA DE RELATORIA: Sobre el derecho de petición, consultar las sentencias T-244 de 1993, M.P.H.H.V., T-125 de 1995, T-279 de 1994, M.P.E.C.M., T-021 de 1998, M.P.J.G.H.G., T-001 de 2003, M.P.E.M.L., todas de la Corte Constitucional. Para entender cuándo se vulnera el derecho fundamental de petición, ver la sentencia T-355 de 2002, M.P.M.G.M.C. de la Corte Constitucional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION B
Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE
Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-02825-01(AC)
Actor: J.A.C.M.
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OTROS
Decide la Sala la impugnación presentada contra el fallo de 15 de diciembre de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual se negó el amparo de tutela formulado por el ciudadano J.A.C.M..
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La solicitud de amparo y las pretensiones.
El señor J.A.C.M., en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, acudió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de solicitar el amparo de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, presuntamente vulnerados por la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Ante la falta de claridad de las pretensiones formuladas, de la lectura de los hechos narrados en el escrito de tutela, se entiende que el demandante pretende como consecuencia del amparo invocado, se ordene al Presidente de la República directamente dar respuesta a la petición elevada el 23 de noviembre de 2015, y publicarla en el Diario Oficial.
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Los hechos y las consideraciones del accionante.
El señor J.A.C.M. expuso como fundamento de su solicitud, los hechos que se resumen a continuación:
Señaló que presentó el 23 de noviembre de 2015 en las oficinas de la Presidencia de la República, un escrito en ejercicio del derecho fundamental de petición, en el que solicitó:
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”Que ejerza su suprema autoridad administrativa para garantizar nuestros derechos y libertades como fundamentales de asociación sindical ante la AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO para que trámite como máxima autoridad administrativa la conciliación voluntaria de conformidad con el artículo 29 literal c de la Comisión (sic) Interamericana de los derechos humanos.
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Que si el P. de la República Dr. J.M.S. considera que derecho de asociación sindical su libertad y protección como derecho fundamental como lo establece la sentencia unificada SU 998 de 2000, por favor confírmelo o exprese porque no lo es.
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Que inicie las conciliaciones voluntarias de conformidad con el artículo 29 literal c en las cuales puede tramitar una evaluación a la CIDH sin que hayan llegado las peticiones al Estado Colombiano.
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Que si el P. de la República (…) ayude con las conciliaciones voluntarias (…) de los desplazados del desempleo como somos nosotros ya que se vulneró derecho fundamental como derecho de Asociación Sindical con los despidos masivos del personal sindicalizado."
Indicó que su petición, fue resuelta por la Secretaría Privada de la Presidencia de la República mediante oficio de 25 de noviembre de 2015, el cual consideró no atiende los cuatro requerimientos elevados, pues se limita a hacer referencia a las respuestas anteriores dadas a otras peticiones, estimando que la petición debió ser resuelta de forma exclusiva por el Presidente de la República teniendo en cuenta su competencia constitucional.
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Trámite procesal e informe de la entidad accionada.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 09 de diciembre de 2015 (fl. 30), admitió la demanda de tutela de la referencia y ordenó notificar a la autoridad acusada.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, mediante el escrito obrante a folios 34 a 38 del expediente, se opuso al amparo invocado alegando en resumen lo siguiente:
Precisó que el accionante reconoce que la petición fue atendida, no obstante, las acusaciones que se formulan surgen del inconformismo por la respuesta recibida, lo que es ajeno a la protección por vía de tutela.
Informó que la respuesta se fundamentó en la información proporcionada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a la Presidencia de la República, para resolver las múltiples solicitudes presentadas sobre el mismo tema, y con las cuales se pretende revivir términos para llevar al escenario internacional un conflicto jurídico que para el derecho interno se encuentra caducado.
Aseveró que de acuerdo con lo expuesto en el artículo 115 de la Constitución Política, para cada negocio particular, el Gobierno Nacional se constituye con el Ministro del ramo respectivo o en su defecto el Director del Departamento Administrativo correspondiente.
Destacó que el P. de la República no actúa en nombre o representación legal de ninguna entidad de la Rama Ejecutiva, ni del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pues en cada entidad el representante es el funcionario de mayor jerarquía.
Sostuvo que de acuerdo con el Decreto 1060 de 19 de junio de 2014, la representación judicial del Presidente de la República se encuentra en cabeza del Secretario Jurídico de la Presidencia.
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