Sentencia nº 54001-23-31-000-1998-01026-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 9 de Mayo de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 657783969

Sentencia nº 54001-23-31-000-1998-01026-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 9 de Mayo de 2012

Ponente:MAURICIO FAJARDO GOMEZ
Fecha de Resolución: 9 de Mayo de 2012
Emisor:SECCIÓN TERCERA
 
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ACCION DE REPARACION DIRECTA - Privación injusta de la libertad / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION - Debe cumplir condenas en su contra dada su autonomía administrativa y presupuestal / RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA - Representada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Para la fecha de presentación de la demanda, la representación judicial de la Nación, en los casos en los cuales se discutía la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la Administración de Justicia, estaba a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, entidad que fue debidamente notificada y representada dentro del presente asunto. (…) la Sala en reiterada jurisprudencia ha señalado que si bien es cierto la Fiscalía General de la Nación pertenece a la Rama Judicial, también lo es que esta entidad goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución. (…) debido a tal autonomía las condenas que se profieran en contra de la Nación, por las actuaciones realizadas por la Fiscalía, deben ser cumplidas o pagadas con el presupuesto de ésta, tal como lo ha determinado esta Corporación. Dado que en el sub lite la Nación estuvo debidamente representada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y también por la propia Fiscalía General, resulta procedente dirimir la controversia planteada y, en caso de que se llegare a dictar alguna condena dentro de este proveído, ésta será asumida por esta última entidad, con cargo a su presupuesto.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 249

NOTA DE RELATORIA: En relación con la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, consultar sentencia abril 27 de 2011, Exp. 20749, M.P, G.A.O.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Por privación injusta de la libertad en vigencia de la Ley 270 de 1996

La demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la privación injusta de la libertad a la cual fue sometida la señora E.N.S.U., desde el 23 de mayo de 1996 hasta el 30 de mayo de ese mismo año, con lo cual se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron bajo la vigencia de la Ley 270 de 1996.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996

NOTA DE RELATORIA: En relación con la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad en vigencia de la Ley 270 de 1996, consultar sentencia de 25 de febrero de 2009, Exp. 25508; sentencia de 19 de octubre de 2011, Exp. 18001.

DAÑO ANTIJURIDICO - Privación injusta de la libertad de empleada vinculada al cargo de secretaria grado dos de la Dirección Seccional de Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - De empleada por la posible comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer a funcionarios de la misma entidad efectuaran canje de droga por harina y rebajaran peso del alcaloide / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Se le concedió libertad condicional / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Revocada / PRECLUSION DE LA INVESTIGACION - Por conducta atípica

La Corporación encuentra que la demandante E.N.S.U. fue privada de su derecho fundamental a la libertad desde el 23 de mayo de 1996 hasta el 18 de julio de ese mismo año, dado que si bien a la referida persona le fue concedido el beneficio de libertad condicional –mediante la constitución de caución prendaria– a partir del día 30 de mayo de 1996, esto es una vez se le resolvió su situación jurídica, lo cierto es que la aquí demandante continuó bajo la imposición de la medida de aseguramiento hasta el día en el cual se le notificó, de manera formal, la decisión de segunda instancia que revocó dicha restricción a su libertad, es decir la Resolución 024 de 17 de julio de 1996. También encuentra la Sala que la razón que llevó a la Fiscalía General de la Nación a precluir la investigación penal a favor de la señora E.N.S.U. obedeció a que la conducta materia de análisis >, es decir que era atípica, circunstancia que, por sí sola, constituye uno de los eventos que configura la privación injusta de la libertad, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA - Por daño especial / DAÑO ESPECIAL - Título de imputación / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Detención preventiva. Revocada

Se impone concluir que la ahora demandante no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la Administración de resarcir a dicha persona por ese hecho, tal como se dejó indicado en precedencia. (…) ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese un daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional. Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas se impone concluir que la señora E.N.S.U. no se hallaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la Administración de resarcir a los demandantes, sin que se halle probado que la víctima directa del daño se hubieren expuesto, dolosa o culposamente, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente debió ser revocada.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 90

ACCION DE REPARACION DIRECTA - Caducidad / CADUCIDAD - Término dos años / CADUCIDAD - Providencia que precluyó investigación penal cobró firmeza el 23 de octubre de 1996 y demanda se presentó el 20 de octubre de 1998 oportunamente

La Sala precisa que dentro del presente asunto no operó la caducidad de la acción, toda vez que la decisión que precluyó la investigación penal que se adelantó en contra de la señora E.N.S.U. cobró firmeza el día 23 de octubre de 1996 y la demanda se presentó el 20 de octubre de 1998, esto es antes de que transcurriere el término de dos (2) años previsto en la ley para que opere dicha institución procesal.

PERJUICIOS MORALES - Reconocimiento se demostró parentesco con la víctima

En la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios morales a favor de los actores, la cual se estima procedente, dado que todos ellos demostraron su parentesco para con la señora E.N.S.U.. (…) en relación con el lucro cesante, el cual se cuantificó en la demanda en el monto de $ 2’412.020 y que habría de corresponder a los 8 días de salario que la demandante dejó de percibir durante el tiempo que, materialmente, estuvo privada de su libertad, la Subsección también estima procedente tal reconocimiento, dado que se encuentra demostrado que la demandante, al momento de su detención, ejercía una actividad laboral como funcionaria del C.T.I., de la Dirección Seccional de Fiscalías de la ciudad Cúcuta, pues precisamente en tal condición se le vinculó al proceso penal y porque además ese monto resulta coherente con el salario que ella percibía y la proporción respectiva por el término de 8 días que la actora estuvo privada de su libertad –que no afectada con la medida de aseguramiento–, razón por la cual se procederá simplemente a actualizar dicha suma de dinero:

PERJUICIOS MATERIALES - Lucro cesante / LUCRO CESANTE - Se reconoce por gastos para ser asistida la sindicada en proceso penal / LUCRO CESANTE - Reconocimiento de monto que dejó de percibir durante la privación de la libertad / DAÑO EMERGENTE - Indemnización. Se acreditaron gastos en que incurrió

Al lucro cesante, lo cierto es que al leer de manera íntegra la demanda, se puede establecer que dicha suma de dinero comprende tanto los gastos en los cuales incurrió la demandante para ser asistida judicialmente en la investigación penal (daño emergente), como el monto que dejó de percibir durante 8 días que fue materialmente privada de su libertad (lucro cesante), aspecto que fue discriminado e incluso cuantificado en el acápite correspondiente a la cuantía del proceso. (…) la Sala encuentra que ambos rubros se encuentran demostrados en el proceso, pues en lo que concierne al daño emergente, se encuentra que de las piezas que se allegaron al encuadernamiento, en particular todas aquellas que dicen relación con las actuaciones surtidas al interior del proceso penal al cual se vinculó a la demandante, se impone concluir que dicha persona sí contó con los servicios de un profesional del Derecho, quien la asistió a partir del inicio de la investigación; se notificó, en forma personal, de las distintas decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación e incluso recurrió la decisión que resolvió la situación jurídica de su defendida y logró la revocatoria de la medida de aseguramiento que allí se le había impuesto. (…) corresponde en realidad al daño emergente, el valor de $ 5’000.000 y se encuentra que a folio 42 del cuaderno 1 del expediente obra una constancia de paz y salvo por dicha suma de dinero, emitida 9 de octubre de 1998 por el abogado P.R.H., cuyos nombres e identificación, vale la pena destacar, coinciden con aquellos datos que se registraron en los referidos documentos que formaron parte de la...

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