Sentencia nº 15001-23-31-000-2004-03191-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 21 de Septiembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 658120613

Sentencia nº 15001-23-31-000-2004-03191-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 21 de Septiembre de 2016

Ponente:MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Actor:JORGE EDUARDO CONTRERAS CIPAMOCHA Y OTROS
Demandado:RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Fecha de Resolución:21 de Septiembre de 2016
Emisor:Sección Tercera
RESUMEN

ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por privación injusta de la libertad / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - De ciudadano sindicado de los delitos de peculado por apropiación en concurso con falsedad de empleado oficial en documento público / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Detención preventiva sustituida por detención domiciliaria / CESACION DE PROCEDIMIENTO - Por prescripción de la acción penal / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Derivada del defectuoso funcionamiento de la administración de justiciaComo fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró que el señor Jorge Eduardo Contreras Cipamocha fue vinculado a un proceso penal por los delitos de peculado por apropiación en concurso con falsedad de empleado oficial en documento público. En virtud de lo anterior, fue capturado el 2 de octubre de 1996 y, el 9 de octubre del mismo año, la Fiscalía 22 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sogamoso, en su sentir, con base en dos declaraciones contradictorias, resolvió su situación jurídica y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. Según se indicó en el libelo, mediante providencia fechada el 7 de abril de 1997, el ente investigador profirió resolución de acusación en su contra y le sustituyó la medida de detención preventiva por detención domiciliaria. Por último, se indicó en la demanda que, iniciada la audiencia pública de juzgamiento, la Fiscalía solicitó la absolución del señor Contreras Cipamocha y el Ministerio Público, además de la anterior declaración, pidió la cesación del procedimiento por la prescripción de la acción, la cual fue declarada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sogamoso el 2 de diciembre de 2002.PRELACION DE FALLO - Sin sujeción al orden cronológico de turno por reiteración jurisprudencialEn la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del presente proceso. No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de... (ver resumen completo)

 
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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIO N TERCERA

SUBSECCIO N A

Con sejera ponente: M.N.V. RICO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 15001-23-31-000-2004-031 91-01 (44360)

Actor: J.E.C.C. Y OTROS

Demandado: RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACIO N

Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCIO N DE REPARACIO N DIRECTA

Temas: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL - Pasividad del ente juzgador / mora injustificada en el proceso penal en la etapa de juzgamiento / FALLA EN EL SERVICIO / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -Título distinto a privación injusta de la libertad / MODIFICACIÓN DE CONDENA - por violación al principio de congruencia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 10 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

PRIMERO . D. NO probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, por lo expresado en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO . Exonerar de responsabilidad administrativa y patrimonial a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por lo expresado en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO . Declárese (sic) administrativamente responsable a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, por los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad de que fue objeto el señor J.E.C.C..

CUARTO . Como consecuencia de la declaración anterior, condénase a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, a indemnizar a los demandantes, por los perjuicios causados así:

“a) Por concepto de daño material a título de lucro cesante, a favor del señor J.E.C.C., la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($39'808.424) M/cte.

“b) Por concepto de daños morales, a favor del señor J.E.C.C., en su calidad de directo afectado, se le reconocerá el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“c) Por concepto de daños morales, a favor de la señora YAMIRA SOTO CÁRDENAS, como víctima indirecta del hecho sufrido por su esposo, diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“d) Por concepto de daños morales, a favor de la menor S.P. y H.E.C.S., en su condición de hijos del señor J.E.C.C., se le reconocerá una suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

QUINTO . Negar las pretensiones relacionadas con daño a la vida de relación, conforme a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO . Sin condena en costas.

“(…)”.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 1 de diciembre de 2004, los señores J.E.C.C., Y.S.C., quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor S.P.C.S., y H.E.C.S., por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados por la privación de la libertad que soportó el señor J.E.C.C. dentro de un proceso penal adelantado en su contra.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron que se condenara a las demandadas a pagar el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.

Igualmente, solicitaron que por concepto de daño a la vida en relación se pagara en favor de cada uno de los demandantes, “el máximo que la jurisprudencia determine al respecto”.

Adicionalmente, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, pidieron que se condenara a pagar en favor del señor J.E.C.C. la suma de $5'000.000, por los honorarios pagados al abogado que ejerció su defensa dentro del proceso penal adelantado en su contra.

Finalmente, y por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, pidieron que se condenara a pagar en favor del señor J.E.C.C. la suma de $23'000.000 “representados en los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir”.

2. Los hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró que el señor J.E.C.C. fue vinculado a un proceso penal por los delitos de peculado por apropiación en concurso con falsedad de empleado oficial en documento público.

En virtud de lo anterior, fue capturado el 2 de octubre de 1996 y, el 9 de octubre del mismo año, la Fiscalía 22 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sogamoso, en su sentir, con base en dos declaraciones contradictorias, resolvió su situación jurídica y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva.

Según se indicó en el libelo, mediante providencia fechada el 7 de abril de 1997, el ente investigador profirió resolución de acusación en su contra y le sustituyó la medida de detención preventiva por detención domiciliaria.

Por último, se indicó en la demanda que, iniciada la audiencia pública de juzgamiento, la Fiscalía solicitó la absolución del señor C.C. y el Ministerio Público, además de la anterior declaración, pidió la cesación del procedimiento por la prescripción de la acción, la cual fue declarada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sogamoso el 2 de diciembre de 2002.

3. Trámite de primera instancia

3.1 La demanda así presentada fue admitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto del 9 de febrero de 2005, providencia debidamente notificada a la Nación - Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público.

3.2 La Nación - Fiscalía General contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. Sostuvo que no le asistía responsabilidad patrimonial por la detención del ahora demandante, en tanto que le correspondía investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores de la ley, atribuciones con fundamento en las cuales inició la respectiva investigación penal.

3.3 Por su parte, la Nación - Rama Judicial contestó la demanda oponiéndose a sus pretensiones. En cuanto a los hechos, señaló que se atenía a las resultas del proceso.

En su defensa manifestó que no le asistía razón al demandante, dado que las acciones por ella desplegadas se enmarcaron dentro de la Constitución Política y la ley; en ese sentido, como no hubo ninguna actuación abiertamente contraria a derecho, requisito sine qua non para la configuración de un error judicial, no se encontraban estructurados los elementos de la responsabilidad para condenar a dicha entidad.

Por último, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto fue la Fiscalía General la que profirió medida de aseguramiento en contra del aquí demandante y lo privó de su libertad.

3.4 Concluido el período probatorio, mediante proveído del 13 de julio de 2007, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual las partes reiteraron lo expuesto a lo largo del proceso.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

4. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante providencia del 10 de octubre de 2011, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó a la Rama Judicial, toda vez que “fue justamente por el prolongado tiempo que permaneció en el juzgado de conocimiento, que no fue posible conocer una decisión de fondo que hubiera permitido a la sociedad y a los procesados saber la verdad sobre los hechos, lo que llevó a no poder exponer si la medida de aseguramiento proferida por la Fiscalía (…) fue legal o no, ya que esta decisión estaba ligada al fallo de fondo que debía pronunciarse sobre las conductas investigadas”.

5. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión de primera instancia, la entidad pública condenada interpuso recurso de apelación. En su criterio, debía revocarse la sentencia de primera instancia, por cuanto fue la Fiscalía, la que, a través de sus decisiones, adelantó la investigación en contra del hoy demandante, le impuso la medida de aseguramiento que lo privó de su libertad y lo acusó ante el juez de conocimiento de los delitos de peculado por apropiación y falsedad de empleado oficial en documento público, actuaciones en las que no hubo mediación de ningún funcionario de la Rama Judicial.

6. El trámite de segunda instancia

El recurso así presentado fue admitido mediante auto del 6 de julio de 2012. Posteriormente se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto correspondiente, oportunidad procesal en la cual tanto las partes como el Ministerio Público guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, la Sala abordará los siguientes temas: 1) prelación del fallo en casos de privación injusta de la libertad; 2) la competencia de la Sala; 3) el ejercicio oportuno de la acción; 4) las pruebas aportadas al proceso; 5) el caso concreto: la responsabilidad de las entidades demandadas por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; 6) actualización de condena y 7) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del presente proceso.

No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el objeto del debate tiene relación con la privación injusta de la libertad del señor J.E.C.C., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto en el que se ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.

2. Competencia

La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la Nación - Rama Judicial contra la sentencia del 10 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso.

3. Ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Si bien es cierto que en este caso se demandó por la privación injusta de la libertad del señor J.E.C.C., lo cierto es que, como se expondrá más adelante, la responsabilidad patrimonial que le asiste a la parte demandada lo es a título de un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia y, en ese sentido, el cómputo del término de caducidad para este caso se efectuará a partir del día siguiente a la expedición de la decisión que declaró la cesación del procedimiento penal por prescripción de la acción, toda vez que fue a partir de ese momento que se consolidó el daño por cuya indemnización se demandó al Estado.

En el presente caso, si bien no obra alguna certificación que acredite la fecha en la cual quedó ejecutoriada la providencia por medio de la cual se declaró la cesación del procedimiento contra el señor J.E.C.C., se tendrá en cuenta la fecha en que se dictó tal decisión, con el fin de contabilizar el término de caducidad.

En ese sentido, encuentra la Sala que la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad de las entidades demandadas, dado que la referida providencia se encuentra fechada el 2 de diciembre de 2002 y la demanda se interpuso el 1 de diciembre de 2004.

4. Las pruebas aportadas al proceso

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos de convicción:

4.1 En relación con la legitimación de los demandantes

- Registro civil de matrimonio de los señores J.E.C.C. y Y.S.C..

- Registros civiles de nacimiento de los señores S.P.C.S. y H.E.C.S..

4.2 En relación con la privación de la libertad del señor J.E.C.C., frente al cual se allegó el proceso penal No. 2945 , se destacan

- Providencia del 19 de septiembre de 1996, proferida por la Fiscalía 22 Especializada de Sogamoso, por medio de la cual, con base en la denuncia instaurada por el señor O.G.M., Secretario de Hacienda del departamento de Boyacá, se ordenó la apertura de una investigación formal y se vinculó mediante diligencia de indagatoria a las señoras M.L.M. de P. y S.B.V..

- Decreto No. 000730 del 9 de junio de 1992, por medio del cual se nombró como Jefe de Sección de Recaudaciones de la Dirección General de Rentas al señor J.E.C.C..

- Acta de posesión en el cargo como Jefe de Sección de Recaudaciones de la Dirección General de Rentas del señor J.E.C.C..

- Providencia del 25 de septiembre de 1996, por medio de la cual la Fiscalía 22 Especializada de Sogamoso ordenó vincular, mediante diligencia de indagatoria, entre otros, al señor J.E.C.C. a la investigación adelantada con ocasión de la denuncia realizada por el Gobernador de Boyacá.

- Orden de captura en contra del señor J.E.C.C..

- Informe UI-1006 del 4 de octubre de 1996, por medio del cual el CTI, Grupo de Capturas de la Seccional Boyacá - Casanare, dejó a disposición de la Fiscalía 22 Especializada de Sogamoso al señor J.E.C.C..

- Acta de diligencia de captura contra el señor J.E.C.C., fechado el 4 de octubre de 1996.

- Diligencia de indagatoria del señor J.E.C.C..

- Providencia del 4 de octubre de 1996, a través de la cual la Fiscalía 22 Especializada de Sogamoso negó la solicitud de libertad impetrada en favor del señor J.E.C.C..

- Providencia del 9 de octubre de 1996, proferida por la Fiscalía 22 Especializada de Sogamoso, por medio de la cual resolvió la situación jurídica del señor J.E.C.C., le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de peculado por apropiación en concurso con el delito de falsedad material de documento público y ordenó la suspensión del cargo que ocupaba en la Electrificadora de Boyacá. De la mencionada providencia se destaca lo siguiente:

Situación de J.E.C.C. . Pruebas . Testimonio de Libia Mesa de P. , esta testigo en su diligencia de indagatoria, afirma, bajo la gravedad de juramento, que a finales de 1992 o a principios de 1993, se reunieron en la ciudad de Tunja con los sindicados A.P. y J.C., para acordar que iban a trabajar con una boletería doble la cual le era enviada a Libia Mesa por separado. Los dineros eran repartidos por partes iguales entre los sindicados.

Declaración de S.H.V., esta testigo corrobora lo manifestado por Libia Mesa y, además, nos informa que en una oportunidad fue trasladada por el señor J.C. de una forma inexplicable y después fue restituida en su cargo. Afirma que (…) J.C., A.P. y H.V. recibían más o menos un millón de pesos mensualmente, esta contribución se sucedió en octubre de 1992 hasta el mes de agosto de 1994, fecha en la cual se posesionó un nuevo gobernador” (se destaca).

- Providencia del 23 de octubre de 1996, por medio de la cual la Fiscalía 22 Especializada de Sogamoso negó la solicitud de libertad provisional interpuesta por la defensa del señor J.E.C.C..

- Resolución No. 143 del 1 de octubre de 1996, mediante la cual la Empresa de Energía de Boyacá suspendió de su cargo al señor J.E.C.C..

- Providencia del 17 de abril de 1997, proferida por la Fiscalía 22 Especializada de Sogamoso, por medio de la cual calificó el mérito del sumario, profirió resolución de acusación en contra de J.E.C.C., J.A.P.A., L.N.R. y H.G.V. por los delitos de falsedad material en documento público en concurso homogéneo con el delito de peculado por apropiación y le sustituyó la medida de detención preventiva por detención domiciliaria, previa caución prendaria equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, las consideraciones del ente investigador para llegar a tal conclusión fueron las siguientes:

Sin lugar a dudas, y esto es compartido por la defensa, las pruebas que vincularon al sindicado a la presente investigación y que lo mantiene atado a la misma fueron los testimonios rendidos por Libia Mesa y S.B. (…). No son testigos de oídas, o separados de la presente investigación. Son dos personas que confiesan en forma libre y espontánea los delitos por ellas cometidos. Bajo juramento realizan una delación de las personas que participaron en el ilícito (…). El suscrito fiscal tuvo la inmediación en la recepción de estos testimonios, pudo percibir la espontaneidad, la honradez de las declaraciones (…), demostraron su arrepentimiento y la vocación inequívoca de querer colaborarle al Estado por intermedio de la Fiscalía (…).

Considera el despacho que los testimonios de Libia Mesa de P. y S.H. después de haber sido analizados, constituyen la prueba suficiente para producir resolución acusatoria en contra del sindicado en calidad de participe de los punibles de peculado en concurso material y homogéneo y, a su vez, en concurso material heterogéneo con el punible de falsedad material de empleado oficial en documento público (subrayas y negrilla fuera del texto).

- Diligencia de caución prendaria del señor J.E.C.C. del 7 de abril de 1997.

- Providencia del 6 de junio de 1997, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sogamoso, mediante la cual se avocó conocimiento del proceso penal adelantado contra el señor J.E.C.C., y otros, por los delitos de falsedad material en documento público en concurso homogéneo con el delito de peculado por apropiación, para iniciar la etapa de juzgamiento.

- Providencia del 23 de octubre de 1997, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sogamoso, a través de la cual se resolvió de manera negativa la solicitud de libertad provisional impetrada por la defensa del señor J.E.C.C..

- Providencia del 26 de noviembre de 1996, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sogamoso, mediante la cual ordenó la libertad provisional del señor J.E.C.C., por cuanto ocurrieron más de seis meses desde la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se haya celebrado el acto público de juzgamiento.

- Diligencia de compromiso del 3 de diciembre de 2009, firmada por el señor J.E.C.C.

- Providencia del 16 de julio de 1998, mediante la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sogamoso se abstuvo de ordenar el reintegro como funcionario de la Electrificadora de Boyacá al señor J.E.C.C..

- Providencia del 25 de julio de 2002, por medio de la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sogamoso señaló el 29 de agosto de 2002 para la realización de la audiencia pública de juzgamiento dentro del proceso penal adelantado contra J.A.P.A., L.N.R. y H.G.V. por los punibles de peculado por apropiación en documento público y falsedad material de empleado oficial en documento público.

- Providencia del 13 de agosto de 2002, mediante la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sogamoso adicionó la providencia del 25 de julio de 2002 e incluyó al señor J.E.C.C. en la realización de la audiencia pública de juzgamiento por los punibles arriba referidos

- Diligencia pública de juzgamiento del 29 de agosto de 2002 contra los señores J.A.P.A., L.N.R., H.G.V. y J.E.C.C..

- Continuación de la diligencia de audiencia pública de juzgamiento del 5 de septiembre de 2002, de la que se extrae lo siguiente:

Con el fin de continuar con el trámite de esta audiencia, a continuación se procede a concederle la palabra al señor Fiscal (…). Para la Fiscalía queda duda razonable respecto de las conductas en que pudieron incurrir P. y C., en su contra solo existe la imputación que hace Libia y S., estas dos declaraciones no fueron corroboradas por ninguna prueba pese a nuestro bagaje probatorio, en ese sentido, por ejemplo, no se citaron a declarar a otras personas tales como J.P., M.V., J.V. y otros que presumiblemente tuvieron conocimiento de los hechos, y así nos quedamos sin la certeza que requiere el artículo 232 del C.P.P. para condenar a estas dos personas (…). Condenar a estas dos personas con la sola imputación se me hace un riesgo que puede rayar con la injusticia y que también riñe con la realidad probatoria recaudada en el proceso. Así que en forma respetuosa solicito al Juzgado que al proferir sentencia por falta de mérito probatorio se absuelva a J.A.P. y a J.C., (…).

Para el Ministerio Público (…) algunas conductas que concursalmente se han atribuido a varios de los acusados a esta altura procesal emergen abatidas por el fenómeno extintivo de la prescripción en óbice que se ofrece como la talanquera insuperable para que la señora juez pueda, en representación del Estado, continuar ejerciendo el ius punendi del Estado (…). El Ministerio Público quiere consignar, en principio, que por lo menos los peculados por apropiación a que se contraen los cargos expresados en la primera resolución de acusación a estas alturas del proceso han perecido en virtud del fenómeno extintivo de la prescripción que no constituye más que una figura que desarrolla el mandato constitucional que tiene derecho quien afronta cargos criminales para que en su caso sea definido sin dilaciones injustificadas en plazo perentorio e inviolable (…), debe señalarse que el plazo que gobierna esta figura de naturaleza estrictamente sustancial, tanto en el anterior ordenamiento, a partir de los arts. 79 y ss como en el estatuto actual según los arts. 83 y ss prescribe de manera general que tal fenómeno opera cuando haya transcurrido un tiempo igual o superior al máximo de la pena prevista para el respectivo delito atendidas todas las circunstancias agravantes que amplíen ese límite sin que en ningún caso dicho lapso sea inferior a 5 años ni superior a 20 y siempre que ello ocurra durante la instrucción pues ya en el juicio dicho término que ya no se cuenta a partir de la consumación del hecho sino de la ejecutoria material de la resolución de acusación se reduce a la mitad sin que en todo caso sea inferior a 5 años, pero con una advertencia adicional de suyo tocada por el señor F.D. y es que en tratándose de un concurso de hechos punibles la prescripción se computa de manera independiente para cada uno de ellos” (subrayas y negrilla fuera del original).

- Solicitud de cesación de procedimiento penal por el acaecimiento del fenómeno jurídico de prescripción, impetrada por el Ministerio Público.

- Providencia del 2 de diciembre de 2002, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sogamoso, mediante la cual resolvió la solicitud presentada por el Ministerio Público y declaró la cesación del procedimiento, en virtud del acaecimiento de la prescripción de la acción penal por los punibles de falsedad material de empleado oficial en documento público en concurso homogéneo y heterogéneo con el delito de concusión en favor del señor J.E.C.C., J.A.P.A. y L.N.R..

- Sentencia del 30 de abril de 2003, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sogamoso, mediante la cual condenó al señor H.G.V. por los delitos de peculado por apropiación en concurso con falsedad material de empleado oficial en documento público

- Sentencia del 8 de agosto de 2003, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, mediante la cual resolvió la apelación contra la sentencia fechada el 30 de abril de 2003, por medio de la cual se condenó al señor H.G.V. por los delitos de peculado por apropiación en concurso homogéneo y, a su vez, en concurso heterogéneo con el delito de falsedad material de empleado público oficial en documento público, providencia en la cual, respecto de la credibilidad de los testigos M.L.M. de P. y S.H.V. se señaló lo siguiente:

“Este proceso nació en contra de H.G.V. a consecuencia de imputaciones que en su contra hicieran en otro proceso las ahora sentenciadas Libia Mesa de P. y S.H.V. por hechos ocurridos cuando se desempeñaban en el año 1995 como recaudador de impuestos municipal de Sogamoso y secretaria, respectivamente.

“La prueba testimonial recibida en la audiencia pública, si bien es cierto proviene de personas que de algún modo estuvieron involucradas en las denuncias que contra ellos formuló Libia Mesa, pone de manifiesto la conducta poco moral de esta señora que, por obtener de la justicia algún beneficio, no tuvo inconveniente en colocarlos en la picota pública, sin importarle para nada el daño moral y social que causaba (…). En consecuencia, no solo increíble resulta la imputación que le hizo la sentenciada Libia Mesa, sino indemostrada su participación en el reato”.

5. Caso concreto

Toda vez que el objeto de la apelación por parte de la Rama Judicial se centró en señalar que es la Fiscalía General la entidad que debe responder por el daño ocasionado al aquí demandante, por cuanto fue esta quien le impuso la medida que lo privó de su libertad, sin que en ello mediara decisión judicial, advierte la Sala que, tal y como se refirió en acápites precedentes, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, la responsabilidad que en el sub lite le asiste al Estado lo es a título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia imputable a la Rama Judicial y no de privación injusta de la libertad.

Lo anterior, por cuanto para la Sala resulta claro que al señor J.E.C.C., luego de ser vinculado mediante diligencia de indagatoria al proceso penal No. 2945, de ser asegurado con detención preventiva en virtud de la providencia del 9 de octubre de 1996, proferida por la Fiscalía 22 Especializada de Sogamoso y, de ser acusado, a través de la providencia del 7 de abril de 1997, en calidad de coautor, de los delitos de falsedad material en documento público en concurso homogéneo con el delito de peculado por apropiación, a través de providencia fechada el 2 de diciembre de 2002, le fue fallado la cesación del procedimiento penal adelantado en su contra.

Las razones que tuvo el juez de conocimiento para arribar a tal conclusión, in extenso, fueron las siguientes:

“La presente investigación se inició con base en la denuncia instaurada por el Dr O.G.M. en su calidad de Secretario de Hacienda del Departamento de Boyacá contra Libia Mesa de P. y S.B.V., por los hechos ocurridos en la oficina de rentas departamentales de esta ciudad en los cuales hubo apropiación de dineros pertenecientes al Estado por cientos de millones de pesos, a través de utilización de boletas de registro gemelas, desvío de dineros, degüello de ganado, recibos irregulares de impuestos de loterías foráneas , irregularidades detectadas por el coordinador del área de recaudaciones H.G.V.C. a finales de noviembre y a comienzos de diciembre de 1995, hechos por los cuales fueron vinculados mediante diligencia de indagatoria (…) J.E.C., (…), en contra de los cuales se dictó resolución de acusación el 27 de marzo y el 17 de abril de 1997, que con modificaciones fueren confirmados en providencia de segunda instancia el 23 de mayo del mismo año por los siguientes cargos: (…), contra J.E.C. como coautores de un concurso homogéneo de peculado por apropiación atenuado, en concurso material con falsedad de empleado oficial en documento público (…).

“(…) con respecto del proceso rad. 2945 (…). Para el delito de peculado por apropiación este se sancionaba con el anterior código penal con pena de prisión de seis a quince años, pero si lo apropiado no supera un valor de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se disminuirá de la mitad a las tres cuartas partes, es decir, la pena sería de dieciocho meses a noventa meses y en la nueva codificación la pena es de cuatro a diez años de prisión, siendo más benigna la pena consagrada en la codificación anterior.

“Para el delito de falsedad material de empleado oficial en documento público, conducta que era sancionada en el anterior código, las penas de prisión de tres a diez años, y en el actual de cuatro a ocho años, siendo más favorable la norma contemplada en el estatuto vigente para aplicarla al caso concreto.

“Para el delito de concusión, esta conducta era sancionada con prisión de cuatro a ocho años y en la nueva normatividad con prisión de seis a diez años, resultando igualmente más favorable la codificación anterior para ser aplicada.

“A las anteriores penas, en su máximo se le aumentará la tercera parte por la calidad del sujeto activo -servidor público- conforme al artículo 82 del C.P. derogado, así tendremos que para el peculado por apropiación el término de prescripción sería de 120 meses, en etapa instructiva, es decir 10 años, término que se reduce a la mitad, cinco años por hallarnos en etapa de juicio, contados a partir del 23 de mayo de 1997, siendo así que a la fecha han transcurrido más de cinco años para tal efecto.

“En igual sentido, para los delitos de falsedad y de concusión, para los cuales se consagran igual pena máxima -96 meses de prisión-, al incrementarla en una tercera parte conforme a la norma aludida, es decir 32 meses, nos darían 128 meses de prisión, es decir, 10 años y 4 meses de aplicación para la fase instructiva, pero en la etapa de juicio se reduce a la mitad, es decir a 64 meses o lo que es lo mismo, 5 años y 4 meses de prisión contabilizados desde que cobró fuerza el pliego acusatorio, o sea a partir de su ejecutoria para que opere este fenómeno, que para el caso presente es el 23 de mayo de 1997, siendo por tanto que a la fecha han transcurrido más de 5 años desde esa data, consolidándose esta figura respecto de las conductas en comento.

“El artículo 39 del C.P.P. consagra las causales por las cuales en la etapa instructiva puede decretarse la preclusión de la investigación por el fiscal y en su inciso segundo dice que el juez, considerando las mismas causales, entre ellas que la actuación no puede proseguirse como en el presente caso, declarará la cesación del procedimiento cuando se verifiquen durante la etapa de juicio. Es decir que estamos ante una causal objetiva como es la prescripción de la acción, que impide continuar con el trámite normal del proceso, con respecto a los delitos contenidos en el pliego acusatorio emitido dentro del radicado No. 2945 por el concurso de los punibles ya descritos (…).

“De lo anterior se deduce que el Estado ha perdido la facultad legal para sancionar este hecho punible, siendo viable decretar la cesación del procedimiento en favor de los implicados (…) J.E.C.C. respecto de los delitos ya relacionados, (…) compúlsense copias de lo pertinente con destino al Consejo Seccional de la Judicatura Sala Disciplinaria de Tunja, para que allí se adelante la averiguación de su competencia, a fin de establecer la posible comisión de faltas disciplinarias y sus responsables, que con la dilación del trámite permitieron la presencia de esta figura extintiva en el presente caso” (se destaca).

Según se dejó visto, la cesación del procedimiento penal al cual fue vinculado el aquí demandante obedeció, entonces, a que se configuró el fenómeno de la prescripción de la acción penal.

Así pues, de conformidad con el Código Penal vigente para la época de los hechos -Decreto-ley 100 de 1980-, se tenía lo siguiente: i) la acción penal prescribía en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, y en ningún caso sería inferior a cinco años o superior a veinte; ii) cuando los delitos eran cometidos por empleados oficiales, se aumentaría una tercera parte al término de prescripción anterior; iii) el término de la prescripción se interrumpía con la ejecutoria de la resolución de acusación y, iv) interrumpida la prescripción, iniciaría a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del previamente señalado.

Bajo ese entendido, tal y como lo expuso el juez de conocimiento en la providencia mediante la cual cesó el procedimiento en contra del aquí demandante, en razón de que fueron varias las conductas investigadas, el término de prescripción corrió de manera independiente para cada una de ellas, con la adición de un tercio correspondiente, por cuanto el señor J.E.C.C. y los demás investigados para la época de los hechos eran servidores públicos.

Así las cosas, toda vez que en la etapa investigativa el término de prescripción para el delito de peculado por apropiación era el de 120 meses -10 años-, y 128 meses -10 años y 4 meses- para el delito de falsedad de empleado oficial en documento público, la cual se interrumpió con la resolución de acusación, en la fase de juzgamiento, la prescripción sería de 5 años y 5 años y 2 meses para cada delito respectivamente.

En ese sentido, dado que desde la ejecutoria de la providencia del 17 de abril de 1997 -23 de mayo de 1997-, mediante la cual se calificó el mérito del sumario y le fueron atribuidos los referidos delitos al señor J.E.C.C., hasta el 2 de diciembre de 2002, cuando aún se desarrollaba la audiencia pública de juzgamiento, transcurrieron más de 5 años y 4 meses, es más que claro que el Estado perdió, en la fase de juzgamiento, la potestad de ejercer su ius punendi y juzgar las conductas delictivas endilgadas al demandante.

En efecto, una vez revisadas las actuaciones del proceso penal No. 2945, advierte la Sala que desde que el juzgado de la causa avocó su conocimiento -providencia del 6 de junio de 1997- hasta el 29 de julio de 1999 resolvió múltiples solicitudes impetradas por los procesados y por sus defensores, denotándose su actividad en el impulso del proceso.

Empero, desde aquella fecha, en la cual resolvió el recurso de reposición contra el auto del 22 de abril de 1999 formulado por uno de los defensores de los acusados y accedió al decreto de dos pruebas testimoniales en la audiencia pública de juzgamiento, hasta el 25 de julio de 2002 no hubo otra actuación por parte de dicho juzgado o, alguna circunstancia que le permitiera a la Sala inferir que no pudo proseguir con el curso del proceso de manera justificada, sino 3 años, 3 meses y 3 días después cuando fijó día y hora para la celebración de tal audiencia.

En ese orden de ideas, para la Sala no cabe duda de que el daño padecido por el señor J.E.C.C. -prolongación de la restricción de su libertad- fue producto de un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia y no de una privación injusta de la libertad atribuible a la Rama Judicial, pues, como se dejó expuesto, el juzgado de conocimiento, no obstante que profirió diversos actos procesales y decisiones hasta el año 1999, desde ahí hasta el mes de julio de 2002 guardó total pasividad respecto de la sustanciación del proceso, sin que mediara justificación alguna, lo cual incidió en la afectación del derecho a la libertad personal del aquí demandante, respecto de quien, finalmente, quedó desvinculado del proceso penal por la prescripción de la acción en la fase de juzgamiento.

Al respecto, frente a un caso similar, esta S. consideró:

“A pesar de que no es posible determinar si los 12 años que duró la etapa instructiva fueron producto de maniobras dilatorias del demandante, para efectos de estructurar un hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad, -aspecto que le correspondía probar a la parte demandada-, lo cierto es que tampoco existen elementos en el expediente que justifiquen la no calificación del mérito del sumario dentro el plazo establecido para ello y mucho menos tras 12 años de haber iniciado la instrucción.

“(…).

“Con esta óptica, es decir, bajo esa misma línea de pensamiento, para la Subsección no existe cortapisa alguna para concluir que en este caso no se produjo una privación injusta de la libertad, sino un defectuoso funcionamiento de la Administración Judicial, dado que el daño, esto es, la limitación jurídica de la libertad que padeció el hoy demandante por más de 10 años devino claramente de una actuación indebida de la Administración de Justicia, pues quedó acreditada la mora en proferir una decisión a través de la cual se considerara si el señor P.R. debía ir a juicio o, por el contrario, si la investigación debía precluirse a su favor, omisión que comportó la prescripción de la acción penal” (se destaca).

Bajo ese entendido, contrario a lo expuesto por la entidad demandada en su recurso de apelación, como el Estado no logró desvirtuar, dentro del término fijado por la ley, la presunción de inocencia del acusado -Artículo 445 del Decreto 2700 de 1991-, toda vez que la prescripción de la acción penal tuvo ocasión en la fase de juzgamiento y no dentro de la fase de instrucción y, tal y como de manera precedente se advirtió, sin que mediara justificación alguna por parte del juzgado de conocimiento, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia fue consecuencia de la falta de actuación de los funcionarios de la Rama Judicial, de ahí que el daño irrogado al señor C.C. le sea únicamente atribuible a dicha entidad pública.

Por otro lado, la Sala no encuentra prueba alguna de que el señor C.C., con su conducta, hubiere dado lugar a la investigación penal en virtud de la cual le fue vulnerado su derecho a la libertad, en tanto que como se desprende del material probatorio allegado al expediente, las únicas pruebas que obraban en su contra fueron las declaraciones “poco creíbles” de dos personas que se acogieron a sentencia anticipada, tan es así que la misma Fiscalía en la continuación de la audiencia pública de juzgamiento solicitó la absolución del aquí demandante, por cuanto las mismas no fueron corroboradas con ningún otro medio de prueba que llevara a la conclusión de que a este le asistía algún grado de responsabilidad penal.

Lo anterior, máxime cuando le correspondía a las entidades demandadas demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se presentó algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima.

Por tanto, dadas las circunstancias fácticas descritas, forzoso resulta confirmar la sentencia apelada en cuanto a la declaratoria de responsabilidad de la Nación - Rama Judicial se refiere, pero se precisa que dicha atribución de responsabilidad, por las razones antes descritas, lo es bajo el título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

6. Indemnización de perjuicios

6.1 Perjuicios morales

Toda vez que la sentencia de primera instancia accedió al reconocimiento de este tipo de perjuicios y que ello no fue objeto de cuestionamiento alguno en el recurso de apelación, la Sala mantendrá los montos concedidos a los demandantes, por cuanto fueron otorgados en salarios mínimos legales mensuales vigentes, a saber:

- Para J.E.C.C.: 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

- Para su esposa, Y.S.C.: 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

- Para sus hijos, S.P.C.S. y H.E.C.S.: 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

6.2 Perjuicios materiales

6.2.1 Lucro cesante

Una vez revisado el expediente, advierte la Sala que si bien este punto no fue objeto de apelación por ninguna de las partes, en la demanda se solicitó que por concepto de lucro cesante se pagaran $23'000.000 más su correspondiente actualización en favor del señor J.E.C.C., pero el Tribunal a quo le concedió la suma de $39'808.424.

En ese sentido, en aplicación del principio de congruencia, advierte la Sala que el monto otorgado por el juez de primera instancia no corresponde a lo realmente solicitado por la parte demandante, por cuanto una vez actualizada la suma de $23'000.000 pedida, a la fecha de la presente sentencia, la misma asciende a $38'094.377.

De lo anterior se tiene que, si bien lo efectivamente probado dentro del proceso fue la suma de $39'808.424, como en favor del señor J.E.C.C. se pidieron $23'000.000 que a la fecha de la presente sentencia equivalen a $38'094.377, este será el monto a reconocer, lo anterior, comoquiera que el juez en observancia del principio de congruencia no puede reconocer más de lo que fue solicitado, incluso así ese punto no haya sido apelado.

En relación con un caso similar al que ahora se analiza, esta Subsección sostuvo:

Salta a la vista, entonces, que el Tribunal a quo se excedió en la sentencia de primera instancia por cuanto decretó el pago de los perjuicios materiales y fisiológicos, perjuicios que no fueron solicitados por la parte actora en sus pretensiones -quien las limitó al pago de perjuicios morales causados con ocasión de las lesiones personales sufridas por el señor L.C.-, rompiendo de esta manera el principio de congruencia que debe regir en toda decisión judicial .

“(…).

“En el presente caso concreto, la Sala encuentra que en la sentencia de primera instancia se desconoció el principio de congruencia que debe inspirar el actuar del juez en la expedición de las providencias y, vulneró, por contera, el derecho fundamental al debido proceso de la demandada, pues al condenar a la entidad demandada al pago de los perjuicios materiales y fisiológicos se incurrió en un típico caso de fallo extra petita.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el juez conductor del proceso es garante de los derechos fundamentales de las partes en el marco del trámite procesal, particularmente del derecho al debido proceso, del cual forma parte esencial el principio de congruencia, es claro entonces que el juez puede y debe decretar de oficio su vulneración; en este orden de ideas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia exclusivamente en cuanto se refiere a la condena al pago de la indemnización de los perjuicios materiales y fisiológicos a cargo de la entidad demandada y a favor del demandante, comoquiera que la reparación por tales conceptos no fue solicitada por el actor en su libelo demandatorio” (se destaca).

Por consiguiente, como el juez de primera instancia incurrió en un fallo ultra petita, es decir, en una contravención al principio de congruencia de la sentencia, en punto al reconocimiento de perjuicios materiales bajo la modalidad de lucro cesante, la Sala modificará el correspondiente acápite y respecto del señor J.E.C.C. se reconocerá lo pedido en la demanda, actualizado al valor presente, esto es el monto de $38'094.377.

7. Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia fechada el 10 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el cual quedará así:

CUARTO . Como consecuencia de la declaración anterior, condénase a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, a indemnizar a los demandantes, por los perjuicios causados así:

“a) Por concepto de daño material a título de lucro cesante, a favor del señor J.E.C.C., la suma de treinta y ocho millones noventa y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos ($ 38'094.377)

M/cte.

“b) Por concepto de daños morales, a favor del señor J.E.C.C., en su calidad de directo afectado, se le reconocerá el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“c) Por concepto de daños morales, a favor de la señora YAMIRA SOTO CÁRDENAS, como víctima indirecta del hecho sufrido por su esposo, diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“d) Por concepto de daños morales, a favor de la menor S.P. y H.E.C.S., en su condición de hijos del señor J.E.C.C., se le reconocerá una suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

QUINTO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado ju0dicial que ha venido actuando dentro del proceso.

SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

HERNÁN ANDRADE RINCÓN

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Folios 46 - 51 del cuaderno principal.

Folio 50 del cuaderno principal.

I..

Folios 47 y 48 del cuaderno principal.

Folio 54 del cuaderno principal.

Folio 63 del cuaderno principal.

Folio 60 del cuaderno principal.

F.I..

Folios 65 - 75 del cuaderno principal.

Folios 119 - 123 del cuaderno principal.

Folio 247 del cuaderno principal.

Folios 115 - 126 del cuaderno principal.

Folios 436 - 483 del cuaderno principal.

Folio 474 del cuaderno principal.

Folios 512 - 515 del cuaderno principal.

De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo en sesión del 25 de abril de 2013, según acta No. 9.

Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P.M.F.G..

Folio 51 del cuaderno principal.

Folio 5 del cuaderno principal.

Folio 6 del cuaderno principal.

Folio 7 del cuaderno principal.

Prueba trasladada debidamente allegada al expediente, la cual cuenta con mérito probatorio, por cuanto el proceso penal No. 2945 fue adelantado por las entidades públicas demandadas en sede investigativa y de juzgamiento, Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, lo anterior, más si se tiene en cuenta que, además de haber obrado durante todo el proceso, luego de que la parte actora lo allegara en copia auténtica (folio 245 del cuaderno principal), se le dio traslado a las partes para que se pronunciaran sobre el mismo (folio 247 del cuaderno principal), garantizando así su derecho de defensa y de contradicción.

Diligencias de indagatoria que, si bien obran en el expediente a folios 33 - 57 y folios 52 - 57 del cuaderno 1 de pruebas, para la Sala no tienen validez probatoria, por cuanto, tal y como de manera reiterada lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, se vertieron sin la solemnidad del juramento, formalidad necesaria para poder ser tenidas en cuenta como declaración de terceros, de conformidad con el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil. Folio 26 y 27 del cuaderno principal.

Folio 153 del cuaderno 1 de pruebas.

Folio 134 del cuaderno 1 de pruebas.

Folio 65 del cuaderno 1 de pruebas.

Folio 166 del cuaderno 1 de pruebas.

Folios 174 y 175 del cuaderno 1 de pruebas.

Folio 178 del cuaderno 1 de pruebas.

Folios 183 - 186 del cuaderno 1 de pruebas.

Folios 188 y 189 del cuaderno 1 de pruebas.

Folios 222 - 229 del cuaderno 1 de pruebas.

Folio 354 - 363 del cuaderno 1 de pruebas.

Folios 386 y 387 del cuaderno 1 de pruebas.

Folios 1021 - 1031 del cuaderno 9 de pruebas.

Folio 1043 del cuaderno 9 de pruebas.

Folio 1211 del cuaderno 9 de pruebas.

Folios 1301 - 1303 del cuaderno 9 de pruebas.

Folios 1367 y 1367 del cuaderno 9 de pruebas.

Folios 1375 y 1390 del cuaderno 9 de pruebas.

Folios 1443 - 1444 del cuaderno 9 de pruebas.

Folios 318 y 319 del cuaderno 10 de pruebas.

Folios 328 y 329 del cuaderno 10 de pruebas.

Folios 339 - 361 del cuaderno 10 de pruebas.

Folios 362 - 391 del cuaderno 10 de pruebas.

Folios 410 - 414 del cuaderno 10 de pruebas.

Folios 415 - 419 del cuaderno 10 de pruebas.

Folios 433 - 443 del cuaderno 10 de pruebas.

Folios 3 - 19 del cuaderno 3 de pruebas.

Folios 38 - 42 del cuaderno de pruebas.

“(…) 3.2.3.2  Por su parte la prescripción de la acción penal `es un instituto jurídico liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción'. Dicho fenómeno ocurre cuando quienes tienen a su cargo el ejercicio  de la acción penal  dejan vencer el plazo señalado por el Legislador para el efecto sin haber adelantado las gestiones necesarias tendientes a determinar la responsabilidad del infractor de la ley penal, lo cual a la postre implica que la autoridad judicial competente pierde la potestad de seguir una investigación en contra de la persona beneficiada con la prescripción.

 

“La prescripción de la acción penal tiene, ha explicado  también la Corte,  una doble connotación. La primera es a favor del procesado y consiste en la garantía constitucional que le asiste a todo ciudadano para que se le defina su situación jurídica, pues éste no puede quedar sujeto perennemente a la imputación que se ha proferido en su contra; la segunda en tanto y en cuanto se trata para el Estado de una sanción frente a su inactividad.

 

“La Corte ha destacado igualmente que la misma  encuentra fundamento en el principio de la seguridad jurídica ya que la finalidad esencial de la prescripción de la acción penal está íntimamente vinculada con el derecho que tiene todo procesado de que se le defina su situación jurídica, pues “ni el sindicado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado califique el sumario o profiera una sentencia condenatoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad. Además, la prescripción hace parte del núcleo esencial del debido proceso puesto que su declaración tiene la consecuencia de culminar de manera definitiva un proceso, con efectos de cosa juzgada, contrariamente a lo que ocurre con  los fallos inhibitorios, que no resuelven el asunto planteado y que dejan abierta la posibilidad para que se dé un nuevo pronunciamiento[35]. En suma, la declaratoria de prescripción contiene una respuesta definitiva fundada en derecho que pone fin a la acción iniciada (…)”. Corte Constitucional, Sentencia C-1033 del 5 de diciembre de 2006, M.P.Á.T.G..

Artículo 80. Término de prescripción de la acción. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de libertad, pero en ningún caso, será inferior a cinco años ni excederá de veinte. Para este efecto se tendrán en cuenta las circunstancias de atenuación y agravación concurrentes”.

“Artículo 82. Prescripción del delito cometido por empleado oficial. El término de prescripción señalado en el Artículo 80 se aumentará en una tercera parte, sin exceder el máximo allí fijado, si el delito fuere cometido en el país por empleado oficial en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos”.

“Artículo 84. Interrupción del término prescriptivo de la acción. La prescripción de la acción penal se interrumpe por el auto de proceder, o su equivalente, debidamente ejecutoriado.

Interrumpida la prescripción, principiará a correr de nuevo por tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 80. En este caso, el término no podrá ser inferior a cinco años”.

Folios 304 - 306 del cuaderno 10 de pruebas.

Providencia del 11 de junio de 1997, mediante la cual resolvió la solicitud de libertad del señor H.G.V. (folios 1212 - 1214 del cuaderno 9 de pruebas), diligencia de compromiso del 12 de junio de 1997 del señor H.G.V. suscrita ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sogamoso (folio 1219 del cuaderno 9 de pruebas), providencia del 15 de julio de 1997, por medio de la cual se decidió la solicitud de detención parcial en lugar de trabajo del señor H.G.V. (folios 1241 -1242 del cuaderno 9 de pruebas), providencia del 17 de septiembre de 1997, mediante la cual se resolvió la petición de permiso del señor J.E.C.C. (folio 1278 del cuaderno 9 de pruebas), providencia del 16 de octubre de 1997, por medio la cual se resolvió la solicitud de libertad provisional de la señora L.N.R. (folios 1285 - 1286 del cuaderno 9 de pruebas), providencia del 23 de octubre de 1997, mediante la cual se resolvió la solicitud de libertad del señor J.E.C.C. (folios 1301 - 1303 del cuaderno 9 de pruebas), providencias del 26 de noviembre de 1997, mediante las cuales concede la libertad provisional a los señores J.E.C.C., L.N.R., A.P.V. y H.G.V. (folios 1348 -1359 del cuaderno 9 de pruebas), providencia del 18 de febrero de 1998, a través de la cual resolvió sobre la conducencia, práctica y decreto de las pruebas pedidas por los sujetos procesales (folios 1390 - 1391 del cuaderno 9 de pruebas), providencia del 9 de marzo de 1998, mediante el cual resolvió el recurso de reposición contra el auto del 18 de febrero de 1998 (folios 1405 - 1046 del cuaderno 9 de pruebas), providencia del 24 de marzo de 1998, por medio de la cual se resolvió la petición del señor H.G.V. para que se le tenga como caución de la libertad provisional la realizada para la libertad domiciliaria (folios 1412 - 1413 del cuaderno 9 de pruebas), providencia del 3 de junio de 1998, mediante el cual se decretó y dispuso la práctica de unas pruebas dentro de la etapa de juzgamiento (folios 1423 - 1425 del cuaderno 9 de pruebas), providencia del 16 de julio de 1996, mediante el cual se decidió sobre el reintegro de labores en la Electrificadora de Boyacá del señor J.E.C.C. (folios 1443 - 1446 del cuaderno 9 de pruebas).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 9 de marzo de 2016, expediente: 34.554, R.: 25000-23-26-000-2005-02453-01.

Folio 19 del cuaderno de pruebas

Se hace la precisión de que si bien la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia se presta para interpretar que son 10 los salarios mínimos legales mensuales vigentes concedidos para los dos hijos del señor J.E.C.C., de la parte motiva de la providencia se infiere que son 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos. Folio 45 del cuaderno principal.

A la suma de $23'000.000 se le aplicó la fórmula de actualización, los datos utilizados para realizarla fueron: las cifras mencionadas como renta histórica ($23'000.000), el índice inicial de diciembre de 2004 (80.21), por cuanto para esta fecha fueron solicitados los perjuicios, y el índice final de agosto de 2016 (132.85), dado que es el último conocido para la fecha de la sentencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de marzo de 2013, exp. 26.078, M.P.M.F.G., reiterada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de junio de 2014, exp. 27.636, M.P.H.A.R. (E).

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