Sentencia nº 11001-03-26-000-2016-00099-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 31 de Octubre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 664720893

Sentencia nº 11001-03-26-000-2016-00099-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 31 de Octubre de 2016

Ponente:JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Actor:CONSORCIO ASEO CAPITAL S.A. E.S.P.
Demandado:DISTRITO CAPITAL Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
Fecha de Resolución:31 de Octubre de 2016
Emisor:Sección Tercera
RESUMEN

RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL - Declara infundado. Caso Consorcio Aseo Capital, reversión de vehículos destinados para la recolección de basuras en BogotáSUSPENSIÓN PROVISIONAL - Laudo arbitral. Niega por cuanto no cumplió con la carga de argumentación de la solicitudSi bien en el presente asunto la solicitante cumplió con el requisito de oportunidad, pues presentó su solicitud de suspensión en el mismo escrito por el cual sustentó el recurso de anulación del laudo arbitral interpuesto; sin embargo no cumplió con el requisito de la carga argumentativa mínima exigida para la procedencia de dicha solicitud, pues no expuso las razones jurídicas, ni fácticas en las cuales fundó su petición, sino que limitó su argumentación a hacer referencia al artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 y a referirse a la naturaleza jurídica de la UAESP, motivación que a juicio de la Sala resulta insuficiente para acceder a la solicitud de suspensión en la ejecución del laudo arbitral. Por las razones expuestas encuentra la Sala que la solicitud de suspensión de la ejecución del laudo arbitral no se encuentra llamada a prosperar.RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES - Naturaleza / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES - Carga de sustentación del recurrente: ContenidoDe la carga de sustentación se desprende que el impugnante debe expresar las razones que le sirven de fundamento para acusar el laudo de incurrir en la causal o causales que alega. (…) Por supuesto que las razones que indique el recurrente deben configurar la causal que aduce y por lo tanto la causal invocada será la que estructure la cadena argumentativa de la impugnación y no el nombre o denominación que se le dé. (…) resulta que la sustentación del recurso no consiste en la sola indicación del texto legal que consagra una determinada causal, como tampoco en que, al amparo de la mención de alguna o de varias de las causales enlistadas en la ley, se aduzcan argumentaciones que en verdad no configuran ninguna de las previstas por el legislador.TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO - Nulidad de acto administrativo: Competencia a petición de parte o de oficio / PRINCIPIO DE LEGALIDAD - Nulidad de contrato estatal. Tribunal de arbitramento / PRINCIPIO DE HABILITACIÓN - Nulidad de contrato estatal. Tribunal de arbitramento / RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL - Competencia de anulación de acto administrativoPara la Sala es claro que la competencia de los jueces arbitrales no solamente se encuentra limitada en un aspecto temporal, sino también en un aspecto material teniendo en cuenta el tipo de asuntos que pueden ser sometidos a su conocimiento, estudio y decisión. (…) No obstante lo anterior y tal como ahora expresamente lo establece el último inciso del artículo 1º de la Ley 1563 de 2012, los jueces arbitrales sí ostentan la competencia para pronunciarse sobre los efectos económicos de los actos administrativos expedidos en el ejercicio de las referidas potestades excepcionales al derecho común. (…) Por otro tanto y con fundamento en el principio de legalidad al que se sujeta el arbitraje, los árbitros también ostentan la competencia para pronunciarse sobre la validez de los contratos estatales como si fuesen verdaderos jueces ordinarios. De ésta forma, en ejercicio del principio de habilitación las partes a través de la cláusula arbitral tienen la potestad de habilitar a los árbitros para que éstos se pronuncien sobre la existencia y validez del contrato celebrado, de forma tal que cuando éstas convienen que todas las diferencias surgidas con ocasión del mismo serán dirimidas por un Tribunal de Arbitramento, por virtud de la ley dicha competencia se extiende a las eventuales nulidades del negocio jurídico. (…) Así las cosas, los tribunales de arbitramento tienen competencia para pronunciarse sobre la validez del contrato, no sólo como pretensión formulada por el demandante o excepción alegada por el demandado, sino también de manera oficiosa, conclusión a la que se llega con fundamento en las normas constitucionales y legales que invisten a los árbitros de la facultad de administrar justicia como verdaderos jueces para el caso concreto con los mismos deberes, poderes y facultades de los jueces ordinarios.RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL - Juicio de legalidad de los actos administrativos: Valoración normativa / RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL - Juicio de legalidad de los actos administrativos: Se prescinde de la valoración de los efectos económicosEl juicio de legalidad de un determinado acto administrativo implica una valoración estrictamente normativa, es decir una subsunción o encuadramiento entre el contenido de dicho acto y el universo normativo de principios, valores, normas jurídicas, disposiciones o enunciados normativos por los cuales se rige y que son utilizados por el operador jurídico como parámetro de legalidad y en cuyo ejercicio se prescinde de la valoración de los efectos económicos que se puedan generar entre las partes. Conforme lo establece el artículo 87 del C.C.A. los actos administrativos serán absolutamente nulos cuando: I) Se expidan con infracción a las normas... (ver resumen completo)

 
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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCI ÓN TERCERA

SUBSECCIÓ N C

C onsejero ponente : JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciséis (2016).

R adicación número : 11001-03-26-000-2016-00099-00(57422) A

A ctor : CON SORCIO ASEO CAPITAL S.A. E.S.P.

D emandado : DISTRITO CAPITAL Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS P Ú BLICOS - UAESP

Referencia : RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACI Ó N (SENTENCIA)

Tema: Se declara infundado el recurso de anulación de laudo arbitral por no haberse configurado las causales 1ª,2ª y 9ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. R.: La solicitud de suspensión de cumplimiento del laudo arbitral y las cargas de oportunidad y motivación de la parte interesada, Naturaleza del recurso de anulación de laudos arbitrales, Competencia de los Tribunales de Arbitramento para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos, Juicio de legalidad de los actos administrativos y pronunciamiento sobre sus efectos económicos, La anulación del laudo arbitral por la inexistencia, invalidez o inoponibilidad del pacto arbitral, La anulación del laudo arbitral por caducidad de la acción falta de jurisdicción o de competencia del Tribunal de arbitramento, La anulación del laudo por haber recaído sobre aspectos no sujetos a decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.

Procede la Sala a resolver el recurso de anulación interpuesto por el apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP- en contra el laudo arbitral del 30 de marzo de 2016 proferido por el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias originadas entre éste y el Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. con ocasión del contrato de concesión No. 053 suscrito entre éstos el 15 de julio de 2003.

ANTEC E DENTES .

El 15 de julio de 2003 se celebró entre la Unidad Ejecutiva Especial de Servicios Públicos- UESP- y el Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. el contrato de concesión No. 053, por virtud del cual éste se obligó frente aquella a la recolección y transporte hasta el lugar de tratamiento o de disposición final, de los residuos generados por usuarios residenciales y pequeños productores y de los ordinarios producidos por grandes generadores; al barrido y limpieza integral de las vías, áreas y elementos del amoblamiento urbano público; la recolección y transporte de los residuos generados por dichas actividades; al corte de césped y a la recolección y transporte de los residuos generados por dicha actividad en todas las áreas verdes públicas del Distrito Capital ubicadas en separadores viales, vías de tránsito automotor, peatonales y ciclo rutas, glorietas, andenes que no estén a cargo de moradores, propietarios o administradores de predios del frente, parques públicos, zonas de protección ambiental y de espacio público, en las localidades ASE Nos. 3 y 4.

Como plazo de duración inicial del contrato se fijó el término de 7 años contados desde el 15 de septiembre de 2003.

Dicho plazo se extendió en una primera oportunidad por nueve (9) meses más contados desde el 16 de septiembre de 2010 y en una segunda oportunidad hasta el 15 de septiembre de 2011.

Mediante la Cláusula Cuarenta y uno (41) del contrato las partes convinieron una cláusula compromisoria en los siguientes términos a saber:

CLÁUSULA 41. CLÁUSULA COMPROMISORIA . Las diferencias que surjan entre las partes como consecuencia de la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y liquidación del presente contrato, que no puedan ser resueltas directamente entre ellas o mediante los instrumentos de solución de que trata la cláusula anterior, se someterán a la decisión de un Tribunal de arbitramento conformado por tres (3) árbitros colombianos. Los árbitros serán designados de común acuerdo por las partes, y a falta de acuerdo por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El Tribunal decidirá en derecho y funcionará en el Distrito Capital.

En las controversias de menor cuantía solo habrá un árbitro. Se entenderá por tales, aquellas cuyo monto sea igual o inferior a cuarenta (40) SMLM.

La designación, requerimiento, constitución, funcionamiento y los demás aspectos del Tribunal se regirán por las disposiciones legales vigentes sobre la materia en la fecha que el Tribunal se convoque ”.

El 30 de abril de 2012 Negreta Abogados & Consultores, la firma asesora de la Convocada UAESP remitió ante el consorcio contratista el primer proyecto de acta de liquidación bilateral del contrato para su suscripción, quién se negó a firmarla señalando que en ella no se podía incluir la reversión de los vehículos automotores utilizados para la ejecución del objeto del contrato suscrito.

El 15 de junio de 2012 y ante las diferencias presentadas en la firma del acta de liquidación bilateral del contrato de concesión, las partes suscribieron un acta en la que convinieron extender el plazo para liquidarlo de común acuerdo hasta el 31 de julio de 2012.

El 31 de julio de 2012 las partes convinieron prorrogar nuevamente el plazo para llevar a cabo la liquidación bilateral del contrato hasta el 31 de octubre de 2012.

Mediante la Resolución No. 220 del 31 de mayo de 2013 la convocada Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP- ordenó la liquidación unilateral del contrato de concesión No. 053 de 2003 incluyendo en ella la reversión de los vehículos automotores utilizados para la ejecución del objeto del contrato suscrito.

Contra dicha Resolución se instauró el recurso de reposición el cual fue resuelto por medio de la Resolución No. 553 del 15 de octubre de 2013 en el sentido de confirmarla en todas y cada una de sus partes.

El 17 de marzo de 2014 y en atención a las controversias suscitadas entre las partes con ocasión de la liquidación del contrato de concesión No. 053 suscrito entre éstas el 15 de julio de 2003 el Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. instauró demanda arbitral, posteriormente reformada el 27 de octubre de 2014 y finalmente subsanada dicha reforma el 4 de noviembre de 2014, contra el Distrito Capital- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP- formulando las siguientes pretensiones:

En primer, segundo y tercer lugar pidió que se declarara la nulidad de las Resoluciones Nos. 220 del 31 de mayo, la No. 533 del 15 de octubre y la No. 532 del 15 de octubre de 2013, mediante las cuales, respectivamente, se liquidó unilateralmente el contrato de concesión No. 053 de 2003, se resolvió el correspondiente recurso de reposición y se resolvió la coadyuvancia presentada por la Aseguradora Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. al recurso interpuesto por el Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P.

En cuarto lugar, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordenara el reintegro de las sumas que hubiere cancelado o que llegaré a cancelar con ocasión de las referidas Resoluciones, debidamente actualizadas, más los intereses causados.

En quinto lugar, y como consecuencia de las pretensiones 1ª, 2ª y 3ª pidió que se le diera una interpretación al contrato de concesión No. 053 de 2003, de forma tal que se entendiera que los únicos bienes que debían ser objeto de entrega a título de reversión eran los referidos en las cláusulas Nos. 17 y 32 No. 11.

Como primera y segunda pretensión subsidiaria a la quinta principal pidió que se declarara que con ocasión del contrato de concesión No. 053 de 2003, no eran objeto de reversión los vehículos automotores utilizados para la prestación de los servicios contratados; o que se declarara que ésta se limita a los bienes y la información descrita en la cláusula décimo séptima del contrato de concesión suscrito.

Como tercera pretensión subsidiaria a la quinta principal solicitó que se declarara que la reversión de los vehículos automotores y equipos afectos a la prestación del servicio público se limita a aquellos que son de propiedad de Aseo Capital S.A. E.S.P. en servicio y en el estado en el que se encontraran una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato y que en caso de no ser ello posible, al pago del valor al que se encontraban para esa misma fecha.

En sexto lugar pidió que se declarara que Aseo Capital S.A. E.S.P. cumplió con su obligación de entregar, a título de restitución y reversión, los bienes y la información respectiva.

En séptimo lugar solicitó que se declarara que durante la ejecución del contrato la contratista incurrió en sobrecostos por concepto de recolección y transporte (repique) de árboles caídos en espacio público, ruta selectiva y corte de césped en áreas con morador.

En octavo y noveno lugar solicitó que se declarara que el Distrito Capital- Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, hoy UAESP se encuentra obligada a cancelar en favor de Aseo Capital S.A. los sobrecostos en los que incurrió al ejecutar las referidas actividades, desde la fecha en la que se produjeron las respectivas erogaciones.

Como primera y segunda pretensión subsidiaria a la novena principal solicitó que se condenara a la convocada al reconocimiento y pago de los sobrecostos por concepto de recolección y transporte (repique) de árboles caídos en espacio público, ruta selectiva y corte de césped en áreas con morador, desde la fecha en la que se presentó la demanda arbitral, o desde la fecha en la que se profiera el respectivo laudo arbitral conforme a lo que resultara probado en el proceso.

En décimo y onceavo lugar pidió que se declarara que tuvo que ejecutar actividades adicionales de corte de césped que no fueron reconocidas; y que el Distrito Capital- Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, hoy UAESP debió reconocer y pagar los perjuicios que le fueron causados por el no reconocimiento de los sobrecostos ocasionados por la ejecución de dichas actividades.

En doceavo y treceavo lugar pidió que se declarara que el Distrito Capital- Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, hoy UAESP se encontraba obligado a cancelar una indemnización plena de los perjuicios que le fueron causados por el no reconocimiento de las sumas derivadas de la ejecución de las referidas actividades adicionales y que en consecuencia se le condene al reconocimiento y pago de éstas.

Como primera y segunda pretensión subsidiaria a la treceava principal pidió que se condenara a la convocada al reconocimiento y pago de una indemnización plena de los perjuicios que le fueron ocasionados por la falta de reconocimiento y pago de la ejecución de mayores actividades de corte de césped desde la fecha en la que se presentó la demanda, o desde la fecha en la que se profiera el respectivo laudo arbitral.

En catorceavo, quinceavo, dieciseisavo y decimoséptimo lugar pidió que se declarara que el Consorcio Aseo Capital debió ejecutar actividades adicionales de recolección y transporte (repique) de árboles caídos que fueron solicitadas por la UAESP, que ésta debió reconocer y pagar las sumas por concepto de las referidas actividades adicionales, que ésta se encuentra obligada a indemnizar íntegramente los perjuicios que le fueron ocasionados por no reconocer dichas sumas y que en consecuencia sea condenada al reconocimiento y pago de una indemnización plena de dichos perjuicios.

Como primera y segunda pretensión subsidiaria a la pretensión decimoséptima solicitó que se condenara a la convocada al reconocimiento y pago de una indemnización plena de los referidos perjuicios, desde la fecha en la que se presentó la demanda o desde la fecha en la que se profiera el respectivo laudo arbitral.

En decimoctavo lugar pidió que sobre las sumas anteriores se le reconocieran los intereses moratorios causados a la tasa máxima permitida por la Ley, desde la fecha en la que se produjeron las erogaciones respectivas por parte de Aseo Capital.

Como primera y segunda pretensión subsidiaria a la decimoctava principal solicitó que se condenara a la convocada al reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados sobre cualquiera de las sumas anteriores a la tasa máxima permitida por la Ley, desde la fecha de presentación de la demanda arbitral o desde la fecha en la que se profiera el respectivo laudo arbitral.

En decimonoveno lugar pidió que se condenara a la convocada al reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados sobre las sumas anteriores a la tasa prevista en el No. 8º del artículo 4º de la ley 80 de 1993 desde la fecha en la que se produjeron las respectivas erogaciones por parte de Aseo Capital.

Como primera y segunda pretensión subsidiaria a la decimonovena principal solicitó que se condenara a la convocada al reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados sobre las sumas anteriores a la tasa prevista en el No. 8º del artículo 4º de la ley 80 de 1993, desde la fecha en la que se presentó la demanda o desde la fecha en la que se profiera el respectivo laudo arbitral.

En vigésimo lugar solicitó que se condenara a la convocada al pago de las costas y agencias en derecho.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicita que se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la suma de $56 415.985, por concepto de las actividades adicionales de repique de árboles; de $119 586.238, por concepto de repique de árboles caídos en espacio público más intereses; de $618 882.079, por concepto de los sobrecostos causados por la recolección de material selectivo adicional y; de $1.180 623.490, por concepto de los sobrecostos en los que incurrió por corte de césped con morador.

Estima la cuantía total del proceso en la suma total equivalente a $4.160 723.156.

Designados los árbitros en reunión que tuvo lugar el 28 de abril de 2014 e instalado el Tribunal de Arbitramento, la demanda se admitió por medio del auto No. 2 en la audiencia que tuvo lugar el 16 de junio de 2014.

El Tribunal asumió su competencia por medio del auto proferido el 26 de marzo de 2015 en el curso de la primera audiencia de trámite.

Se declaró competente para resolver las controversias sometidas a su decisión, sin perjuicio de lo que en el laudo arbitral proferido se resolviera sobre la excepción de falta de competencia propuesta por la convocada

Contra dicha providencia la parte convocada instauró el recurso de reposición alegando que el Tribunal carecía de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos impugnados, pues éstos implicaban el ejercicio de una potestad excepcional de la administración.

La Unidad Administrativa de Servicios Públicos- UAESP- contestó la demanda por medio de escrito del 10 de septiembre de 2014 en el que se opuso a las pretensiones de la demanda; aceptó la existencia de algunos hechos, negó la existencia de otros y frente a otros señaló que no le constaban; objetó el juramento estimatorio en lo relativo a las sumas solicitadas por concepto de los perjuicios derivados de la ruta de recolección selectiva adicional, aportó y solicitó la práctica de algunas pruebas.

A su vez, B.D.C. contestó la demanda por medio de escrito del 11 de septiembre de 2014 en el que se pronunció sobre los hechos, se refirió a su legitimación como parte en el proceso, a su régimen y naturaleza jurídica, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las que denominó “La reversión de vehículos afectos a la prestación del servicio es una obligación inherente al contrato de concesión No. 53 de 2003”; y “La concesión otorgada al Consorcio Aseo Capital S.A., ESP., amortizaba la inversión en vehículos con recursos provenientes de la tarifa”.

Admitida que fue la reforma a la demanda, la UAESP le dio respuesta por medio de escrito del 28 de noviembre de 2014, en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, se pronunció nuevamente sobre los hechos y se opuso nuevamente a las sumas reclamadas por concepto de la ruta de recolección selectiva adicional, aportó y solicitó pruebas.

Propuso como excepciones las que denominó “falta de competencia de la justicia arbitral para abordar la presente controversia”; “falta de legitimación en la causa por pasiva para demandar la nulidad de la Resolución No. 532 de 2013, que resolvió la “coadyuvancia” que presentó Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. al recurso de reposición presentado por Aseo Capital S.A.”; “Legalidad de los actos administrativos demandados”; “La reversión de vehículos afectos a la prestación del servicio es una obligación inherente al contrato de concesión No. 53 de 2003”; “La concesión otorgada a Aseo Capital amortizaba la inversión en vehículos con recursos provenientes de la tarifa”; “Existencia de actividades pendientes por cumplir en los términos de la cláusula 17 del contrato de concesión No. 53 de 2003”; “Ausencia del derecho a obtener reconocimiento económico adicional al previsto en el contrato de concesión por la ruta de recolección selectiva”; “Ausencia del derecho a obtener reconocimiento económico adicional al previsto en el contrato de concesión por corte de césped en andenes con morador”; “inexistencia del derecho del concesionario a obtener el reconocimiento de valores adicionales por la recolección de árboles caídos”; “Ausencia del derecho a percibir intereses moratorios o cualquier otra suma accesoria por los supuestos sobrecostos en que incurrió el concesionario”; y la de Compensación.

El 27 de febrero de 2015 se celebró entre las partes la audiencia de conciliación prevista en la ley, la cual se declaró fracasada por falta de ánimo conciliatorio entre las partes y se ordenó continuar con el trámite del proceso.

El Tribunal de Arbitramento que se convocó para el efecto profirió el correspondiente laudo el 30 de marzo de 2016 en el que declaró como no probada la excepción que la UAESP denominó “falta de competencia de la justicia arbitral para abordar la presente controversia”.

Declaró como probada la que se denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva para demandar la nulidad de la Resolución No. 532 de 2013, que resolvió la “coadyuvancia” que presentó Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. al recurso de reposición presentado por Aseo Capital S.A.” y en consecuencia se inhibió para pronunciarse sobre la pretensión 3ª principal.

Declaró de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa del Distrito Capital de Bogotá y; como no prosperas las excepciones que la UAESP denominó “Legalidad de los actos administrativos demandados”; “La reversión de vehículos afectos a la prestación del servicio es una obligación inherente al contrato de concesión No. 53 de 2003”; “La concesión otorgada a Aseo Capital amortizaba la inversión en vehículos con recursos provenientes de la tarifa”; “Existencia de actividades pendientes por cumplir en los términos de la cláusula 17 del contrato de concesión No. 53 de 2003”.

De otra parte, declaró como prósperas las excepciones que la convocada denominó “Ausencia del derecho a obtener reconocimiento económico adicional al previsto en el contrato de concesión por la ruta de recolección selectiva”; “Ausencia del derecho a obtener reconocimiento económico adicional al previsto en el contrato de concesión por corte de césped en andenes con morador”; “inexistencia del derecho del concesionario a obtener el reconocimiento de valores adicionales por la recolección de árboles caídos”; “Ausencia del derecho a percibir intereses moratorios o cualquier otra suma accesoria por los supuestos sobrecostos en que incurrió el concesionario”.

En consecuencia, accede a la pretensión quinta principal de la demanda al declarar que con ocasión del contrato de concesión No. 053 de 2003 celebrado entre las partes los únicos bienes que debían ser objeto de entrega por parte de Aseo Capital a título de reversión eran los referidos en las clausulas Nos. 17 y 32 No. 11; y negó los restantes pedimentos de la demanda arbitral.

Frente al laudo en mención el Consorcio Aseo Capital S.A. presentó la solicitud de aclaración y/o complementación del laudo arbitral, las cuales se resolvieron por medio del auto proferido en la audiencia que tuvo lugar el 11 de abril de 2016 donde el Tribunal resolvió no acceder a ninguna de ellas con base en los siguientes argumentos:

Dice que contrario a lo que afirma el consorcio convocante, en el laudo no se omitió el análisis de los argumentos que debían ser objeto de pronunciamiento.

Afirma que el Tribunal de arbitramento había sido claro al señalar que su competencia no se extendía a realizar un juicio de validez sobre los actos administrativos demandados respecto de causales que trascendían el interés de las partes para hacer parte del orden público, sino que se limitaría a pronunciarse sobre las consecuencias económicas de los actos administrativos impugnados y a determinar si éstos se ajustaban o no a las estipulaciones contractuales.

Luego de transcribir algunos de los apartes del laudo arbitral señaló que en el presente asunto no se había configurado la alegada omisión por parte del Tribunal de Arbitramento al no pronunciarse sobre los cargos de nulidad relacionados con la formación de los actos administrativos impugnados, sino que éste no ostentaba la competencia para ello.

Concluye precisando que la decisión de nulidad por “falsa motivación”, se adoptó al analizar el contenido de los actos administrativos impugnados respecto de lo convenido en el contrato por las partes.

Con base en las anteriores consideraciones resuelve no acceder a las solicitudes de adición y/o complementación presentadas por el consorcio convocante.

El 23 de mayo de 2016 la convocada Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP- instauró el recurso de anulación contra el laudo arbitral proferido el 30 de marzo de 2016 invocando las causales previstas en los numerales 1º, 2º y 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

En el mismo escrito del recurso de anulación interpuesto la convocada solicitó la suspensión de los efectos del laudo arbitral del 30 de marzo de 2016 en los siguientes términos a saber:

“S. de manera respetuosa que el presente recurso extraordinario se conceda en el efecto suspensivo en los términos del inciso tercero del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012. La anterior petición se fundamenta por ser la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP una Entidad Pública de naturaleza técnica definida en el artículo 116 del Decreto Distrital No. 257 de 2006 del Concejo de Bogotá, satisfecha la exigencia normativa del estatuto arbitral para que se confiera el efecto solicitado al presente recurso extraordinario”.

Por medio de escrito del 15 de junio de 2016 el convocante Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P. se opuso a la procedencia del recurso de anulación del laudo arbitral interpuesto.

El 22 de junio de 2016 la Secretaría del Tribunal de Arbitramento remitió el expediente a esta Corporación, contentivo de 4 cuadernos principales y 22 cuadernos de pruebas para efectos de que se le diera trámite al recurso interpuesto.

Mediante el auto del 19 de septiembre de 2016 ésta Corporación resolvió avocar el conocimiento del recurso de anulación interpuesto.

II. EL RECURSO DE ANULACION .

El recurrente pide que se anule el laudo arbitral proferido el 30 de marzo de 2016 con fundamento en las siguientes causales y razones:

La causal 1ª del artículo 41 de la ley 1563 de 2012, esto es, “La inexistencia, invalidez o inoponibilidad del pacto arbitral”.

Inicia su argumentación el recurrente señalando que el alcance que se le dio a la cláusula compromisoria en el sentido de entender que el Tribunal de arbitramento podía ejercer un control de legalidad sobre los actos administrativos impugnados, genera su invalidez “absoluta”, pues éste era un asunto de orden público, razón por la cual debía declararse la nulidad parcial del numeral primero y la nulidad del numeral noveno de la parte resolutiva del laudo.

Resalta que dio cumplimiento al requisito de procedibilidad de la causal previsto en el inciso 1º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, pues interpuso el recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia proferido el 26 de marzo de 2015 alegando que el Tribunal de arbitramento no podía pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos impugnados.

Incurre en un error de comprensión el Tribunal al señalar que para determinar el alcance de la cláusula compromisoria únicamente se deben considerar dos limites a su competencia, esto es, que no se trate de un acto administrativo expedido en ejercicio de una de las potestades exorbitantes previstas en el artículo 14 de la ley 80 de 1993 y; que no se trate de las causales de nulidad del acto administrativo de que trata el artículo 137 del CPACA al ser estos aspectos que trascienden al interés de las partes.

Trae a cuento la sentencia C-1436 de 2000 relativa a la naturaleza de los actos administrativos y su control por parte de la justicia arbitral, para luego señalar que la interpretación sobre la competencia de los árbitros era de carácter restrictivo y que teniendo en cuenta que la administración al proferir actos administrativos debía actuar con sujeción al orden público, el examen de legalidad de los mismos era de competencia exclusiva de los jueces contencioso administrativos.

Dice que si bien los árbitros pueden asumir el conocimiento de asuntos que son transigibles y de libre disposición de las partes, no pueden hacerlo sobre asuntos que trascienden a la voluntad de éstas, tales como asuntos relacionados con el ejercicio de las potestades excepcionales que se materializan en la expedición de actos administrativos unilaterales.

Así, señala que los actos administrativos unilaterales no pueden ser revisados por la justicia arbitral, pues al ser actos que no son objeto de acuerdo entre las partes el contenido de éstos tampoco es de carácter transigible, para lo cual trae a cuento la sentencia SU- 174 de 2007.

A su vez, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 el Tribunal de arbitramento no era competente para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos de liquidación unilateral del contrato de concesión No. 053, más si sobre sus consecuencias económicas.

Hace referencia a dos laudos arbitrales proferidos el 10 de junio de 2009, radicado bajo el No. 36.252 y el 20 de abril de 2014, radicado bajo el No. 41.046 por la Sección Tercera de ésta Corporación, para luego concluir que existían límites objetivos a la competencia de los árbitros que se concretaban en que éstos no podían asumir el conocimiento de asuntos relacionados con actos administrativos expedidos en el ejercicio de potestades excepcionales, de actos administrativos de carácter de orden público que trascendiera al interés de las partes y; todos aquellos actos que no tuvieran su origen en la celebración de un respectivo contrato estatal.

Afirma que teniendo en cuenta que el Capitulo octavo y el punto 8.1 de la de los actos administrativos impugnados hacían referencia a la reversión de vehículos afectos a la prestación del servicio público contratado y que por medio de éstos se declaraba el incumplimiento contractual, dichos actos sí habían sido expedidos en ejercicio de una potestad excepcional de la administración, razón por la cual éste carecía de competencia para pronunciarse sobre el mismo.

Manifiesta que el Tribunal de arbitramento incurrió en una extralimitación en el ejercicio de sus funciones al crear una nueva causal de nulidad de los actos administrativos que denominó “contravención a las estipulaciones contractuales”.

La competencia de los árbitros deriva de la voluntad de las partes y éstas sólo pueden someter a su decisión asuntos que sean de carácter transigible, razón por la cual la legalidad de los actos administrativos no es un asunto que pueden someter a la decisión de la justicia arbitral a través de un contrato, pues es un asunto de orden público que va más allá de la voluntad de las partes.

Concluye señalando que mediante la cláusula compromisoria pactada entre las partes no se le podía otorgar competencia a los árbitros para pronunciarse sobre la legalidad de las Resoluciones Nos. 220 y 553 de 2013 y en consecuencia solicita que se declare la nulidad parcial del numeral primero y la nulidad del numeral noveno de la parte resolutiva del laudo.

La causal 2ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, “La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia.

Con una argumentación similar a la expuesta respecto de la causal antes referida afirma que el Tribunal de arbitramento carecía de jurisdicción para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos impugnados, siendo ésta una competencia exclusiva de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, razón por la cual considera que debe declararse la nulidad parcial del numeral primero y la nulidad del numeral noveno de la parte resolutiva del laudo.

Reitera que incurrió en una equivocación el Tribunal al considerar que para determinar el alcance de la cláusula compromisoria únicamente se deben considerar dos limites a su competencia, esto es, que no se trate de un acto administrativo expedido en ejercicio de una de las potestades exorbitantes previstas en el artículo 14 de la ley 80 de 1993 y; que no se trate de las causales de nulidad del acto administrativo de que trata el artículo 137 del CPACA al ser estos aspectos que trascienden al interés de las partes.

El Tribunal no tuvo en cuenta que por medio de la Resolución No. 220 de 2013 la convocada declaró el incumplimiento de Aseo Capital S.A. E.S.P. por no revertir los bienes respectivos, lo que en últimas implicaba el ejercicio de una potestad excepcional.

Afirma que la falta de jurisdicción del Tribunal de arbitramento resulta evidente, paladina y mayúscula, pues se trataba de un asunto que al no ser de libre disposición por las partes se encontraba prohibido por la ley a la competencia de la justicia arbitral.

Señala que era sobre las pretensiones de nulidad sobre las cuales el Tribunal de arbitramento debía declarar su falta de jurisdicción.

Reitera los argumentos expuestos para sustentar la causal antes referida para luego concluir que los árbitros carecían de jurisdicción para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos impugnados y que por tal razón debía declararse la nulidad parcial del No. 1º y la nulidad del No. 9º de la parte resolutiva del laudo arbitral.

La causal 9ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, “H. recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.

Dice que el Tribunal de arbitramento incurrió en un fallo extra petita al pronunciarse sobre un asunto que no estaba sometido a su decisión teniendo en cuenta que carecía de competencia para declarar la nulidad de los actos administrativos impugnados; así como también en un fallo ultra petita al fundar dicha decisión en una causal de nulidad que no fue alegada por el consorcio convocante en su demanda.

Para asumir el conocimiento del presente asunto el Tribunal parte de la base equivocada de considerar que los actos administrativos impugnados son de liquidación unilateral del contrato de concesión celebrado, cuando éstos son actos expedidos en ejercicio de la potestad excepcional de reversión en los términos del artículo 14 de la Ley 80 de 1993.

Afirma que lo que resulta realmente reprochable es que el Tribunal se haya pronunciado respecto de la legalidad de los actos administrativos demandados, más no sobre los efectos económicos de éstos.

Señala que el Tribunal de arbitramento no podía declarar la nulidad de los actos administrativos impugnados con fundamento en una causal que no había sido alegada por el consorcio convocante en su demanda, tanto era así que cuando solicitó la adición y/o complementación del laudo arbitral pidió al Tribunal que se pronunciara respecto de las causales de nulidad de los actos administrativos previstos en la Ley.

Reitera que el Tribunal de arbitramento se excedió en el ejercicio de sus competencias al declarar la nulidad de los actos administrativos impugnados con fundamento en una causal que denominó “Contravención a las estipulaciones contractuales”.

Reitera los argumentos expuestos para sustentar las causales antes referidas para luego concluir que debía declararse la nulidad parcial del No. 1º y la nulidad del No. 9º de la parte resolutiva del laudo arbitral teniendo en cuenta que en éste el Tribunal de arbitramento se pronunció sobre aspectos que no debía pronunciarse y por declarar la nulidad de las Resoluciones impugnadas con fundamento en una causal de nulidad que no se alegó en la demanda.

III. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO .

El Ministerio Público guardó silencio en ésta instancia.

No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a desatar el recurso de anulación interpuesto previas las siguientes.

IV. CONSIDERACIONES.

Para resolver lo pertinente, la Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por el recurrente, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión: 1) la solicitud de suspensión de cumplimiento del laudo arbitral y las cargas de oportunidad y motivación de la parte interesada; 2) Naturaleza del recurso de anulación de laudos arbitrales; 3) Competencia de los Tribunales de Arbitramento para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos; 3.1) Juicio de legalidad sobre los actos administrativos; 3.2) pronunciamiento sobre sus efectos económicos; 4) La anulación del laudo arbitral por la inexistencia, invalidez o inoponibilidad del pacto arbitral; 5) La anulación del laudo arbitral por la caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia del Tribunal de Arbitramento; 6) La anulación del laudo por haber recaído sobre aspectos no sujetos a decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento; 7) La solución del caso concreto.

1.- La solicitud de suspensión de cumplimiento del laudo arbitral y las cargas de oportunidad y motivación de la parte interesada.

Por medio de escrito del 23 de mayo de 2016 la convocada solicitó la suspensión de los efectos del laudo arbitral del 30 de marzo de 2016 en los siguientes términos a saber:

“S. de manera respetuosa que el presente recurso extraordinario se conceda en el efecto suspensivo en los términos del inciso tercero del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012. La anterior petición se fundamenta por ser la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP una Entidad Pública de naturaleza técnica definida en el artículo 116 del Decreto Distrital No. 257 de 2006 del Concejo de Bogotá, satisfecha la exigencia normativa del estatuto arbitral para que se confiera el efecto solicitado al presente recurso extraordinario”.

Sobre el particular ya en anteriores oportunidades ésta S. había señalado al respecto:

“1.3.- Enseña el inciso tercero del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012: “La interposición y el trámite del recurso extraordinario de anulación no suspenden el cumplimiento de lo resuelto en el laudo, salvo cuando la entidad pública condenada solicite la suspensión”. De los elementos semánticos y sintácticos que integran el precepto legal reproducido se desprenden los siguientes referentes normativos: i) se afirma como premisa inicial el cumplimiento del laudo dictado por el tribunal de arbitramento, sin que ello se vea afectado por la proposición del recurso de anulación, ii) se propone una regla de excepción aplicable respecto de un sujeto determinado: la entidad pública condenada, quien deviene facultada para solicitar la suspensión del laudo.

1.4.- Entiende la Sala, por otro tanto, la razonabilidad de la regla fijada por el legislador pues, de una parte, honrando la independencia de las autoridades judiciales (como también de las instancias arbitrales) refrendó el respeto y cumplimiento de los laudos y, por otro lado, excepcionó esta regla en favor de las entidades públicas condenadas, en una inobjetable ponderación que favoreció la protección al patrimonio público, concediéndole la facultad a estos entes de solicitar la suspensión del fallo arbitral.

1.5.- No obstante, lo anterior, advierte la Sala la existencia de vacíos en la regulación procedimental que convocan, inexorablemente, a una integración normativa en aras de responder a cuestiones medulares para la aproximación y procedencia de la suspensión del cumplimiento de los laudos arbitrales: las cuestiones relativas a la oportunidad y las cargas procesales que deben ser satisfechas por la parte interesada en esta medida.

1.6.- La oportunidad de la petición de suspensión. Sabido es por todos que los procesos judiciales se presentan como escenarios donde el discurso y la discusión jurídica se encuentran limitados por términos u oportunidades perentorias para el ejercicio de cargas procesales o prerrogativas que concede la ley procesal, por ende, imaginar potestades absolutas e ilimitadas para alguna de las partes resulta, cuanto menos, excepcional y exótico en los procesos judiciales, lo que se contrae a aquellos casos donde el legislador expresamente prevé tal amplitud para actuar.

1.6.1.- Y es que este punto resulta medular máxime cuando se toma en cuenta que la Ley 1563 de 2012, en un notable esfuerzo por imprimir mayor celeridad procesal al trámite del recurso de anulación de laudos, concentró la tramitación de este medio de impugnación en sede del Tribunal de Arbitramento, limitando la intervención del juez que desata el recurso a dos pronunciamientos concretos: dictar el proveído admisorio del recurso y fallo el pleito, sin conceder en el interregno que va de uno al otro términos a las partes o intervinientes para realizar actuaciones procesales, pues a la ejecutoria del auto admisorio el expediente pasa al Despacho para fallo. Como se verá seguidamente todas las actuaciones quedaron previstas para ser agotadas ante el juez arbitral. La siguiente gráfica comparativa, plasmada en el Auto de 6 de junio de 2013 del Pleno de Sección Tercera , ilustra la modificación legislativa que se viene de comentar:

Decreto 1818 de 1998

Ley 1563 de 2012

Término para interponer el recurso

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo arbitral o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente.

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del laudo arbitral o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición.

Sustentación

Deberá sustentarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto mediante el cual el Tribunal Superior o el Consejo de Estado, avoque conocimiento.

Deberá sustentarse dentro del mismo término que se tiene para su interposición.

Traslados para surtir contradicción

Con el auto en el que el Tribunal Superior o Consejo de Estado avoque conocimiento se correrá traslado para alegar a la parte contraria por cinco (5) días.

Vencido el término para interponer y sustentar el recurso la Secretaría del Tribunal de Arbitramento correrá traslado a la otra parte por quince (15) días.

Causales formales de rechazo del recurso

Cuando el recurso se interpone de manera extemporánea y cuando las causales no corresponden a ninguna de las señaladas en la ley.

Cuando el recurso se interpone de manera extemporánea, este no fue sustentado o las causales no corresponden a ninguna de las señaladas en la ley.

Declaratoria de deserción del recurso

Si luego de surtido el traslado de cinco (5) días concedido por el respectivo Juez el recurrente no sustenta el recurso.

La Ley sólo consagró causales de rechazo del recurso.

Actuación del Tribunal Superior o Consejo de Estado

Luego de avocarse conocimiento del recurso de anulación se correrá traslado para sustentar el recurso, para el actor, y alegar, para la otra parte.

Vencido el traslado y si se sustentó el recurso el expediente pasará al despacho para fallo.

Luego de admitido el recurso el expediente pasará al despacho para proyectar fallo que resuelva el recurso.

1.6.2.- Precisado como quedó el trámite procedimental del recurso de anulación en uno y otro estatuto, la Sala aborda la primera de las cuestiones arriba anunciadas: la oportunidad.

1.6.2.- Siendo que a la luz del nuevo esquema procedimental, de la Ley 1563 de 2012, las partes sólo les asiste la posibilidad de intervenir en dos momentos procesales bien delimitados: i) como impugnante, en el término de treinta (30) días siguientes a la notificación del laudo o de aquel que resulta sus aclaraciones, correcciones o adiciones o ii) como parte respecto de la cual se surte el traslado para contradicción del recurso de anulación, lo que ocurre en el término de quince (15) días que siguen al vencimiento de los primeros treinta (30) otorgados para la proposición del recurso, esta S. encuentra que sólo dentro de cada una de estas oportunidades es que la entidad pública puede ejercer la solicitud de suspensión del cumplimiento de la condena prevista en el laudo arbitral, siendo esta de treinta (30) días si el ente público obra como recurrente o de quince (15) días en caso de ser sujeto no impugnante. Por fuera de estos momentos habrá lugar a predicar la extemporaneidad de la petición, pues la ley no ha dispensado otras oportunidades para intervenir en el recurso de anulación.

1.6.3.- Lo anterior es así, se reitera, por cuanto entiende la Sala que la pretensión del legislador fue la de imprimir celeridad a este trámite liberando al juez del recurso de anulación de la concesión de oportunidades o términos para los intervinientes para que se ocupe únicamente de admitir la censura y proveer el fallo que desate el (o los) recurso (s) de anulación intentado.

1.7.- La carga de motivación en la solicitud de suspensión. El proceso judicial, en tanto escenario institucionalizado donde tiene lugar el discurso jurídico, impone a quienes toman parte en él (partes, terceros intervinientes y autoridad judicial) el deber de corresponderse con los estándares propios de los hablantes en un contexto del discurso práctico - general. Es decir, en cada una de las etapas del proceso (conformación del contradictorio, instrucción y alegación) tiene lugar una práctica discursiva y argumentativa donde las partes pretenden demostrar que sus afirmaciones y actuaciones se encuentran racional y razonablemente fundamentadas, conforme a las reglas del discurso.

1.7.1.- Así, importa resaltar que dentro de las reglas fundamentales que tienen lugar en el discurso jurídico se encuentran la prohibición de contradicción de los hablantes, el deber de sinceridad cuando se afirma algo (un hablante solo puede afirmar lo que cree), la coherencia en el discurso de los hablantes (aplicar misma consecuencia a un objeto igual en sus aspectos relevantes) y la comunidad de uso del lenguaje (que los distintos hablantes usen la misma expresión con el mismo significado). Tales reglas ostentan la condición de fundamentales por cuanto son “condición de posibilidad de cualquier comunicación lingüística en que se trate de la verdad o corrección” .

1.7.2.- En este orden de ideas, vale la pena destacar que el razonamiento jurídico se presenta como un caso especial del razonamiento práctico, es decir, el enfocado a discutir enunciados normativos como aquello que es prohibido, permitido u ordenado pero a luz del sistema jurídico vigente , que descansa en la formulación de proposiciones y argumentos tendientes a demostrar la justificación de las premisas que constituirán el sustento de la decisión adoptada , procedimiento éste que puede ser intersubjetivamente controlado por los potenciales destinatarios de la decisión, ofreciendo certeza jurídica ; es por ello que se ha sostenido que el discurso jurídico conlleva una pretensión de corrección que implica que lo decidido “en el contexto de un ordenamiento jurídico vigente pueda ser racionalmente fundamentado” .

1.7.3.- Adicionalmente, existen ciertos deberes que permiten que el proceso pueda llegar a un buen término y cumplir con los fines convencionales y constitucionales previstos. Como el proceso no se contrae a una mera discusión de intereses privados, sino que el Estado y la comunidad en general tienen interés en que las disputas jurídicas se resuelvan conforme a los cauces que el derecho prescribe, se sigue de allí la lógica incorporación de criterios de moralización del actuar de las partes involucradas .

1.7.4.- Es por ello que se afirma como lugar común que existen deberes de colaboración entre las partes para la consecución de la prueba judicial, las cargas procesales que tiene cada uno de dar cumplimiento a cierto acto en aras de continuar la actividad judicial, la prohibición a las partes de realizar actos que perturben el proceso, la prohibición del fraude, entre otros más.

1.7.5.- Todos estos deberes, cargas y prohibiciones encuentran un sustento razonable en la idea de proteger la normal marcha del proceso judicial y además en la misma filosofía que emana del debido proceso y las garantías judiciales; es decir, a la vez que las partes gozan de ciertos derechos ante la administración de justicia, ésta misma circunstancia los ubica como sujetos de deberes para con el proceso y con las demás partes.

1.7.6.- Con otras palabras, dado que no se predican derechos absolutos, la autoridad normativa puede imponer allí la satisfacción de ciertas cargas o prestaciones a quienes acuden ante la judicatura con el objeto de evitar comportamientos desviados o abusivos.

1.7.7.- Así, el derecho que tienen las partes para actuar y elaborar sus respectivas estrategias defensivas, en procura de satisfacer sus intereses, en el proceso judicial encuentra necesaria restricción, por cuanto deben ajustarse a un estándar objetivo de conducta leal (o de lealtad procesal). Tal cosa se hace evidente con los conceptos de abuso del derecho y la teoría de los actos propios como figuras estas que hunden sus raíces en el principio de la buena fe y que, como no puede ser de otra manera, hacen necesaria presencia en el proceso judicial.

1.7.8.- A tal conclusión sólo se puede arribar cuando se toma en consideración que el acceso a la administración de justicia y su ejercicio se encuentra configurado a partir de un doble nivel normativo de principios y valores, por una parte, y de reglas, por la otra, donde lo que importa, decididamente, es verificar en cada caso que los actos de la parte se encuentren en consonancia con la teleología que inspira el principio que fundamenta la regla concreta de permisión, acción u omisión.

1.7.9.- Tales consideraciones precedentes tienen importancia cardinal en este asunto por cuanto llama a integrar lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 con las cargas básicas de la argumentación jurídica y la buena fe procesal para extraer de allí el deber que les asiste a las entidades públicas solicitantes de una carga de motivación mínima en la que exponga las razones por las cuales funda su petición.

1.7.10.- Ello es así, además, si se toman en cuenta otros dos argumentos adicionales: el primero que dice relación con el respeto y acatamiento que deben profesar las autoridades administrativas a las decisiones judiciales, en este caso arbitrales, como presupuesto básico de respeto hacia la independencia judicial y la otra razón dice que si el querer del legislador hubiera sido la de conceder una suspensión del laudo ipso iure hubiere redactado el precepto legal en términos similares a otras disposiciones recién promulgadas en la legislación procesal que no conceden margen de intervención al juez, como, por ejemplo, lo pregona el artículo 611 del Código General del Proceso al referirse a la suspensión del proceso por la intervención de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado donde, inter alia, se lee: “Los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, se suspenderán por el término de treinta (30) días cuando la Agencia Nacional de Defensa del Estado manifieste su intención de intervenir en el proceso, mediante escrito presentado ante el juez de conocimiento. La suspensión tendrá efectos automáticos para todas las partes desde el momento en que se radique el respectivo escrito (…)” (Resaltado propio).

1.7.11.- Por consiguiente, como es verdad irrefutable que en el proceso judicial partes e intervinientes deben seguir un estándar objetivo de moralidad impuesta por la buena fe procesal, como también lo es que el proceso implica un escenario de discusión y deliberación de argumentos de estirpe jurídica, considerando que la garantía de independencia judicial pasa, entre otros elementos, por el respeto hacia las decisiones judiciales y, finalmente, tomando nota de la textura abierta de la redacción de la norma legal pluricitada, la Sala llega a la conclusión que es exigible a la entidad pública condenada el deber de satisfacer una carga mínima de motivación de su petición suspensoria del cumplimiento del laudo arbitral impugnado pues como no se trata de una suspensión que opere ipso iure, es claro que la misma sólo entrará a operar desde la notificación del auto que así lo admita, decisión que sólo puede ser dictada por el Juez con el acopio de argumentos jurídicos del caso concreto que le exponga la parte interesada en la suspensión del laudo.

1.8.- Conclusión. C. de lo expuesto, esta Sala de Subsección interpreta el alcance del inciso tercero del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 de manera armónica con los principios y valores convencionales y constitucionales que campean en la actuación judicial y fruto de tal interpretación conforme al ordenamiento superior, considera que la petición de suspensión de cumplimiento del laudo arbitral debe satisfacer dos presupuestos para su admisión por parte del Juez que conozca del recurso de anulación: i) Oportunidad . Una interpretación e integración del procedimiento dispuesto por la Ley 1563 de 2012 para el trámite del recurso de anulación lleva concluir que el momento procesal adecuado para solicitar la suspensión del laudo es en los treinta (30) días que se tienen para proponer el recurso de anulación o en los quince (15) de traslado de la impugnación, según la conducta procesal asumida por la entidad pública en cada caso y ii) Carga argumentativa. Una reflexión similar sobre la buena fe procesal, el respeto hacia las decisiones judiciales, la naturaleza discusiva de los procesos judiciales y la propia manera en que se ha redactado la norma legal llevan a la Sala a sostener que es exigible a la entidad demandada la satisfacción de una carga argumentativa mínima donde se expongan las razones jurídicas en que se funda la solicitud de suspensión .

Ahora, si bien en el presente asunto la solicitante cumplió con el requisito de oportunidad, pues presentó su solicitud de suspensión en el mismo escrito por el cual sustentó el recurso de anulación del laudo arbitral interpuesto; sin embargo no cumplió con el requisito de la carga argumentativa mínima exigida para la procedencia de dicha solicitud, pues no expuso las razones jurídicas, ni fácticas en las cuales fundó su petición, sino que limitó su argumentación a hacer referencia al artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 y a referirse a la naturaleza jurídica de la UAESP, motivación que a juicio de la Sala resulta insuficiente para acceder a la solicitud de suspensión en la ejecución del laudo arbitral.

Por las razones expuestas encuentra la Sala que la solicitud de suspensión de la ejecución del laudo arbitral no se encuentra llamada a prosperar.

La Naturaleza del Recurso de anulación de laudos arbitrales.

Ya en anteriores oportunidades se ha resaltado que la naturaleza extraordinaria y excepcional del recurso de anulación de laudo arbitral, así como su finalidad primordial tendiente a proteger la garantía fundamental al debido proceso, hacen que éste sólo sea procedente por vicios procedimentales o in procedendo, más no de juzgamiento o in iudicando y con fundamento en las causales expresa y taxativamente señaladas en la ley.

Así, se torna a todas luces improcedente que en sede de anulación el Juez contencioso Administrativo aborde nuevamente el estudio y análisis del asunto de fondo, reviva el debate probatorio efectuado en el curso del trámite arbitral, o cuestione los razonamientos jurídicos o la valoración probatoria utilizada por el juez arbitral para adoptar su decisión.

Ahora bien, según lo establecía el artículo 22 de la Ley 1150 de 2007 las causales de anulación del laudo arbitral eran las previstas en el artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 o las normas que lo modificaran, derogaran o sustituyeran.

A su vez, el Decreto 1818 de 1998 compiló las normas existentes sobre arbitramento, entre ellas las contenidas en el Decreto 2279 de 1989, razón por la cual finalmente las causales de nulidad de los laudos arbitrales que se relacionen con los contratos estatales vinieron a ser las consagradas en el artículo 163 del Decreto primeramente citado.

Ahora, con la expedición de la Ley 1563 del 12 de julio de 2012 “Por medio de la cual se Expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones” los recursos de anulación de laudo arbitral cuyo proceso se hubiere iniciado con posterioridad a su vigencia se regirán por dicho estatuto, razón por la cual las causales de anulación de laudo ahora se encuentran incorporadas en su artículo 41.

Teniendo en cuenta que por medio del artículo 119 del Estatuto al que se alude se precisó que éste empezaría a regir 3 meses después de su promulgación, esto es, desde el 12 de octubre de 2012 y que el proceso que dio lugar al presente litigio se inició el 17 de marzo de 2014, es evidente que al presente asunto le son aplicables las normas previstas en dicho Estatuto.

Tal como se manifestó en líneas anteriores el carácter extraordinario y excepcional del recurso de anulación de laudo arbitral conduce a una limitación en la competencia del juez del recurso, de forma tal que en sede de anulación éste no puede suponer lo manifestado por el recurrente para tratar de establecer la causal que invoca.

Así las cosas, la impugnación del laudo por la vía del recurso de anulación supone que se cimente en las causales previstas en la ley pero además que se sustente clara y suficientemente, de forma tal que el juez de anulación no se encuentre compelido a realizar un esfuerzo adicional para tratar de deducir la causal que se aduce.

De la carga de sustentación se desprende que el impugnante debe expresar las razones que le sirven de fundamento para acusar el laudo de incurrir en la causal o causales que alega.

Por supuesto que las razones que indique el recurrente deben configurar la causal que aduce y por lo tanto la causal invocada será la que estructure la cadena argumentativa de la impugnación y no el nombre o denominación que se le dé.

Conjugando todo lo que se acaba de expresar resulta que la sustentación del recurso no consiste en la sola indicación del texto legal que consagra una determinada causal, como tampoco en que, al amparo de la mención de alguna o de varias de las causales enlistadas en la ley, se aduzcan argumentaciones que en verdad no configuran ninguna de las previstas por el legislador.

Competencia de los Tribunales de Arbitramento para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos.

Ya en anteriores oportunidades se ha señalado que los particulares investidos transitoriamente de la facultad de administrar justicia carecen de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos expedidos en ejercicio de las denominadas potestades excepcionales al derecho común previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, es decir, la de interpretación unilateral; la de modificación unilateral; la de terminación unilateral; la de sometimiento a las leyes nacionales; la de caducidad administrativa; y la de reversión.

Así lo precisó no sólo la Corte Constitucional en sentencia C- 1436 de 2000 sino también la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia de Sala Plena del 18 de abril de 2013, expediente: 17859, en la que expuso lo siguiente:

“(…) la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 10 de junio de 2009 , se pronunció sobre el alcance de la sentencia C-1436 de 2000 , mediante la cual la Corte Constitucional examinó la exequibilidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993. En aquella oportunidad, esta Sección concluyó, tal como lo hizo el juez constitucional, que los particulares investidos de funciones jurisdiccionales transitorias no pueden pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos contractuales que comportan el ejercicio de cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho común por parte del Estado , con clara alusión a aquéllos que consagra expresamente el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, es decir, los de: a) interpretación unilateral del contrato, b) modificación unilateral del contrato, c) terminación unilateral del contrato, d) sometimiento a las leyes nacionales, e) caducidad y f) reversión, y concluyó también que los demás actos administrativos contractuales, es decir, aquellos que surgen del ejercicio de facultades distintas a aquellas que de manera expresa recoge el artículo 14 acabado de citar, sí pueden ser sometidos al estudio, al examen, al conocimiento y a la decisión de árbitros , “en la medida en que no se encuentran cobijados por los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional y en relación con los mismos tampoco la Constitución o la Ley establecen restricción alguna” .

Así las cosas, para la Sala es claro que la competencia de los jueces arbitrales no solamente se encuentra limitada en un aspecto temporal, sino también en un aspecto material teniendo en cuenta el tipo de asuntos que pueden ser sometidos a su conocimiento, estudio y decisión.

No obstante lo anterior y tal como ahora expresamente lo establece el último inciso del artículo 1º de la Ley 1563 de 2012, los jueces arbitrales sí ostentan la competencia para pronunciarse sobre los efectos económicos de los actos administrativos expedidos en el ejercicio de las referidas potestades excepcionales al derecho común.

Por otro tanto y con fundamento en el principio de legalidad al que se sujeta el arbitraje, los árbitros también ostentan la competencia para pronunciarse sobre la validez de los contratos estatales como si fuesen verdaderos jueces ordinarios.

De ésta forma, en ejercicio del principio de habilitación las partes a través de la cláusula arbitral tienen la potestad de habilitar a los árbitros para que éstos se pronuncien sobre la existencia y validez del contrato celebrado, de forma tal que cuando éstas convienen que todas las diferencias surgidas con ocasión del mismo serán dirimidas por un Tribunal de Arbitramento, por virtud de la ley dicha competencia se extiende a las eventuales nulidades del negocio jurídico.

Así las cosas, los tribunales de arbitramento tienen competencia para pronunciarse sobre la validez del contrato, no sólo como pretensión formulada por el demandante o excepción alegada por el demandado, sino también de manera oficiosa, conclusión a la que se llega con fundamento en las normas constitucionales y legales que invisten a los árbitros de la facultad de administrar justicia como verdaderos jueces para el caso concreto con los mismos deberes, poderes y facultades de los jueces ordinarios.

3.1) Juicio de legalidad de los actos administrativos.

El juicio de legalidad implica un ejercicio de subsunción o encuadramiento entre el contenido del acto administrativo objeto de revisión o estudio y el universo normativo de principios, valores, normas jurídicas, disposiciones o enunciados normativos por los cuales se rige y que son utilizados por el operador jurídico como parámetro de legalidad.

Ahora bien, para realizar dicho ejercicio de subsunción o encuadramiento entre el contenido del acto administrativo y el universo normativo de principios, valores, normas jurídicas, disposiciones o enunciados normativos por los cuales se rige, el operador jurídico previamente debe realizar una interpretación sistemática de éstos con el objeto de determinar su verdadero contenido y alcance.

Con otras palabras, previamente a realizar un juicio de legalidad el operador jurídico, mediante el ejercicio interpretativo debe determinar el sentido razonable de los principios, valores, normas jurídicas, disposiciones o enunciados normativos que resulten aplicables o que deban ser utilizados como parámetro de legalidad del contenido del acto administrativo que se trate.

Ya en anteriores oportunidades se había señalado al respecto:

“(…)el razonamiento jurídico se presenta como un caso especial del razonamiento práctico, es decir, el enfocado a discutir enunciados normativos como aquello que es prohibido permitido u ordenado pero a luz del sistema jurídico vigente , que descansa en la formulación de proposiciones y argumentos tendientes a demostrar la justificación de las premisas que constituirán el sustento de la decisión adoptada , procedimiento éste que puede ser intersubjetivamente controlado por los potenciales destinatarios de la decisión, ofreciendo certeza jurídica ; es por ello que se ha sostenido que el discurso jurídico conlleva una pretensión de corrección que implica que lo decidido “en el contexto de un ordenamiento jurídico vigente pueda ser racionalmente fundamentado” .

4.1.8.- Sin embargo, la interpretación en el marco del constitucionalismo trata de un proceso continuo e inacabado que tiene lugar en el marco de una cadena interpretativa que parte desde el momento mismo de la promulgación de un determinado cuerpo normativo y...

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