Sentencia nº 76001-23-33-000-2013-00113-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 26 de Octubre de 2017
| Fecha | 26 Octubre 2017 |
| Emisor | SECCIÓN SEGUNDA |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
C onsejera ponente : SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 76001 - 23 - 33 - 000 - 2013 - 00113 - 02 (0466- 16)
Actor: O.R.T.R.
D emandado: UNIVERSIDAD DEL VALLE
TRAMITE: Ley 1437 de 2011
ORDINARIO: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
ASUNTO: Cosa juzgada - el cambio de jurisprudencia no invalida las situaciones que se hayan consolidado con anterioridad, atendiendo al principio de seguridad jurídica.
DECISION: Confirmar parcialmente auto que declaró probados los medios exceptivos de ineptitud sustantiva de la demanda y cosa juzgada.
Ha venido el proceso de la referencia, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de fecha 27 de noviembre de 2015, proferido en audiencia inicial por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró probadas las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda y cosa juzgada y dio por terminado el proceso.
A N T E C E D E N T E S
El señor O.R.T.R. a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, presentó demanda contra la Universidad del Valle, con la finalidad de obtener la nulidad de la Resolución 1.432 del 25 de abril de 2011, por medio de la cual se ordenó la reliquidación y el ajuste de su pensión vitalicia, en cumplimiento del fallo judicial del 3 de febrero de 2006 y la Resolución 2.832 de 1 de noviembre de 2011, que resolvió el recurso de reposición en contra de esta.
En consecuencia, solicitó que se condenara a la Universidad del Valle a reliquidar su pensión, teniendo en cuenta el régimen especial de jubilación de la misma institución, utilizando el porcentaje base de liquidación contenido en dicho régimen, sin el tope legal de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Universidad del Valle arguyó que los actos demandados se expidieron en virtud de la sentencia con número de radicación 2003/1846 de 3 de febrero de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que ordenó liquidar la pensión del actor de acuerdo a la normatividad correspondiente, motivo por el cual, frente a la nueva acción presentada existe cosa juzgada, no pudiéndose reabrir tal debate.
Además, las resoluciones controvertidas son simples actos de ejecución de un mandato judicial de obligatorio cumplimiento, por lo que igualmente se configura la ineptitud sustantiva de la demanda.
III. EL AUTO OBJETO DE LA APELACION
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto de fecha 27 de noviembre de 2015, dictado en audiencia inicial, declaró probadas las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda y cosa juzgada, formuladas por la Universidad del Valle, y dio por terminado el proceso, al considerar frente a la primera de ellas, que las resoluciones atacadas constituían meros actos de ejecución derivados de fallos judiciales que no crearon situaciones jurídicas nuevas, por lo cual, no eran susceptibles de control jurisdiccional.
En cuanto a la excepción de cosa juzgada, señaló que la demanda interpuesta versa sobre la reliquidación de su pensión con base en el régimen territorial o la Ley 33 de 1985, tema que ya fue objeto de pronunciamiento por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia con número de radicado 2003/1846 del 3 de febrero de 2006, existiendo identidad de objeto, causa y partes.
EL RECURSO DE APELACION
La parte actora cuestionó la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, arguyendo que en la sentencia 2013/1846, con base en la cual se declaró la cosa juzgada, la discusión giró en torno a que el actor no cumplía con los 55 años de edad para adquirir la pensión de jubilación cuando la Universidad del Valle expidió el acto administrativo, y por ende, no se podía declarar la excepción de cosa juzgada.
Añadió que si bien es cierto, los actos demandados se expidieron en virtud de una sentencia judicial, también lo es que tanto dichos actos, como las providencias en las que se basaron, son contrarios a los preceptos constitucionales, por cuanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo desconoció el precedente constitucional sentado en virtud del artículo 240 de la Carta Superior, plasmado en la sentencia C-410 de 1997, en donde se le dio el alcance legal al artículo 146 de la Ley 100 de 1993, con el cual se convalidaron las situaciones jurídicas de los pensionados bajo los regímenes legales de las entidades del orden territorial.
Agregó que el Consejo de Estado ya ha abordado este tema, donde ha manifestado la correcta aplicación, no obstante haber existido un periodo entre los años 2000 y 2008 donde varió la jurisprudencia y determinó de forma adversa la aplicación del artículo 146 ibídem, en contravía a lo inicialmente preceptuado por el legislador y la Corte Constitucional, restándole validez tanto a las sentencias proferidas en dicho periodo como a la que ordenó la reliquidación de la pensión del accionante.
Así entonces, en virtud del principio de seguridad jurídica, no podía predicarse la cosa juzgada porque, aunque se solicita la revisión de dichos actos administrativos, tal petición está amparada por el principio de legalidad que se vio vulnerado por la interpretación equivocada que se generó en dicha época.
CONTESTACIÓN AL RECURSO UNIVERSIDAD DEL VALLE
El apoderado de dicha entidad, adujo que resulta irrelevante el análisis de la edad del actor, debido a que dicho tópico no es la discusión de fondo. Incluso, si no se prueban las excepciones antes enunciadas, se puede establecer que no se cumple ninguno de los requisitos del artículo 146 de la Ley 100, porque no acreditó la edad, ni el tiempo de servicio, ya que el actor nació el 29 de febrero de 1948 y al 30 de junio de 1997, solo tenía 49 años de edad para acceder a su pensión. Adicionalmente, ingresó a la Universidad del Valle en 1978 por lo que al 30 de junio de 1997 solo tenía 18 años de servicio.
Por otra parte, la cosa juzgada y la seguridad jurídica son derechos fundamentales los cuales deben ser respetados, debido a que hay otra sentencia de la misma Sala donde se estudió el tema con identidad de objeto y causa petendi, por lo tanto, no es solo una formalidad, sino que materialmente se probó la existencia de cosa juzgada.
Finalmente, adujo que cualquiera que haya sido la interpretación jurisprudencial que le dio el Consejo de Estado al asunto entre los años 2000 y 2008, los cambios generados rigen hacia futuro, sin que sea posible que los mismos afecten las situaciones jurídicas que ya fueron previamente definidas en instancias judiciales.
VI. CONSIDERACIONES
6.1 Preludio
Es pertinente indicar que al señor O.R.T.R. le fue reconocida una pensión de jubilación, mediante la Resolución 1.674 de 1998, expedida por la Universidad del Valle, equivalente al 100% de lo devengado en el último año de servicios. No obstante, dicha entidad, mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho en lesividad, demandó la referida resolución, arguyendo que la pensión debió reconocerse sobre el 75% y no el 100% de lo devengado en su último año laborado, de acuerdo a la normatividad vigente y que, además, el señor no cumplía con la edad de 55 años exigida por la ley.
De dicho proceso conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, despacho que resolvió conceder las pretensiones de la demanda mediante proveído 2003/1846 de fecha 3 de febrero de 2006, ordenándole a la entidad: «con fundamento en el artículo 170 del C.C.A, emitir de manera inmediata un nuevo acto administrativo por medio del cual se reconozca y autorice el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación a favor del demandado una vez lo solicite (…).» En dicha sentencia se determinó que aunque el actor se había pensionado en virtud de las disposiciones internas de la universidad, el nuevo cálculo de la pensión debía realizarse de conformidad con los topes establecidos por la Ley 33 de 1985, es decir, lo equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio, que sirvió de base para los aportes del último año de servicio, sin incluirse los factores de prima de navidad y prima vacaciones en 1/12 parte, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994 .
En consecuencia, la universidad expidió la resolución correspondiente, por medio de la cual se ordenó la reliquidación y el ajuste de su pensión vitalicia, de acuerdo al fallo antedicho.
Posteriormente, en fecha 31 de enero de 2013, el demandante acude ante esta jurisdicción a fin de controvertir las resoluciones expedidas por la Universidad del Valle, que le reliquidaron su pensión, para que en dicha asignación sea tenido en cuenta el 100% del ingreso base de liquidación y que en caso de determinar que le es aplicable la Ley 33 de 1985, se le incluya la totalidad de lo devengado en el último año de servicios, junto con todos los factores salariales percibidos.
Al igual que en la contestación de la demanda del proceso que culminó con la sentencia 2003/1846, el señor O.R.T.R. expuso los mismos supuestos de hecho y el concepto de violación manifestado, agregando que dichos documentos se expidieron con ocasión de una posición jurisprudencial que erróneamente adoptó el Consejo de Estado, sobre la interpretación del artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
Frente a tales argumentos, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró probadas las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda y cosa juzgada, y dio por terminado el proceso, al considerar que existió identidad de partes, de objeto y de causa, decisión contra la cual, el demandante interpuso recurso de apelación.
6.2 Problema...
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