Sentencia nº 25000-23-26-000-1995-00595-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 20 de Junio de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 699158961

Sentencia nº 25000-23-26-000-1995-00595-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 20 de Junio de 2017

Ponente:RAMIRO PAZOS GUERRERO
Actor:ROSA ELENA PUERTO NIÑO Y OTROS
Demandado:NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Fecha de Resolución:20 de Junio de 2017
Emisor:Sección Tercera
RESUMEN

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Sentencia expedida por la Sala Plena de la Sección Tercera / DAÑO DERIVADO DE ACTO TERRORISTA - Lesiones por bomba explosiva en barrio Veracruz, Bogotá / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD AL ESTADO POR ACTO TERRORISTA - Balance jurisprudencial / FALLA DEL SERVICIO, RIESGO EXCEPCIONAL Y DAÑO ESPECIAL - No configurados / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD AL ESTADO POR ACTOS TERRORISTAS BAJO EL TÍTULO DE DAÑO ESPECIAL - Tesis / PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD / AYUDA HUMANITARIA A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO - Exhorto a Gobierno Nacional para fortalecer medidasEl sábado 30 de enero de 1993 alrededor de las 18:20, un automóvil Renault, cargado con 100 kilos de dinamita y puesto por órdenes de Pablo Emilio Escobar Gaviria, detonó en la carrera 9ª entre calles 15 y 16 en el Barrio Veracruz de la Localidad de Santa Fe en la ciudad de Bogotá, cuya onda explosiva afectó a varias personas que concurrían en el sector, entre ellas a la señora Rosa Elena Puerto Niño y a su hija Mónica Viviana Fierro Puerto, quienes sufrieron lesiones en su integridad física, además de las múltiples averías en varios establecimientos de comercio (…) Teniendo en consideración los antecedentes de la ola terrorista que vivía la capital en esa época, perpetrados por la organización narcotraficante comandada por Pablo Escobar Gaviria en contra de la población civil, se concluye que los dispositivos de seguridad e inteligencia desplegados por la Policía Metropolitana de Bogotá y el Ejército Nacional fueron razonables, proporcionales e idóneos (…) [A]unque el orden público en la ciudad de Bogotá se encontraba alterado -como en diversas zonas del país que sufrieron y sufren todavía los rigores del conflicto armado y el narcotráfico-, esto no significa que las autoridades civiles o policiales tuvieran un conocimiento cierto de que el 30 de enero de 1993, en la carrera 9ª entre calles 15 y 16 del barrio Veracruz de Bogotá, se iba a cometer un acto terrorista en contra de la población civil, de manera que surgiera para ellas el deber de prevenir dicho acto. Contrario a lo sostenido por la parte demandante, el ataque que sufrió la capital del país no era humana ni institucionalmente previsible para las autoridades, pues se trató de un acto terrorista intempestivo que pudo haber ocurrido en cualquier otro lugar de la ciudad (…) [A]aun aceptando que dicho atentado fuera un claro mensaje para el Estado a fin de que replegara su política penal en contra de los narcotraficantes, no se ha demostrado que las autoridades competentes estuvieron en condiciones reales y concretas para prever que ese acto terrorista se iba a producir en ese lugar, pues la naturaleza de los mismos está revestida del factor sorpresa (…) Con base en las valoraciones anteriores, la Sala encuentra que no hubo falla en la prestación del servicio, puesto que tanto la Policía como el Ejército Nacional cumplieron, dentro del marco de sus posibilidades reales, sus deberes jurídicos adecuadamente. Ahora, como quiera que la parte actora impugna la sentencia de primer grado con base en la teoría del riesgo excepcional, es necesario analizar si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado con fundamento en este criterio de imputación (…) De acuerdo con las pruebas obrantes en el presente proceso, no está probado que el daño surgió de la materialización de un riesgo excepcional. En efecto, si bien es cierto que la tensión interna en el país estaba caracterizada por un grado exacerbado de violencia, también lo es que el epicentro de la conflagración no estuvo dirigido en contra de ningún componente representativo del Estado que generara riesgos ciertos para la seguridad de las personas y sus bienes. Así, en estas condiciones, se infiere que, de acuerdo con el epicentro de la conflagración terrorista, ningún elemento estatal expuso a los habitantes del barrio Veracruz de la Localidad de Santa Fe en Bogotá a una situación de riesgo excepcional (…) [E]n el caso de los daños producidos por actos terroristas provenientes de terceros cuya responsabilidad del Estado ha sido declarada a la luz del título de imputación de... (ver resumen completo)


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