nº 54001-23-31-000-2010-00370-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 9 de Junio de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 699159521

nº 54001-23-31-000-2010-00370-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 9 de Junio de 2017

Ponente:JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Actor:MAIDE PEÑA RANGEL, AMELIDA PEÑA RANGEL
Demandado:NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL
Fecha de Resolución: 9 de Junio de 2017
Emisor:Sección Tercera
RESUMEN

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Condena, accede. Caso muerte de civil, campesino en supuesto enfrentamiento militar / EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS / FALSAS E ILEGALES ACCIONES SO PRETEXTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES / GRAVE VIOLACIÓN O AFECTACIÓN A BIENES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE AMPARADOSNOTA DE RELATORÍA: La presente decisión fue proferida en virtud del fallo de tutela de 23 de febrero de 2017, emitido por la Sección Cuarta de ésta Corporación, dentro del expediente 11001 - 03-15-000-2016-01413-00, el cual ordenó proferir nueva decisión.ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Condena, accede. Caso muerte de civil, campesino, en supuesto enfrentamiento militar / DAÑO ANTIJURÍDICO POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL - Calificación de la condición de víctima / CONTROL DE CONVENCIONALIDAD - Aplicación de normas convencionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional HumanitarioEn el específico caso que se encuentra bajo examen de la Sala se hace necesario valorar la imputación en una doble perspectiva: en primer lugar, desde la producción del daño antijurídico ocurrido durante una operación militar encaminada a contrarrestar acciones de presuntos miembros del grupo armado insurgente ELN (…). [Así las cosas, en] clave convencional de protección de los derechos humanos (…) el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos aplicable a este caso [por vía directa en atención a que por virtud de la Ley 16 de 1972 hace parte de nuestro ordenamiento jurídico] exige al Estado colombiano cumplir con el compromiso del respeto de los derechos y libertades consagrados en la misma Convención, garantizando como obligación positiva el libre y pleno ejercicio a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna por condición social. Dicha obligación positiva debe consolidarse, a tenor de lo consagrado por el artículo 2 de la mencionada Convención, por el Estado colombiano con la adopción y aplicación eficaz de medidas legislativas y de cualquier tipo puedan ser necesarias para la efectividad de los derechos y libertades. (…) [Ahora bien,] desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, y específicamente de la aplicación del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, la obligación positiva de un Estado como Colombia que se encuentra en una situación de conflicto armado interno respecto de los miembros de la población civil se concreta en varias dimensiones: (i) en el trato basado en el principio sustancial de humanidad a todas las personas “a todas las personas que no participen en las hostilidades o que caigan en poder del adversario, sin distinción alguna de índole desfavorable”; y (ii) lo anterior implica desde la posición de las fuerzas militares del Estado, que su legitimidad y reconocimiento en la guarda del orden público y la seguridad tiene límites fijados por las reglas de la guerra que derivan de este corpus iuris de derecho internacional humanitario, uno de cuyos principios esenciales es el de distinción que impone no involucrar, vincular o incorporar indebida o ilegalmente a miembros de la población civil en acciones, situaciones o considerar como partícipes del conflicto armado interno a miembros de la población civil sin tener integralmente todos los elementos que puedan demostrar la condición de combatiente, integrante de grupo armado insurgente, o de banda criminal de la víctima como ya se señaló.(…) En esa condición de la víctima (…) [el señor], como miembro de la población civil, desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, debe observarse lo consagrado en el Convenio IV de Ginebra del 12 de agosto de 1949, “relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra” (ratificado por Colombia el 8 de noviembre de 1961), y en el Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra de 1977, “relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional”. De acuerdo con el Convenio IV de Ginebra son aplicables en este tipo de eventos, y dentro del concepto de conflicto armado interno el artículo 3 común, ya que tratándose de conflictos no internacionales el Estado parte está llamado a aplicar “como mínimo” los siguientes criterios: “[…] 1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades […] y las personas puestas fuera de combate por […] detención o por cualquier otra causa, serán en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios.ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Condena, accede. Caso muerte de civil, campesino, en supuesto enfrentamiento militar / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL - Título de imputación: Falla del servicio / FALSO POSITIVO / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / FALSAS E ILEGALES ACCIONES SO PRETEXTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES - Encuadramiento de operativo o conducta militar / GRAVE VIOLACIÓN O AFECTACIÓN A BIENES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE AMPARADOS / CONTROL DE CONVENCIONALIDAD - Aplicación de normas convencionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario[P]ara encuadrar la responsabilidad de las entidades demandadas se precisa establecer la base convencional y constitucional cuyos deberes positivos fueron distorsionados grave, seria y radicalmente por las “falsas e ilegales acciones so pretexto del cumplimiento de los mandatos constitucionales” por miembros de las fuerzas militares, en este caso el pelotón “COYOTE UNO” del Batallón Contraguerrilla Nº 95 de la Segunda División del Ejército Nacional, con las que se produjo el daño antijurídico consistente en la muerte violenta (…) [del señor], (…) ya que tratándose de una persona que hace parte de la población civil está bajo la cobertura del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y del artículo 13 del Protocolo Adicional II a los Convenios de 1977, por lo que no habría lugar a suspensión alguna de los derechos de la víctima ya que las obligaciones que se desprenden de tales normas son de naturaleza positiva e incompatibles con cualquier renuncia o suspensión a la que sea sometida una persona. (…) De esta manera, la Sala de Subsección examinadas conjunta, armónica, contrastada y coherentemente, y en aplicación del principio de la sana crítica a todos los medios probatorios, y basada en las anteriores conclusiones, encuentra que el daño antijurídico ocasionado a la víctima (…) y a sus familiares es atribuible fáctica y jurídicamente a las demandadas Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por la falla en el servicio que derivó en su muerte violenta el 15 de agosto de 2008 en la vereda La Perla, corregimiento Puente Real, municipio de San Calixto [Norte de Santander]. (…) La responsabilidad atribuida a las entidades demandadas se concretó por falla en el servicio en virtud de la omisión e inactividad de la entidad demandada en el cumplimiento de los deberes positivos de protección de la dignidad humana, vida e integridad personal de la víctima (…) cuya primera manifestación se concreta en la garantía de protección y seguridad de las mismas como miembros de la población civil, especialmente por parte del Ejército Nacional, al haberse producido su muerte de carácter ilegal. (…) [Dicha] falla en el servicio [se concretó] porque los miembros del Ejército Nacional que desarrollaron el operativo militar (…) desplegaron una acción deliberada, arbitraria, desproporcionada y violatoria de todos los estándares de protección mínima aplicable tanto a miembros de los grupos armados insurgentes que presuntamente como a miembros del Ejército Nacional, que configuradas como “falsas e ilegales acciones so pretexto del cumplimiento de los mandatos constitucionales”, distorsionan, deforman y pueden llegar a quebrar el orden convencional constitucional y democrático, poniendo en cuestión toda la legitimidad democrática de la que están investidas las fuerzas militares en nuestros país. NOTA DE RELATORÍA: Síntesis del caso. El 15 de agosto de 2008, el señor (…) -campesino dedicado a actividades de jornal agrícola- fue retenido y posteriormente muerto por integrantes del Ejército Nacional de la Compañía Coyotes del Batallón de Contraguerrillas No. 95, adscrito a la Brigada Móvil 15. El ciudadano campesino fue presentado como integrante de un grupo armado ilegal y quien presuntamente había sido dado de baja en operativo militar en el corregimiento Puente Real, vereda La Perla, municipio de San Calixto -Norte de Santander-. Problemas jurídicos. 1) ¿Cabe imputar fáctica y jurídicamente la responsabilidad a las entidades públicas demandadas por el daño antijurídico padecido por (…) [la víctima] como consecuencia de su muerte violenta en los hechos ocurridos el 15 de agosto de 2008 en el corregimiento Puente Real, vereda La Perla, municipio de San Calixto -Norte de Santander-?; (2) si cabe imputar el daño antijurídico, ¿procede el reconocimiento y liquidación de los perjuicios inmateriales [morales y por vulneración a bienes convencionales y constitucionales] y materiales [en la modalidad de lucro cesante]; o, (3) ¿sólo cabe confirmar los perjuicios inmateriales que en la modalidad de perjuicios morales y materiales que fueron reconocidos y liquidados en primera instancia, o cabe incrementarlos?.ACCIÓN DE TUTELA - Cumplimiento de fallo. Se dicta de nuevo sentencia en proceso de reparación directa / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Se dicta nueva sentencia. Cumplimiento de fallo de tutela / SENTENCIA EN PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA - Decisión ajustada a las exigencias convencionales, constitucionales y legalesLa Sala en la sentencia de 1 de febrero de 2016, como en la presente providencia cumplió y sigue cumpliendo con las exigencias convencionales, constitucionales y legales al resolver sin limitaciones los recursos de apelación presentados por las partes, correspondiéndose con lo sostenido por el juez de tutela en la decisión de 23 de febrero de 2017.RECURSO DE APELACIÓN - Apelación por ambas partes: Recurso será resuelto sin limitaciones / APELACIÓN ADHESIVA - Recurso desatado sin limitaciones / VIGENCIA DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO - Código General del Proceso y Contencioso Administrativo el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministrativoEn cuanto al desconocimiento de los límites que tenía la Sub-sección de la Sección Tercera para conocer del recurso de apelación en vigencia del Código General del Proceso, invocado por la accionante, la sentencia de la Sección Cuarta despacha desfavorablemente el mismo, con base en que “solo a partir del 2 de julio de 2012, entró en vigencia en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este punto, vale la pena precisar que, en providencia de unificación del 24 de junio de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, estableció que los aspectos no regulados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo e iniciados con posterioridad al 1 de enero de 2014, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo deberían resolverse a la luz de las normas del Código General del Proceso. Ahora, el proceso de reparación directa que se cuestiona mediante el mecanismo constitucional de la referencia inició en vigencia del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, por lo tanto, fue la norma aplicable al asunto […] Luego, en el proceso de reparación directa objeto de estudio, en asunto como la competencia del superior para resolver el recurso de apelación, resultaba aplicable el Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, el artículo 357 ejusdem, frente a la competencia del superior, disponía “(…) cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…)”. De manera que, las normas vigentes y aplicables a la acción de reparación directa que se cuestiona por esta vía no se encontraba limitada por la modificación que, frente a la competencia del superior jerárquico para resolver los recursos de apelación, hizo el Código General del Proceso. Entre otras cosas, porque el recurso de apelación de la entidad demandada cuestionó la existencia de la responsabilidad patrimonial en sentido amplio, por lo que no podía ocurrir nada distinto a que el juez de segunda instancia analizara el material probatorio que obraba en el proceso para estudiar el cargo. Más aun [sic] el análisis integral de las pruebas es una obligación del juez, dirigida a obtener la certeza de los hechos y de la responsabilidad alegada, en el que nada le impide emplear la facultad oficiosa, máxime, cuando la presunta vulneración se refiere al desconocimiento de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Falso positivo, ejecución extrajudicial: Desconocimiento del precedente judicial / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara derechos del tutelante. Ordena rehacer fallo judicial en proceso contencioso administrativoRESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO - Artículo 90 de la Constitución Política. No se privilegió ningún título de imputación / DAÑO ANTIJURÍDICO - Valoración del caso para determinar el título de imputación / PAPEL DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PERJUICIOS MORALES - Necesidad de motivación de reconocimiento indemnizatorio y su tasaciónNOTA DE RELATORÍA: Sobre este tema ver las decisiones de 9 de abril de 2012, exp. 21515 y 23 de agosto de 2012, exp. 24392.ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Falso positivo, ejecución extrajudicial: Desconocimiento del precedente judicial / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL - No hay sentencia o criterio de unificación jurisprudencial. Sentencia invocada como sustento no unifica el tema referido / RÉGIMEN OBJETIVO / FALLA DEL SERVICIOSi bien en la sentencia de tutela de 23 de febrero de 2017 se afirma que le correspondería a la Sala realizar el estudio del caso con base en el régimen objetivo de responsabilidad invocando como sustento la sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera de 11 de septiembre de 2013, expediente 41001-23-31-000-1994-07654-01(20601), resulta que al estudiar el problema jurídico de la misma providencia no se encuentra planteada unificación con relación al régimen de responsabilidad, fundamento o título de imputación. (…) A lo que se agrega, que la mencionada sentencia de la Sala Plena de la Sección tercera de 11 de septiembre de 2013 (20601) leída íntegramente su motivación no determina que deba analizarse casos como el que estudia la Sala exclusivamente con base en el régimen objetivo, por lo que el párrafo 22 transcrito por la sentencia de tutela debe comprenderse con los argumentos planteados en los párrafos 20 y 21 en los términos siguientes: “20. En atención a que en la demanda se señaló que la muerte del señor [(…)] fue producida por una acción de los miembros del Ejército Nacional, constitutiva de una falla del servicio consistente en que al mencionado señor se le asesinó sin que existiera una razón legítima para ello, entonces la Sala principiará por estudiar si se configuró la aludida falla. Definido aquello, se indicará posteriormente que, si en gracia de discusión se entendiera que no está demostrada una falla del servicio, entonces el caso podría analizarse con base en un régimen objetivo de imputación de responsabilidad, toda vez que el hecho dañoso se desplegó en el marco de una actividad peligrosa, como lo es el adelantamiento de un operativo armado por parte de los miembros de la institución militar involucrada en la presente contención. Finalmente, se analizará si en el proceso estuvieron demostrados los elementos necesarios para la exoneración de responsabilidad por un hecho de la víctima que alega la entidad demandada, consistente en que el señor […] pertenecía, supuestamente, a un grupo guerrillero que abrió fuego contra la patrulla militar desplegada en el lugar de los acontecimientos. En este punto se enfatizará que la prueba de la cual eximente [sic] de responsabilidad, es una carga que corresponde a quien la alega. 21. La Sala encuentra que en el caso de autos, la obligación de reparación a cargo de la entidad demandada puede ser analizada teniendo en cuenta los parámetros de la teoría de la falla del servicio, pues la misma se encuentra plenamente demostrada con las pruebas allegadas al expediente, las cuales permiten la construcción de unos indicios que señalan el hecho de que la muerte del señor […] ocurrió como consecuencia de una ejecución extrajudicial […]”. Luego en cumplimiento de la sentencia de tutela de 23 de febrero de 2017 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decide la Sala de Sub-sección los recursos de apelación presentados por la parte actora y por la demandada Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional contra la sentencia de 22 de agosto de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que resolvió (1) declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad pública demandada, (2) condenándola a pagar por perjuicios morales y materiales -en la modalidad de lucro cesante-, (3) ordenándose el cumplimiento de medidas de justicia restaurativa y, (4) negándose las demás pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Tomado de análisis hecho por la SubSección en la decisión de 9 de junio de 2017 -fallo que da cumplimiento a sentencia de tutela-, exp. 53704.LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - Noción, concepto, definición / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - FinalidadLa legitimación material se concreta en el evento en que se pruebe realmente la calidad de damnificado para así obtener una sentencia favorable a las pretensiones de la demanda. Alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por... (ver resumen completo)


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