Sentencia nº 25000-23-42-000-2013-05175-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 30 de Noviembre de 2017
| Fecha | 30 Noviembre 2017 |
| Emisor | SECCIÓN SEGUNDA |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
C onsejera ponente : SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)
Radica ción número: 25000 - 23 - 42 - 000 - 2013 - 05175 - 01 ( 0941 -17 )
Actor: L.E.A.R.
Demandado: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, CASUR
Trámite: Medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho /Segunda Instancia.
Asunto: Establecer si es procedente reliquidar la asignación de retiro de un integrante del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional con la inclusión de las partidas establecidas en el Decreto 1213 de 1990.
Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección de 29 de septiembre de 2017, después de surtidas a cabalidad las demás etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 3 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor L.E.A.R. en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR.
ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones .
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011-, el señor L.E.A.R., por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda con el fin de que se aplique la excepción de inconstitucionalidad y la excepción de ilegalidad respecto de los artículos 49 del Decreto 1091 de 1995 y 23 numeral 23.2 del Decreto 4433 de 2004 por ser violatorios de la Constitución Política, y que se declare lanulidad del Oficio 1552/GAG-SDP de 22 de marzo de 2012, suscrito por el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por medio del cual se le negó el derecho a la liquidación y el pago de las primas, bonificaciones y subsidios que se le venían cancelando.
Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la inclusión, reliquidación y pago de los factores salariales respecto de los porcentajes de las primas y subsidios que se le venían cancelando con el Decreto 1213 de 1990 antes de su homologación al nivel ejecutivo y que corresponden al subsidio familiar en un 35%, la prima de actividad en un 50%, la prima de antigüedad en un 27%; y la bonificación por buena conducta en 5% sobre el salario básico que devengaba al momento de su retiro del servicio de la Policía Nacional, en el grado de C.; ii) Dar cumplimiento al fallo dentro de los términos previstos en los artículos 189 y 192 de la Ley 1437 de 2011; iii) indexar las sumas objeto de condena de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y, iv) condenar a la entidad demandada al pago de costas procesales y agencias en derecho.
1.2 Hechos.
Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada por el apoderado del demandante, así:
Señaló que el señor L.E.A.R. se vinculó a la Policía Nacional como agente alumno el 10 de febrero de 1986, fue dado de alta como agente mediante la Resolución 5226 del 13 de agosto de 1986; posteriormente; y, a través de la Resolución 1047 del 27 de febrero de 1996 fue homologado al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en el grado de Subintendente. Actualmente se encuentra en uso de buen retiro y el último lugar donde prestó sus servicios fue en la metropolitana de Bogotá y devengaba un sueldo básico de $1.894.297.
Indicó que, el 7 de marzo de 2012, le solicitó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional la liquidación y pago de los factores salariales establecidos en el Decreto 1213 de 1990, esto es, las primas de actividad y antigüedad, subsidio familiar, distintivos de buena conducta y procedimientos, por pertenecer al escalafón de A. con anterioridad al ingreso al Nivel Ejecutivo de la Policía, ya que de acuerdo con la Ley 4ª de 1992, no se podían extinguir estos beneficios. La anterior petición fue negada por parte del Director General de la entidad previsional referida el 22 de marzo de 2012 a través del acto acusado, bajo el argumento de que el régimen aplicable es el contenido en el Decreto 1091 de 1995, que determina específicamente las partidas básicas sobre las cuales se liquidan las asignaciones de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional.
1.3 Normas vulneradas y concepto de violación.
Como disposiciones violadas citó las siguientes:
Constitución Política, preámbulo y artículos 2°, 4°, 6°, 13, 29, 48, 53, 83, 84, 121 y 220; L. 4ª de 1992, artículos 1°, 2° y 10; 180 de 1995, artículo 7º; 132 de 1995, artículo 82; 734 de 2002, artículo 33 numeral 9 y 10; 923 de 2004, artículo 2; 2, 3, 25, 29, 53 y 58; Decretos Nos. 1212 de 1990, artículos 68, 71, 82, 89, 143 y 214; 4433 de 2004, artículos 2 y 23; 2863 de 2007, artículos 2° y 4°.
Como concepto de violación de las normas invocadas, el demandante consideró que el acto acusado está viciado de nulidad, porque:
La entidad demandada ha desestimado sus derechos adquiridos, en la medida en que le dejaron de cancelar las primas, subsidios, bonificaciones y cesantías desde marzo de 1996, concretamente, porque no le es permitido a la Administración discriminar ni desmejorar su situación a partir del ingreso al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.
Afirmó que el ente demandado está brindando un trato desigual y discriminatorio a los agentes de la Policía Nacional que se homologaron el Nivel Ejecutivo, al aplicar una disposición que desmejora los factores salariales y prestacionales, pues contraría no sólo las normas constitucionales que ordenan la igualdad ante la ley, sino las L. 4ª de 1992 y 180 de 1995, las cuales, entre otras, prohibieron cualquier discriminación respecto del Decreto 1212 de 1990, que es el referente para no desmejorar la situación anterior.
Indicó que se le vulneró el debido proceso al momento en que no se efectúa el procedimiento adecuado para suprimir o extinguir los derechos que venía recibiendo desde que ingresó a la Institución, máxime cuando se tratan de derechos irrenunciables. Sobre el particular citó un aparte de la Sentencia del Consejo de Estado en la que se dispuso que “(…) por consiguiente, para quienes estaban en servicio activo de la Policía Nacional e ingresaron al Nivel Ejecutivo, de la institución por la época del Decreto 41 de 1994, la Ley 180 de 1995 y el Decreto 132 de 1995, se entiende que en virtud de la especial protección del estado se les debe resolver su situación en materia de ASIGNACIÓN DE RETIRO bajo el régimen prestacional que les era aplicable antes de su incorporación al nuevo nivel, más cuando las nuevas disposiciones no regularon en concreto dicha prestación en su momento (…)”.
Aseguró que se pasó por alto, de igual modo, aquellos principios mínimos fundamentales, tales como la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; las facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, así como lo establecido en las L. 4ª de 1992, 180 de 1995 y el Decreto 132 de 1995, que prohibieron cualquier discriminación o desmejora para estos servidores, respecto del Decreto 1213 de 1990, el cual es el referente para no desmejorar la situación anterior.
Aseveró que el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Policía Nacional se encuentra regulado por diferentes normas que no muestran una adecuada concatenación frente a las L. Marco, lo cual ha generado la declaratoria de nulidades que dejan vacíos normativos y dificultan la interpretación; debe tenerse en cuenta que al momento en que ingresó al Nivel Ejecutivo no se habían expedido las nuevas regulaciones y por ende su situación se regía por las disposiciones contenidas en el Decreto 1213 de 1990.
1.4 Contestación de la demanda.
La entidad demandada dentro de la oportunidad legal para contestar la demanda, no efectuó manifestación alguna.
1.5 La sentencia apelada .
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección B, mediante sentencia de 2 de junio de 2016, denegó las pretensiones con fundamento en los siguientes argumentos:
Manifestó que mientras el demandante estuvo laborando al servicio de la Policía Nacional como Agente, se le aplicaron las disposiciones salariales y prestacionales establecidas en los Decretos 1212 y 1213 de 1990; así mismo, durante el tiempo que estuvo laborando en el Nivel Ejecutivo su situación estuvo regulada por el Decreto 1091 de 1995 y el Decreto 4433 de 2004. Fue por ello que la homologación a la que se sometió el señor L.E.A.R. le permite estar amparado por la prohibición de discriminar sus condiciones salariales o prestacionales; por tal motivo no es viable tomar factor por factor para determinar si en efecto existe un desmejoramiento, pues ello equivaldría a crear un nuevo régimen compuesto por elementos más favorables.
Resaltó que aunque los artículos 51 del Decreto 1091 de 1995 y 25 del Decreto 4433 de 2004 fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, ello no conlleva que le deba ser aplicado el régimen de asignación de retiro y partidas computables contempladas por los Decretos 1212 y 1213 de 1990; máxime si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional a través del Decreto 1858 de 2012, fijó el régimen de transición para el personal homologado del...
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