Sentencia nº 15001-23-31-000-2005-03639-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 14 de Febrero de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 774520653

Sentencia nº 15001-23-31-000-2005-03639-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 14 de Febrero de 2019

Ponente:CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Fecha de Resolución:14 de Febrero de 2019
Emisor:SECCIÓN SEGUNDA
RESUMEN

FIJACIÓN DEL RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL ORDEN TERRITORIAL - Competencia / RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES EXTRALEGALES A EMPLEADOS TERRITORIALES - ImprocedenciaEs de competencia del Gobierno Nacional quien debe establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos del orden territorial, en atención a los límites que fije el Congreso de la República, por lo que tal facultad no puede ser asumida por las corporaciones públicas territoriales. (…). No es posible acceder a lo pretendido en el recurso de apelación, por cuanto la Resolución 915 de 1993, estableció prestaciones en favor de los empleados públicos del Hospital San Salvador de Chiquinquirá, usurpando atribuciones propias del legislador, aspectos que no fueron desvirtuados por la demandante.NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza de los trabajadores que prestaron sus servicios en el Hospital San Salvador de Chiquinquirá, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 23 de julio de 2004, radicación: 1585, C.P.: Susana Montes. En relación con la improcedencia del reconocimiento de prestaciones extralegales para los empleados territoriales del sector salud, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 9 de febrero de 2012, radicación: 2111 - 07, C.P.: Luis Rafael Vergara Quintero.SANCIÓN MORATORIA POR EL NO PAGO DEL AUXILIO DE CEANTÍAS - Reconocimiento / AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA - Requisito de procedibilidad de la acciónAl revisar las pruebas documentales allegadas al plenario, se puede establecer que la demandante presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 0252 del 25 de mayo de 2005, en el cual no solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, pues de lo pretendido en el recurso y de los hechos narrados, no se advierte que los haya alegado, como tampoco obra en el expediente solicitud distinta tendiente a obtener en sede administrativa su reconocimiento. En estas condiciones, para la Sala es claro que la parte demandante no agotó la vía gubernativa respecto del pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995, tal y como así lo encontró probado el a quo, pues es a partir de este momento en que se empiezan a contabilizar los términos de ley para acceder a su reconocimiento, lo que hace imposible que se realice un pronunciamiento al respecto por parte de esta jurisdicción, por tratarse de un requisito de procedibilidad, debiéndose en consecuencia negar lo pretendido en el recurso de apelación interpuesto, sin que se pueda afirmar como erradamente lo manifiesta el recurrente, que se debía iniciar un proceso diferente, en razón a que las pretensiones son acumulables siempre que se cumpla con los presupuestos de ley.NOTA DE RELATORÍA: Sobre la obligatoriedad de solicitar en vía administrativa el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías definitivas, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de marzo de 2007, radicación: 2777 - 04, C.P.: Jesús María Lemos Bustamante.CONSEJO DE ESTADOSALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN BConsejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉSBogotá D.C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019).Radicación número: 15001-23-31-000-2005-03639-01(1794-15)Actor: DORA OFELIA PINEDA MAYUZADemandado: DEPARTAMENTO DE BOYACÁAcción : Nulidad y restablecimiento del derechoTema : Prestaciones socialesSegunda Instancia - Decreto 01 de 1984Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el nueve (9) de diciembre de dos mil catorce (2014) por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá, negó las pretensiones de la demanda promovida por la señora Dora Ofelia Pineda Mayuza en contra del Departamento de Boyacá.I. ANTECEDENTESDemanda1.1. PretensionesDora Ofelia Pineda Mayuza, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, solicitó la nulidad de las Resoluciones 0252 del 25 de mayo de 2005 y 0285 del 27 de junio de 2005, proferidas por la Secretaría General del Departamento de Boyacá a través de las cuales se le reconoció y ordenó el pago de los salarios y prestaciones sociales a la demandante, y se resolvió el recurso de reposición, respectivamente.A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condene al Departamento de Boyacá al reconocimiento y pago de la bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, sobresueldo del 20%, prima de antigüedad, cesantías e intereses a las cesantías, reajuste salarial y demás derechos laborales dejados de devengar desde el 2001 hasta el momento en que fue desvinculada del Hospital San Salvador de Chiquinquirá, sumas que deberán ser debidamente indexadas conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del C.C.A. junto con los intereses establecidos en el último inciso del artículo 177 ibídem.De igual manera peticionó el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, conforme a lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, junto con los perjuicios morales ante el pago tardío de la liquidación de los salarios y prestaciones adeudados, equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.1.2. HechosLos hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda (ff. 2 - 22), en síntesis son los siguientes:La demandante se vinculó al Hospital San Salvador de Chiquinquirá el 12 de junio de 1989, en el cargo de Auxiliar de Enfermería, inscrita en carrera administrativa. Durante el tiempo que prestó sus servicios al Departamento de Boyacá, se destacó por el cumplimiento de las funciones, y la idoneidad para desempeñar el cargo.La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante concepto 1585 del 23 de julio de 2004 determinó que el Hospital San Salvador de Chiquinquirá, es de naturaleza privada, pero recibió aportes del Estado para su sostenimiento, incluyendo el pago de salarios y prestaciones sociales de sus servidores, y en donde la mayoría de sus funcionarios son empleados públicos, entre los que se encuentra la demandante.El Gobernador del Departamento de Boyacá profirió el Decreto 1370 del 19 de noviembre de 2004, por medio del cual desvinculó a varios de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio del Hospital San Salvador de Chiquinquirá, entre quienes se encontraba la demandante.A través de la Resolución 0252 del 25 de mayo de 2005, el Secretario General del Departamento de Boyacá de conformidad con lo dispuesto en los Decretos Departamentales 1370 del 19 de noviembre de 2004 y 1468 del 14 de diciembre de 2004, dispuso la liquidación de los salarios, prestaciones sociales y demás haberes laborales adeudados a la demandante hasta el 21 de noviembre de 2004, equivalente a $36.449.632.oo.Afirmó que dicha liquidación no tuvo en cuenta algunos haberes laborales a que tiene derecho por el tiempo de servicio comprendido entre el 12 de junio de 1989 y el 21 de noviembre de 2004, entre los que se encuentran la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad, el sobresueldo del 20%, la prima de antigüedad, las vacaciones, las cesantías e intereses a las cesantías y demás derechos laborales dejados de devengar desde el 2001 hasta la fecha en que fue retirada de la entidad - 21 de noviembre de 2004 -, sin que se haya tenido en cuenta beneficios convencionales.Sostuvo que por encontrarse en el régimen de retroactividad de cesantías al no haberse acogido al nuevo sistema de liquidación, es de competencia del empleador el pago de esta prestación, teniendo un término de 45 días para proceder a su pago, sin que para la fecha de presentación de la demanda, se haya hecho efectivo, generando una sanción moratoria conforme a lo dispuesto en la Ley 244 de 1995.Contra dicha decisión, la demandante interpuso recurso de reposición el que fuera decidido mediante la Resolución 0285 del 27 de junio de 2005, confirmando el acto recurrido en su integridad.1.3. Normas violadasComo normas violadas se citan en la demanda las siguientes:Los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 42, 53, 58, 123, 124, 125 y 209 de la Constitución Política; Decreto Departamental 1006 del 1 de julio de 1993; la Resolución 0915 del 12 de noviembre de 1993 emanada de la Dirección de Hospital San Salvador de Chiquinquirá y la Ley 244 de 1995.2. Contestación... (ver resumen completo)


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