Sentencia nº 19001-23-31-000-2005-01909-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Agosto de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 783548269

Sentencia nº 19001-23-31-000-2005-01909-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 2 de Agosto de 2018

Ponente:RAMIRO PAZOS GUERRERO
Fecha de Resolución: 2 de Agosto de 2018
Emisor:SECCIÓN TERCERA
RESUMEN

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - CondenaACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR ACCIDENTE DE VEHÍCULOS, NAVES O AERONAVES / DAÑO CAUSADO POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN O MANTENIMIENTO DE LAS VÍASSÍNTESIS DEL CASO: “El señor Luis Ronald Ponte Obando falleció en diciembre de 2004, producto de las heridas sufridas en un accidente de tránsito cuya ocurrencia se pretende atribuir a la presencia de material de construcción sobre la vía Panamericana (km 88 Popayán - Cali), producto de la ejecución de trabajos públicos, así como a la falta de señalización que informara a los conductores sobre el riesgo que estos obstáculos representaban”.PROBLEMA JURÍDICO: “La decisión del recurso impone a la Sala determinar: (i) Si el daño padecido por los actores es imputable a la obra pública, tal como lo estima la actora o si correspondió a hechos ajenos y externos a la actividad de las demandadas, esto con el fin de establecer si estas últimas están llamada o no a responder. Este tópico impone la verificación de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, de cara a las evidencias aportadas. (ii) Si las obras públicas ejecutadas a través de particulares tienen la virtualidad de comprometer la responsabilidad de la administración contratante, en qué medida y si son oponibles a terceros las estipulaciones contractuales sobre indemnidad pactadas entre la administración y los contratistas de obra. (iii) Bajo qué régimen jurídico es posible juzgar la responsabilidad de particulares por esta jurisdicción y si aquella quedó o no comprometida en el caso concreto”.JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - En razón al fuero de atracción / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - En razón a la cuantíaSi bien conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias suscitadas con ocasión de la actividad de las entidades públicas y de quienes ejerzan funciones públicas, -lo que no deja duda respecto de la posibilidad de desatar la controversia respecto de los entes públicos accionados-, también es una realidad innegable que en ocasiones el interés pasivo en la controversia puede convocar, además de la administración, a personas de derecho privado, tal como ocurre en el presente caso, lo que no puede ser óbice para que el asunto pueda y deba ser definido de fondo por su juez natural. La intervención de personas con distintas naturalezas jurídicas, a la luz del artículo 21 del Código de Procedimiento Civil, no tiene la virtualidad de alterar la competencia, lo que constituye en nuestro ordenamiento jurídico uno de los fundamentos normativos del principio “perpetuatio jurisdictionis”. Pese a que la norma se refiere en estricto sentido a la imposibilidad de que hechos sobrevinientes modifiquen la competencia, no es menos cierto que su finalidad es impedir cambios que afecten el debido proceso y el derecho a que la controversia tenga un juez natural, asignado conforme a las normas preexistentes a la litis. (…) la jurisprudencia de esta jurisdicción ha entendido, en forma pacífica , que la intervención de un particular en el litigio en el que son parte una o varias entidades públicas, aún desde el momento mismo de su génesis, tampoco varía la asignación del asunto al juez natural de la administración, lo que se ha coincidido en denominar como “fuero de atracción”(…) no es la vocación de prosperidad de las pretensiones el elemento necesario para identificar la operatividad del fuero de atracción, situación que solo corresponde ser evaluada al momento de definir la controversia, sino la razonabilidad de la integración de la litis con personas de distintas naturalezas jurídicas. Para el caso que se resuelve se tiene que las tesis fácticas sobre la ocurrencia de los hechos apuntan a establecer la existencia de (i) fallas del servicio atribuibles a las entidades públicas accionadas, (ii) en un actividad que desarrollaron a través de un particular y (iii) en la que estuvo involucrada la actuación de otro privado que prestaba el servicio de transporte, sustento bajo el cual se impone analizar la actuación de todas las personas, públicas y privadas, que integran el extremo pasivo de la litis. Adviértase cómo la vinculación estatal en este caso tiene amplio sustento en los hechos y omisiones que se les pretende atribuir en la ejecución de trabajos públicos, al tiempo que la de los particulares también está sustentada en su real participación en los acontecimientos. (…) el fallo impugnado debe ser modificado, en tanto se... (ver resumen completo)


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