Sentencia nº 11001031500020190160400 de Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, de 2 de Julio de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 797651009

Sentencia nº 11001031500020190160400 de Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, de 2 de Julio de 2019

Ponente:NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Fecha de Resolución: 2 de Julio de 2019
Emisor:Sección Primera
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil diecinueve (2019)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2019 01604 00

ACCIÓN DE TUTELA

ACTOR: A.R.A.M.S.

TESIS: Tutela contra providencia judicial-Defecto procedimental. Ampara derecho fundamental al debido proceso, en la modalidad de non bis in idem de congresista juzgado simultáneamente en proceso de pérdida de investidura y nulidad electoral, por cuanto, de acuerdo con el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1881, el «primer fallo» que se profiera entre los mencionados procesos hará tránsito a cosa juzgada respecto del otro. La falta de ejecutoria de la sentencia que resolvió la pérdida de investidura no puede servir de excusa para desconocer la justicia material y la seguridad jurídica, así como la prevalencia del derecho sustancial. Si el primer fallo se dictó en el proceso que tiene dos instancias, el otro proceso no puede finalizar hasta tanto no se resuelva la apelación, para así asegurar el efectivo ejercicio del derecho al non bis in idem que previó el legislador en la citada disposición. Se ordena dejar sin efecto la decisión cuestionada y abstenerse de dictar sentencia hasta tanto la S. Plena de lo Contencioso Administrativo resuelva el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en el proceso de pérdida de investidura identificado con el número único de radicación 2018 02417 00 (acumulado).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La S. decide la acción de tutela instaurada por el actor, a través de apoderado, contra la sentencia de 11 de abril de 2019, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado .

  1. ANTECEDENTES

    I.1. La solicitud

    El ciudadano A.R.A.M.S., a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Sección Quinta, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al non bis in idem, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder público, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 11 de abril de 2019, en el proceso identificado con el número único de radicación 11001 03 28 000 2018 00080 00 (acumulado), por medio de la cual se declaró la nulidad de la elección del actor como Senador de la República para el período 2018-2022 y se ordenó cancelar la credencial que lo acredita como Congresista.

    I.2. Hechos

    La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos:

    1. El señor A.M., previo a su inscripción como candidato al Senado de la República, fungió como presidente y representante legal de la entidad sin ánimo de lucro denominada CORPOVISIONARIOS.

    2. El día 11 de diciembre de 2017, el actor se inscribió como candidato al Senado con el aval del partido Alianza Verde.

    3. El 11 de marzo de 2018 se llevaron a cabo las elecciones al Congreso de la República para el período 2018-2022, en el cual resultó electo.

    4. Surtida la jornada electoral unos ciudadanos solicitaron al Consejo Nacional Electoral -en adelante CNE- que se abstuviera de declarar la elección del demandado en calidad de Senador de la República, por estar incurso en la inhabilidad prevista en el artículo 179, numeral 3, de la Constitución Política, esto es, por la celebración de dos contratos con entidades públicas, seis meses antes de su elección.

    5. Mediante Resolución núm. 1507 de 12 de julio de 2018, el CNE resolvió de forma negativa las peticiones antes reseñadas, decisión que fue confirmada en Resolución núm. 1591 de 19 de ese mes y año.

    6. A través de la Resolución núm. 1596 de 2018 y del formulario E-26SEN, el CNE declaró la elección del actor como Senador de la República.

    7. Contra el acto que declaró la elección, los ciudadanos J.M.A.E., V.V.R., N.E.R.C. y el Partido Opción Ciudadana presentaron sendas demandas que fueron decididas en el proceso identificado con el número único de radicación 11001 03 28 000 2018 00080 00 (acumulado) , en el sentido de anular la elección del S.A.M. y cancelar la credencial que lo acredita como Congresista.

      Para la decisión, la Sección Quinta arguyó que la representación legal de CORPOVISIONARIOS está radicada en cabeza del presidente y que el acto de delegación de las funciones al director ejecutivo, en realidad debe entenderse como un contrato de mandato o representación, por lo que la celebración de contratos con el Estado se tiene como directamente efectuada por el representante legal, lo que da lugar a que se configure la causal de inhabilidad.

    8. Paralelamente, los ciudadanos J.M.A.E., V.V.R., E.C.P. y S.V.J. solicitaron la pérdida de investidura del actor, con fundamento en la causal prevista en el artículo 179, numeral 3, de la Constitución Política, pues, en su criterio, el actor se encontraba inhabilitado para ser elegido congresista, por haber intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas y en la celebración de contratos dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.

      9. En sentencia de 19 de febrero de 2019, la S. Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura resolvió «denegar las solicitudes acumuladas de pérdida de investidura del Senador de la República Aurelijus Rutenis A.M. Sivickas ».

      I.3. Fundamentos de la solicitud

      I.3.1 Primer cargo: defecto orgánico y procedimental por falta de competencia de la Sección Quinta

      A juicio del accionante, la Sección Quinta no podía pronunciarse en forma distinta a lo decidido por la S. Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, la cual, en la sentencia de 19 de febrero de 2019 denegó la pérdida de investidura presentada en su contra.

      Al respecto señala que de acuerdo con el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018, « Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones», cuando una misma conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una solicitud de pérdida de investidura de forma simultánea, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la causal.

      Anota que el parágrafo del citado artículo tiene dos finalidades, que consisten en: primero, evitar que existan sentencias contradictorias entre Secciones y S.s del Consejo de Estado; y, segundo, garantizar el non bis in ídem, como se puede leer de los antecedentes legislativos del Congreso .

      Que, en este orden, la Sección Quinta carecía de competencia para pronunciarse, pues debió esperar a que la S. Plena resolviera el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia en el proceso de la pérdida de investidura, o remitir el proceso de nulidad electoral a la S. Plena.

      Aduce que la decisión censurada concluyó que no existía cosa juzgada porque la sentencia del proceso de pérdida de investidura no se encontraba ejecutoriada, lo cual, a su juicio, es incorrecto por las siguientes razones:

      - Porque el artículo 1º de la Ley 1881 no señala que la sentencia que hace tránsito a cosa juzgada deba estar ejecutoriada, simplemente menciona “el primer fallo”, que en este caso fue el de la pérdida de investidura. Por consiguiente, la única forma de respetar tanto el efecto de cosa juzgada como el principio non bis in idem era suspender el medio de control electoral hasta tanto la S. Plena desatara la segunda instancia de la pérdida de investidura.

      - Porque la sentencia que resolvió en primera instancia la pérdida de investidura se encuentra materialmente en firme y ejecutoriada, debido a que si se efectúa una interpretación sistemática y finalística de la Ley 1881, entonces es posible inferir que es improcedente el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria en esta clase de procesos, pues de lo contrario se haría nugatorio el derecho de los congresistas de impugnar una sentencia condenatoria, que es, precisamente, la finalidad de dicha norma, en armonía con el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , los cuales establecen el derecho a controvertir las sentencias condenatorias que se dicten en un proceso penal.

      - Y porque era una obligación de la Sección Quinta llevar el proceso por importancia jurídica a la S. Plena, en orden a la trascendencia social de la controversia, tratándose de «la elección del segundo senador más votado en el país, quien ya había sido absuelto en primera instancia en el proceso de pérdida de investidura» y en razón de la función unificadora de la S. Plena que le hubiese permitido asumir el conocimiento del asunto para evitar decisiones contradictorias entre las secciones y, además, para analizar libremente la apelación que está en curso, pues «si se admite que la sentencia de la Sección Quinta es válida entonces la S. Plena quedaría vinculada en la apelación del proceso de pérdida de investidura por las conclusiones de la sentencia… sobre la existencia de la inhabilidad».

      I.3.2. Segundo cargo: defecto sustantivo por interpretación extensiva de una causal de inhabilidad.

      Afirma el actor que está constitucionalmente proscrita la interpretación analógica, extensiva o teleológica de las inhabilidades, porque ello configura un defecto sustantivo en la medida en que restringe derechos fundamentales, como en este caso, el derecho a elegir y ser elegido.

      Sostiene que con la interpretación extensiva que efectuó la Sección Quinta de la causal de inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 179 Superior, se desconoció el principio pro homine o pro persona previsto en el artículo 5º del PIDCP, según el cual se debe preferir la interpretación más amplia cuando se trata de reconocer derechos y excluir la interpretación más restrictiva cuando se trata de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA