Sentencia de unificación nº 73001-23-31-000-2009-00133-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 18 de Julio de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 807630769

Sentencia de unificación nº 73001-23-31-000-2009-00133-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 18 de Julio de 2019

Ponente:CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Fecha de Resolución:18 de Julio de 2019
Emisor:SECCIÓN TERCERA
RESUMEN

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIALACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - CondenaACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DELITOS DE HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON LOS DELITOS DE SECUESTRO SIMPLE AGRAVADO, EXTORSIÓN TENTADA Y FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO / ORDEN DE CAPTURA / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO / DECRETO 2700 DE 1991 / LEY 600 DE 2000 / LEY 906 DE 2004 / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REOSÍNTESIS DEL CASO: Desde hacía algunos años, el señor ORLANDO CORREA SALAZAR se dedicaba a manejar el taxi del señor TEÓFILO RONCANCIO, sin que se hubiera presentado conflicto alguno. El 3 de diciembre de 2004 se produjo el hurto de un taxi por parte de unos sujetos que, luego de retener al conductor, lo despojaron del vehículo. Días después, los delincuentes llamaron a la víctima y la extorsionaron, con el fin de exigirle dinero a cambio de darle información sobre su vehículo. Para cumplir con la extorsión, el taxista se dirigió al lugar donde debía pagar el dinero, acompañado de miembros del GAULA - Terminal de Transportes de Ibagué-, quienes allí capturaron a dos personas y al acá actor ORLANDO CORREA SALAZAR, conductor del taxi donde se movilizaban éstas. Por lo anterior, la Fiscalía Primera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Ibagué inició una investigación penal en contra del señor ORLANDO CORREA SALAZAR, por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas y extorsión. Durante las diligencias de indagatoria, el señor CORREA SALAZAR afirmó que nada tenía que ver con los hechos, ya que había sido contratado para un servicio al terminal. En concordancia con estos dichos, los otros dos retenidos manifestaron que el señor CORREA SALAZAR era “completamente ajeno a los hechos”. El 20 de diciembre de 2004, la Fiscalía Primera libró orden de encarcelación en la Penitenciaria Nacional Picaleña, en contra del señor ORLANDO CORREA SALAZAR. El 27 de diciembre siguiente, resolvió la situación jurídica de este procesado, con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y el 27 de abril de 2005, al momento de calificar el sumario, profirió resolución de acusación en su contra, como autor responsable de los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso heterogéneo con los delitos de secuestro simple agravado, extorsión tentada y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. La etapa de juicio la adelantó el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué que, en sentencia del 5 de diciembre de 2006, absolvió de responsabilidad penal al señor CORREA SALAZAR, para lo cual consideró que no había prueba que condujera a la certeza de su responsabilidad penal.COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - Para conocer procesos por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - Naturaleza del asuntoLa Sala es competente para conocer de los recursos de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia) y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado , sin tener en cuenta la cuantía del proceso.CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Término. Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No operó. La demanda se presentó de forma oportunaEn concordancia con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, en los eventos de privación injusta de la libertad el término de caducidad de dos (2) años se cuenta a partir del día siguiente al momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o queda ejecutoriada la providencia absolutoria -lo último que ocurra. Para iniciar el conteo del término de caducidad, la Sala tendrá en cuenta la fecha en que cobró fuerza ejecutoria la sentencia del 5 de diciembre de 2006, a través de la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ibagué (Tolima) absolvió de responsabilidad penal al señor ORLANDO CORREA SALAZAR, esto es, el 18 de esos mismos mes y año. (…) la acción de reparación directa debía ejercerse, en los términos del numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., hasta el 19 de diciembre de 2008. Como la demanda se presentó el 12 de diciembre de este mismo año, resulta claro que ello ocurrió dentro de la oportunidad legal prevista para tal fin.RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Regulación normativa / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Recuento histórico / CLAUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO - Noción. Definición. ConceptoSe evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996 (…)El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. (…) Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios (…) la Sala consideró en varias oportunidades que cuando una persona privada de la libertad era absuelta porque el hecho investigado no existió, o porque éste no era constitutivo de delito, o éste no lo cometió el sindicado, o este último quedaba libre en aplicación de la figura del in dubio pro reo, se configuraba un evento de detención injusta y, por tanto, procedía la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado. (…) bastaba con que se presentara una privación de la libertad y que el proceso penal no culminara en condena, cualquiera que fuera la razón, para que quien la sufría recibiera una indemnización, así la medida de aseguramiento de la que fue objeto se encontrara ajustada a derecho y a pesar, incluso, de las previsiones de los artículos 90 de la Constitución Política, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 68 de la Ley 270 de 1996, esto es, sin importar que el daño producto de la privación de la libertad fuera antijurídico o no y casi que sin reparar en si fue la conducta del investigado la que llevó a su imposición. (…) en sentencia del 15 de agosto de 2018 , la Sección Tercera del Consejo de Estado rectificó dicha posición y dispuso que, en esos casos, esto es, en aquellos en los que el juez penal o el órgano investigador levante la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encuentre que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, es necesario hacer el respectivo análisis de responsabilidad patrimonial del Estado a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, es decir, identificar la antijuridicidad del daño. La Sala indicó que, para tal fin, se... (ver resumen completo)

 
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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente: C.A.Z. BARRERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil diecinueve (2019)

Radicación: 73001-23-31-000-2009-00133-01 (44.572)

Actores: O.C.S. y otros

Demandado: Nación –R.J. y otros

Referencia: Acción de reparación directa

La Sala Plena de la Sección Tercera avoca el conocimiento del presente caso, con el fin de unificar su jurisprudencia en materia de reconocimiento y liquidación de perjuicios materiales por daño emergente y lucro cesante en los casos de privación injusta de la libertad, criterios que serán aplicables también a los eventos en los cuales le corresponda al juzgador determinar la existencia y el monto de perjuicios materiales de la misma clase.

Decide la Sala los sendos recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y por la Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia del 10 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que dispuso (se transcribe tal como obra en la foliatura):

“PRIMERO.- DECLÁRASE la falta de legitimación por pasiva por parte de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, así como de la Nación – R.J. –, conforme lo expuesto en esta providencia.

“SEGUNDO.- DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsable, a la NACION – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los perjuicios ocasionados a los demandantes, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor ORLANDO C.S., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

“TERCERO.- CONDÉNASE a la NACION – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de perjuicios materiales la suma de OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS TRECE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($8.730.013,5) .

“CUARTO: CONDÉNASE a la NACION – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero a cada una de las personas que a continuación se señalan:

- Para ORLANDO C.S., el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de su cancelación.

- Para LUZ N.V.J. (compañera permanente), el equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de su cancelación.

- Para cada uno de los hijos H.E. CORREA MORALES y J.M.C.V., el equivalente a veinte 20 S.M.L.M.V para cada uno de ellos.

“QUINTO.- NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda” .

  1. ANTECEDENTES

    1. El 12 de diciembre de 2008 , en ejercicio de la acción de reparación directa y por conducto de apoderado judicial, los actores presentaron demanda en contra de la Nación – R.J., Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa –Policía Nacional, con la finalidad de obtener la declaratoria de responsabilidad de las demandadas y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que, afirman, les fueron irrogados por la privación de la libertad de la cual fue objeto el señor ORLANDO C.S..

      Como pretensiones formularon las siguientes (se transcribe literal):

      “PRIMERA. Declarar administrativamente responsable a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA NACIONAL, de los PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES causados a la parte demandante, o a quien represente sus derechos, con motivo de la captura ilegal e injustificada, erróneamente catalogada como de situación de flagrancia, y por la privación injusta y preventiva de la libertad que tuvo que soportar el S.O.C.S., desde el 16 de diciembre de 2004 hasta la noche del 7 de Diciembre de 2006, sindicado de ser coautor responsable de los delitos de Hurto Calificado Agravado, Secuestro Simple, Extorsión Tentada y Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o M., todo para que posteriormente, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2006, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de lbagué, resolviera absolverlo de todos los cargos por los cuales se le dictó resolución de acusación, circunstancia que edificó la falla en la prestación del servicio de la Administración de Justicia con fundamento en la errónea, facilista y omisiva apreciación y evaluación probatoria cometida por el ente demandado ya determinado.

      “SEGUNDA. Condenar en consecuencia de la anterior declaración a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA NACIONAL a pagar a favor de cada uno de mis representados por concepto de DAÑOS MORALES, aquellos que se les ocasionaron por los hechos a que se hizo referencia en el numeral primero de este capítulo, el equivalente en salarios mínimos legales mensuales vigentes que relaciono a continuación, según el monto que a la fecha de ejecutoria de la sentencia definitiva, que haga tránsito a cosa juzgada, o conciliación, si se llegare a ella, se certifique así:

      “2.1. Para el S.O.C.S., el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes causados con la privación injusta y preventiva de su libertad.

      “2.2. Cincuenta (50) Salarios mínimos legales mensuales vigentes que corresponden a su compañera permanente S.L.N.V.J..

      “2.3. Para el menor J.M.C.V., el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su condición de hijo de ofendido.

      “2.4. En cincuenta (50) Salarios mínimos legales mensuales vigentes que corresponden a H.E. CORREA MORALES quien concurre en calidad de hijo mayor de edad del perjudicado.

      “2.5. Finalmente para los Señores M.C.S., L.A.C.S., A.C.S., B.R.C.S., y M.N.C.S., en cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos en su condición de hermanos del damnificado.

      “TERCERA. Condenar a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -POLICÍA NACIONAL a pagar a favor de cada uno de mis representados por concepto de los DAÑOS A LA VIDA DE RELACIÓN que a ellos se le originaron, toda vez que con ocasión los hechos referidos dentro del presente escrito demandatorio, mi poderdante y su familia se vieron afectados por el escándalo social, escarnio público, y el despliegue publicitario que originó la detención preventiva de ORLANDO C.S. por la presunta comisión de sendos delitos, de grave impacto para el conglomerado en general, situaciones que le produjeron gran afectación personal y familiar al punto de alterar su entorno en relación con su gremio, y con las demás personas al ser tildado como un delincuente de alta peligrosidad.

      “Para compensar tal perjuicio peticiono el equivalente en salarios mínimos legales mensuales vigentes que relaciono a continuación, según el monto que a la fecha de ejecutoria de la sentencia definitiva o conciliación, si fuere el caso, se certifique así:

      “3.1. Para el S.O.C.S., el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes causados como directo afectado del perjuicio a la vida de relación.

      “3.2. Cuarenta (40) Salarios mínimos legales mensuales vigentes que corresponden a su compañera permanente S.L.N.V.J..

      “3.3. Para el menor J.M.C.V., el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su condición de hijo de ofendido.

      “3.4. En cuarenta (40) Salarios mínimos legales mensuales vigentes que corresponden a H.E. CORREA MORALES en su calidad de hijo mayor de edad del perjudicado.

      “3.5. Finalmente para los Señores M.C.S., L.A.C.S., A.C.S., B.R.C.S., y M.N.C.S., en veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de ellos en su condición de hermanos del damnificado.

      “CUARTA. Del mismo modo condenar a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL, a pagar a favor de mi representado ORLANDO C.S. los PERJUICIOS MATERIALES bajo la modalidad de LUCRO CESANTE teniendo en cuenta que mi prohijado se dedica a la conducción de taxi de servicio público, constituyendo esta labor, la base de su sustento, suma de dinero solicitada teniendo en cuenta lo dejado de percibir por C.S. durante la totalidad el período de tiempo que permaneció privado de la libertad, obteniendo por tal razón un empobrecimiento pecuniario sirviendo como elemento para su cuantificación, los salarios mínimos legales decretados por el Gobierno Nacional para los años 2004, 2005 y 2006, sumatoria que se verifica en la liquidación efectuada en acápite separado dentro de la presente demanda.

      “QUINTA. Condenar a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL, a pagar a favor de mi representado ORLANDO C.S., el valor de los gastos económicos, o PERJUICIOS MATERIALES en la modalidad de DAÑO EMERGENTE, sumas a cancelar que se discriminan de la siguiente manera:

      “5.1. Gastos económicos cancelados, con motivo de la privación injusta y preventiva de su libertad, teniendo en cuenta que durante el transcurso de su cautiverio mi poderdante ORLANDO C.S., por intermediación de su compañera permanente señora LUZ N.V.J., tuvo que sufragar el monto de los honorarios a sendos profesionales del Derecho con ocasión del desarrollo de su defensa técnica dentro del proceso penal, sumatoria de honorarios, que para los dos apoderados, nos arroja un total por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5'000.000) M/Cte , montos de dinero sufragados a la defensa con el fin de dilucidar la injusticia de que era víctima mi poderdante, aquellos que se encuentran formalmente respaldados por los Señores Abogados que defendieron en su momento los intereses de C.S..

      “5.2. La suma de dinero pagada por ORLANDO C.S., al ofendido, señor I.R., por intermediación de su amigo C.H.G., como quiera que al ver nublados sus anhelos de justicia en el transcurso del proceso, afligido...

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