Auto nº 11001-03-06-000-2019-00036-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 30 de Julio de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 808787749

Auto nº 11001-03-06-000-2019-00036-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 30 de Julio de 2019

Ponente:ÁLVARO NAMÉN VARGAS
Fecha de Resolución:30 de Julio de 2019
Emisor:Sala de Consulta y Servicio Civil
RESUMEN

CONSEJO DE ESTADOSALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVILConsejero ponente: ÁLVARO NAMÉN VARGASBogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil diecinueve (2019)Radicación número: 11001-03-06-000-2019-00036-00(C)Actor: POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES, SECCIONAL BOGOTÁLa Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, pasa a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Policía Nacional, Dirección de Protección y Servicios Especiales, Seccional Bogotá; la Inspección Distrital de Policía de Atención Prioritaria N° 1 de Bogotá (en adelante, Inspección de Policía AP1), y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).ANTECEDENTESEl 22 de noviembre de 2018, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal recibió una denuncia, a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., sobre presuntos actos de maltrato o crueldad contra un canino de raza Golden Retriever, de sexo femenino y de nombre Sara, por parte de su propietario, en la carrera 46 # 127-12, apartamento 403, de la localidad de Suba, en esta ciudad (folio 13).2. Debido a lo anterior, el equipo técnico del Escuadrón Anti-crueldad, adscrito a la Subdirección de Atención a la Fauna del IDPYBA, acompañado de personal de la Policía Metropolitana de Bogotá, realizaron una visita de verificación sobre las condiciones de salud y bienestar del animal, en el inmueble referido. Esta visita fue atendida por el señor Andrés Mauricio Ariza Durán, en calidad de propietario de la mascota (folio 12).3. Como resultado de dicha visita, el 4 de diciembre de 2018, el Grupo de Policía Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Bogotá procedió a efectuar la aprehensión material preventiva de la perra, que fue dejada en custodia del IDPYBA (folio 14).4. El 5 de diciembre de 2018, el señor Andrés Mauricio Ariza Durán solicitó, por escrito, la devolución del canino de su propiedad (folio 34).5. El 18 de diciembre de 2018, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del IDPYBA informó al señor Ariza que los gastos incurridos por parte de esa entidad, hasta ese momento, con ocasión de los servicios prestados a la mascota, ascendían a la suma de $1.248.054, monto que debía ser rembolsado a dicho instituto, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1774 de 2016 (folio 24).6. El 26 de diciembre de 2018, el apoderado del señor Ariza entregó al IDBYPA el comprobante de consignación de los referidos gastos (folio 27).7. Mediante oficio radicado con el número 2018-421-053656-2, del 19 de diciembre de 2018, el IDPYBA puso en conocimiento de la Dirección para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá el presunto caso de maltrato animal, para que se iniciara el proceso policivo correspondiente, si así lo determinaba el inspector al que le fuera repartido el asunto (folio 20).8. El IDPYBA, mediante la Resolución N° 006 del 8 de enero de 2019, remitió el expediente administrativo correspondiente a la solicitud de devolución del canino a la Inspección de Policía AP1, a la cual se le asignó el conocimiento de la contravención (folios 29 al 33).9. El 12 de febrero de 2019, mediante oficio radicado con el N° 20192230103991, y dirigido al Jefe del Grupo Protección Animal y Ecológica de la Policía Metropolitana de Bogotá, el inspector de policía solicitó que el expediente fuese remitido a la Sala de Consulta y Servicio Civil, para resolver el conflicto negativo de competencias que, a su juicio, se presentaba (folio 2).10. El 14 de febrero de 2019, la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, Seccional de Bogotá, remitió el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para los fines señalados (folio1).11. Al mismo tiempo, el señor Andrés Mauricio Ariza Durán presentó acción de tutela ante el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá, contra el Instituto de Protección y Bienestar Animal y la Inspección de Policía de Atención Prioritaria AP1, por la presunta vulneración de su derecho al debido proceso (folios 53 y 54).12. Dicha acción fue resuelta de manera desfavorable al demandante, en primera y en segunda instancias (en este caso, por parte del Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogotá). Este último juzgador consideró que las autoridades demandadas actuaron dentro de las competencias y procedimientos que les asigna la ley, por lo que no violaron el derecho al debido proceso del actor. En todo caso, se indicó a las entidades involucradas que debían tramitar un conflicto de competencias administrativas, con el fin de determinar cuál era la autoridad que debía pronunciarse de fondo sobre la solicitud de la devolución del canino (folios 53 a 54).TRÁMITE PROCESALDe conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco (5) días, con el fin de que las autoridades involucradas y los terceros interesados presentaran sus alegatos (folio 36)Consta también que se informó sobre el presente conflicto a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, Seccional Bogotá; a la Inspección de Policía de Atención Prioritaria Nº 1 de Bogotá; al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal; al Grupo de Policía Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Bogotá; al señor Andrés Mauricio Ariza Durán, y a su apoderado (folios 37 a 39).Obra también constancia secretarial en el sentido de que la Policía Nacional, el IDPYBA y el señor Andrés Mauricio Ariza Durán, por intermedio de su apoderado, presentaron sus alegatos o consideraciones.ARGUMENTOS DE LAS PARTESAndrés Mauricio Ariza DuránEl abogado Luis Enrique Ladino, quien ha venido actuando como apoderado del señor Andrés Mauricio Ariza Durán ante las autoridades administrativas, solicita a la Sala de Consulta y Servicio Civil que se declarare inhibida para decidir el presunto conflicto de competencias planteado, por considerar que: i) se trata de un conflicto entre dos autoridades del orden distrital, a saber: la Inspección de Policía AP1 de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, y ii) no es un verdadero conflicto de competencias administrativas, porque el proceso policivo que lleva la inspección de policía “comporta, en verdad, el ejercicio de una función jurisdiccional y las providencias que se dictan son actos jurisdiccionales.”Adicionalmente, y por la misma razón indicada en el numeral i) anterior, considera que la autoridad competente para resolver dicho conflicto es el alcalde mayor de Bogotá, a quien solicita que la Sala “conmine” para que solucione esta disputa a la mayor brevedad posible, conforme a lo dispuesto en los artículos 10, numeral 10º, y 30 del Acuerdo Distrital 735 de 2019 (folios 40 y 41).2. Policía Nacional, Policía Metropolitana de BogotáLuego de hacer un recuento de la situación presentada con la aprehensión de la perra Sara, y de citar lo dispuesto en el artículo 218 de la Constitución Política, sobre la naturaleza jurídica y la finalidad primordial de la Policía Nacional, explica las diferencias que existen entre el poder de policía, la función de policía y la actividad de policía, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional.Desde este punto de vista, señala que la Policía Nacional efectuó la aprehensión material preventiva del canino, como manifestación de la actividad de policía y en cumplimiento de la ley, pero que no ha iniciado ni adelanta proceso judicial o administrativo alguno.Por esta razón, manifiesta que la Policía no ha vulnerado ni podría vulnerar el derecho al debido proceso del propietario de la mascota, y que tampoco puede resolver sobre la solicitud de devolución del canino, para lo cual serían competentes la inspección de policía, que lleva el proceso contravencional respectivo, o el IDPYBA, que tiene el canino bajo su custodia.3. Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de BogotáEl IDPYBA explica que dicha entidad fue creada por el Decreto Distrital 546 de 2016, como un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y presupuestal, adscrito al sector ambiente, cuyo objeto, de conformidad con el artículo 4 ibidem, es la elaboración, ejecución implementación, coordinación, vigilancia, evaluación y seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protección y el bienestar de la fauna silvestre y doméstica en el Distrito.Señala que, conforme a las funciones otorgadas a esta entidad por el Decreto 546 de 2016, el IDPYBA realiza, en conjunto con las demás autoridades competentes, los operativos que se requieran para la captura, el decomiso o el rescate de animales en el territorio del Distrito Capital, en los casos previstos por la ley.Con fundamento en lo anterior, y luego de haber realizado la verificación de las condiciones del canino Sara, se llevó a cabo su aprehensión material preventiva, por parte de la Policía Nacional.En este sentido, el IDPYBA solo se ha encargado de la custodia de dicho animal, así como de garantizar su manutención y alimentación; pero a esta entidad no le corresponden las funciones y obligaciones legales que le han sido asignadas a los alcaldes e inspectores de policía, por el artículo 8 de la Ley 1774 de 2016.Por último, esta entidad consideró que los inspectores de policía tienen la competencia para resolver y decidir, mediante orden policiva, la solitud de devolución del animal doméstico incautado, de acuerdo con las pruebas que obren en el expediente, con el fin de garantizar su bienestar.CONSIDERACIONESCompetencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil, y términos legalesCompetencia de la SalaEl artículo 112 del CPACA asigna, entre las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la siguiente:“… 10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.”Asimismo, dentro del procedimiento general administrativo, el inciso primero del artículo 39 del código en cita estatuye:“Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional… En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales… conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.(…)”.Como se evidencia de los antecedentes, el conflicto de competencias se plantea entre tres autoridades: una del orden nacional: la Policía Nacional, y dos de orden distrital: el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, IDBYPA, y la Inspección Distrital de Policía de Atención Prioritaria N°1, adscrita a la Secretaría de Gobierno de Bogotá.Adicionalmente, dicha controversia se refiere a un asunto de carácter administrativo particular y concreto, como es el de resolver de fondo la solicitud presentada por el señor Andrés Mauricio Ariza Durán para obtener la solicitud de la perra Sara.Por estas razones, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver de fondo el conflicto planteado.No obstante, dado que quien funge como apoderado del interesado solicita a la Sala declararse inhibida, por considerar que el conflicto de competencias se ha trabado entre autoridades del orden distrital, y que tampoco se trata, realmente, de un conflicto de competencias administrativas, pues la inspección de policía tramita un proceso de naturaleza judicial, la Sala considera necesario referirse a dichos argumentos, para desvirtuarlos, antes de entrar a resolver de fondo el conflicto:Con respecto al primer planteamiento, basta señalar que, conforme a los antecedentes reseñados previamente, el conflicto negativo de competencias no se presenta entre dos (2) autoridades, sino entre tres (3), una de las cuales es la Policía Nacional que, al igual que las otras dos (IDPYBA e Inspección de Policía AP1), ha negado ser la competente para pronunciarse sobre la solicitud de devolución del canino. De hecho, es la Policía la que solicita a la Sala resolver el presente conflicto.Está por demás aclarar que la Policía Nacional no es una autoridad del nivel distrital, sino del orden nacional, como lo indica su propio nombre y lo establece la Constitución Política y la ley, aunque se encuentre desconcentrada territorialmente.En relación con el segundo argumento, es necesario hacer las siguientes precisiones:La primera, consiste en que no todos los procesos policivos implican el ejercicio de la función jurisdiccional, ni dan lugar a expedir decisiones de esta índole; sino solamente aquellos en los que se resuelven conflictos de carácter particular entre personas naturales o jurídicas, como los referidos a las discrepancias sobre la posesión o a la tenencia de bienes, tal como lo ha señalado la jurisprudencia y la doctrina de esta Sala.Así, en reciente decisión del 20 de marzo de 2018, la Sala concluyó lo siguiente:“Como se evidencia de lo anterior, las autoridades de policía ejercen una función administrativa cuando actúan con el propósito de preservar el orden, la tranquilidad, la seguridad, la salubridad y las condiciones económicas de convivencia social.Por su parte, desarrollan una función jurisdiccional cuando la actuación está dirigida a resolver conflictos... 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