Sentencia nº 47001-23-31-000-2011-00040-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Octubre de 2019 (caso SENTENCIA nº 47001-23-31-000-2011-00040-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 25-10-2019)
Sentido del fallo | ACCEDE |
Emisor | SECCIÓN TERCERA |
Fecha | 25 Octubre 2019 |
Número de expediente | 47001-23-31-000-2011-00040-01 |
Normativa aplicada | LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136, NUMERAL 8 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44 / LEY 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 414 / LEY 600 DE 2000 – ARTÍCULO 356 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA |
ACCIÃN DE REPARACIÃN DIRECTA / DAÃO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÃN DE JUSTICIA / PRIVACIÃN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ERROR JURISDICCIONAL / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÃN DE JUSTICIA / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón a que los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la FiscalÃa General de la Nación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo (â¦), de conformidad con el artÃculo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, en la que se indicó que la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda, sin consideración a la cuantÃa del proceso.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÃCULO 73
NOTA DE RELATORÃA: Sobre el tema ver auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.M.F.G.³mez.
PRIVACIÃN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CADUCIDAD DE LA ACCIÃN DE REPARACIÃN DIRECTA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÃDICA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÃN DE LA DEMANDA / TÃRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÃN DE REPARACIÃN DIRECTA / CONTEO DEL TÃRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÃN DE REPARACIÃN DIRECTA / CÃMPUTO DEL TÃRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÃN DE REPARACIÃN DIRECTA / REITERACIÃN JURISPRUDENCIAL / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / PRECLUSIÃN DE INVESTIGACIÃN PENAL / EFECTOS DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA / SENTENCIA ABSOLUTORIA
Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del dÃa siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo Ã. que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. El numeral 8º del artÃculo 136 del CCA, modificado por el artÃculo 44 de la Ley 446 de 1998, reguló lo concerniente a la caducidad de las acciones.
FUENTE FORMAL: CÃDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÃCULO 136, NUMERAL 8 / LEY 446 DE 1998 - ARTÃCULO 44
NOTA DE RELATORÃA: En relación con el conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa, en eventos de privación injusta de la libertad, ver sentencia del 14 de febrero de 2002, Exp. 13622, M.P. MarÃa Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011, Exp. 21801, M.H.¡n A.R.³n.
ACCIÃN DE REPARACIÃN DIRECTA POR PRIVACIÃN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÃN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÃN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÃGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / RÃGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA / DOLO / CULPA GRAVE / RÃGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÃN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÃGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÃN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CRITERIOS DEL RÃGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÃN INJUSTA DE LA LIBERTAD / SUPUESTOS FÃCTICOS DEL RÃGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÃN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPUTACIÃN POR PRIVACIÃN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÃTULO DE IMPUTACIÃN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
La Sección Tercera venÃa sosteniendo que en los casos en que una persona era detenida preventivamente, por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba su libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo, inmediatamente surgÃa un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el tÃtulo de daño especial. Esto, sin importar si el agente judicial actuó o no conforme a la ley. (â¦) Debe aclararse, en todo caso, que la Sección Tercera del Consejo de Estado no descartaba la aplicación de la falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. (â¦) Dicho criterio jurisprudencial, sin embargo, fue modificado recientemente en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de esta Sección, en la cual se concluyó que no basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurÃdico, a la luz del artÃculo 90 de la Constitución PolÃtica, lo que implica tres pasos: i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia encausar el asunto bajo el tÃtulo de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la decisión. (â¦) [E]l juez puede escoger entre un tÃtulo de imputación subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y agrega que la nominación de las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que prescribÃa el derogado artÃculo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991. (â¦) En conclusión, las sentencias de unificación del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, establecen que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada. En la misma vÃa, en todos los eventos posibles, será necesario descartar si el imputado o sindicado con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a la medida de privación de la libertad.
FUENTE FORMAL: LEY 2700 DE 1991 - ARTÃCULO 414
NOTA DE RELATORÃA: En relación con el régimen de responsabilidad aplicable en casos de privación injusta de la libertad, ver sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018, Exp. 46947, M.C.A.Z.B..
PRIVACIÃN DE LA LIBERTAD / DERECHO A LA LIBERTAD / LÃMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LOS LÃMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD / ADMISIBILIDAD DE LÃMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÃN DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CONTROL DE LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROCEDENCIA DE LA DETENCIÃN PREVENTIVA / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PRIVACIÃN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PENA / DETENCIÃN PREVENTIVA / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LA SANCIÃN PENAL
[L]a libertad, como, otros derechos, no tiene carácter ilimitado y puede ceder en casos excepcionalÃsimos al disfrute de los derechos por parte de otros individuos o a la búsqueda del bienestar general. La fuente principal de esas restricciones es el derecho punitivo, que al mismo tiempo la reconoce de manera principalÃsima como un principio. Esas restricciones excepcionales a la libertad, además de los lÃmites constitucionales, están sometidas de manera superlativa a estrictas reglas de competencia, de tiempo para verificar su legalidad, asà como a la posibilidad de revisar la pertinencia de la restricción. En el mismo sentido debe hacerse una diferenciación tajante entre dos figuras, pena y detención preventiva, y que esta no puede implicar, de ninguna manera, una vulneración al principio de presunción de inocencia y que, conforme al bloque de constitucionalidad, se encuentran sometidas al criterio irreductible de que sean absolutamente necesarias. Pero además de la necesidad, ese ejercicio punitivo preventivo del Estado encuentra otro lÃmite, como es el principio de proporcionalidad, que permite desde el ámbito constitucional examinar y neutralizar los excesos de la potestad de configuración del legislador penal, en particular las medidas cautelares dirigidas a afectar la libertad personal de una persona imputada por un hecho punible. La regla de proporcionalidad impone que los beneficios de las medidas preventivas deben ser superiores o razonablemente equivalentes a las restricciones que imponen a los afectados por ellas.
FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÃN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPUTACIÃN DEL DAÃO / IMPUTACIÃN DEL DAÃO ANTIJURÃDICO / FISCALÃA GENERAL DE LA NACIÃN / IMPUTABILIDAD A LA FISCALÃA GENERAL DE LA NACIÃN / RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÃA GENERAL DE LA NACIÃN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÃA GENERAL DE LA NACIÃN POR PRIVACIÃN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INDICIO / VALOR PROBATORIO DEL INDICIO / EXISTENCIA DEL INDICIO / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO A LA DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCION
Establecida la existencia del daño, (â¦) concluye que en el presente caso existió una falla en el servicio, imputable al ente investigador, pues ni siquiera se contaba con los indicios necesarios, para imponerle la medida de aseguramiento, de conformidad con lo establecido por el artÃculo 356 de la Ley 600 de 2000, como pasa a...
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