Auto nº 81001-23-39-000-2017-00116-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Noviembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 828855521

Auto nº 81001-23-39-000-2017-00116-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Noviembre de 2019

Ponente:RAMIRO PAZOS GUERRERO
Fecha de Resolución:14 de Noviembre de 2019
Emisor:SECCIÓN TERCERA
RESUMEN

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / HECHO DAÑOSO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / DAÑO INSTANTÁNEO / CAUSACIÓN DEL DAÑO / DAÑO CONTINUADO / INEXISTENCIA DE DELITO DE LESA HUMANIDAD / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓNEl fenómeno de la caducidad es un presupuesto procesal de carácter negativo que opera en algunas acciones contenciosas por el transcurso de un término establecido expresamente en la ley, término que una vez cumplido restringe la posibilidad de acceder a la administración de justicia a través del ejercicio de la acción sobre la cual operó el fenómeno de caducidad. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el propósito esencial de la caducidad es evitar que las diversas situaciones generadoras de responsabilidad se extiendan de manera indefinida en el tiempo, brindando así seguridad jurídica al transformarlas en situaciones jurídicas consolidadas. (…) En relación a la caducidad de las demandas de reparación directa el artículo 164 numeral 2 literal i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -C.P.A.C.A.- dispone dos formas para contabilizar dicho término: i) dos años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o ii) de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. (…) Al respecto, debe mencionarse que el daño puede ser instantáneo o de tracto sucesivo, en el primer evento “el término para presentar la demanda empieza a correr desde la causación del daño”; mientras que en el segundo “el término para presentar la demanda empieza a correr desde la cesación de los efectos vulnerantes”. (…) [R]especto a la muerte del señor (…) producto de un infarto (…) encuentra el despacho que este suceso no se produjo durante un atentado o situación que pueda ser calificada como delito de lesa humanidad y/o crimen de guerra (…), no encuentra el despacho motivos para aplicar en este hecho un término flexible o diferencial de caducidad del medio de control de reparación directa. (…) [D]ebe calcularse el término de caducidad con base en el numeral 8 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, según el cual, la demanda en la que se pretenda la reparación directa debe presentarse dentro de los dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.NOTA DE RELATORÍA: En relación con el conteo del término de caducidad de la acción de reparación... (ver resumen completo)

 
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CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN /

CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN /

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN

DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO

DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / HECHO DAÑOSO /

CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / DAÑO INSTANTÁNEO / CAUSACIÓN DEL DAÑO /

DAÑO CONTINUADO / INEXISTENCIA DE DELITO DE LESA HUMANIDAD / CONFIGURACIÓN

DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

El fenómeno de la caducidad es un presupuesto procesal de carácter negativo

que opera en algunas acciones contenciosas por el transcurso de un término

establecido expresamente en la ley, término que una vez cumplido restringe

la posibilidad de acceder a la administración de justicia a través del

ejercicio de la acción sobre la cual operó el fenómeno de caducidad. De

acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el propósito esencial de la

caducidad es evitar que las diversas situaciones generadoras de

responsabilidad se extiendan de manera indefinida en el tiempo, brindando

así seguridad jurídica al transformarlas en situaciones jurídicas

consolidadas. (…) En relación a la caducidad de las demandas de reparación

directa el artículo 164 numeral 2 literal i del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -C.P.A.C.A.- dispone dos

formas para contabilizar dicho término: i) dos años, contados a partir del

día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño

o ii) de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño

siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su

ocurrencia. (…) Al respecto, debe mencionarse que el daño puede ser

instantáneo o de tracto sucesivo, en el primer evento "el término para

presentar la demanda empieza a correr desde la causación del daño";

mientras que en el segundo "el término para presentar la demanda empieza a

correr desde la cesación de los efectos vulnerantes". (…) [R]especto a la

muerte del señor (…) producto de un infarto (…) encuentra el despacho que

este suceso no se produjo durante un atentado o situación que pueda ser

calificada como delito de lesa humanidad y/o crimen de guerra (…), no

encuentra el despacho motivos para aplicar en este hecho un término

flexible o diferencial de caducidad del medio de control de reparación

directa. (…) [D]ebe calcularse el término de caducidad con base en el

numeral 8 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, según el cual, la

demanda en la que se pretenda la reparación directa debe presentarse dentro

de los dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del

hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación

temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo

público o por cualquier otra causa.

FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 164

NOTA DE RELATORÍA: En relación con el conteo del término de caducidad de la

acción de reparación directa en eventos de daños instantáneos y de tracto

sucesivo, ver sentencia de 12 de agosto de 2014, Exp. 00298-01(AG), M.P.

Enrique Gil Botero.

NORMA INTERNACIONAL / DERECHOS HUMANOS / CONTROL DE CONVENCIONALIDAD /

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS / APLICACIÓN DEL CONTROL DE

CONVENCIONALIDAD / CONCEPTO DE CONTROL DE CONVENCIONALIDAD / FUNDAMENTO DEL

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD / FINALIDAD DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD /

DERECHO INTERNO / DERECHO INTERNACIONAL / FALLOS DE LA CORTE INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DEBERES DEL JUEZ

Esta Corporación ha sostenido que las normas internacionales relativas a

los derechos humanos tienen, entre otras funciones: i) ser parámetros de

condicionamiento de la constitucionalidad de los ordenamientos internos y

ii) desde el instituto de responsabilidad por daños fundamentar, a partir

de normas de referencia supranacional, los juicios de responsabilidad

estatal en los casos de falla en el servicio. (…) De esta forma, los jueces

nacionales, en materia de daños, deben revisar el cumplimiento por parte de

los Estados de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos

humanos no solamente con fundamento en el derecho doméstico sino también

internacional, lo cual ha sido denominado como control de convencionalidad

que implica el deber de todo juez nacional de efectuar un análisis de

compatibilidad entre la normatividad interna que tiene que aplicar a un

caso concreto, con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (…) En este orden de ideas, el

control de convencionalidad es un mecanismo necesario para constatar el

cumplimiento de obligaciones internacionales y para confrontar la posible

abstención de una obligación de hacer, que tenga origen en la normatividad

internacional, de allí que, en caso de concretarse un daño antijurídico que

vaya en contravía de las disposiciones supranacionales, este pueda ser

imputable al Estado. Por lo anterior, puede concluirse que el juez se

encuentra obligado a verificar que las normas de la legislación nacional no

estén en contravía con las disposiciones internacionales, teniendo en

cuenta que dependiendo de las circunstancias particulares de un caso

determinado, el empleo de un precepto de la legislación nacional puede: i)

ajustarse a los cánones establecidos en los tratados que hacen parte del

bloque de constitucionalidad, o ii) quebrantar o desconocer dichos

mandatos.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el control de convencionalidad ver sentencia de 28

de agosto de 2014, Exp. 32988, M.R.P.G..

NORMAS IMPERATIVAS DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO / FUENTES DEL DERECHO

INTERNACIONAL PÚBLICO / COMUNIDAD INTERNACIONAL / SUJETOS DEL DERECHO

INTERNACIONAL PÚBLICO / AUTONOMÍA JURÍDICA DEL ESTADO / NORMA IMPERATIVA /

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO / IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DELITO

DE LESA HUMANIDAD

[L]as normas del ius cogens son aquellas disposiciones aceptadas y

reconocidas por la comunidad internacional sobre las cuales no se admite

acuerdo en contrario y que únicamente pueden ser modificadas por una norma

posterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. (…)

En tal sentido, el ius cogens incorpora valores fundamentales para la

comunidad internacional, que trascienden el consentimiento particular de

los Estados singularmente considerados y sirven como criterio de validez de

las normas; por lo anterior, limitan la autonomía de la voluntad e imponen

el más fuerte límite a la discrecionalidad de los Estados dentro del

escenario internacional. Esto significa que los Estados no pueden ser

omisivos al cumplimiento de estas normas, las cuales por lo general

prescriben obligaciones de carácter erga omnes. Por lo anterior, toda

violación de las normas imperativas, que hacen parte del ius cogens,

compromete la responsabilidad interna e internacional de los Estados por

acción u omisión. (…) Así las cosas, la no prescriptibilidad de la acción

judicial para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad es una norma

del ius cogens de obligatorio cumplimiento para los Estados, siendo nulo

cualquier tratado internacional encaminado a desconocerla.

IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DELITO DE LESA HUMANIDAD / ACCIÓN PENAL /

RESPONSABILIDAD PENAL / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO /

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DERECHO INTERNO / DERECHOS DE LA

VÍCTIMA / DERECHO A LA VERDAD / DERECHO A UNA PRONTA JUSTICIA / DERECHO A

LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA / GARANTÍA DE NO REPETICIÓN / ESTADO

SOCIAL DE DERECHO / INTERÉS PÚBLICO

Es oportuno precisar que la imprescriptibilidad de la acción procesal

relacionada con conductas generadoras de graves violaciones de derechos

humanos se ha aplicado principalmente en materia penal para juzgar la

responsabilidad del agente que cometió la conducta generadora del daño, la

cual es distinta al juicio de responsabilidad patrimonial del Estado por

acción u omisión. (…) En efecto, se trata de dos procesos judiciales

independientes y autónomos, cuya naturaleza, fundamentos y parámetros de

juzgamiento son distintos, de tal forma que un juicio de la responsabilidad

penal individual de quien es acusado de haber cometido un delito de lesa

humanidad no impide que pueda adelantarse una demanda en contra del Estado

con el fin de que se determine si incurrió en responsabilidad patrimonial,

a nivel del derecho interno. (…) Ahora, a pesar de la diferenciación entre

la responsabilidad penal y la responsabilidad del Estado en materia de

graves violaciones de derechos humanos, las mismas comparten un elemento en

común: la finalidad de protección de los derechos fundamentales de las

víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no

repetición, lo cual constituye una piedra angular del Estado social de

derecho, sin cuyo respeto y garantía se generarían "actos de barbarie

ultrajantes para la conciencia de la humanidad". (…) Dicha

imprescriptibilidad no persigue solamente la satisfacción de un interés

particular, sino que plantea también la protección del interés público y de

los derechos de la humanidad. (…) De otro lado, debe manifestarse que

resultaría paradójico que, por un lado, se acepte la imprescriptibilidad de

la acción judicial en materia penal y, por otro lado, se niegue la

posibilidad de acudir a la reparación directa en la jurisdicción

administrativa, dado que en el sistema jurídico deben prevalecer los

principios de coherencia, integración y plenitud normativa.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema ver sentencia de 17 de septiembre de 2013,

Exp. 45092, C.J.O.S.G..

INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE

LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DELITO DE LESA

HUMANIDAD / IMPRESCRIPTIBILIDAD...

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