Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-03684-02 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 5 de Diciembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 833034677

Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-03684-02 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 5 de Diciembre de 2019

Ponente:ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Fecha de Resolución: 5 de Diciembre de 2019
Emisor:SECCIÓN QUINTA
RESUMEN

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Ausencia de carga argumentativa / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN / FALTA DE ACREDITACIÓN DE SEMANAS DE COTIZACIÓN[S]e precisa que si bien corresponde a un argumento nuevo en tanto no fue presentado en su escrito inicial y en ese sentido, no habría lugar a efectuar un estudio frente al mismo, en aras de garantizar el derecho de defensa y... (ver resumen completo)

 
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ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL

PRECEDENTE – Ausencia de carga argumentativa / AUSENCIA DE DEFECTO

SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA / IMPROCEDENCIA DEL

RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN / FALTA DE ACREDITACIÓN DE

SEMANAS DE COTIZACIÓN

[S]e precisa que si bien corresponde a un argumento nuevo en tanto no fue

presentado en su escrito inicial y en ese sentido, no habría lugar a

efectuar un estudio frente al mismo, en aras de garantizar el derecho de

defensa y contradicción de la parte accionada, la S. flexibilizará dicho

aspecto por cuanto el escrito inicial fue presentado como incidente de

desacato y por ende, no señaló cargos específicos frente a la providencia

judicial cuestionada y el a quo realizó el estudio sobre la base de la

configuración de un defecto sustantivo únicamente. (…) [E]s evidente que el

desconocimiento del precedente propuesto no tiene vocación de prosperidad,

en tanto la accionante no cumplió con la carga argumentativa de señalar de

manera concreta la regla creada por una Alta Corte, o las sentencias de

constitucionalidad o de unificación de la Corte Constitucional o de esta

Corporación respecto al tema que es objeto de discusión en el presente

caso, esto es, si en virtud de la aplicación del Convenio de Seguridad

Social entre la República de Colombia y el Reino Unido de España aprobado a

través de la Ley 1112 de 2006, se puede tener en cuenta el régimen de

transición previsto en la Ley 100 de 1993 para que de esta manera se

realice el estudio de la pensión por aportes contenida en la Ley 71 de

1988. (…) [L]a S. destaca que no encuentra configurado el defecto

sustantivo alegado en el escrito de tutela, pues el Tribunal accionado

argumentó de manera razonada los motivos por los cuales considera, dentro

de su autonomía judicial, como principio fundamental de la administración

de justicia, que bajo la interpretación normativa realizada no era posible

aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 pues el deseo del legislador

al dictar el régimen general de seguridad social y la Ley 1112 de 2006 fue

otro al consagrar normas idénticas en relación con el ingreso base de

liquidación. Por esta razón, se evidencia que no es que se haya llevado a

cabo una interpretación inapropiada de las normas alegadas, sino que la

conclusión arribada por el juez natural resultó contraria a los intereses

de la parte actora, pues al aplicar las mismas a su caso concreto, se

estableció que la actora no reunía las 1.300 semanas requeridas para ser

acreedora de la prestación económica.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / LEY 100 DE 1993 /

DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 1069 DE 2015 / DECRETO 1983 DE 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-03684-02(AC)

Actor: A.S.E.

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Referencia: TUTELA

Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma negativa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La S. decide la impugnación interpuesta por la apoderada de la parte

actora contra el fallo del 3 de octubre de 2019, por medio de la cual el

Consejo de Estado, Sección Primera negó el amparo de los derechos

fundamentales incoados por la señora A.S.E..

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 19 de julio de 2019[1], en la Secretaría General

de la Corporación, la señora A.S.E., a través de apoderado,

presentó incidente de desacato contra el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por haber incumplido, al

dictar el fallo de reemplazo del 4 de febrero de 2019, la sentencia de

tutela del 15 de noviembre de 2018[2] proferida por la Sección Segunda,

Subsección A del Consejo de Estado en la que amparó el derecho fundamental

al debido proceso y en consecuencia, dejó sin efectos la decisión del 12 de

abril de 2018 del citado Tribunal que declaró la ineptitud de la demanda

por indebido agotamiento de la vía gubernativa, hoy vía administrativa,

para que en su lugar, se pronunciara de fondo sobre el recurso de apelación

presentado contra la sentencia de primera instancia en el marco del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 2016-

00403-00.

2. En la acción de tutela, la actora solicitó que se protegiera el derecho

fundamental al debido proceso respecto de la providencia del 12 de abril de

2018, concretamente por dos razones: (i) por cuanto se desconoció el

trámite que se debía adelantar para el reconocimiento pensional, es decir,

no era necesario el agotamiento de la vía gubernativa y en tal sentido, no

se debió declarar la ineptitud de la demanda y (ii) el a quo incurrió en un

yerro al sostener que le era aplicable el convenio celebrado entre Colombia

y el reino de España extensivo a los regímenes especiales de cada país,

para su caso concreto, la Ley 71 de 1988 porque la demandante estaba

exceptuada del régimen general de pensiones.

3. En el escrito que la actora presentó como incidente de desacato, señaló

que la sentencia de reemplazo, esto es, la del 4 de febrero de 2019 omitió

pronunciarse respecto a la pretensión relativa a la aplicación de la Ley 71

de 1988, dado a que realizó el estudio de fondo del caso y concluyó que no

le asistía derecho pensional frente al régimen ordinario de pensiones, pero

guardó silencio respecto del régimen especial y la aplicación del referido

convenio.

4. El trámite incidental fue asignado a la Sección Segunda, Subsección A

del Consejo de Estado por ser la autoridad judicial que dictó el fallo de

primera instancia dentro de la acción de tutela. Esta decisión, quedó en

firme pues ninguna de las partes la impugnó.

5. No obstante mediante auto del 1° de agosto de 2019, el despacho

sustanciador ordenó el desglose del incidente de desacato, con la finalidad

de que se sometiera a reparto como una nueva acción de tutela en razón a

que el motivo de inconformidad de la parte accionante no había sido objeto

de pronunciamiento en la acción de tutela que originó la sentencia de

reemplazo.

6. El proceso correspondió por reparto a la Sección Primera del Consejo de

Estado pero mediante auto del 14 de agosto de 2019, el Magistrado Ponente

propuso un conflicto de competencia negativo dado que a su juicio no se

surtieron las etapas previas del trámite incidental sino que se decidió de

plano que el incidente era improcedente.

7. A través de providencia del 28 de agosto de 2019 la P. de la

Corporación resolvió el referido conflicto y determinó que el caso debía

tramitarse como una nueva acción de tutela por cuanto la inicial no estudió

el derecho pensional de la accionante en tanto se dispuso "deberá ser

objeto de pronunciamiento del juez natural cuando, el cumplimiento de la

orden que aquí se impartirá, decida de fondo el recurso de apelación

interpuesto por aquella".

8. En el escrito presentado la accionante solicitó:

"(…) requerir al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA

– SUBSECCIÓN "A" con el fin de que le de cabal cumplimiento al fallo de

Tutela proferido por su Honorable despacho de fecha 15 de noviembre de 2018

y en consecuencia estudie la aplicación del convenio entre la república de

Colombia y el Reino de España a la luz del régimen de transición

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que para el caso en

concreto sería la Ley 71 de 1988 como se solicitó en el escrito de demanda

e igualmente se argumentó en el RECURSO DE APELACIÓN contra la sentencia de

primera instancia proferida por el JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DE

ORALIDAD y a su vez analizada en sentencia de segunda instancia de forma

favorable sin modificación por parte del HONORABLE CONSEJO DE

ESTADO".(N. en el escrito de tutela)

1.2. Hechos probados y/o admitidos

9. La S. encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos

relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

10. La accionante nació el 5 de septiembre de 1958 y prestó sus servicios

como docente en la Secretaría de Educación de Cundinamarca del 4 de mayo de

1983 al 28 de noviembre de 1988 y en la Secretaría de Educación Distrital

el 29 de noviembre de 1988 al 27 de mayo de 2011. En dicho período tuvo una

licencia no remunerada y comisión de estudios por 454 días, es decir, tuvo

un total de 16 años, 9 meses y 20 días laborados.

11. Así mismo, prestó sus servicios profesionales en varias entidades

privadas de España entre agosto de 2001 a octubre de 2012, y durante ese

período de tiempo acreditó un total de 3 años, 5 meses y 23 días.

12. La actora, solicitó ante la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. el

reconocimiento y pago de una pensión de jubilación en consideración a lo

establecido en el Convenio de Seguridad Social entre la República de

Colombia y el Reino de España aprobado a través de la Ley 1112 de 2006 que

permite a los trabajadores colombianos y españoles computar tiempos

cotizados en sus respectivos países. Igualmente, pidió que le fuera

aplicado el régimen contenido en la Ley 71 de 1988 para que se le tuviera

en cuenta los aportes efectuados tanto en entidades públicas como privadas.

13. La referida solicitud fue negada por el Fondo Nacional de Prestaciones

Sociales del M. – Regional Bogotá, que mediante resolución No. 5942

de 1° de septiembre de 2016 consideró que no se acreditaron los 20 de años

de servicios cotizados al Sistema de Seguridad Social, decisión que fue

confirmada a través de la resolución No. 7380 del 14 de octubre de 2016 al

resolver el recurso de reposición interpuesto.

14. La entidad refrió en sus actos administrativos, que la señora Sierra

como docente vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de

2003 le era aplicable la Ley 91 de 1989 y al no reunir los 20 años de

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