Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-04517-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 5 de Diciembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 833034681

Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-04517-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 5 de Diciembre de 2019

Ponente:LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Fecha de Resolución: 5 de Diciembre de 2019
Emisor:SECCIÓN QUINTA
RESUMEN

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Ausencia de carga argumentativa / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO - Ausencia de carga argumentativa / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL - No acreditado / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO - No acreditado / CONCESIÓN DE AGUA A COMUNIDAD INDÍGENA[L]a Sala advierte que el cargo que propuso la parte accionante (defecto fáctico) ... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO

– Ausencia de carga argumentativa / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL

ABSOLUTO - Ausencia de carga argumentativa / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

JURISPRUDENCIAL – No acreditado / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

POR DAÑO – No acreditado / CONCESIÓN DE AGUA A COMUNIDAD INDÍGENA

[L]a S. advierte que el cargo que propuso la parte accionante (defecto

fáctico) no cumple con la carga argumentativa mínima para ser analizado,

pues se limitó a señalar que omitieron el análisis de unas declaraciones,

sin identificar cuáles, o su contenido, o por qué razón estas pruebas eran

determinantes en el resultado del proceso; y cuestionaron el valor que se

dio a una grabación, sin señalar por qué ese análisis resultó irrazonable o

reprochable, de manera que este juez de tutela no cuenta con los elementos

necesarios para estudiar el cargo propuesto y por tanto, lo negará. (…)

[L]a parte que invoca el desconocimiento de un precedente jurisprudencial,

debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión que

considera desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del

nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis

anterior, y iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el

fallador de instancia. Así las cosas, al analizar el escrito de tutela,

esta S. llega a la misma conclusión del acápite anterior, toda vez que la

parte actora indicó que se desconoció el precedente relacionado con el

deber del Estado de prestar seguridad y protección a las personas, sin

embargo, pese a que transcribió apartes jurisprudenciales sobre el

particular, i) no identificó providencia alguna; y ii) en cualquier caso

tampoco señaló porqué resultarían aplicables a su caso y la incidencia que

tendría para cambiar su decisión, por ello la S. evidencia que no cumplió

con el deber de argumentar el defecto invocado y por ende, no se encuentra

acreditado. (…) Respecto de este defecto (Procedimental Absoluto), si bien

las accionantes lo señalaron en el fundamento de su acción, no lo

desarrollaron de manera alguna, por lo que esta S. no encuentra

argumentos para su estudio.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 /

DECRETO 1069 DE 2015 / DECRETO 1983 DE 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

R.icación número: 11001-03-15-000-2019-04517-00(AC)

Actor: M.T.L.S. Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO

Referencia: TUTELA

TEMA: Tutela contra providencia judicial- Niega el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Se pronuncia la S. sobre la acción de tutela interpuesta por las señoras

M.T.L.S., M.I.L.S. y Patricia León

Santacruz, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de N. y

el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto.

1. ANTECEDENTES
  1. Solicitud

Las señoras M.T.L.S., M.I.L.S. y

P.L.S., en nombre propio, mediante escrito radicado el 15

de octubre de 2019 ante la Secretaría General del Consejo de Estado,

interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de N.

y el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto, con el objeto de que se

amparara su derecho fundamental al debido proceso.

Tal garantía la consideraron vulnerada por el Tribunal Administrativo de

N. con ocasión de la sentencia de 26 de junio de 2019, que confirmó la

decisión de 5 de abril de 2016 proferida por el Juzgado 5º Administrativo

del Circuito Judicial de Pasto, que negó las pretensiones del medio de

control de reparación directa identificado con el radicado Nº. 52-001-33-33-

005-2013-00399-01, adelantado por las accionantes contra la Nación –

Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Municipio de Guachucal, N.,

Corporación Autónoma Regional de N. (CORPONARIÑO).

2. Hechos

La parte actora sustentó la solicitud de amparo en los siguientes hechos

que, a juicio de la S., son relevantes para la decisión que se adoptará

en esta sentencia:

Las señoras M.T.L.S., M.I.L.S. y

P.L.S. eran propietarias de los predios rurales

denominados Hacienda los Ángeles y Cascajal, ubicados en el municipio

de Guachucal, que adquirieron por donación que les hiciere su padre el

5 de diciembre de 1989, y destinados a la explotación de ganado de

leche.

En los predios existe un florecimiento natural de agua denominado

C. por lo cual las propietarias tenían una concesión de aguas

para su uso con fines agropecuarios.

Por su parte, al Cabildo M., colindante con los predios de las

demandantes, C. le autorizó una concesión de aguas del

nacimiento denominado Quebrada Cascajal, la cual se forma por dos

pequeños arroyos de la vereda S. del mismo municipio, y recae

sobre un caudal de aguas de la fuente C. de concesión de las

accionantes, quienes afirman que no fueron notificadas de la referida

concesión.

El Gobernador del Cabildo M. contrató un ingeniero que visitó

el predio de las accionantes con el objeto de realizar obras en él,

por lo cual ellas interpusieron una queja que culminó con un oficio de

C. informando que se incurrió en un error al confundir la

fuente C. de las fincas los Ángeles y Cascajal, con la quebrada

Cascajal, y se dejó constancia de la inexistencia de un acuerdo con

las accionantes para realizar obras en su predio y se ordenó al

Cabildo suspender los trabajos allí.

No obstante, el 18 de febrero de 2012, en todo caso se realizaron las

obras, dando apertura a 4 kilómetros de acequia de metro y medio de

ancho y la instalación de tuberías.

Las accionantes promovieron demanda de reparación directa el 12 de

agosto de 2013, contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía

Nacional, la Corporación Autónoma Regional de N. - C., y

el Municipio de Guachucal, por los daños causados, toda vez que el

desbordamiento del agua hizo que los potreros se inundaran, que no

pudieran continuar con el ganado, y que finalmente tuvieran que vender

sus predios al Cabildo indígena a precios irrisorios, debido a sus

constantes intimidaciones por parte de esa comunidad.

De la demanda conoció el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto, el

cual mediante fallo de 5 de abril de 2016 negó las pretensiones en

consideración a que "los hechos de los cuales derivaron los perjuicios

irrogados a los demandantes, provinieron de personas ajenas a las

entidades demandadas, quienes actuaron de manera arbitraria,

tumultuaria, por vías de hecho e incitados por personas de su misma

comunidad, desconociéndose a ciencia cierta el sustento bajo el cual

iniciaron y adoptaron la decisión de materializar una conducta de

connotación incluso penal, en contra de los derechos de las

accionantes, bajo la autodeterminación propia de personas libres con

las particularidades que ostentan por su condición de indígenas".

Esta decisión fue apelada y el Tribunal Administrativo de N. la

confirmó, en el entendido de que no advirtió la responsabilidad de las

entidades demandas por la invasión que realizó el cabildo indígena a

su predio y los posteriores daños derivados de las obras realizadas

por éstos; ahora bien, agregó que si lo que las actoras pretendían era

la declaratoria de responsabilidad derivada de las concesiones, lo

cierto es que ellas se adoptaron mediante actos administrativos

susceptibles de ser demandados en nulidad y restablecimiento del

derecho, por lo que por vía de reparación directa, no era procedente

su estudio.

  1. Pretensiones

    A título de amparo solicitaron que: i) se ampararan su derecho fundamental

    al debido proceso; y, ii) se dejaran sin efectos las sentencias dictadas en

    el proceso de reparación directa de la referencia, y en su lugar se ordene

    acceder a sus pretensiones.

  2. Fundamentos de la acción

    La parte actora señaló in extenso las razones por las cuales considera que

    existe responsabilidad del Estado respecto de los daños a ellas causados.

    Para lo anterior, hicieron el recuento de los hechos y reiteraron cómo la

    concesión y las obras de acueducto sí las afectaron en sus derechos y

    bienes.

    Señalaron que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico,

    procedimental absoluto y desconocimiento del precedente.

    Respecto del fáctico indicaron que se concluyó que el predio fue ocupado de

    manera transitoria y devastado por la comunidad indígena, sin autorización

    de las titulares del derecho de dominio, ni de las autoridades competentes,

    sin valorar que por ello la demanda se dirigió contra las irregularidades u

    omisiones de las entidades demandadas.

    ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA