Sentencia nº 50001-23-33-000-2019-00204-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 5 de Diciembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 833034693

Sentencia nº 50001-23-33-000-2019-00204-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 5 de Diciembre de 2019

Ponente:ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Fecha de Resolución: 5 de Diciembre de 2019
Emisor:SECCIÓN QUINTA
RESUMEN

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - Niega / NORMA SOBRE LA CUAL SE EXIGE CUMPLIMIENTO NO CONTIENE LA OBLIGACIÓN PRETENDIDA / INCLUSIÓN DE MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LAS DISPOSICIONES QUE SE EXPIDAN PARA ACCEDER A LOS ALIVIOS FINANCIEROS / SUSPENSIÓN DE PROCESOS EJECUTIVOSEn el presente caso, la parte actora pretende que las autoridades accionadas den cumplimiento a los artículos los artículos 1º y 3º de la Ley 1694 de 2013;1º, 2º, 4º, 11, 12 y 13 de la Ley 1731 de 2014; 2.1.1.3.1, 2.1.1.3.2, 2.1.1.3.3; 2.1.2.4.2 y 2.9.1.1; del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015; 3º, 2.17.1 y 2.17.2.2 parágrafo 4º del Decreto 1449 de 2015; 1º, 2º literal p y 3º del Decreto Ley 2371 de 2015; y, 1º y 2º de la Resolución 311 del 22 de septiembre de 2017 del Ministerio de Agricultura, con el fin de que se les incluya como medianos productores en la normativa que deba expedirse para acceder a los alivios... (ver resumen completo)

 
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ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO – Niega / NORMA SOBRE LA CUAL SE EXIGE CUMPLIMIENTO

NO CONTIENE LA OBLIGACIÓN PRETENDIDA / INCLUSIÓN DE MEDIANOS PRODUCTORES

AGROPECUARIOS EN LAS DISPOSICIONES QUE SE EXPIDAN PARA ACCEDER A LOS

ALIVIOS FINANCIEROS / SUSPENSIÓN DE PROCESOS EJECUTIVOS

En el presente caso, la parte actora pretende que las autoridades

accionadas den cumplimiento a los artículos los artículos 1º y 3º de la Ley

1694 de 2013;1º, 2º, 4º, 11, 12 y 13 de la Ley 1731 de 2014; 2.1.1.3.1,

2.1.1.3.2, 2.1.1.3.3; 2.1.2.4.2 y 2.9.1.1; del Decreto Único Reglamentario

1071 de 2015; 3º, 2.17.1 y 2.17.2.2 parágrafo 4º del Decreto 1449 de 2015;

1º, 2º literal p y 3º del Decreto Ley 2371 de 2015; y, 1º y 2º de la

Resolución 311 del 22 de septiembre de 2017 del Ministerio de Agricultura,

con el fin de que se les incluya como medianos productores en la normativa

que deba expedirse para acceder a los alivios financieros del PRAN o FONSA

y/o la Línea Especial de Crédito que se establezca para el efecto; así como

los estudios de factibilidad y protección financiera para aliviar y

facilitar su recuperación económica y solicitar la prórroga de la

suspensión de los procesos ejecutivos en contra de los accionantes.

Analizada la norma invocada se advierte que (…)no es válida la

argumentación de los accionantes de que la parte accionada debe incluirlos

como medianos productores en la normativa que deba expedirse para acceder a

los alivios financieros del PRAN o FONSA y/o la Línea Especial de Crédito

que se establezca para el efecto; deba comprarles la cartera; ordenar los

estudios pertinentes de factibilidad y protección financiera para aliviar y

facilitar su recuperación económica y solicitar la prórroga de la

suspensión de los procesos ejecutivos en su contra, toda vez que la

normativa invocada, en efecto tiene que ver con el sector administrativo

agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, en el que se precisan el

funcionamiento de los fondos FONSA, FINAGRO, y el objeto de estas que

propenden por ayudar a los productores agropecuarios, a quienes aplica,

pero no prevén concretamente lo pretendido por los accionantes. Por tanto,

no se advierte una obligación a cargo de la parte accionada de incluir a

los accionantes como medianos productores en la normativa que deba

expedirse para acceder a los alivios financieros del PRAN o FONSA y/o la

Línea Especial de Crédito que se establezca para el efecto; elaborar

estudios de factibilidad y protección financiera; ni se establece el deber

de solicitar la prórroga de la suspensión de los procesos ejecutivos en

contra de los accionantes. Ahora, respecto a los Acuerdos 01 y 02 de la

Junta Directiva del FONSA de 2016; y el acta de compromiso entre el

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, FINAGRO, AGROCOMERCIOS Y

PRODUCTORES, se precisa que no son actos administrativos, en cuanto no

contienen una declaración unilateral de la voluntad de la administración

que produzca de manera directa efectos jurídicos, por tanto, no encuadran

en la finalidad del mecanismo constitucional que busca la efectividad de

normas con fuerza de ley y actos administrativos, razón por la que no se

hará pronunciamiento al respecto.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1071 DE 2015 - ARTÍCULO 2.1.1.3.1 / DECRETO 1071 DE

2015 - ARTÍCULO 2.1.1.3.2 / DECRETO 1071 DE 2015 - ARTÍCULO 2.1.1.3.3 /

DECRETO 1071 DE 2015 - ARTÍCULO 2.1.2.4.2 / DECRETO 1071 DE 2015 - ARTÍCULO

2.9.1.1 / DECRETO 1071 DE 2015 - ARTÍCULO 3.1.1 / LEY 1694 DE 2013 -

ARTÍCULO 1 / LEY 1694 DE 2013 - ARTÍCULO 3 / LEY 1731 DE 2014 – ARTÍCULO 1

/ LEY 1731 DE 2014 – ARTÍCULO 2 / LEY 1731 DE 2014 – ARTÍCULO 4 / LEY 1731

DE 2014 – ARTÍCULO 11 / LEY 1731 DE 2014 – ARTÍCULO 12 / LEY 1731 DE 2014

ARTÍCULO 13 / DECRETO 1449 DE 2015 – ARTÍCULO 2.17.1 / DECRETO 1449 DE 2015

– ARTÍCULO 2.17.2.2 - PARÁGRAFO 4 / DECRETO 2371 DE 2015 – ARTÍCULO 1 /

DECRETO 2371 DE 2015 – ARTÍCULO 2 – LITERAL P / DECRETO 2371 DE 2015

ARTÍCULO 3 / RESOLUCIÓN 311 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA – ARTÍCULO 1 / RESOLUCIÓN 311 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA – ARTÍCULO 2

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EXIGIR LA EJECUCIÓN DE UN

GASTO NO PRESUPUESTADO / COMPRA DE CARTERA – De medianos productores

agropecuarios

La Sala considera que el cumplimiento pretendido no implica un gasto, en la

medida en que lo perseguido es que se les incluya a los accionantes como

medianos productores en la normativa que deba expedirse para acceder a los

alivios financieros del PRAN o FONSA y/o la Línea Especial de Crédito que

se establezca para el efecto; elaborar estudios de factibilidad y

protección financiera y solicitar la prórroga de la suspensión de los

procesos ejecutivos en contra de los accionantes. No obstante, respecto a

la pretensión de que se ordene la compra de cartera, se evidencia que

genera gasto que no está presupuestado, toda vez que como lo prevé la

norma, esto es el artículo 2.1.3.7 del Decreto Único Reglamentario 1071 de

2015, se requiere un valoración previa por un experto contratado para el

efecto; adicionalmente en el artículo 2.1.3.9. ejusdem, se señala que

deberán implementarse de forma consistente con el marco fiscal de mediano

plazo y el marco de gasto de mediano plazo y las disponibilidades

presupuestales hasta la ocurrencia de las respectivas apropiaciones

autorizadas en cada sector; por tanto, frente a esta pretensión, se

confirma la decisión de primera instancia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 50001-23-33-000-2019-00204-01(ACU)

Actor: E.Á.C. Y OTRO

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y OTROS

Temas: R. decisión que declaró improcedente la acción, para en su

lugar, negar las pretensiones de la demanda por

inexistencia de mandato

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora, contra la

sentencia del 3 de octubre de 2019 del Tribunal Administrativo del M. que

declaró improcedente la acción de cumplimiento.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

1. Mediante escrito presentado el 10 de junio de 2019[1], en la Secretaría

de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los

señores E.Á.C. y J.E.N.C.,

ejercieron acción de cumplimiento contra el Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural, con el fin de obtener el acatamiento de los artículos

1º, 2º, 4º, 11, 12 y 13 de la Ley 1731 de 2014[2]; 1º y 3º de la Ley

1694 de 2013[3]; 1º, 2º y 3º del Decreto 355 de 2014[4]; 1º del Decreto

1036 de 2014[5]; 2.1.1.3.1, 2.1.1.3.2, 2.1.1.3.3; 2.1.2.4.2 y 2.9.1.1;

del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015[6]; 3º, 2.17.1 y 2.17.2.2

parágrafo 4º del Decreto 1449 de 2015[7]; 1º, 2º literal p y 3º del

Decreto Ley 2371 de 2015[8]; artículos 1º y 2º de la Resolución 311 del

22 de septiembre de 2017[9] del Ministerio de Agricultura y Acuerdos 01

y 02 de la Junta Directiva del FONSA de 2016; acta de compromiso entre

el MADR, FINAGRO, AGROCOMERCIOS Y PRODUCTORES en cumplimiento de los

compromisos con el sector arrocero, celebrada el 1º de marzo de 2018.

2. Como pretensiones la parte actora pidió:

"…En su condición de Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, le

solicitamos a través del presente requerimiento:

1. ORDENAR el estricto cumplimiento de las disposiciones transcritas en el

Capítulo II.

2. ORDENAR nuestra inclusión como MEDIANOS PRODUCTORES en la normatividad

que deba expedirse para acceder a los alivios financieros del PRAN o

FONSA y/o LA LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO que se establezca para el efecto.

3. ORDENAR la materialización de los alivios financieros consagrados en la

ley a nuestro favor como víctimas y legítimos beneficiarios mediante la

COMPRA DE CARTERA o PASIVOS FINANCIEROS y NO FINANCIEROS

(AGROCOMERCIOS).

4. ORDENAR los estudios pertinentes de factibilidad y protección financiera

para aliviar y/o facilitar la recuperación económica de quienes ya han

sido castigados con la PÉRDIDA DE SUS VIVIENDAS y PROPIEDADES, por causa

y con ocasión de los REMATES JUDICIALES.

5. Reiterar CON CARÁCTER urgente, para evitar un mal mayor y como medida

preventiva inmediata, a la Rama Judicial, el oficio del Radicado No.

20175200239601 de fecha 26 de septiembre de 2017, con exposición de las

razones por las cuales el MADR no cumplió con la aplicación de las leyes

de alivio financiero, a fin de que SE PRORROGUE LA SUSPENSIÓN DE

PROCESOS EJECUTIVOS, que la rama concedió por 180 días, los cuales

terminaron el 18 de febrero del presente año"[10].

3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes hechos:

2. La parte actora precisa que como agricultores afrontan una gravísima

crisis económica originada en el programa "Colombia Siembra", del

Ministerio de Agricultura, en razón a que "…aumentamos las áreas de

cultivo, a espaldas de las eventualidades y riesgos de comercialización; es

decir, el programa se puso en marcha con total improvisación, sin estudio

de riesgos, sin planes de contingencia, sin estudios de mercado, sin

cadenas de comercialización; en síntesis, sin ninguna planeación. Fue así

como llegamos a la superproducción de alimentos y con ella, la incontenible

y desastrosa caída de los precios, ante la ausencia de compradores. Tal

situación nos obligó a tractorar, destruir y botar las cosechas, para

evitar mayores riesgos fitosanitartios. Desastre (sic) nos llevó a cambiar

el título del programa por el de 'Colombia Quiebra', dada su analogía con

la realidad".

3. Han transcurrido 8 años a la espera de que se les tenga en cuenta como

beneficiarios legítimos de los alivios económicos del programa FONSA, como

se hizo con algunos pequeños agricultores.

4. De conformidad con el artículo 16 de la Ley 1731 de 2014[11], se

autorizó a la Comisión Nacional de Crédito...

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