Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-02441-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 5 de Diciembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 833034705

Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-02441-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 5 de Diciembre de 2019

Ponente:CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Fecha de Resolución: 5 de Diciembre de 2019
Emisor:SECCIÓN QUINTA
RESUMEN

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ - No se interpuso en un término razonable / PENSIÓN DE SOBREVIVIENTELa actora busca controvertir la sentencia de segunda instancia que revocó la decisión que accedió las pretensiones de la demanda dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la parte actora contra la UGPP, al considerar que no existía certeza de la convivencia mínima de 5 años entre la demandante y el causante, anteriores a la muerte de este como para acceder al reconocimiento de la pensión de... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ - No se interpuso en un término

razonable / PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE

La actora busca controvertir la sentencia de segunda instancia que revocó

la decisión que accedió las pretensiones de la demanda dentro del proceso

ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la parte

actora contra la UGPP, al considerar que no existía certeza de la

convivencia mínima de 5 años entre la demandante y el causante, anteriores

a la muerte de este como para acceder al reconocimiento de la pensión de

sobreviviente. La Sala observa que, como lo concluyó el a quo, la tutela no

supera el estudio adjetivo de procedibilidad cuando se dirige contra

providencia judicial al no cumplir el requisito de inmediatez, pues la

última providencia que la accionante pretende atacar fue emitida el 4 de

octubre de 2018, notificada mediante correo electrónico el 14 de noviembre

de 2018, quedando ejecutoriada el 19 de noviembre de 2018, mientras que la

solicitud de amparo fue radicada el 31 de mayo de 2019. Por lo anterior,

resulta evidente que a la fecha de presentación de la solicitud de amparo

transcurrió un término de 6 meses y 12 días, el cual resulta irrazonable en

este caso para acudir al juez constitucional. […]. Así mismo, la Sala

observa que la accionante no se encuentra en alguna de las situaciones que

la Corte Constitucional y esta Corporación han acogido y según las cuales

la tutela será procedente «cuando fuere promovida en un extenso espacio

entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo

válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de

indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,

entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de

los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo

causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los

derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración

es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy

antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable

del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual».

[…]. Por lo anterior, esta Sala de Decisión concluye que no le asiste razón

a la impugnante, pues por un lado, el lapso de más de 6 meses no es un

término que la Sala considere razonable y, por otro lado, las razones

expuestas como justificantes de la tardanza en la presentación de la acción

constitucional no constituyen un motivo válido para aceptar el tiempo

transcurrido entre la ejecutoria de la decisión acusada y la presentación

de la petición de amparo. En atención a lo anterior, acoge la Sala la

posición asumida por la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación

en virtud de la cual el tiempo que dejó pasar la parte actora para alegar

la presunta vulneración de sus derechos, no acredita el requisito de

inmediatez y, por tanto, hace improcedente la solicitud de amparo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

R.icación número: 11001-03-15-000-2019-02441-01(AC)

Actor: D.B.M.

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial - Inmediatez

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada el 30 de septiembre de 2019 por la

señora D.B.M., mediante apoderado judicial, contra la

providencia del 19 de septiembre de 2019[1], proferida por la Sección

Tercera, Subsección A del Consejo de Estado que declaró improcedente la

presente solicitud de tutela.

ANTECEDENTES
  1. La petición de amparo

La señora D.B.M., por intermedio de apoderado judicial,

promovió acción de tutela radicada el 31 de mayo de 2019 ante la Secretaría

General de esta Corporación, contra la Sección Segunda, Subsección B del

Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al

mínimo vital, a la vida digna, al debido proceso y de acceso a la

administración de justicia con ocasión de los fallos proferidos dentro del

proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 73001-

23-33-000-2013-00666-00, que la parte actora interpuso contra la Unidad

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales

– UGPP-.

En consecuencia formuló la siguiente solicitud:

(…) dejen sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el (4)

de octubre de 2018, por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejero Ponente CARMELO

PERDOMO CUETER en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

radicado 73001-23-33-000-2013-00666-01 (0838-2015) donde son demandados

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP Y MARÍA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ

GARCÍA y en consecuencia se ordene a la la (sic) sala tutealda (sic) que

le reconozca a mi poderdante la sustitución pensional, en calidad de

compañera permanente del causante:

(…)

Subsidiariamente, solicitó (sic) que se ordene al Consejo de Estado

proferir un fallo sustituto, mediante el cual se declare la nulidad del

acto administrativo 5-2012-232032 Dipon-Arpre.G..22 del 31 de agosto

de 2012, mediante el cual el Ministerio de Defensa – Policía Nacional de

Colombia, negó el reconocimiento a la pensión de sobrevivientes (sic) de

la accionante y, por ende, ordenar el reconocimiento y pago de la pensión

de sobrevivientes (sic).

2. Hechos

La solicitud se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,

son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

Manifestó la accionante que la extinta Caja Nacional de Previsión Social,

reconoció pensión de vejez al señor C.P. a partir del 7 de

septiembre de 1989. Con el fallecimiento del señor P. el 11 de enero

de 2011, solicitó a Cajanal el reconocimiento de la sustitución de la

pensión, la cual le fue negada mediante resolución UGM 034097 de 20 de

febrero de 2012.

Indicó que por lo anterior impugnó la decisión, que fue confirmada por la

Caja Nacional de Previsión Social en liquidación mediante resolución UGM

055817 de 13 de septiembre de 2012, razón por la cual presentó demanda de

nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa de

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –

UGPP (quien asumió las competencias y funciones de Cajanal), la cual fue

decidida por el Tribunal Administrativo del Tolima que mediante sentencia

de 28 de noviembre de 2014 le concedió el derecho de sustitución pensional.

Señaló que la anterior decisión fue apelada por la UGPP y la Sección

Segunda, Subsección B del Consejo de Estado mediante providencia del 4 de

octubre de 2018, revocó la anterior decisión y negó las pretensiones de la

demanda, al considerar "que no se demostró la convivencia efectiva de la

demandante con el causante para gozar de la prestación económica reconocida

al difunto".

  1. Sustento de la vulneración

    Sostuvo la parte actora que "la autoridad accionada, incurrió en un defecto

    procedimental por exceso ritual manifiesto resultado de la aplicación

    rigorista de las normas procesales, lo que en relación con el defecto

    fáctico incidieron en la interpretación del acervo probatorio contenido en

    ...

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