Sentencia nº 11001-03-25-000-2010-00264-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 24 de Octubre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 838356245

Sentencia nº 11001-03-25-000-2010-00264-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 24 de Octubre de 2019

Ponente:WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Fecha de Resolución:24 de Octubre de 2019
Emisor:SECCIÓN SEGUNDA
RESUMEN

DEBIDO PROCESO Y REQUISITOS MÍNIMOS DE UNA IMPUTACIÓN VÁLIDATodo cargo disciplinario debe responder a lo que la teoría, en otras expresiones del derecho sancionador, ha definido como una «imputación válida», frente a la cual se deben observar como mínimo los siguientes requisitos: (1) Imputación clara: comprender cabalmente cuál es la acción que se le atribuye y el resultado que se le recrimina; (2) Imputación precisa: exactitud tanto de los aspectos objetivos como subjetivos de la falta disciplinaria; (3) Imputación circunstanciada y específica: circunstancias de tiempo, modo y lugar definidas; (4) Imputación integral: que contenga todos los elementos que caracterizan el hecho o la conducta; (5) Imputación propia: únicam... (ver resumen completo)

 
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DEBIDO PROCESO Y REQUISITOS MÍNIMOS DE UNA IMPUTACIÓN VÁLIDA

Todo cargo disciplinario debe responder a lo que la teoría, en otras

expresiones del derecho sancionador, ha definido como una «imputación

válida», frente a la cual se deben observar como mínimo los siguientes

requisitos: (1) Imputación clara: comprender cabalmente cuál es la acción

que se le atribuye y el resultado que se le recrimina; (2) Imputación

precisa: exactitud tanto de los aspectos objetivos como subjetivos de la

falta disciplinaria; (3) Imputación circunstanciada y específica:

circunstancias de tiempo, modo y lugar definidas; (4) Imputación integral:

que contenga todos los elementos que caracterizan el hecho o la conducta;

(5) Imputación propia: únicamente los resultados de una acción cuando tuvo

el dominio de esta; y (6) Imputación de una conducta típica: que los

anteriores elementos, que equivalen a la imputación fáctica, correspondan a

la imputación jurídica, la que involucra los aspectos jurídicos más

relevantes, como la clase de falta disciplinaria (gravísima, grave, o

leve), la naturaleza del tipo (abierto o en blanco), si el comportamiento

está relacionado con el cargo, función o servicio y si el precepto

normativo contempla o no el resultado como requisito típico.

LA NO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS COMO CONDUCTA CONSTITUTIVA DE

FALTA DISCIPLINARIA GRAVÍSIMA

La elaboración de los estudios previos sí hace parte de la fase

precontractual, en la cual se encuentran, por un lado, aquellas actividades

preparatorias y de planificación, y, por el otro, los trámites de selección

del contratista. La expresión «etapa precontractual», referida en la

legislación disciplinaria -no así en las normas contractuales-, quiso

recoger todas las irregularidades que eventualmente se presenten antes de

la firma del contrato, siempre y cuando se concrete la regla que desconozca

alguno de los principios de la contratación estatal. La obligación de la

elaboración de los estudios, que se constituye en una regla que desarrolla

tanto el principio de economía como el responsabilidad, hacen parte de lo

que la Ley 734 de 2002, en su numeral 31 del artículo 48, denominó etapa

precontractual, pues (1) no se hizo ninguna excepción, clasificación o

precisión para entender que en aquella expresión quedaban excluidas algunas

actividades o deberes que deben cumplirse antes de la apertura formal del

proceso contractual; y (2) la ilustración de la jurisprudencia ratifica que

en dicha etapa se comprenden todas las reglas que desarrollan los

principios de economía y planeación, lo cual involucra el deber de que se

realicen los respectivos estudios previos.

FORMA DE VALORAR LA VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA

La afirmación de que la versión libre no puede valorarse debe ser entendida

en que ello no es procedente como prueba, pero sí como medio de defensa.

Por tanto, todas las alegaciones ofrecidas tendrán que ser estudiadas por

la autoridad disciplinaria, con el fin de efectuar un análisis integral y

en conjunto con el acervo probatorio. […] Es por lo anterior que el

carácter de derecho que le asiste a la figura en comento implica que su

ejercicio sea facultativo, atendiendo a los intereses o estrategia de

defensa que decida emplear el disciplinado como titular de aquel. A. no ser

obligatorio rendir la versión libre, quien decida hacerlo goza de la

garantía de que esta sea recepcionada libre de apremios de juramento u otra

coacción, pues es claro que se debe proteger el derecho de no

autoincriminación. No obstante, ejercido este derecho, es apenas lógico y

necesario que las afirmaciones allí ofrecidas se confronten y analicen con

las pruebas que obren en el proceso.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTÍCULO 48 NUMERAL 31

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "A"

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019)

R.icación número: 11001-03-25-000-2010-00264-00(2217-10)

Actor: J.E.M.E.

Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Referencia: SE NIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. DEBIDO PROCESO Y

DERECHO DE LA DEFENSA. REQUISITOS MÍNIMOS DE UNA IMPUTACIÓN VÁLIDA.

AUSENCIA DE FALSA MOTIVACIÓN. CONTRATOS SIN FORMALIDADES PLENAS EN VIGENCIA

DE LA LEY 80 DE 1993. OBLIGACIÓN DE ELABORAR LOS ESTUDIOS PREVIOS.

NATURALEZA DE LA VERSIÓN LIBRE Y FORMA DE VALORARLA CON LAS PRUEBAS

OBRANTES EN EL PROCESO DISCIPLINARIO. CONCEPTO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL

EN LA FALTA DISCIPLINARIA RELACIONADA CON LA VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE

LA CONTRATACIÓN ESTATAL.

ASUNTO

La S.ción A, Sección Segunda de la S. de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado, dicta la sentencia que en derecho

corresponda, en el proceso previsto en el artículo 85 del Decreto 01 de

1984[1], que se tramitó por demanda interpuesta por el señor Jorge Eliecer

M.E. en contra de la Procuraduría General de la Nación.

  1. LA DEMANDA Y ESCRITO DE CORRECCIÓN

    Conforme al texto de la demanda y su respectiva corrección se formularon

    las siguientes pretensiones[2]:

    De nulidad:

    - Se declare la nulidad del acto administrativo de primera instancia del

    6 de septiembre de 2006, proferido por la Viceprocuraduría General de

    la Nación, mediante el cual se sancionó disciplinariamente al

    demandante con destitución e inhabilidad general por el término de

    once (11) años para ejercer cargos públicos.

    - Se declare la nulidad del acto administrativo de segunda instancia del

    20 de octubre de 2006, expedido por el procurador general de la

    Nación, mediante la cual confirmó la decisión anterior.

    - Las anteriores pretensiones únicamente las delimitó en cuanto a la

    declaratoria de responsabilidad del señor J.E.M.E.,

    toda vez que en los actos demandados hubo otros servidores públicos

    sancionados.

    - Se declare la nulidad del artículo tercero de la Resolución

    departamental n.° 1877 del 12 de diciembre de 2006, expedida por el

    secretario delegatario con funciones de gobernador, por medio de la

    cual se hizo efectiva la sanción disciplinaria impuesta por la

    Procuraduría General de la Nación.

    - Se declare la nulidad del Decreto departamental n.° 0124 del 29 de

    diciembre de 2006, expedido por el gobernador del departamento de

    P., por medio del cual se excluyó del escalafón nacional docente

    y del cargo de rector de la Institución educativa Pio XII al señor

    J.E.M.E..

    De restablecimiento del derecho:

    - Se ordene a la Nación, Procuraduría General de la Nación reintegrar al

    demandante a la Institución educativa Pio XII del municipio de Mocoa

    (P.), en el cargo de rector de la planta de persona de dicha

    institución o a otro cargo de igual o superior jerarquía o mejor

    remuneración con funciones afines al cargo que venía desempeñando, por

    ser empleado en cargo de carrera docente.

    - Se declare que la Nación, Procuraduría General de la Nación, está

    obligada a reintegrar al demandante al escalafón docente grado 14,

    amparado bajo del Decreto 2277 de 1979.

    - Se declare que no ha existido solución de continuidad entre la fecha

    de desvinculación y la del reintegro efectivo, para todos los efectos

    laborales y fiscales.

    - Se ordene a la Nación, Procuraduría General de la Nación, retirar de

    la base de datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y

    Causas de Inhabilidad «SIRI» al señor J.E.M.E..

    - Se ordene a CAJANAL, previas las desanotaciones del Sistema de

    Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de

    la Procuraduría General de la Nación del señor Jorge Eliecer Mustafá

    Eraso, a revisar nuevamente la solicitud que fuera elevada por el

    demandante, respecto del derecho que le asistía a la pensión de

    gracia, la cual fue negada en su momento, por aparecer registrado su

    nombre en el SIRI.

    De reparación de perjuicios:

    - Se ordene a la Nación, Procuraduría General de la Nación, además del

    reintegro, a pagar al demandante las siguientes cantidades de dinero:

    o El monto dejado de percibir como consecuencia del retiro con la

    sanción disciplinaria, en igualdad de condiciones a los que han

    devengado los rectores en carrera docente escalafonados en grado

    14. Se reclaman, entre otros valores, los correspondientes a su

    sueldo básico, primas, vacaciones, subsidios, bonificaciones y

    demás prestaciones legales y extralegales dejadas de percibir

    desde la separación absoluta del servicio, esto es, desde el 9 de

    enero de 2007, hasta cuando sea reintegrado efectivamente al

    cargo en carrera docente que le correspondía dentro de la

    Institución educativa Pio XII, comprendiendo el valor de los

    aumentos decretados con posterioridad a su retiro.

    o El valor de cien salarios mínimos mensuales o la suma que venga

    reconociendo la jurisprudencia por concepto de indemnización del

    daño moral sufrido, por dejar al demandante sin el salario que le

    permitiera una subsistencia digna y atención económica adecuada

    para atender las necesidades de su familia, ni una ocupación que

    le retribuyera realización personal.

    Otras:

    - Ordenar que las cantidades líquidas reclamadas sean indexadas y

    reajustadas en su poder adquisitivo, por el periodo comprendido entre

    la fecha del retiro y el día del pago real de la obligación, ajustada

    sobre el último sueldo que devenguen los rectores escalafonados en el

    grado 14, regulados por el Decreto 2277 del 1979, en el momento de la

    ejecutoria de la sentencia y conforme al índice de precios al

    consumidor que certifique el DANE, tal como lo establece el artículo

    178 del C.C.A., más los intereses moratorios después de este

    término.

    - Los intereses que genere el cumplimiento tardío del pago de la

    sentencia.

    - Que se condene a la Procuraduría General de la Nación al pago de las

    costas y gastos del proceso, incluidas las agencias en derecho.

    - Disponer que la entidad demandada cumpla el fallo dentro del término

    de ley de conformidad con los ordenamientos contenidos en los

    artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

    Fundamentos fácticos relevantes

    1. J.E.M.E...

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