Auto nº 11001-03-15-000-2019-01600-01 de Consejo de Estado - Sala Plena, de 22 de Octubre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 838361637

Auto nº 11001-03-15-000-2019-01600-01 de Consejo de Estado - Sala Plena, de 22 de Octubre de 2019

Ponente:CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Fecha de Resolución:22 de Octubre de 2019
Emisor:Sala Plena
RESUMEN

PÉRDIDA DE INVESTIDURA / RECURSO DE APELACIÓN - Contra auto que negó solicitud de decreto y práctica de pruebas / PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA - Naturaleza / PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA - Garantía de doble instancia / SENTENCIA EN PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA - En principio única providencia apelableLa pérdida de investidura es un proceso de índole subjetivo sancionatorio consagrado constitucionalmente en el artículo 184 de la Carta Política y regulado en la Ley 1881 de 2018. (…) En la Ley 1881 de 2018 el legislador garantizó la doble instancia, con el fin de que las sentencias proferidas en el marco de estos juicios de responsabilidad fueran susceptibles del recurso de apelación (…) resulta... (ver resumen completo)

 
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PÉRDIDA DE INVESTIDURA / RECURSO DE APELACIÓN – Contra auto que negó

solicitud de decreto y práctica de pruebas / PROCESO DE PÉRDIDA DE

INVESTIDURA – Naturaleza / PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Garantía de

doble instancia / SENTENCIA EN PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – En

principio única providencia apelable

La pérdida de investidura es un proceso de índole subjetivo sancionatorio

consagrado constitucionalmente en el artículo 184 de la Carta Política y

regulado en la Ley 1881 de 2018. (…) En la Ley 1881 de 2018 el legislador

garantizó la doble instancia, con el fin de que las sentencias proferidas

en el marco de estos juicios de responsabilidad fueran susceptibles del

recurso de apelación (…) resulta del caso precisar que de conformidad con

lo establecido en la referida ley en principio, la única providencia

apelable es la sentencia, dada la naturaleza especial y la celeridad que

caracterizan al juicio de pérdida de investidura para cuya resolución el

artículo 184 de la Constitución Política otorga un término perentorio de 20

días

FUENTE FORMAL: LEY 1881 DE 2018 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 184

PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Recurso procedente / RECURSO PROCEDENTE

EN PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Integración normativa / PROVIDENCIA

EMANADA DEL CONSEJO DE ESTADO – Reglas aplicables para determinar

procedencia de recurso

para determinar cuáles son los recursos procedentes contra las demás

decisiones adoptadas en el trámite de la pérdida de investidura debe

acudirse por remisión a las Leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012. El artículo

243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo consagra cuáles son las providencias proferidas por los

jueces y tribunales administrativos susceptibles del recurso de apelación

(…) es claro que el legislador hizo una diferencia entre las providencias

apelables cuando son proferidas por un juez unipersonal y cuando son

expedidas por uno colegiado, sin hacer mención alguna a esta Corporación,

toda vez que para ese momento no había juicios de primera instancia al

interior del Consejo de Estado. Sin embargo, es claro que al Consejo de

Estado al ser un juez colegiado, debe aplicársele la disposición instituida

en la norma para los Tribunales Administrativos, es decir, que sólo las

providencias enlistadas en los numerales 1 a 4 del artículo 243 de la Ley

1437 de 2011 son apelables cuando son proferidos por esta Corporación en

primera instancia. (…) las providencias enlistadas en el artículo 243 de la

Ley 1437 de 2011 se diferencian cuando son proferidas por un juez unitario

o colegiado, por lo que descendiendo al caso concreto, la decisión que

niega el decreto de una prueba no sería susceptible del recurso de

apelación si es proferido en primera instancia por un Tribunal

Administrativo, por ser, este colegiado, y bajo esta óptica, tampoco,

cuando es expedido por esta Corporación. De otra parte, la referida

decisión tampoco es pasible del recurso de súplica, toda vez que no fue

proferida en única o segunda instancia ni durante el trámite de la

apelación de un auto. En ese orden de ideas, a la luz de lo establecido en

el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo es claro que la providencia que niega el decreto

de una prueba es susceptible del recurso de reposición, al no ser pasible

del recurso de apelación ni de súplica, como se dejó expuesto, sin que ello

afecte el principio de doble instancia consagrado en la Ley 1881 de 2018 el

cual se garantiza, como se mencionó, con la apelación de la sentencia y de

las demás providencias apelables a la luz del artículo 243 de la Ley 1437

de 2011

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 243 / LEY 1437 DE 2011

ARTÍCULO 242

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-01600-01(A)

Actor: C.J.C. Y OTROS

Demandado: ALFREDO APE CUELLO BAUTE

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

AUTO

Procede la Sala a proveer sobre el recurso de apelación presentado por la

demandante C.J.C. contra el auto del 20 de agosto de

2019, a través del cual se denegó la solicitud de cotejo de letras y firmas

que presentó para controvertir las pruebas que aportó el demandado dentro

del asunto de la referencia.

Lo anterior con base en los siguientes

ANTECEDENTES

1. La demanda

Los señores C.J.C., O.A.A.B.,

V.M.M.A., M.P.V.L., Luis Miguel

Moisés García y J.V.J., en ejercicio de la acción de pérdida

de investidura prevista en el artículo 184 de la Constitución Política y

regulada por la Ley 1881 de 2018, presentaron demanda en contra del señor

A.A.C.B., en su condición representante a la Cámara por el

Departamento del Cesar para el periodo 2014-2018, por su inasistencia a

varias sesiones plenarias.

2. Trámite procesal y actuaciones de las partes

Por reparto correspondió el asunto al magistrado Julio Roberto Piza

Rodríguez, integrante de la Sección Cuarta de esta Corporación, sin

embargo, con ocasión del permiso a él concedido, y en atención a que el

mismo superaba el término legal para proveer sobre la admisión de la

demanda, el proceso se remitió al Despacho del otrora magistrado y

presidente de la Sala Especial de Decisión 3, A.Y.B., quien

a través de proveído del 25 de abril de 2019 inadmitió la demanda[1].

Previa subsanación, por auto del 7 de mayo de 2019, el ponente admitió la

solicitud de pérdida de investidura[2].

El demandado contestó la demanda a través de escrito radicado el 23 de mayo

de 2019[3], y aportó varios documentos con los que pretende demostrar las

excusas correspondientes por su inasistencia a las plenarias.

Mediante auto del 29 de mayo de 2019, el ponente se pronunció acerca de las

pruebas que solicitaron las partes, dispuso tener como tales las aportadas

con la demanda y su contestación, y de manera oficiosa requirió a la

Secretaría de la Cámara de Representantes, a la Comisión de Acreditación

Documental y a la Mesa Directiva de dicha Corporación para que, en el marco

de sus atribuciones, certificaran si el demandado solicitó autorización

para ausentarse de las sesiones cuya ausencia se reprocha en este asunto, y

si se cumplió el trámite de validación de las excusas presentadas por las

ausencias en mención[4].

Con posterioridad, la demandante C.J.C., a través de

memorial presentado el 4 de junio de 2019[5], solicitó que "[s]e ordene el

cotejo de todos los documentos y manuscritos firmados para acreditar las

ausencias imputadas, respecto de todos los elementos de convicción que el

demandado ofreció al proceso como prueba de excusa en la contestación de la

demanda, incluyendo en dicho cotejo a todo el personal médico, funcionarios

del Congreso y entidades oficiales, empleados de organizaciones externas y

demás particulares.", ello con fundamento en el artículo 273 del Código

General del Proceso.

El 10 de junio siguiente, la referida demandante presentó recurso de

reposición y en subsidio el de súplica, contra el auto del 31 de mayo de

2019 (sic)[6], bajo el argumento según el cual el ponente se abstuvo de

pronunciarse de la petición probatoria destacada en el párrafo anterior[7].

A través de proveído del 19 de junio de 2019, el ponente rechazó por

improcedente el recurso de reposición y su subsidiario de súplica, al

considerar que "(…) el auto del 29 de mayo de 2019 no se pronunció sobre la

solicitud de cotejo, en razón a que dicha solicitud fue presentada después

de que se decretaron las pruebas del proceso. (…) Si no hay una providencia

que decida sobre la solicitud de cotejo, indudablemente, el recurso de

reposición "y en subsidio de súplica" deviene improcedente, pues carece de

objeto."[8]

La demandante C.J.C., a través de memorial radicado el

27 de junio de 2019[9], interpuso recurso de reposición y en subsidio el de

queja, contra el auto del 19 de junio de 2019.

Entre otros argumentos, cuestionó que se haya declarado la improcedencia

simultánea de los recursos de reposición y de súplica, y que se haya

omitido el principio de integración normativa previsto en la Ley 1881 de

2018, pues con ello se presentó un desequilibrio entre las partes, ya que

le era físicamente imposible solicitar el cotejo documental antes de que el

demandado aportara las pruebas que respaldan sus...

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