Auto nº 11001-03-06-000-2019-00173-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 13 de Diciembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 841380833

Auto nº 11001-03-06-000-2019-00173-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 13 de Diciembre de 2019

Ponente:ÓSCAR DARÍO AMAYA NAVAS
Fecha de Resolución:13 de Diciembre de 2019
Emisor:Sala de Consulta y Servicio Civil
RESUMEN

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Entre la Agencia Nacional de Tierras y el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías y Depuración de Florián Santander / SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL - Elementos que habilitan su competencia en materia de conflictos negativos de competencias administrativos[L]a Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: (i) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta; (ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular; y, (iii) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativoSERVIDUMBRE - Reiteración / SERVIDUMBRE - Naturaleza JurídicaLa servidumbre es un instituto del derecho civil, específicamente de lo relativo a los bienes, que hace referencia al  HYPERLINK "https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real" \o "Derecho real" derecho real que limita el dominio de un predio en favor de otro de diferente propietario. El predio sobre el que recae el derecho real se denomina fundo sirviente, en tanto que el beneficiado se conoce como fundo dominante. (…) Establecer una definición genérica para el derecho real de servidumbre que comprenda todas las modalidades en las que puede constituirse resulta una tarea compleja, pues se trata de un derecho que en la praxis puede tener innumerables e imprevisibles modalidades, razón por la cual el legislador civil colombiano se encargó de enunciar las más comunes, absteniéndose, en todo caso, de limitarlas. Así sucede también en el derecho comparado, como, por ejemplo en Francia, en donde, como señalan Planiol y Ripert, las servidumbres constituyen una numerosa familia, de manera que la mejor forma de distinguirlas es según la enunciación que hace la ley del objeto. (…) [L]a servidumbre es un... (ver resumen completo)

 
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CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS – Entre la Agencia

Nacional de Tierras y el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control

de Garantías y Depuración de F. Santander / SALA DE CONSULTA Y

SERVICIO CIVIL – Elementos que habilitan su competencia en materia de

conflictos negativos de competencias administrativos

[L]a S. ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los

conflictos de competencia administrativa, a saber: (i) que se trate de una

actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta; (ii) que,

simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia

para conocer de la actuación administrativa particular; y, (iii) que una de

las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea

del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la

jurisdicción de un solo tribunal administrativo

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 112 / LEY 1437 DE 2011

ARTÍCULO 39

SERVIDUMBRE – Reiteración / SERVIDUMBRE – Naturaleza Jurídica

La servidumbre es un instituto del derecho civil, específicamente de lo

relativo a los bienes, que hace referencia al derecho real que limita el

dominio de un predio en favor de otro de diferente propietario. El predio

sobre el que recae el derecho real se denomina fundo sirviente, en tanto

que el beneficiado se conoce como fundo dominante. (…) Establecer una

definición genérica para el derecho real de servidumbre que comprenda todas

las modalidades en las que puede constituirse resulta una tarea compleja,

pues se trata de un derecho que en la praxis puede tener innumerables e

imprevisibles modalidades, razón por la cual el legislador civil colombiano

se encargó de enunciar las más comunes, absteniéndose, en todo caso, de

limitarlas. Así sucede también en el derecho comparado, como, por ejemplo

en Francia, en donde, como señalan P. y R., las servidumbres

constituyen una numerosa familia, de manera que la mejor forma de

distinguirlas es según la enunciación que hace la ley del objeto. (…) [L]a

servidumbre es un instituto que restringe para el dueño del inmueble el jus

utendi en favor del predio servido, pero no el jus abutendi, lo que

significa que el propietario no está limitado para enajenar la cosa;

desligarse de su derecho de propiedad y dárselo a otra persona; constituir

otras limitaciones al dominio, por ejemplo, una hipoteca o, incluso, para

renunciar a dicho derecho.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVILARTÍCULO 879 / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 888 /

CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 897

NOTA DE RELATORÍA: En esta providencia se hace un recuento sobre la

clasificación que hace el legislador colombiano en torno al tipo de

servidumbres

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Servidumbres / LAS SERVIDUMBRES DE

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Reiteración / SERVIDUMBRE DE SERVICIOS

PÚBLICOS – Diferencia respecto a la servidumbre común / SERVIDUMBRE DE

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Procedimiento para su imposición

Las servidumbres de servicios públicos domiciliarios hacen parte de

aquellas que el Código Civil denomina como servidumbres legales, y se

definen, a partir de una interpretación armónica entre las normas que al

respecto contiene el Estatuto Civil y la Ley 142 de 1994 (artículos 1°, 57,

116 y 117), como aquellas necesarias para «prestar los servicios públicos

domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica,

distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y

la telefonía local móvil en el sector rural». (…) la diferencia cardinal

entre una servidumbre común y una de servicios públicos radica en la

finalidad para la que se constituye, pues la de la Ley 142 de 1994 regula

una específica, como lo es la prestación de un servicio público de carácter

domiciliario, mientras que las comunes (Código Civil) aplican para

cualquier otra circunstancia respecto de la cual el legislador no

establezca una diferenciación. Otros aspectos diferentes de la servidumbre

de servicios públicos domiciliarios respecto de las comunes, que vale la

pena analizar, están definidos en el artículo 117 de la Ley 142 de 1994 y

tienen que ver con: i) la cualificación de la persona que tendrá derechos

sobre del predio sirviente y ii) las modalidades que reviste su imposición.

(…) Un aspecto de importancia en relación con la servidumbre de servicios

públicos domiciliarios es el procedimiento que debe adelantarse para su

imposición, que según el artículo 117 de la Ley 142 de 1994, puede tener

dos modalidades: administrativa o judicial. (…) La Ley 142 de 1994 no prevé

procedimiento o trámite administrativo autónomo ni especial para la

imposición de servidumbre de servicios públicos domiciliarios. (…) Para el

caso de la servidumbre que se impone a través de un procedimiento judicial,

la Ley 142 de 1994 tampoco contempla unas reglas específicas, sin embargo,

el artículo 117 hace una remisión a la Ley 56 de 1981, la que, por su

parte, contiene un capítulo relativo a la imposición de este gravamen en

caso de que se requiera para «la construcción de centrales generadoras,

líneas de interconexión, transmisión y prestación del servicio público de

distribución de energía eléctrica». Según la Ley 56 de 1981, en síntesis,

el proceso mediante el cual se persigue la imposición de una servidumbre de

servicios públicos en sede judicial tiene las siguientes reglas: i) debe

ser promovido mediante una demanda, por el propietario del respectivo

proyecto; ii) será de conocimiento de un juez de la República,

perteneciente a la jurisdicción ordinaria; iii) exige la práctica de una

inspección judicial y iv) termina con una sentencia judicial que fija una

indemnización a favor del propietario, poseedor o tenedor del predio

sirviente, la cual debe ser registrada ante la oficina de registro de

instrumentos públicos correspondiente

FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994ARTÍCULO 1 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 57

/ LEY 142 DE 1994ARTÍCULO 116 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 117 / CÓDIGO

CIVIL – ARTÍCULO 888 / LEY 56 DE 1981

BIENES BALDÍOS – Concepto / CATEGORÍA ESPECIAL DE LOS BIENES BALDÍOS –

Elementos

Se considera baldío a los «bienes inmuebles que no correspondiendo al

dominio privado, pertenecen al dominio público para su común disfrute o

aprovechamiento, y no están destinados a la labor ni a dehesas». (…) Los

bienes baldíos tienen una categoría especial, que se define a partir de dos

elementos: titularidad y destinación. En este sentido, la jurisprudencia de

la Corte Constitucional ha establecido que se trata de bienes públicos,

esto es, de propiedad estatal, pero no de uso público, es decir, que no se

destinan al uso y goce de la comunidad. En tal virtud los baldíos forman

parte de la categoría de bienes conocidos como fiscales, los cuales han

sido definidos como aquellos cuyo propietario es la Nación, pero aun así no

cualquier persona tiene derecho a usarlos ni a adquirirlos, sino que tienen

vocación de uso exclusivo por parte de entidades públicas, para la

prestación de servicios públicos o para ser adjudicados a campesinos y con

ello impulsar el acceso progresivo de ellos a la propiedad rural y al

mejoramiento de su calidad de vida

FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 – ARTÍCULO 675 / LEY 110 DE 1912 – ARTÍCULO

44 / LEY 48 DE 1882

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – Naturaleza jurídica / AGENCIA NACIONAL DE

TIERRAS – Competencia en materia de bienes baldíos / SERVIDUMBRE SOBRE UN

BIEN BALDÍO - Reglas aplicables al procedimiento administrativo que se debe

adelantar cuando se eleva solicitud ante una autoridad administrativa

El Gobierno Nacional, con base en las facultades extraordinarias que le

confirió la Ley 1753 de 2015, artículo 107, literal a), expidió el Decreto

2363 de 2015, mediante el cual creó la Agencia Nacional de Tierras como una

agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la

Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio

propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como máxima autoridad de las

tierras de la nación en los temas de su competencia

. (…) En términos

generales, esta Agencia tiene la misión de: i) garantizar el acceso a la

tierra para los campesinos que no la tienen o que tiene muy poca e

insuficiente para su sustento; ii) ayudar a los campesinos que sí tienen

tierra pero no la tienen legalizada a formalizar su propiedad y iii)

garantizar que quienes tienen tierra y la tienen formalizada le den un uso

adecuado en cuanto al cumplimiento de la función social de la tierra y la

explotación ambientalmente responsable de la misma. (…) Con base en lo

establecido en la Ley 160 de 1994, artículo 12, numeral 13 y en el Decreto

- Ley 2363 de 2015, artículo 9, numeral 1° y 16, el Consejo Directivo de la

Agencia Nacional de Tierras expidió el Decreto 029 de 2009, «Por el cual se

establecen los lineamientos para la regulación y formalización de las

servidumbres derivadas de actividades de utilidad pública sobre los predios

baldíos de la Nación

. En tal virtud, el Decreto 029 de 2017 establece

algunas reglas aplicables al procedimiento administrativo que se debe

adelantar cuando se solicita a una autoridad, valga decir, administrativa,

la imposición de una servidumbre sobre un bien baldío. Dentro de las reglas

que establece el Decreto 029 de 2017, se destacan las siguientes: i) los

documentos que deben acompañar la solicitud que se le dirige a la autoridad

correspondiente; ii) el estudio técnico que debe efectuar la autoridad

correspondiente una vez que verifique que la solicitud fue presentada de

manera correcta; iii) Los motivos por los cuales se debe rechazar la

solicitud y el recurso que procedente contra esta decisión; iv) la

consecuencia de no subsanar la solicitud, cuando la autoridad así lo

indique; v) la posibilidad de presentar oposición a la solicitud; vi) la

forma como se define la actuación administrativa y el...

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