Auto nº 11001-03-06-000-2019-00031-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 12 de Diciembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 841381219

Auto nº 11001-03-06-000-2019-00031-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 12 de Diciembre de 2019

Ponente:ÓSCAR DARÍO AMAYA NAVAS
Fecha de Resolución:12 de Diciembre de 2019
Emisor:Sala de Consulta y Servicio Civil
RESUMEN

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Entre la Contraloría General de la República Gerencia Departamental Colegiada del Cauca y la Contraloría del Departamento del Cauca / SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL - Elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativaCon base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: (i) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta; (ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular; y, (iii) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - Definición / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL - Finalidad / PROCESO DE RESPONSABILIDAD - CaracterísticasEl artículo 1º de la Ley 610 de 2000 define el proceso de responsabilidad fiscal como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares,... (ver resumen completo)

 
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CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Entre la Contraloría

General de la República Gerencia Departamental Colegiada del C. y la

Contraloría del Departamento del C. / SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

– Elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia

administrativa

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del

artículo 112, la S. ha precisado los elementos que la habilitan para

dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: (i) que se

trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta;

(ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen

competencia para conocer de la actuación administrativa particular; y,

(iii) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia

administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén

sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011ARTÍCULO 39 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO

112

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL – Definición / PROCESO DE RESPONSABILIDAD

FISCAL – Finalidad / PROCESO DE RESPONSABILIDAD – Características

El artículo 1º de la Ley 610 de 2000 define el proceso de responsabilidad

fiscal como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las

contralorías con el fin de establecer la responsabilidad de los servidores

públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal

causen un daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, en forma

dolosa o culposa. Asimismo, el artículo 4º ibídem señala que el objeto de

la responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al

patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de

quienes realizan gestión fiscal, mediante el pago de una indemnización

pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad

estatal. (…) Los procesos de responsabilidad fiscal, tanto el ordinario

como el verbal, en virtud de su naturaleza, tienen varias características

relevantes, tales como: (i) son netamente administrativos; (ii)

esencialmente indemnizatorios o resarcitorios, y no sancionatorios, pues

buscan obtener la indemnización por el detrimento patrimonial ocasionado a

la entidad estatal; (iii) están regulados en la Ley 610 de 2000 y las leyes

que la modifican o complementan, como es el caso de la Ley 1474 de 2011, y

(iv) deben observar en su desarrollo las garantías sustanciales y

procesales propias de los procedimientos administrativos.

FUENTE FORMAL: LEY 610 DE 2000ARTÍCULO 1 / LEY 610 DE 2000 – ARTÍCULO 4

/ LEY 1474 DE 2011

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – Concepto

[E]l legislador expidió las Leyes 141 de 1994 y 756 de 2002 y a través de

ellas se creó el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de las

Regalías y se reglamentó su funcionamiento. Estas normas siguen vigentes

con algunas modificaciones hechas por normas posteriores. Con la

promulgación del Acto Legislativo núm. 5 de 2011, la distribución y el uso

de las regalías cambió, de tal forma que hay diferentes modalidades de

regalías como son: (i) las de asignación directa; (ii) las específicas;

(iii) las del fondo de ciencia y tecnología; y (iv) las de los fondos de

desarrollo regional.

FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 5 DE 2011 / LEY 141 de 1994 / LEY 756 de

2002 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 360

NOTA DE RELATORÍA: En este pronunciamiento se hace un recuento de las

diferentes actividades o fases que conforman el ciclo de las regalías

REGALÍAS – Adjudicación o ejecución de los recursos

[C]onforme al nuevo sistema de distribución de las regalías, es claro para

la S. que estos recursos no son transferidos a las entidades

territoriales sino que son girados a ellas, sean de asignación directa o

sean entregados a los fondos creados por la norma. Ahora bien, en relación

con la adjudicación y ejecución de los recursos del Sistema General de

Regalías la norma establece en el Titulo IV capítulo I todas las

especificaciones para la presentación (artículo 25), formulación,

viabilidad (artículo 26), aprobación y priorización de los proyectos de

inversión (artículo 27) y ejecución de estos (artículo 28). Es necesario

resaltar que durante el citado proceso los Órganos Colegiados de

Administración y Decisión (OCAD) tienen la competencia para viabilizar los

proyectos de inversión que serán financiados con cargo a los recursos de

los Fondos de Compensación Regional, de Desarrollo Regional, de Ciencia

Tecnología e Innovación y de las asignaciones directas. Es así, que tanto

las asignaciones directas como los recursos que son girados a los fondos,

ya citados, no son transferidos a las entidades territoriales, sino que

deben ser utilizados para proyectos de inversión, los cuales, a su vez,

deben cumplir con los requisitos que la ley ha dado para ello y ser

aprobados por los respectivos OCAD

FUENTE FORMAL: LEY 1530 DE 2012ARTÍCULO 25 / LEY 1530 DE 2012 – ARTÍCULO

26 / LEY 1530 DE 2012ARTÍCULO 27 / LEY 1530 DE 2012 – ARTÍCULO 28

CONTROL FISCAL – Competencia de la Contraloría General de la República

sobre los recursos del Sistema General de Regalías

[E]l Congreso de la República expidió la Ley 1530 de 2012, norma vigente,

que «regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de

Regalías» (…) no se discute en esta decisión que la Contraloría General de

la República sea competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal

sobre los recursos ejecutados por las entidades territoriales a título de

regalías, incluso después de que tales sumas de dinero hayan sido recibidas

efectivamente, ya que las normas constitucionales y legales antes citadas

son claras y expresas en cuanto a la competencia otorgada a dicho órgano de

control. Ahora bien, es necesario resaltar que las regalías son del Estado

y por tal razón, las entidades territoriales tienen derecho de

participación sobre ellas, más no son de su propiedad (…) Para la S. es

evidente que la nueva Ley (1530 de 2012) que es norma privativa en materia

de regalías, debe ser aplicada bajo el criterio de especialidad frente a

la norma general (Decreto-Ley 267 de 2000) y por lo tanto, la autoridad

competente para ejercer el control fiscal es la Contraloría General de la

República. Las conclusiones extraídas por la jurisprudencia y la doctrina,

son igualmente aplicables al control fiscal de las regalías, en la medida

en que estas son recursos que pertenecen al Estado (en su totalidad) y son

giradas a las entidades territoriales, constituyendo para los

departamentos, distritos y municipios ingresos de fuente externa o

exógena

. Lo anterior, conlleva a que, por la naturaleza de los recursos

(del orden nacional), el control fiscal sobre ellas radique en cabeza de la

Contraloría General de la República, tal y como le previó la Ley 1530 de

2012. (…) [L]a S. entiende que la competencia en materia de regalías es

de la Contraloría General de la República, lo que no desconoce que en el

ejercicio de su función en materia fiscal, pueda recabar la información

necesaria para conformar su acervo probatorio y acudir a las actividades o

hallazgos de las contralorías territoriales para el desarrollo de su

investigación.

FUENTE FORMAL: LEY 1530 DE 2012 – ARTÍCULO 152

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: ÓSCAR DARÍO AMAYA NAVAS

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-06-000-2019-00031-00(C)

Actor: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL

COLEGIADA DEL CAUCA

Asunto: H.F.. Proceso de R.F. n.° 51 de mayo

26 de 2017. Competencia en materia de control fiscal sobre recursos del

Sistema General de Regalías.

La S. de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento

de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10º, del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),

Ley 1437 de 2011, procede a resolver el conflicto negativo de competencias

de la referencia.

ANTECEDENTES
  1. El 4 de noviembre de 2015, el Instituto Departamental de Deporte del

    1. (en adelante I.) y la Liga C.na de Judo celebraron el

    Convenio n.° 099 cuyo objeto era «[A]unar esfuerzos administrativos,

    económicos y financieros para garantizar la participación de sus

    deportistas en los XX Juegos Nacionales 2015, en desarrollo del proyecto:

    Consolidación al fomento y desarrollo del deporte de altos logros en todo

    el departamento del C. y fortalecimiento al posicionamiento y altos

    logros del deporte caucano en todo el departamento del C.». El citado

    convenio se suscribió por un valor de $128.086.102 millones de pesos

    M.[1].

  2. El 26 de mayo de 2017, la Contraloría General de C. adelantó

    auditoría al Instituto Departamental de Deporte del C. para la

    vigencia 2015. Como consecuencia de ello se estableció el hallazgo n.° 51

    por irregularidades de orden fiscal en la ejecución del Convenio n.° 099

    del 4 de noviembre de 2015, suscrito por el Instituto Departamental de

    Deporte del C. y la Liga C.na de Judo[2].

  3. El 11 de agosto de 2017, la Contraloría General de C. emitió el Auto

    n.° 23 por medio del cual decidió avocar conocimiento del proceso de

    responsabilidad fiscal PRF-29-17 y ordenó la apertura e imputación formal

    del citado proceso[3].

  4. El 16 de julio de 2018, la Contraloría General de C. emitió el Auto

    n.° 09 por medio del cual resolvió declarar la nulidad de lo actuado en

    el proceso fiscal n.° PRF-29-17, por considerar que no tenía la

    competencia para continuar con el citado proceso.

    Por lo tanto, ordenó la remisión a la Contraloría General de la República-

    Gerencia Departamental Colegiada del C. para que esa entidad conozca

    de las irregularidades fiscales contenidas en el Hallazgo n.° 51

    establecido por la Contraloría Departamental[4].

  5. El 21 de febrero de 2019, la Contraloría General de la República-

    Gerencia Departamental...

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