Sentencia nº 66001-23-33-000-2014-00064-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 5 de Diciembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 841381445

Sentencia nº 66001-23-33-000-2014-00064-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 5 de Diciembre de 2019

Ponente:CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Fecha de Resolución: 5 de Diciembre de 2019
Emisor:SECCIÓN SEGUNDA
RESUMEN

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL - Determinación / INCENTIVO POR DESEMPEÑO NACIONAL Y EL INCENTIVO FACTOR NACIONAL EN LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - No son factores de liquidación pensionalLa demandante no tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de ... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL –

Determinación / INCENTIVO POR DESEMPEÑO NACIONAL Y EL INCENTIVO FACTOR

NACIONAL EN LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – No son

factores de liquidación pensional

La demandante no tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez

incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados durante el

último año de servicios, porque: i) la reliquidación se hizo bajo el

régimen del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 (arts. 21,

33 y 34), por ser más favorable, y los factores que se tuvieron en cuenta

para liquidar su pensión fueron los previstos en el Decreto 1158 de 1994;

ii) en el evento que su pensión de jubilación hubiera sido reconocida con

fundamento en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley

100 de 1993, aplicarían como fuente normativa la regla y subreglas fijadas

en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018. Además debe

señalarse de manera expresa que el incentivo por desempeño nacional y el

incentivo factor nacional no constituyen factor salarial, de acuerdo con lo

dispuesto en el Decreto 1268 de 1999

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el ingreso base de liquidación de los

beneficiarios del régimen de transición pensional del inciso 3 del artículo

36 de la Ley 100 de 1993, ver: C. de E, S. Plena de lo Contencioso

Administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018,

radicación: 2012-00143-01(IJ), C.: C.C..

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / LEY 33 DE 1985 / LEY 62 DE

1985 / DECRETO 1158 DE 1994

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 66001-23-33-000-2014-00064-02(3808-16)

Actor: MARÍA ONEIDA JIMÉNEZ DE G.

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

ADMINISTRADORA COLOMBIA DE PENSIONES - COLPENSIONES

Medio de Control : Nulidad y Restablecimiento del Derecho –

Ley 1437 de 2011

Asunto :/Aplicación del precedente vinculante - Sentencia de

//Unificación de la S. Plena de lo Contencioso

//Administrativo de 28 de agosto de 2018[1] – El IBL

del //inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de

1993 //hace parte del régimen de transición – Solo se

//incluyen los factores salariales sobre los que se

hayan //efectuado los aportes o cotizaciones al

Sistema //General de //Pensiones.

ASUNTO

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 247[2] del

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(en adelante CPACA), procede la S. a dictar sentencia escrita dentro del

proceso de la referencia, con ocasión del recurso de apelación interpuesto

por la parte demandada contra la sentencia de 8 de marzo de 2016 proferida

por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se

negaron las pretensiones de la demanda formulada por la señora M. Oneida

Jiménez de G., contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (

en adelante DIAN) y la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante

C.).

l. ANTECEDENTES

Demanda

Pretensiones

La señora M.O.J. de G. acudió a la jurisdicción en

ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y formuló

las siguientes pretensiones:

"1. Que se declare nulo el acto ficto o presunto, que se configuró con

el silencio administrativo por parte de la Dirección de Impuestos y

Aduanas Nacionales, a la petición presentada por la demandante el 07

de junio de 2013.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración se restablezca el

derecho de la señora M.O.J. de G. a que la Dirección

de impuestos y Aduanas Nacionales, realice los aportes sobre la

totalidad de los factores.

3. que se declare la nulidad de la Resolución 6325 de 10 de julio de

2012, mediante la cual se modicia la resolución 036500 del 27 de

agosto de 1998.

4. que como consecuencia de la anterior declaración se restablezca el

derecho de la señora M.O.J. de G. a que la

Administradora Colombiana de Pensiones – C. reliquide la

pensión de jubilación de la señora M.O.J. de G. con

la inclusión de la totalidad de los factores salariales certificados y

devengados en el último año de servicio de conformidad con el régimen

de transición de la Ley 100 de 1993.

5. se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones

"C." a pagar a la demandante las diferencias de las mesadas

pensionales resultantes entre los valores que le reconoció y lo que

debe tener en cuenta, actualizados desde que fueron exigibles hasta la

fecha de ejecutoria de la sentencia dando aplicación a la siguiente

fórmula:

(…)

Es entendido por tratarse de pagos de tracto sucesivo la formula se

aplicará mes por mes para cada mesada pensional reliquidada teniendo

en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la

causación de cada uno de ellos, teniendo en cuenta los reajustes

reconocidos periódicamente, para deducir la indexación que afecta las

sumas causadas.

6. Que se condene en costas a la parte demandada.

Hechos

1. El Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS)[3] mediante la

Resolución 036500 de 27 de agosto de 1998, reconoció una pensión de

jubilación de la señora M.O.J. de G.. De acuerdo con este

acto: i) la señora M.O.J. de G. es beneficiaria del

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993;

ii) "la liquidación de la pensión se efectúa tomando el promedio de lo

devengado o cotizado durante el tiempo que le hacía falta para adquirir el

derecho a la pensión al 1 de abril de 1.994 más lo cotizado con

posterioridad al cumplimiento de los requisitos, actualizado anualmente con

el I.P.C. conforme lo indicado por el inciso 3 del referido artículo 36 de

la Ley 100 de 1993. Los factores salariales a tener en cuenta para la

liquidación son los indicados en el Decreto 1158 de 1994."

2. A través de la Resolución 6325 de 2012 la entidad demandada reliquidó la

pensión de la demandante, e indicó "que con base en 2.061 semanas como

servidora pública, se obtuvo como ingreso base de liquidación conforme el

promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años anteriores al

reconocimiento de la pensión de vejez conforme al artículo 36 inciso 3 de

la Ley 100 de 1993, la suma de $2.601.045, a la cual se le aplica el 85%,

dando como resultado la suma de $2.210.888.oo a partir del 1 de abril de

2011".

3. la actora presentó una nueva petición a la entidad, la cual no fue

resuelta por la entidad configurando así la ocurrencia del silencio

administrativo que derivó en un acto ficto presunto negativo.

N.s violadas y concepto de violación

En la demanda se citan como normas violadas las siguientes:

Constitución Política, artículos: 6, 13, 29, 48, y 53

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

artículos 35 y 59

Ley 71 de 1988: artículo 9

Decreto Reglamentario 1160 de 1989

Ley 100 de 1993: artículos 34, 36, 50 y 288

Al explicar el concepto de violación la parte actora señala que la entidad

demandada desconoce la favorabilidad que admite el régimen de transición

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que para la

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía 35 años y la liquidación de

pensión debió realizarse con el 75% del promedio de los salarios devengados

durante el último año de servicios; en atención a lo dispuesto en la

sentencia del 4 de agosto de 2010.

Contestación de la demanda

La DIAN[4] en escrito de contestación, señaló que se opone a la posperiodad

de las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones: i) ineptitud

sustantiva de la demanda, por indebido agotamiento de la vía gubernativa y

falta de formulación de pretensiones claras; ii) falta de legitimación por

pasiva; iii) caducidad de las pretensiones.

  1. contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las

pretensiones[5]. Indicó que para la liquidación de la pensión de jubilación

del demandante se tuvo en cuenta el principio de favorabilidad para el

momento del reconocimiento de su pensión. Formuló como excepciones: i)falta

de causa para por improcedencia de la indexación; ii) exoneración de la

condena por buena fe; iii) prescripción.

Audiencia inicial

Esta audiencia se celebró el 8 de marzo de 2016[6]. En ella se fijó el

litigio, se pronunció sobre las pruebas y se dictó sentencia.

Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Risaralda, negó las pretensiones de la

demanda indicando que:

"las especificaciones de las normas violadas y el concepto de

violación constituye el marco de referencia al que debe ajustarse el

juez para entrar a estudiar la legalidad de los actos administrativos

acusados, la exposición de motivos por los cuales la demandante

considera ilegal un acto administrativo delimitan el campo de estudio

del juez respecto de la legalidad de ese acto, no siendo posible por

tanto a ese funcionario aprehender de manera oficiosa el estudio de

otras normas, salvo que sean constitucionales.

(…)

En el presente asunto, queda desprovisto el Tribunal de elementos que

le permitan ahondar en el estudio de legalidad del acto ficto o

presunto negativo toda vez que ni siquiera se hace alusión a las

normas violadas por la entidad accionada ni se señala de manera clara

cuales fueron los aportes no realizados por la DIAN de aquellos que

constituían su asignación...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA