Auto nº 11001-03-06-000-2019-00194-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 25 de Febrero de 2020 - Jurisprudencia - VLEX 844452080

Auto nº 11001-03-06-000-2019-00194-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 25 de Febrero de 2020

Ponente:ÁLVARO NAMÉN VARGAS
Fecha de Resolución:25 de Febrero de 2020
Emisor:Sala de Consulta y Servicio Civil
RESUMEN

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Entre la Defensoría Segunda de Familia del ICBF Centro Zonal Oriente Regional Antioquia y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro Antioquia / INHIBITORIO - Definición de conflicto es competencia de los jueces de familia[E]n los expedientes solo consta el auto de apertura del PARD, pero no obra fallo que defina la situación jurídica de los niño... (ver resumen completo)

 
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CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS – Entre la Defensoría

Segunda de Familia del ICBF Centro Zonal Oriente Regional Antioquia y el

Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro Antioquia / INHIBITORIO –

Definición de conflicto es competencia de los jueces de familia

[E]n los expedientes solo consta el auto de apertura del PARD, pero no obra

fallo que defina la situación jurídica de los niños J.F.R.A. y D.A.R.A.,

conforme al artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo

4 de la Ley 1878 de 2018. Precisamente por este motivo, el objeto del

conflicto consiste en determinar cuál es la autoridad competente para

dictar el referido fallo o, en los términos que utiliza la Ley 1878,

definir la situación jurídica de los niños, declarándolos en vulneración de

derechos o adoptabilidad. Conforme se dejó explicado, la Ley 1878 de 2018

asignó a los jueces de familia la función de dirimir los conflictos de

competencia que puedan presentarse para conocer, tramitar o decidir un

procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, de acuerdo

con lo dispuesto en los artículos 99 y 100 del Código de la Infancia y la

Adolescencia. Dicha competencia se predica de los procesos administrativos

de restablecimiento de derechos que se inicien después del 9 de enero de

2018, fecha que, como también se sustentó, es la de entrada en vigencia de

la citada Ley 1878, en criterio de la S.. En el presente asunto, el PARD

inició el 27 de febrero de 2019, es decir, con posterioridad a la entrada

en vigencia de la ley en cita. Por consiguiente, como dicho procedimiento

se rige, en su integridad, por la Ley 1878, y en el presente caso no se ha

dictado aún el fallo previsto en el artículo 100 del Código de la Infancia

y la Adolescencia, la S. no es competente para dirimir el conflicto de

competencias propuesto, y deberá remitir las diligencias a los jueces de

familia o promiscuos de familia (reparto), con base en el artículo 99 de la

Ley 1098 de 2006, modificado por el parágrafo 3° del artículo 3° de la Ley

1878

FUENTE FORMAL: LEY 1878 DE 2018 – PARÁGRAFO 3 ARTÍCULO 3 / LEY 1098 DE 2006

– ARTÍCULO 99

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: ÁLVARO NAMÉN VARGAS

Bogotá D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 11001-03-06-000-2019-00194-00(C)

Actor: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) - REGIONAL

ANTIOQUIA - DEFENSORÍA SEGUNDA DE FAMILIA DEL CENTRO ZONAL ORIENTE

Asunto: Órgano competente para resolver los conflictos de competencias

administrativas en materia de familia, al amparo de la Ley 1878 de 2018. La

S. de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no es competente en

este caso.

La S. de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento

de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),

Ley 1437 de 2011, procede a decidir lo que corresponda sobre el conflicto

negativo de competencias administrativas de la referencia.

ANTECEDENTES

1. El 10 de octubre de 2018, se comunicó a la Defensoría de Familia del

ICBF, Centro Zonal Suroriental, Regional Antioquia, la señora M.M.A.O.,

en calidad de tía de los niños J.F.R.A. y D.A.R.A.[1] (hermanos), para

solicitar la intervención de dicha autoridad, debido a que los niños,

quienes se encontraban al cuidado de su abuela materna, presentaban

comportamientos agresivos[2].

2. El 25 de febrero de 2019, mediante auto de trámite, la defensora de

familia del Centro Zonal Suroriental, Regional Antioquia, ordenó al

equipo interdisciplinario de esa defensoría realizar la respectiva

verificación de la garantía de los derechos de los niños J.F.R.A. y

D.A.R.A.[3] Dicha verificación se hizo, efectivamente, el 27 de febrero

de 2019, encontrando que los dos menores de edad tenían vulnerados varios

de sus derechos.

3. El 27 de febrero de 2019, la defensora de familia del Centro Zonal

Suroriental, mediante el Auto núm. 38, ordenó la apertura de un proceso

administrativo de restablecimiento de derechos (en adelante, PARD) en

favor de los dos niños; decretó algunas pruebas, y adoptó, de manera

provisional, una medida de protección, «bajo la modalidad Internado

Vulneración»[4].

4. El 4 de marzo de 2019, el ICBF, Regional Antioquia, asignó cupo a los

niños en la institución Aldeas Infantiles SOS Colombia[5], ubicada en el

municipio de Rionegro (Antioquia), y el 11 de marzo de 2019, expidió la

respectiva boleta de ingreso[6].

5. El 14 de marzo de 2019, mediante el Auto núm. 065, la defensora de

familia del Centro Zonal Suroriental ordenó la remisión del proceso de

restablecimiento de derechos al coordinador del Centro Zonal Oriente,

Regional Antioquia, para que un defensor de familia de dicho centro

continuara con el conocimiento del proceso, en el estado en que se

encontrara[7].

6. El 8 de abril de 2019, el defensor segundo de familia del Centro Zonal

Oriente, mediante auto, decidió no avocar conocimiento del proceso de

restablecimiento de derechos, y dispuso su devolución, argumentando que

había recibido el expediente faltando 3 días para que venciera el plazo

que la autoridad administrativa tenía, a su juicio, para dictar el fallo.

Este término, en su criterio, debía contarse desde que se recibió la

denuncia de los hechos (10 de octubre de 2018).

A este respecto, adujo que: i) no le resultaba posible decidir en tan

poco tiempo, teniendo en cuenta que no se tenía certeza sobre la

existencia del fallo de vulneración (conforme a lo manifestado por la

defensora de familia del Centro Suroriental, en el sentido de que remitía

el expediente para el seguimiento de las medidas); ii) no estaba claro si

se había notificado al padre de los niños, y iii) esa Defensoría no

contaba con «agenda» para programar una audiencia de pruebas y fallo en

el plazo faltante[8].

7. El 3 de mayo de 2019, la defensora de familia del Centro Zonal

Suroriental volvió a remitir el expediente del proceso al defensor de

familia del Centro Zonal Oriente, al considerar que, «por la ubicación

geográfica de la unidad de servicio ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA,

municipio de Rionegro», la defensoría de familia de esa zona era la

competente, por el factor territorial.[9]

Además, indicó:

[…] Para el caso que nos ocupa el término para adelantar el proceso es de

seis meses, contados a partir del día 25 de febrero del año 2019, término

que expira el 24 de agosto de 2019, motivo por el cual se presenta el

fenómeno jurídico de la pérdida de competencia para actuar por vía

administrativa.

Así las cosas los PARD adelantados a favor de los niños J.F.R.A. y D.A.R.A.

desde el primer momento que se enviaron al Centro Zonal Oriente, (28-03-

2019) estaban en término para fallar por parte de la autoridad que se

designe […]. (N. en el texto).

8. El 14 de mayo de 2019, el defensor de familia del Centro Zonal Oriente

asumió conocimiento del proceso, al argumentar que, de acuerdo con un

concepto emitido por la directora regional del ICBF en Antioquia, el

término para resolver los PARD comienza «desde el momento en que se

realice la verificación de derechos». En este sentido, manifestó que

carecían de validez los argumentos expuestos por el mismo defensor, en el

auto mediante el cual ordenó la devolución del expediente[10].

9. El 15 de julio de 2019, el defensor de familia del Centro Zonal Oriente

resolvió dejar sin efectos el auto del 14 de mayo de 2019, con el

argumento de que el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006 indica que el

término de 6 meses establecido para definir la situación jurídica de los

niños (fallo) no podía prorrogarse y que, en esa medida, lo dispuesto por

la ley primaba sobre el concepto de la directora regional del ICBF. En

consecuencia, remitió las diligencias a los juzgados promiscuos de

familia de Rionegro, por haber perdido la competencia[11].

10. El 22 de agosto de 2019, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia negó

la competencia para asumir el conocimiento del PARD, y señaló que no

había lugar a decretar la pérdida de competencia por parte de la

Defensoría de Familia del Centro Zonal Oriente, pues esta tenía hasta el

25 de agosto de 2019 para resolver la situación jurídica. Agregó que, de

no aceptarse los argumentos expuestos en dicha providencia, proponía un

conflicto negativo de competencias[12].

11. El 10 de octubre de 2019, el defensor de familia del Centro Zonal

Oriente decretó, de nuevo, la pérdida de competencia, y volvió a remitir

las diligencias a los juzgados, por considerar que, al haber recibido los

expedientes el 18 de septiembre de 2019, se encontraba vencido el término

que, según el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro, tenía esa

autoridad administrativa para definir la situación jurídica de los niños,

esto es, hasta el 25 de agosto de 2019[13].

12. El 18 de octubre de 2019, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de

Rionegro, al que le correspondió de nuevo este asunto, por reparto,

sostuvo la decisión adoptada en la providencia del 22 de agosto de 2019,

y advirtió que la citada Defensoría de Familia había remitido las

actuaciones «sin haberse resuelto el conflicto de competencias»

propuesto. En consecuencia, dispuso la devolución del expediente a la

Defensoría[14].

13. El 6 de noviembre de 2019, la Defensoría Segunda de Familia del Centro

Zonal Oriente (Regional Antioquia) propuso un conflicto negativo de

competencias administrativas ante la S. de Consulta y Servicio Civil,

suscitado entre aquella autoridad y el Juzgado Segundo Promiscuo de

Familia de Rionegro[15].

  1. ACTUACIÓN PROCESAL

    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011,

    se fijó edicto en la secretaría de esta S. por el término de cinco días,

    con el fin de que las autoridades involucradas y los terceros interesados

    presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite de este

    ...

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