Auto nº 11001-03-06-000-2019-00192-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 24 de Febrero de 2020 - Jurisprudencia - VLEX 844452082

Auto nº 11001-03-06-000-2019-00192-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 24 de Febrero de 2020

Ponente:ÁLVARO NAMÉN VARGAS
Fecha de Resolución:24 de Febrero de 2020
Emisor:Sala de Consulta y Servicio Civil
RESUMEN

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Regional Antioquia Defensoría de Familia del Centro Zonal Rosales y el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Medellín / GARANTÍA DEL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - Fundamento constitucional y legalEl artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. (…) Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006). (…) La Ley 1878 de 2018 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) (…) La Ley 1955 de 2019 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018. (…) El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas: (i) la verificación de los derechos (art. 52, modificado por art 1 de Ley 1878); (ii) el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los arts. 3 y 4 de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y (iii) el seguimiento de esas medidas transitorias (art. 103, modificado por el art. 6 de la Ley 1878 de 2018 y el art. 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva), y a cerrar el proceso de protección.NOTA DE RELATORÍA: Sobre los postulados internacionales relacionados con la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ver: Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 (aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991)SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL - Competencia general para resolver conflictos... (ver resumen completo)

 
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CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS – Entre el Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Regional Antioquia Defensoría de

Familia del Centro Zonal Rosales y el Juzgado Séptimo de Familia de

Oralidad de Medellín / GARANTÍA DEL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES – Fundamento constitucional y legal

El artículo 44 de la Constitución Política elevó a rango constitucional los

derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los

derechos de los demás. Por tal razón, el mismo precepto obliga a la

sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños, niñas

y adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e integral y el

ejercicio pleno de sus derechos. (…) Para dar cumplimiento a lo anterior,

se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006).

(…) La Ley 1878 de 2018 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006

(Código de la Infancia y la Adolescencia) (…) La Ley 1955 de 2019 modificó

el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el

artículo 6 de la Ley 1878 de 2018. (…) El marco legal reseñado trata de

garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes,

cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un

proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía

administrativa. Este se desarrolla en tres fases o etapas: (i) la

verificación de los derechos (art. 52, modificado por art 1 de Ley 1878);

(ii) el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código

(modificados por los arts. 3 y 4 de la Ley 1878), que concluye con la

imposición de medidas transitorias de protección, y (iii) el seguimiento de

esas medidas transitorias (art. 103, modificado por el art. 6 de la Ley

1878 de 2018 y el art. 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una

decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño, niña o

adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva), y a

cerrar el proceso de protección.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICAARTÍCULO 44 / LEY 1098 DE 2006 / LEY

1878 DE 2018 / LEY 1955 DE 2019 – ARTÍCULO 208

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los postulados internacionales relacionados con la

protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

ver: Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del

Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en

1989 (aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991)

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL – Competencia general para resolver

conflictos de competencia administrativos /

Con base en el artículo 39 (…) y en armonía con el numeral 10 del artículo

112, la S. ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los

conflictos de competencia administrativa, a saber: (i) que se trate de una

actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta; (ii) que,

simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia

para conocer de dicha actuación, y (iii) que al menos una de las

autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del

orden nacional, o que, si se trata de entidades del orden territorial, no

estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011ARTÍCULO 39 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO

112 NUMERAL 10

JUEZ DE FAMILIA Y SALA DE CONSULTA – Competencia a prevención en conflictos

de competencia administrativa en materia de familia

[E]l Código General del Proceso no modificó ni derogó, en forma expresa o

tácita, ninguna de las disposiciones señaladas del CPACA respecto de los

conflictos de competencias administrativas, ya que si bien el artículo 21

del CGP otorgó a los jueces de familia la función de resolver los

conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades antes

mencionadas, esta competencia no resultaba opuesta o incompatible con lo

dispuesto para la S. de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y

los tribunales administrativos en los artículos 39; 112, numeral 10, y 151,

numeral 3, del CPACA. Por lo anterior, los jueces de familia y la S.

tienen una competencia a prevención para resolver conflictos de

competencias administrativas que se susciten en materia de familia. Lo

anterior, limitado por el alcance del parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley

1878 de 2018

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011ARTÍCULO 39 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO

112 NUMERAL 10 / LEY 1437 DE 2011ARTÍCULO 151 NUMERAL 3 / LEY 1564 DE

2012 – ARTÍCULO 21 / LEY 1878 DE 2018 – PARÁGRAFO 3 ARTÍCULO 3

PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN MATERIA DE FAMILIA – Conflictos

de competencia entre autoridades llamadas a conocer de estos asuntos

[E]n tanto el artículo 3 de la Ley 1878, que modificó el artículo 99 de la

Ley 1098 de 2006, confirió a los jueces de familia la función de dirimir

los conflictos de competencia que puedan presentarse en el trámite regulado

por dicha norma, sobre ese punto ya no hay vacío, sino norma especial de

aplicación prevalente. El artículo 99 del Código regula la «iniciación de

la actuación administrativa», cuyo trámite se consagra de forma inicial en

este artículo y continúa desarrollándose en el artículo 100 de la misma

normativa, por lo que debe entenderse que el parágrafo del artículo 3 de la

Ley 1878 cobija ambos artículos. Significa, entonces, que los conflictos de

competencia que se susciten desde el «conocimiento de la presunta amenaza o

vulneración de los derechos», hasta la definición de la situación jurídica

declarando en situación de vulneración de derechos o adoptabilidad al

niño, niña o adolescente

, regulado en los artículos 99 y 100 del Código de

la Infancia y la Adolescencia, son competencia del juez de familia. Lo

anterior, sin perjuicio de que, por cambios en el lugar de domicilio del

menor, se llegaren a exceder las limitaciones de jurisdicción territorial

del juez de familia, caso en el cual la competencia recaería en el tribunal

de lo contencioso administrativo respectivo o en la S. de Consulta y

Servicio Civil del Consejo de Estado, según el caso

FUENTE FORMAL: LEY 1878 DE 2018ARTÍCULO 3 / LEY 1098 DE 2006 – ARTÍCULO

99 / LEY 1098 DE 2006 – ARTÍCULO 100

MENORES DECLARADOS EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS – Obligatoriedad

de seguimiento / SEGUIMIENTO DE MEDIDAS – Prórroga / PROCESO ADMINISTRATIVO

DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y SEGUIMIENTO – Término / AUTORIDAD

ADMINISTRATIVA – Pérdida de competencia / EXCEDER TÉRMINO SIN RESOLVER

SITUACIÓN JURÍDICA – Causal de pérdida de competencia de autoridad

administrativa / FUNCIÓN DE SEGUIMIENTO – Autoridades a cargo

Esta norma [la ley 1955 de 2019] introduce tres cambios importantes al

Código de la Infancia y la Adolescencia, en lo relativo al seguimiento de

las medidas de protección o restablecimiento: (…) Dispone que la actividad

de seguimiento debe concluir con una decisión que resuelva, de manera

definitiva y de fondo, la situación jurídica del niño, niña o adolescente,

para lo cual ofrece tres opciones: a- decretar «el cierre del proceso

cuando el niño, niña o adolescente esté ubicado en medio familiar y ya se

hubiera superado la vulneración de derechos

; b- ordenar «el reintegro al

medio familiar cuando el niño se hubiera encontrado institucionalizado y la

familia cuente con las condiciones para garantizar sus derechos

, o c- «la

declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera establecido

que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos

.

Debe tenerse presente, en todo caso, que la declaratoria de adoptabilidad,

por mandato del artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, solo puede ser hecha

por el defensor de familia y, con base en el mismo artículo 98, en

reiterado criterio de la S., tal declaratoria también corresponde al juez

de familia, cuando sustituya a la autoridad administrativa, por haber

operado la pérdida de competencia. (…) Preceptúa que el trámite de

seguimiento, hasta la determinación de alguna de las medidas anteriores,

debe ser realizado en un plazo de seis meses, prorrogables por otros seis.

No obstante, el inciso 8 de la norma citada, adicionado por la Ley 1955 de

2019 (artículo 208), establece la posibilidad de que, en algunos casos,

previa reglamentación y otorgamiento del aval por parte del ICBF, el

término indicado se amplíe. (…) Le asigna la función de seguimiento a la

autoridad administrativa

que tenga la competencia para conocer del

respectivo proceso de restablecimiento de derechos, es decir, el defensor

de familia, el comisario de familia o el inspector de policía, según el

caso, o bien el juez de familia, cuando actúe en remplazo de cualquiera de

las autoridades mencionadas que haya perdido la competencia. La comparación

de los artículos 96 y 103 del Código de la Infancia y la Adolescencia

permiten llegar a la conclusión de que la función de seguimiento está a

cargo de los defensores de familia, comisarios de familia, inspectores de

policía o jueces de familia, según el caso, con la colaboración de los

coordinadores de los centros zonales del ICBF. En ejercicio de dicha

función, les corresponde: (i) evaluar la eficacia de tales medidas para

garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y (ii)

establecer cuál de las medidas enunciadas en la norma debe ser la medida de

restablecimiento definitiva

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE LA INFANCIA – ARTÍCULO 96 / CÓDIGO DE LA INFANCIA

Y LA ADOLESCENCIA – ARTÍCULO 103 / LEY 1955 DE 2019

LEY 1878 DE 2018 – Vigencia / LEY 1878 DE 2018 – Reglas de transición

[L]as reglas especiales de tránsito legislativo contenidas en el artículo

13 (…) se refieren expresamente a los «procesos en curso al entrar en

vigencia la presente ley», esto es, a aquellos en los que, para el 9 de

enero de 2018, se hubiera abierto...

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