Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-04958-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 22 de Abril de 2020
| Ponente | JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ (E) |
| Fecha de Resolución | 22 de Abril de 2020 |
| Emisor | SECCIÓN CUARTA |
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR AUSENCIA DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Incumplimiento de la carga argumentativa /
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO PARA RECONOCIMIENTO DE
PENSIÓN GRACIA / RECHAZO PARCIAL DE LA DEMANDA – Certificados de tiempos de
servicio y salarios no son actos administrativos objeto de control judicial
Una vez estudiado el expediente, encuentra la S. que la parte actora
acude a este mecanismo constitucional como una instancia adicional a las
previstas en el medio de control que se encuentra en curso, para retomar el
debate jurídico relativo a la posibilidad de demandar ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo las certificaciones de tiempo de servicios
y salarios que se relacionan en la demanda ordinaria. Para la S., dicho
asunto fue suficientemente debatido en cada una de las instancias del
proceso ordinario, y razonablemente decidido por las autoridades judiciales
accionadas, que estimaron que las certificaciones de tiempo de servicios y
salarios relacionadas en la demanda no se pueden considerar como actos
administrativos susceptibles de control judicial. De allí que la decisión
de rechazo parcial de la demanda, atendió al marco jurídico y
jurisprudencial relativo a la naturaleza de los actos administrativos
susceptibles de control jurisdiccional. En el caso propuesto, insiste en
actor en que su vinculación como docente no es nacional sino que es otro el
vínculo laboral y, en esa medida insiste en que deben ser tenidos como
parte demandada no solo el Ministerio de Educación sino el Departamento de
Boyacá y las Secretarias de Educación de Boyacá y Sogamoso, en la medida
que, a su juicio, tanto los certificados laborales como las constancias
salariales son también susceptibles de control por vía de nulidad y
restablecimiento del derecho. (…) Para la S., las razones por las que
finalmente en segunda instancia se confirmó el rechazo parcial de la
demanda, explican y dejan claro que las certificaciones laborales y de
salario no son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. (…) Resulta pertinente señalar que las supuestas
inconsistencias contenidas en las certificaciones laborales y de salarios,
respecto al tipo de vinculación laboral del actor –que aduce es territorial
y no nacional como allí se indica–, son enunciados fácticos susceptibles de
ser probados o desacreditados en el proceso que actualmente cursa ante el
Tribunal Administrativo de Boyacá. De allí que dichas inconsistencias –en
caso de existir–, podrán ser controvertidas por la parte interesada
desplegando la actividad probatoria que le corresponde.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JULIO R.P.R. (E)
Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veinte (2020)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-04958-01 (AC)
Actor: L.F.G.R.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN "B" Y OTROS
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La S. decide la impugnación interpuesta por el señor Luis Fernando Gálvez
Robles, contra la sentencia del 6 de febrero de 2020, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección "A", que resolvió[1]:
"PRIMERO. Declarar improcedente la tutela interpuesta por el señor Luis
Fernando Gálvez Robles, por la inobservancia del requisito de
relevancia constitucional".
-
Pretensiones
El 25 de noviembre de 2019, el señor L.F.G.R., quien
actúa por conducto de apoderado, instauró acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "B", el Tribunal
Administrativo de Boyacá, la Nación – Ministerio de Educación Nacional,
Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá y de Sogamoso y Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
de petición y a la igualdad. En consecuencia, formuló la siguiente
pretensión[2]:
"Solicito muy respetuosamente se sirva amparar los derechos
fundamentales del señor L.F.G.R., al debido proceso
judicial y administrativo, a la igualdad, al derecho de petición,
derecho de acceso a la justicia (T-411/16) y demás que se encuentran
regulados en la Constitución Política".
Luego en escrito complementario, la parte actora indicó lo siguiente[3]:
"La petición de amparo se encamina a que se le ordene al Tribunal
Administrativo de Boyacá que admita la demanda contra la NACION –
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA Y SECRETARIA DE EDUCACION DE SOGAMOSO,
comoquiera que los entes enunciados al expedir las certificaciones de
tiempo de servicio y salarios devengados deben ser sujetos procesales,
independientemente que se reconozca o no la prestación social PENSION
GRACIA, atendiendo que la UGPP exige como requisito las certificaciones
enunciadas y por tratarse de una relación LABORAL, según el Art. 18 del
Decreto 2288 de 1989, 'por el cual se dictan disposiciones relacionadas
con la jurisdicción de lo contencioso administrativo' SECCION SEGUNDA.
Le corresponde el conocimiento de los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral, de competencia del
Tribunal se deniega el acceso a la administración de justicia".
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, L.F.G.R. demandó a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP (en adelante UGPP), pretendiendo la nulidad de los
actos administrativos que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia
de jubilación. Así mismo, pidió se declarara la nulidad de los certificados
de tiempos de servicio y una certificación de salarios, expedidos por la
Secretaría de Educación de Sogamoso. A título de restablecimiento del
derecho, pidió el reconocimiento de la mencionada prestación con la
inclusión de todos los factores salariales causados en el año anterior a la
adquisición del estatus.
2.2. El conocimiento del asunto le correspondió al Tribunal Administrativo
de Boyacá, que por auto del 14 de noviembre de 2018, rechazó parcialmente
la demanda, específicamente, respecto de la pretensión de nulidad de los
certificados de tiempos de servicios y de salarios, por considerar que los
mismos no son actos administrativos, y por lo tanto, no son susceptibles de
control jurisdiccional. La autoridad judicial admitió la demanda únicamente
frente a la UGPP, y en relación con los actos administrativos que negaron
el reconocimiento de la pensión gracia al hoy tutelante.
2.3. Inconforme con la decisión, el interesado interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación. Por auto del 22 de enero de 2019, el
Tribunal negó por improcedente el recurso de reposición y concedió el de
apelación.
2.4. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "B", en providencia
del 2 de octubre de 2019, confirmó el auto del 14 de noviembre de 2018 que
rechazó parcialmente la demanda. Decisión que se notificó por estado fijado
el 22 de noviembre de 2019.
2.4.1. A juicio de la Sección Segunda, el proceso solamente debía
continuar frente a los actos administrativos proferidos por la UGPP, que
negaron el reconocimiento y pago de la pensión gracia del actor, pues que
en relación con los demás demandados, a ellos no correspondía asumir la
eventual condena en lo que tiene que ver con la citada prestación, además,
que las certificaciones cuya nulidad estaba solicitando, no eran pasibles
de control judicial.
-
Fundamentos de la acción
Aunque el escrito de tutela y el que lo complementa son confusos y no
identifican los defectos en los que pudo incurrir las autoridades
judiciales accionadas, encuentra la S. que los argumentos que se exponen
aluden al defecto por violación directa de la Constitución Política, por la
supuesta interpretación restrictiva que se le dio a la naturaleza de las
certificaciones cuya nulidad solicitó, y que en su criterio, desconocen
los principios de favorabilidad en materia laboral e in dubio pro operario,
lo que le impide cuestionar la naturaleza de su vinculación como...
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