Consejo de Estado - Jurisprudencia
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  • Auto nº 11001-03-28-000-2019-00033-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 29 de Julio de 2019

    SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Se niega al no ser manifiesta la infracción del acto demandado con las normas invocadas como violadasSobre el particular, se tiene que, a través de la Resolución 0085 del 4 de febrero de 1998, el Consejo Nacional Electoral otorgó personería jurídica al Movimiento Séptima Papeleta por haber acreditado el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para el efecto. (…). De acuerdo con lo previsto en el citado precepto constitucional [artículo 35 transitorio] se infiere que, en principio, el Consejo Nacional Electoral cumplió con el mandato impuesto de otorgar el atributo de la personería jurídica al Movimiento Séptima Papeleta. (…). Ahora, si bien es cierto que por Resolución 791 del 1º de julio de 1998 se declaró la pérdida de las personerías jurídicas a algunos partidos y movimientos políticos, entre ellos, al Movimiento Séptima Papeleta, debido al incumplimiento de requisitos legales, lo cierto es que sí contó con esa atribución, la cual se dio con posterioridad a la promulgación de la Constitución Política. (…). [S]e pone de presente que a través del medio de control promovido se pretende el estudio de legalidad de las Resoluciones 2404 de 2018 y 1746 de 2019 por las cuales se negó el reconocimiento de la personería jurídica al Movimiento Séptima Papeleta, de tal suerte que es imposible emitir pronunciamiento alguno respecto de la motivación contenida en la resolución 0085 de 1998. (…). Adicionalmente, debe resaltarse que en este estado del proceso no se cuenta con los elementos de juicio necesarios para establecer si el artículo 35 transitorio es aplicable. (…). Ahora bien, (…), [d]e conformidad con la Constitución Política el derecho a elegir y ser elegido no se limita a los partidos y a los movimientos políticos. Es clara la consagración de poder ejercer ese derecho a través de los movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos, mecanismos con los que se podrá lograr la inscripción de una candidatura para un cuerpo de elección popular. Por consiguiente, no se puede aducir quebranto alguno del derecho político a ser elegido por la supuesta imposibilidad de la parte actora de participar en el próximo certamen electoral puesto que, se reitera, el ordenamiento jurídico vigente contempla los mecanismos idóneos para garantizar el cumplimiento de ese derecho fundamental. De otro lado, respecto de la manifestación relacionada con la vulneración al derecho a la igualdad (…), es oportuno señalar que de la simple afirmación del quebranto del artículo 13 de la Constitución Política no es posible realizar el análisis inicial de las decisiones demandadas respecto de ese preciso reproche, dado que no cuenta con ningún soporte jurídico válido. Así las cosas, en un primer examen de legalidad de los actos acusados y de las normas superiores que se estiman infringidas, no se advierte la alegada vulneración y, bajo ese entendido, no se reúnen los requisitos fijados por la ley y la jurisprudencia para el decreto de la medida cautelar solicitada.

  • Auto nº 76-001-23-33-003-2015-00388-02 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Julio de 2019

    DEBERES DEL JUEZ / CONTROL DE LEGALIDAD / PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL / PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL / PRINCIPIO DE CELERIDAD / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO A LA DEFENSA / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAEn virtud de lo establecido en el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el juez como director del proceso deberá ejercer el control de legalidad para sanear los vicios que pueden llegar a acarrear nulidades. (…) Adicionalmente, con fundamento en los principios de economía y celeridad procesal que rigen la actividad judicial, el ordenamiento le otorga al juez diferentes facultades con el objetivo de propiciar un óptimo desarrollo en el trámite de los asuntos puestos en su conocimiento, garantizando así los derechos fundamentales al debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia.

  • Auto nº 11001-03-28-000-2019-00032-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 26 de Julio de 2019

    SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Se niega pues para su estudio se requiere un análisis de fondo propio de la sentenciaA partir de las normas que regulan las medidas cautelares y según lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo exige la «petición de parte debidamente sustentada». (…). Del texto transcrito [artículo 231 de la Ley 1437 de 2011] se desprenden los siguientes requisitos para la procedencia de la medida cautelar: i) que se invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados. (…). A través de la Resolución 1706 del 8 de mayo de 2019, el Consejo Nacional Electoral dictó medidas para garantizar la transparencia de los escrutinios, así como frente al uso eficiente de los recursos públicos destinados al proceso electoral. (…). Frente al punto, resulta del caso precisar que la solicitud de medida cautelar debe resolverse con base en los argumentos esgrimidos en ella sin que sea posible remitirse a las manifestaciones de la demanda salvo remisión expresa. De manera que, corresponde establecer si con la resolución demandada se desconocen los artículos 265 y 266 de la Constitución Política, el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, así como los artículos 2, 4, 5 y concordantes del Decreto-Ley 1010 de 2000. (…). Conforme con lo expuesto, se observa que en el acto administrativo acusado se establecen unas obligaciones respecto de la Registraduría Nacional del Estado Civil y que las normas que se invocan como desconocidas, refieren las atribuciones de esa entidad y del Consejo Nacional Electoral, sin embargo, de la comparación inicial de aquellas no puede afirmarse fehacientemente que las disposiciones contenidas en la resolución acusada desconozcan las normas invocadas como fundamento de la demanda. (…). [C]on los elementos aportados (…) no es posible adelantar el estudio detallado que se requiere para determinar si el acto demandado desconoce o no las normas en mención. (…). Ahora bien, respecto de la presunta violación de la reserva legal debe tenerse en cuenta que el actor en la solicitud de medida cautelar tampoco desarrolló en manera alguna dicha afirmación, razón por la cual no es posible estudiarla en este momento procesal. Por lo tanto, el análisis de los demás argumentos esgrimidos (…), deberá hacerse junto con el estudio del fondo de la controversia, una vez agotadas las demás etapas del proceso. Entonces, es la sentencia la oportunidad para determinar el órgano competente para dictar las medidas incluidas en el acto acusado, así como para efectuar el estudio propio de los alcances de las potestades para legislar, regular, reglamentar y fijar las competencias constitucionales y legales tanto del Consejo Nacional Electoral como de la Registraduría Nacional del Estado Civil, esto es, el marco de acción de cada uno. En este orden de ideas, en este momento procesal no se encuentran reunidos los requisitos señalados por la Ley y la jurisprudencia para el decreto de la medida cautelar solicitada, por lo cual será denegada.

  • Auto nº 20001-23-33-000-2019-00175-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 26 de Julio de 2019

    RECURSO DE REPOSICIÓN - Contra auto que declaró la falta de competencia y ordenó remitir el asunto a la Sección Segunda / RECURSO DE REPOSICIÓN - Rechazado por improcedente y extemporáneoSegún lo establecido en el Acuerdo PSAA07-4034 del 15 de mayo de 2007, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el horario judicial es de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. (…). Para el efecto, la Sala anota que sobre la actuación judicial, el artículo 106 del Código General del Proceso prevé que ‹‹las actuaciones, audiencias y diligencias judiciales se adelantarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de los casos en que la ley o el juez dispongan realizarlos en horas inhábiles››. En este mismo sentido, respecto a los usuarios de la justicia, el inciso cuarto del artículo 109 del mismo ordenamiento, dispone que ‹‹los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término››. De esta forma, se advierte que la ley procesal pretende que las actuaciones y diligencias realizadas por los operadores judiciales y los usuarios de la jurisdicción se adelanten en el horario de funcionamiento del despacho. El Despacho observa que, a partir de las normas transcritas y la providencia citada, resulta claro que el recurso interpuesto por el actor es improcedente y extemporáneo, habida cuenta que fue dirigido contra una providencia proferida en el marco del trámite de unos impedimentos y porque fue presentado una vez vencido el término para ello, esto es, después de las 5:00 pm del 11 de julio de 2019. En consecuencia, el Despacho rechazará el recurso y ordenará la continuación del trámite respectivo.

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-02873-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 25 de Julio de 2019

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Medio de control de reparación directa por falla médica / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Adecuada valoración probatoria. Historia clínicaEl punto central de la controversia tanto ante el juez natural como ahora en sede constitucional, radica tres aspectos fundamentalmente: El primero de ellos tiene que ver con la asistencia al centro hospitalario por urgencias del fallecido señor Ruíz Mejía: Insiste en que asistió no solo los días 11 y 13 de junio de 2010 sino que también lo hizo el día 12 de junio de ese año, aspecto que considera relevante en la medida en que eso demuestra que era un paciente recurrente y que pese a ello la actividad desplegada por el hospital fue negligente. El segundo, se orienta a la prueba de la prescripción médica que le dieron al señor Ruíz Mejía el 12 de junio de 2010: Advierte que pese a ser un elemento aportado en su momento con la demanda, no se tuvo en cuenta, razón por la que aportó dicho documento con el recurso de apelación, insistiendo en que la historia clínica fue allegada en forma incompleta por el hospital demandado. El tercero, es el cuestionamiento al dictamen pericial: Pues insiste en que se basó en los medios de prueba deficientes aportados al proceso, lo que hace que no sea una prueba idónea. De la comparación hecha se concluye que, en resumen, las inconformidades de la parte actora han sido constantes y frente a ellas se ha hecho un análisis por parte del juez natural, razón por la que no es posible volver sobre los mismos puntos pero ahora en sede constitucional argumentando la posible existencia de un defecto fáctico, pues lo cierto es que en punto al desconocimiento de los derechos fundamentales, la Sala no advierte que estos hayan sido trasgredidos por las autoridades judiciales accionadas. Lo que existe es una inconformidad de los accionantes en relación con la forma como fue resuelto el problema jurídico y se pretende seguir planteando argumentos frente a los mismos puntos de disenso, lo cual se insiste, no es de competencia del juez de tutela a quien está reservada la tarea de verificar la no trasgresión de derechos de rango fundamental. Es importante precisar que cuando se está cuestionando una providencia judicial, el estudio se hace mucho más riguroso, pues se está en presencia de una decisión judicial que, en principio, ha hecho tránsito a cosa juzgada, lo cual hace que el presunto defecto deba señalarse con total precisión y deba versar sobre aspectos puntuales en los que haya incurrido la providencia y no en el planteamiento de un desacuerdo con lo decidido, edificado sobre la presunta configuración de un defecto contra providencia judicial. Por las razones que han quedado expuestas, para la Sala declarará la improcedencia de la acción, por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

  • Auto nº 11001-03-28-000-2019-00030-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 25 de Julio de 2019

    IMPEDIMENTO DE MAGISTRADOS - Por haber intervenido en la expedición del acto enjuiciado / IMPEDIMENTO - Se declara fundadoEl impedimento respecto de los operadores judiciales se ha erigido en nuestro ordenamiento jurídico como un medio de salvaguarda de las garantías procesales fundamentales, tales como el debido proceso, la igualdad, imparcialidad o neutralidad del juez natural. Están instituidos como garantía de la imparcialidad de los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor. (…). La causal invocada por los Consejeros Rocío Araújo Oñate, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y Carlos Enrique Moreno Rubio, para apartarse del conocimiento del caso concreto, se encuentra contenida en el numeral 1 del artículo 130 del CPACA. (…). La referida causal encuentra concordancia con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 141 del CGP. (…). Los Consejeros (…) consideraron que en el presente caso se configuró la causal de impedimento (…), en la medida en que suscribieron la sentencia contentiva del acto electoral contra el que el demandante encamina la pretensión de nulidad electoral. (…). Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala considera que la manifestación de impedimento expresada por los citados Consejeros de Estado se encuentra fundamentada, por cuanto no se puede garantizar el valor imparcialidad del juez si los magistrados en cuestión continúan conociendo de la legalidad del acto referido, habiéndose acreditado las condiciones de la causal establecida en el artículo 130.1 del CPACA. En ese orden de ideas, se impone declarar fundado el impedimento presentado, en tanto la circunstancia descrita se enmarca dentro de la causal consagrada en el numeral primero del artículo 130 del CPACA. De conformidad con lo considerado hasta el momento, resulta necesario decir que, como consecuencia de ello, las razones expuestas imponen separar a los Consejeros en comento del conocimiento del presente asunto, como una garantía de imparcialidad. Finalmente, es oportuno precisar que, ante la desintegración del quórum en este caso, fue necesario ordenar, mediante auto del 8 de julio de 2019 el sorteo de tres conjueces, necesarios para integrar la Sala de Decisión.NOTA DE RELATORÍA: Con respecto a impedimentos en los que se hizo la adecuación del supuesto de hecho invocado al régimen normativo pertinente, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 28 de febrero de 2017, radicación 11001 - 03-15-000-2015-03386-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-03078-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Julio de 2019

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / SOLICITUD DE RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Adecuada aplicación del criterio de la Corte Constitucional / DEFECTO FÁCTICO - Inexistencia / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD Y AL DEBIDO PROCESO[E]stima la Sala que no se configuró el desconocimiento del precedente alegado por la accionante, por cuanto si bien es cierto que en ese fallo el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, se apartó de lo decidido en la sentencia del 4 de agosto de 2010, por la Sección Segunda del Consejo de Estado, también lo es que se cumplieron los dos requisitos exigidos por la Corte Constitucional para ejercer ese derecho de apartamiento (transparencia y razón suficiente). En efecto, la autoridad judicial accionada reconoció expresamente la existencia del precedente del que se apartó, esto es, el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado contenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010 (expediente 0112-09); y, en cumplimiento del principio de la “razón suficiente”, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, explicó, de manera clara, suficiente y razonada, los motivos por los que se apartó de esa decisión y que la razón para no seguir aplicándolo obedeció al cambio de tesis jurisprudencial que estableció la Sala Plena del Consejo de Estado, en providencia del 28 de agosto de 2018, expediente radicado n.° 52001-23-33-000-2012-00143-01, según la cual el anterior criterio desconocía el principio de solidaridad en materia de seguridad social, así como la voluntad del legislador de delimitar los factores salariales que conforman la base de liquidación. Ahora bien, en cuanto al defecto fáctico alegado por la parte actora, precisa la Sala que tampoco se encuentra demostrada su configuración, toda vez que el despacho accionado sí tuvo en cuenta las calidades con las que contaba la [actora] a que se le reconociera su pensión de jubilación, bajo el régimen de transición. [L]a Sala estima que el defecto fáctico alegado por parte de la actora se centra realmente en el resultado de la valoración probatoria que realizó el despacho accionado y la aplicación de la jurisprudencia de esta misma Corporación, y no en el hecho de que dichos elementos de prueba pudieran ser tenidos en cuenta o no por el juez de segunda instancia del proceso ordinario. Como se sabe, las discusiones sobre la valoración del material probatorio son un campo restringido para el juez de tutela, salvo que se advierta irracionalidad o capricho en la tasación de los medios de prueba, circunstancias que en este caso no se presentan. El hecho de que la accionante no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Así las cosas, la Sala concluye que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la [actora], toda vez que no se acreditó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, hubiera incurrido en defecto fáctico o hubiera desconocido arbitrariamente el precedente establecido por esta Corporación. En efecto, la autoridad judicial demandada cumplió los presupuestos necesarios para apartarse de la decisión dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, el 4 de agosto de 2010, pues, se reitera, reconoció expresamente la existencia de ese pronunciamiento y, además, expuso las razones por las que se apartó de la aplicación de la misma, en ejercicio de su autonomía funcional.

  • Sentencia nº 25000-23-15-000-2019-00003-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Julio de 2019

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN - Carencia actual de objeto por hecho superadoUna vez verificado el contenido de la respuesta brindada por la entidad accionada a la solicitud realizada por el señor Manrique Serrano, encuentra la Sala que la información suministrada por el [demandado], satisface el núcleo esencial del derecho fundamental de petición, pues se le informó detalladamente los procesos disciplinarios (activos e inactivos) registrados en el sistema en contra del señor [D E G], mientras que la inconformidad del hoy accionante radica es en la cantidad de los mismos, toda vez que, a su juicio, son pocos en comparación de los hallazgos de la Contraloría de Cundinamarca, asunto que resulta restringido para el juez de tutela. El hecho de que el accionante no esté conforme con la información brindada por [el demandado], no habilita al juez de tutela para establecer la vulneración del derecho fundamental de petición, pues, como se vio, este se encuentra satisfecho. Así las cosas, la Sala confirmará la decisión impugnada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el 12 de junio del año en curso, mediante la cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. Finalmente, respecto de la solicitud de dar apertura el incidente de desacato, dado el incumplimiento al fallo de primera instancia, precisa la Sala que la decisión del a quo fue denegatoria de las pretensiones de la tutela, al haber declarado la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado, lo que implica que no se dio ninguna orden que debiera cumplir la autoridad accionada, por lo que resulta improcedente dicha solicitud.

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-01024-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 25 de Julio de 2019

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Requisitos generales de procedibilidad de la acción. Subsidiariedad / RECURSO DE REVISIÓN - Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedencia. No cumple el requisito de subsidiariedad[C]orresponde a esta Sala, determinar si en el presente caso se cumplen a cabalidad los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, específicamente el de la subsidiariedad. Y solo en caso de superar dicho análisis, podrá la Sala verificar si se configuran los defectos propuestos por la UGPP contra la providencia que se cuestiona a través de la presente acción de tutela. Contrario a las consideraciones del fallo de primera instancia, esta Sala advierte que en el presente asunto no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, motivo por el cual se procederá a despejar este aspecto que, de resultar establecido, impediría un pronunciamiento de fondo. [En cuanto al] requisito de subsidiariedad en asuntos en los que la UGPP cuestiona vía tutela providencias judiciales sobre temas pensionales: (…) dada su naturaleza subsidiaria, la acción de tutela sólo procede cuando no existen otros medios de defensa para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección. Considera esta Sala que el presente caso no es posible analizarlo de fondo, toda vez que no se cumple con el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad, en virtud del cual solo es viable acudir al amparo constitucional si el interesado ha utilizado todos los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales. (…) el ordenamiento jurídico consagra para los fines ahora perseguidos por la entidad el recurso especial de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Mecanismo que, conforme el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, debe presentarse dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial. Con base en tal premisa normativa, en la sentencia referida el tribunal constitucional concluyó que “…ante la existencia de otro mecanismo judicial como lo es el recurso de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho [o contrariado la ley], son improcedentes al tenor del artículo 86 de la Constitución”. En este orden de ideas, la UGPP cuenta con otro medio de defensa al que puede acudir -por estar en tiempo- para solicitar que se revise la providencia judicial cuestionada, exponer sus argumentos y demostrar por qué considera que la decisión contrarió la ley. Sumado a lo anterior, no observa la existencia de un perjuicio irremediable que genere un inminente detrimento patrimonial estatal y que afecte la sostenibilidad financiera del sistema pensional, por el hecho que deba reconocer la reliquidación de la pensión jubilación a la [actora], en los términos señalados en las providencias cuestionadas. Por lo tanto, ni siquiera de manera transitoria procede el amparo constitucional. Resultado de lo dicho, la Sala revocará la decisión impugnada que negó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, para en su lugar, declararla improcedente, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad de este mecanismo contra providencias judiciales, específicamente el de la subsidiariedad.

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-01382-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 25 de Julio de 2019

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - No se configuran los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente / JUEZ PENAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS - Derecho al pago de horas extra / JUEZ PENAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS  - Todos los días son hábiles para el ejercicio de esta función / JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS  - No es posible aplicar a los servidores judiciales normas que rigen a los servidores de la Rama Ejecutiva / RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA RAMA JUDICIAL [C]orresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Quindío en la providencia del 8 de marzo de 2019, incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente, al confirmar la decisión del juzgado que negó lo solicitado por la parte actora, concretamente en relación con el reconocimiento y pago de las horas extras, dominicales y festivos que dice haber laborado en su condición de Juez Penal con Funciones de Control de Garantías. (…). Entiende la Sala que la Sección Quinta de esta Corporación, en fallo de tutela de primera instancia, lo que quiso significar fue, que cuando un servidor de la Rama Judicial acepta este tipo de empleos, conoce las condiciones en que debe ser desempeñado, es decir, que conforme a las mismas disposiciones penales deben contar con la disponibilidad para asumir las funciones propias del cargo, que implican la libertad de ciudadanos y sobre lo cual deben entrar a hacer un estudio determinado. Tal afirmación de ninguna manera restringe la posibilidad de reclamar los conceptos laborales a los que dichos funcionarios consideren tener derecho, pues no se censura la solicitud de reclamación de horas extras y trabajo suplementario, lo que se hace es ponerlos en un plano de igualdad entre iguales y no pretender que se puedan comparar con otro tipo de trabajadores que, por la naturaleza misma de la función que desempeñan, tienen otro tipo de regulaciones sobre trabajo suplementario. De esta manera, cada caso debe verse en contexto y dentro de las especiales circunstancias que lo rodean. En el caso concreto, lo que se observó por las autoridades judiciales accionadas fue la falta de pruebas para acreditar lo dicho por la parte actora, situación distinta a la del esclarecimiento de puntos dudosos, pues en principio, y conforme lo establece la ley procesal, la carga de la prueba la tiene la parte demandante, a quien corresponde acreditar el derecho que reclama, carga que no debe trasladarse al juez de natural, con el argumento de las facultades oficiosas con las que cuenta. Además, es importante precisar que la mencionada sentencia de unificación se orienta a la necesidad de evitar los fallos inhibitorios, situación que no se presentó en este caso concreto, pues la decisión fue de fondo, solo que adversa a las pretensiones de la actora. (…). Frente a la posibilidad de que le sean aplicadas las normas contenidas en el Decreto 1042 de 1978 en relación con el reconocimiento y pago de las horas extras, días dominicales y festivos que, en su condición de Juez Penal con Funciones de Control de Garantías dice haber laborado, se advierte que la decisión del Juzgado que fue confirmada por el Tribunal, coinciden en afirmar que no es posible aplicar a los servidores judiciales, estas normas que rigen a los servidores de la Rama Ejecutiva. Quedó plenamente establecido que la accionante se encuentra regida por las normas y decretos anualmente expedidos que regulan todo lo relacionado con el sistema de remuneración de los servidores de la Rama Judicial, indicando incluso el Tribunal que pese a que no se remunera doblemente el trabajo en domingos y festivos, los servidores judiciales del sistema penal acusatorio tienen la remuneración ordinaria y el día de descanso compensatorio, con lo que se garantiza el mínimo laboral del trabajador. En cuanto al artículo 157 de la Ley 906 de 2004, se precisa que lo que se dejó claro en la providencia es que existía una especial situación laboral para los jueces penales con funciones de control de garantías, teniendo en cuenta las necesidades del servicio dentro del sistema penal acusatorio, pues que el artículo 157 disponía que “las actuaciones que se desarrollen ante los jueces que cumplan con la función de control de garantías serán concentradas. Todos los días son hábiles para el ejercicio de esta función”, sin que pueda concluirse que con esto se suplantan normas laborales, pues esto es solo una apreciación de la accionante. Por las razones que han quedado expuestas, la Sala confirmará la decisión de tutela de primera instancia.

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