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  • Auto nº 11001-03-28-000-2019-00068-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 18 de Diciembre de 2019

    SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Se niega al no advertirse una manifiesta infracción de las normas enunciadas / CURUL POR DERECHO PROPIO - Beneficia al candidato con la segunda mayor votación / VOTO EN BLANCO - No tiene la connotación de candidato[L]as disposiciones precisan que la medida cautelar (i) se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado -siempre que se encuentre en término para accionar- o en la misma demanda, pero en todo caso que sea específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el concepto de violación y (ii) al resolver se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores alegadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. (…). La parte actora depreca la suspensión provisional del parágrafo 2º del artículo 2º de la Resolución 2276 de 11 de julio de 2019, expedida por el CNE, relacionado con la no aplicación de los efectos y del derecho que se contienen en el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018 a la segunda mayor votación frente al derecho del candidato con la segunda mayor votación a ocupar curul en el corporativo de elección popular. (…). [E]l Despacho anticipa que el decreto de la medida de suspensión será negado, a la luz de los siguientes planteamientos: (…). Como se advierte de la literalidad de las normas sustento de la medida cautelar, es claro que las primeras si bien tocan temas como el voto, las competencias del CNE, la conformación de Asambleas y Concejos, no hacen alusión alguna a la llamada figura de la “curul por derecho propio” que beneficia a quien obtiene la segunda mayor votación, luego de aquella que le dio el triunfo al elegido. (…). En este estadio del proceso no se advierte tensión entre las normas superiores invocadas y el aparte del acto judicializado, por cuanto es el contenido de la norma específica del tema de la “curul por derecho propio”, esto es, el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, se redacta a lo largo de todo su texto sobre la expresión o sustantivo de los “candidatos”, siendo la única expresión abierta la contenida en el inciso tres (…), lo cual no se puede descontextualizar o escindir del contexto que la norma posee en la mayoría de su texto con la palabra “candidatos”. Por contera, el dispositivo demandado en el aparte cuestionado, lo único que hizo fue materializar la palabra “candidatos”, la cual sí se encuentra prevista y se maneja en forma preponderante y reiterada en la norma de la Ley que la parte actora consideró violada (art. 25 Ley 1909 de 2018). En la misma línea, es innegable que la Sala Electoral de tiempo atrás ha considerado que el voto en blanco es una forma o manifestación de opinión de gran envergadura e importancia para las justas electorales y los principios democráticos, en tanto es el llamado voto de disenso o de inconformidad, pero no se la ha dado la connotación de candidato, sin que ello haya conllevado a un desconocimiento de su fuerza vinculante ni de su importancia democrática, pues ha sido objeto legal y constitucional de reconocimientos electorales, sin aún haber sido equiparado a la figura de un candidato. En este punto y como no se advierte por el Despacho un argumento de gran fortaleza hermenéutica para variar el predicamento de que el voto en blanco es una forma de manifestación electoral, más no en la connotación de equipararse a un candidato, no se advierte, por lo menos con la disertación de la postulación cautelar que se hayan vulnerado las normas invocadas. Finalmente, sobre si dentro del ámbito competencial del CNE podía expedir una norma indicando la inaplicabilidad de los efectos del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018 sobre el voto en blanco, no se vislumbra per se vulneración a norma superior, por cuanto como se evidencia lo que hizo fue materializar la exclusión generada por el legislador de conectar la figura de la “curul por derecho propio” a los candidatos y no a ninguna otra opción o figura democrática, que permitiera abrir el espectro del beneficio a quien obtiene la segunda votación más alta cuando no recae sobre la figura de un candidato. (…). Así las cosas, el Despacho no encuentra ciertamente que se pueda concluir que el CNE absorbió competencias propias del legislador estatutario al desmarcar del artículo 25 de la Ley 1909 de 2002 el voto en blanco, si el análisis se detiene en el concepto del vocablo “candidato” que sí se contiene en la norma superior sobre la curul por derecho propio. De manera que no se arroja decisión diferente que negar la solicitud cautelar, a la espera de la decisión definitiva que se adopta en la sentencia, luego de contar con toda la carga argumentativa que se predica del fallo.NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la fuerza ejecutiva y ejecutoria que tienen los actos administrativos una vez quedan en firme, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 13 de agosto de 2014, radicación. 2014 - 00057-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

  • Auto nº 11001-03-24-000-2014-00160-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 13 de Diciembre de 2019

    RECURSO DE REPOSICIÓN - Frente a decisión que reconoce como coadyuvante de las demandadas a una sociedad y corre traslado de sus excepciones / EXCEPCIONES PREVIAS PROPUESTAS POR EL COADYUVANTE - Se debe correr traslado de estas con el fin de garantizar el derecho a la defensa del demandante / RECURSO DE REPOSICIÓN - Se niega porque su prosperidad únicamente implica no correr traslado al demandanteEl Despacho procede a resolver el recurso de reposición presentado contra el auto del 2 de octubre de 2019. Sobre el particular debe señalarse que el accionante controvierte el traslado que el Despacho le corrió del escrito contentivo de la solicitud de coadyuvancia presentada por GASNOVA, debido a que en ella se presentan excepciones y se solicitan pruebas, pues considera que esa empresa, en su calidad de coadyuvante, no puede realizar los referidos actos procesales. Al respecto, el Despacho considera que tal como lo indica GASNOVA, aunque el demandante manifiesta atacar la orden explicada en el párrafo anterior, fundamenta el recurso planteando su inconformidad con la decisión de admitir las excepciones y las solicitudes probatorias presentadas por la empresa coadyuvante de las demandadas, aspectos respecto de los cuales, se aclara, la providencia recurrida no emitió decisión alguna. Ello debido a que es la audiencia inicial, la etapa procesal en la que se resuelven todos los aspectos relacionados con las excepciones previas y las peticiones probatorias presentadas por las partes y los terceros, incluyendo lo que corresponde a su procedencia formal. A lo que se añade que la prosperidad del recurso únicamente implicaría que al accionante no se le corriera traslado del memorial presentado por GASNOVA, decisión que no se compadecería con los derechos a la igualdad procesal y defensa aludidos en el proveído que se recurre. Corolario de lo expuesto es que el Despacho no repondrá el auto del 2 de octubre de 2019.

  • Auto nº 11001-03-24-000-2018-00207-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 13 de Diciembre de 2019

    RECURSO DE REPOSICIÓN - Frente a decisión que inadmite la demanda / INADMISIÓN DE LA DEMANDA - Para que se allegue prueba de la existencia y representación de la sociedad demandante / RECURSO DE REPOSICIÓN - Se adecúa a solicitud de aclaración de auto / ACLARACIÓN DE AUTO - Eventos de procedencia / SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE AUTO - Oportunidad para presentarla / ACLARACIÓN DE AUTO - Procede de oficio o a petición de parte dentro del término de su ejecutoria / SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE AUTO - Procede en el sentido de precisar que la demanda se inadmite por no cumplir el requisito establecido en el numeral 4 del artículo 166 del CPACA: prueba de la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privadoAnalizado el contenido y alcance del recurso interpuesto por la parte demandante, no se advierte inconformidad o desacuerdo con la decisión adoptada en el proveído recurrido, sino que su propósito es que se aclare la providencia que inadmitió la demanda, en razón a que, a su juicio, no hay claridad en cuál es el requisito que se debe cumplir para subsanar dicho escrito. […] [El] artículo 285 del Código General del Proceso, […] prohíbe a los jueces revocar o reformar sus providencias, de modo tal que, una vez proferidas, no puede hacer nuevos razonamientos o exponer puntos de vista para revisar total o parcialmente las consideraciones que fundamentan su decisión, ni mucho menos para modificar el sentido de ésta. Sin embargo, el estatuto procesal sí admite al juez aclarar aquellos conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda y que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o providencia respectiva o influyan en ella. […] Como antes se dijo, para que proceda la aclaración de una providencia se requiere que ésta contenga conceptos o frases que generen un verdadero motivo de duda, que se encuentren en la parte resolutiva o influyan en ella, lo cual no ocurre en este caso. En la providencia cuestionada se indicó que la parte actora omitió el deber de acompañar, junto con la demanda, un anexo necesario para su admisión, esto es, el documento que acreditara a la señora Elena Cebadera Miranda como directora del departamento de propiedad industrial de la sociedad demandante y, por ende, como persona facultada para conferir poder a la sociedad Cavelier Abogados, allegado con aquella, y se señaló que dicha situación constituía un incumplimiento del requisito previsto en el numeral 3 del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma ésta que prevé que con la demanda deberá acompañarse “El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título.” Examinada la solicitud elevada por la parte actora encuentra el Despacho que la cita de dicha disposición legal pudo ofrecer un motivo de duda en la providencia, en cuanto que la exigencia referida a que se acompañara como anexo de la demanda el documento que acredite la facultad para conferir poder al abogado que la interpuso no corresponde exactamente al requisito establecido en el numeral 3º del artículo 166 del CPACA, sino al previsto en el numeral 4º ibídem, relacionado con la prueba de la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privado. En este orden, se deberá aclarar la providencia de 15 de agosto de 2019, en el sentido de precisar que la demanda se inadmite por no cumplir el requisito establecido en el numeral 4 del artículo 166 del CPACA, habida cuenta que no se allegó el documento que acredite que la señora Elena Cebadera Miranda es la directora del departamento de propiedad industrial de la sociedad demandante y está facultada para conferir poder a la sociedad Cavelier Abogados, anexo que debe acompañar con la demanda.

  • Auto nº 11001-03-24-000-2019-00248-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 13 de Diciembre de 2019

    SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Respecto de los actos por medio de los cuales se adoptan medidas en relación con la fijación de la tarifa por el transporte de crudo por oleoductos y se establece la metodología para la fijación de tarifas por el transporte de crudo por oleoductos / COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - Para fijar las tarifas de transporte de petróleo por oleoductos / COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - Para revisar las tarifas de transporte de petróleo por oleoductos / COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - Para establecer la metodología para la fijación de las tarifas de transporte de petróleo por oleoductos / FIJACIÓN DE LA TARIFA DE TRANSPORTE DE PETRÓLEO POR OLEODUCTOS - Se hace en los términos en los que las partes hayan negociado y acordado / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Se niega al no vislumbrarse vulneración al ordenamiento superior[E]videncia el Despacho que los artículos 56 y 57 del Código de Petróleos facultan al Gobierno Nacional para fijar y revisar las tarifas de transporte de crudo por oleoductos, competencia que en concordancia con el artículo 212 del mismo estatuto, el numeral 10 del artículo 2 del Decreto 381 de 2012 y el numeral 30 del artículo 8 del Decreto 1617 de 2013, permiten concluir que es función del Ministerio de Minas y Energía y, en concreto, de la Dirección de Hidrocarburos de esa entidad, establecer la metodología, fijar y revisar las tarifas de transporte de crudo por oleoducto. […] [E]l Despacho no evidencia, en esta etapa del proceso, que los actos administrativos acusados asignen a la Cartera de Minas y Energía la facultad de fijar de forma unilateral las tarifas del servicio de transporte de crudo por oleoductos en la forma en que lo afirma el demandante. Por el contrario, al revisar lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución 31123 del 15 de mayo de 2019, se evidencia, con la información disponible en esta fase inicial del proceso, que la norma acusada condicionó la fijación de la tarifa al acuerdo entre las partes y, en ausencia de este, a lo señalado en el Código de Petróleos. […] Con fundamento en lo anterior, para el Despacho no existen, en esta etapa procesal, elementos de juicio que permitan arribar a la conclusión de que los actos administrativos acusados otorgaron al Ministerio de Minas y Energía la facultad para fijar unilateralmente las tarifas de transporte de crudo por oleoducto.SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Respecto de los actos por medio de los cuales se adoptan medidas en relación con la fijación de la tarifa por el transporte de crudo por oleoductos y se establece la metodología para la fijación de tarifas por el transporte de crudo por oleoductos / FIJACIÓN DE LA TARIFA DE TRANSPORTE DE PETRÓLEO POR OLEODUCTOS - Toda diferencia de hecho o de carácter técnico que llegue a surgir entre los interesados y el Gobierno y que no pueda arreglarse de forma amigable, será sometida al dictamen de peritos / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Se niega al no vislumbrarse vulneración al ordenamiento superiorEl demandante sostiene que al asignar al Ministerio de Minas y Energía la facultad de fijar unilateralmente la tarifa de transporte por oleoductos cuando no haya acuerdo entre los agentes, los actos acusados desconocen que el artículo 11 del Código de Petróleos dispuso frente a esa eventualidad que debía acudirse al dictamen de peritos. […] De la lectura de la norma se desprende que los peritos efectuarán el dictamen frente a las diferencias de hecho o de carácter técnico que surjan entre los interesados y el Gobierno, por lo que en esta instancia procesal, no se evidencia que las normas acusadas excluyan la posibilidad de efectuar el dictamen pericial cuando quiera que surjan las precitadas diferencias entre las partes. En este sentido, el artículo 5D de la Resolución 72146 de 2014 dispuso que “la Dirección de Hidrocarburos revisará y fijará la tarifa de conformidad con la metodología existente en la Resolución número 72146 de 2014, así como en lo señalado en el Código de Petróleos, en aquellos aspectos en los que no hubo acuerdo”. Con fundamento en lo anterior, se insiste que para el Despacho no es claro que el artículo 5D de la Resolución 72146 de 2014 excluya la aplicación del artículo 11 del Código de Petróleos, máxime cuando del contenido de esta última disposición se observa una remisión expresa al propio Estatuto de Petróleos. Razón para no acceder al cargo.SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Respecto de los actos por medio de los cuales se adoptan medidas en relación con la fijación de la tarifa por el transporte de crudo por oleoductos y se establece la metodología para la fijación de tarifas por el transporte de crudo por oleoductos / FIJACIÓN DE LA TARIFA DE TRANSPORTE DE PETRÓLEO POR OLEODUCTOS - Criterios, mayorías y porcentajes de representación establecidos por el Ministerio de Minas y Energía modifican un aspecto esencial del régimen legal de petróleos: Su determinación requiere un análisis de fondo / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Negada porque se debe realizar un estudio de fondo que no es propio de esta etapa procesalPara el demandante con la expedición del artículo 1 de la Resolución 31132 del 24 de mayo de 2019, el Ministerio de Minas y Energía excedió la potestad reglamentaria al establecer unos criterios, mayorías y porcentajes de representación, con lo cual, entró a definir el alcance del acuerdo y, con ello, modificó un aspecto esencial del régimen legal de petróleos. […] No obstante lo anterior, el Despacho observa que la solicitud de suspensión provisional, en este punto, versa sobre un aspecto de interpretación normativa que no es posible dilucidar en esta etapa inicial del proceso. Ello por cuanto para el demandante, “el acuerdo” al que se refieren los artículos 56 y 57 del Código de Petróleos supone la aprobación de todos los agentes que participan del proceso de fijación de tarifas de transporte de crudo por oleoducto, mientras que, las normas acusadas establecieron unos criterios para determinar las mayorías y los porcentajes de representación con el fin de fijar las mencionadas tarifas. Así las cosas, de la lectura de los artículos 56 y 57 del Código de Petróleos no es posible deducir, en esta etapa del proceso, que dichas disposiciones limiten el acuerdo para la fijación de las tarifas de transporte de crudo por oleoducto a la aprobación de todos los agentes. En el mismo sentido, el demandante tampoco brinda argumentos jurídicos que soporten la interpretación que pretende de la norma superior. En este orden de ideas, no es posible realizar la respectiva confrontación de los actos acusados con la norma superior, dado que, como quedó dicho, la controversia gira en torno al alcance de los artículos 56 y 57 del Código de Petróleos, lo que supone que el juez disponga de mejores elementos de juicio para determinar cuál es la interpretación jurídicamente razonable de la norma superior. Por lo anterior, este cargo no prospera.SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Respecto de los actos por medio del cual se adoptan medidas en relación con la fijación de la tarifa por el transporte de crudo por oleoductos y por medio del cual se establece la metodología para la fijación de tarifas por el transporte de crudo por oleoductos / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Requisito de sustentación de la solicitud / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Negada al no advertirse sustentación que permita la comparación normativa para deducir la presunta violaciónPara el demandante la negociación de las tarifas con el esquema previsto en los actos administrativos acusados comporta un incremento artificial que genera que los transportadores se apropien sin justa causa de los recursos que serían destinados para las regalías. En este sentido, sostuvo que de continuar con las negociaciones se vulnerarían los artículos 1, 2, 121, 209 y 360 de la Constitución Política. Al respecto, observa el Despacho que en este punto, la solicitud de suspensión provisional se remitió al contenido de la demanda; sin embargo, revisados ambos escritos, evidencia el Despacho que el demandante no cumplió con la carga de confrontar las disposiciones acusadas con las normas superiores. En este sentido, ha sido criterio reiterado de esta Corporación señalar que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida como lo hace el actor respecto a este cargo, sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello. […] De acuerdo a lo anotado en la referida providencia, resulta necesario que el demandante en la solicitud de medida cautelar exponga los argumentos por los cuales considera que los actos acusados vulneran el orden jurídico superior, requisito que no se evidencia en el presente cargo, razón suficiente para denegarlo.MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD - Intervención de terceros / INTERVENCIÓN DE TERCEROS - Coadyuvancia en los procesos de nulidad / SOLICITUD DE COADYUVANCIA EN EL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD - Oportunidad / SOLICITUD DE COADYUVANCIA EN EL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD - ProcedeMediante memoriales radicados el día 19 de septiembre de 2019 en la Secretaría de la Sección Primera de ésta Corporación, las Sociedades Oleoducto Central S.A. y CENIT Logística y Transporte de Hidrocarburos S.A.S. solicitaron ser tenidas como coadyuvantes de la parte demandada. […] [E]videncia el Despacho que la demanda fue admitida el día 6 de septiembre de 2019 y, a la fecha, no se ha llevado a cabo audiencia inicial, lo que permite concluir que las solicitudes de coadyuvancia fueron presentadas dentro del término legal. Así las cosas, se reconocerán como coadyuvantes de la parte demandada a las sociedades Oleoducto Central S.A. - OCENSA y CENIT Logística y Transporte de Hidrocarburos S.A.S., tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.NOTA DE RELATORÍA: Ver auto Consejo de Estado, Sección Primera, de 21 de octubre de 2013, Radicación 11001 - 03-24-000-2012-00317-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.FUENTE FORMA: CÓDIGO DE PETRÓLEOS - ARTÍCULO 11 / CÓDIGO DE PETRÓLEOS - ARTÍCULO 56 / CÓDIGO DE PETRÓLEOS - ARTÍCULO 57 / DECRETO 1056 DE 1953 - ARTÍCULO 212 / DECRETO 381 DE 2012 - ARTÍCULO 2 / DECRETO 1617 DE 2013 - ARTÍCULO 8

  • Auto nº 11001-03-24-000-2019-00428-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 13 de Diciembre de 2019

    INADMISIÓN DE LA DEMANDA - Para que se aporten las copias adicionales de la demanda y sus anexos y se precise la razón por la cual el acto demandado carece de motivación / COPIA DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS - Deben allegarse en medio físico para que se surta la notificación / RECHAZO DE LA DEMANDA - Por no haber sido corregida dentro de la oportunidad legalmente establecida[R]evisado el contenido del escrito de subsanación, advierte el Despacho que respecto de la segunda de las inconsistencias que fue señalada en el auto del 31 de octubre de los corrientes, relacionada con que fuera indicada con claridad la razón por la cual se estima que el acto demandado carece de motivación, se observa que tal carga fue cumplida. […] Por otra parte, en cuanto a la primera razón esgrimida por el Despacho para inadmitir atinente a que fueran aportadas las copias de la demanda y sus anexos para efectos de surtir la notificación de la misma al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, encuentra el Despacho que pese a que en el escrito de subsanación el accionante manifiesta aportar las copias requeridas, y para el efecto adjunta con el correo electrónico de subsanación algunos archivos contentivos del texto de la demanda, lo cierto es que tal actuación no cumple con el deber que le impone el numeral 5 del artículo 166 del CPACA, por cuanto no se allegaron los documentos físicos requeridos para que se surta la notificación. Admitir lo contrario, esto es, la posibilidad de que se aporten por medio electrónico los traslados, equivaldría a trasladar a la Administración de Justicia las cargas que el ordenamiento jurídico le impone al ciudadano para su acceso, al tener que imprimir la demanda y sus anexos tantas veces como estén vinculados sujetos al proceso. En vista de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 169 del CPACA., dado que no se corrigió en debida forma el libelo introductorio, se procederá al rechazo de la misma.

  • Auto nº 05001-23-33-000-2015-02028-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 13 de Diciembre de 2019

    RECURSO DE SÚPLICA - Frente a decisión que resuelve un recurso de apelación / APELACIÓN - Frente al auto que la decide no procede ningún recurso / RECURSO DE SÚPLICA - Improcedente por no ser la decisión impugnada susceptible de ningún recurso / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIALa providencia de 24 de mayo de 2018 en contra de la cual se interpuso el recurso de súplica es una decisión proferida por la Sala de la Sección Primera, no por el magistrado ponente, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación del auto proferido en audiencia inicial por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia; razón por la cual se configura el presupuesto del numeral 4 del artículo 244 del CPACA, […], el cual establece que contra la decisión que desata el recurso de apelación no procede ningún recurso, por lo que en contra de dicha providencia no procede la súplica. En este sentido, se concluye que no se trata de una decisión dictada por el magistrado ponente y por su naturaleza no es apelable, por lo que se configura la regla de improcedencia de recursos en contra de dicha providencia. Así lo ha sostenido esta Corporación en reciente decisión de Sala Unitaria de esta Sección, que declaró improcedente el recurso de súplica interpuesto por la parte demandada en contra del auto de 18 de marzo de 2019, proferido también por Sala Unitaria, por medio del cual, al desatar el recurso de alzada, confirmó el auto de 27 de octubre de 2017, en el que el Tribunal no declaró probada la excepción previa de cosa juzgada. Por las anteriores razones, se declarará improcedente el recurso de súplica.NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Secciones Primera y Segunda, de 31 de mayo de 2019, Radicación 05001 - 23-33-000-2015-01969-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; y 15 de febrero de 2018, Radicación 11001-03-25-000-2015-00366-00(0740-15), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

  • Auto nº 15001-23-33-000-2016-00792-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Diciembre de 2019

    RECURSO DE APELACIÓN - Frente a decisión que decreta una medida cautelar de suspensión provisional respecto del acto que establece la prima de servicio rural de los maestros / MEDIDAS CAUTELARES - Finalidad / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Tiene un carácter preventivo y provisional / SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO - Tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Improcedencia respecto de acto que ya no produce efectos por haber sido anulado / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Negada por carencia de objeto por hecho superado[E]l Tribunal Administrativo de Boyacá profirió decisión de fondo el 24 de octubre de 2017, en la que declaró la nulidad del Decreto 165 de 1966. El Despacho, en Sala Unitaria, observa sobre el particular que el recurso de apelación se concedió en el efecto devolutivo, por lo que el Tribunal continuó con el conocimiento del proceso y tenía la facultad de proferir decisión de fondo, la cual profirió en audiencia, en la que declaró la nulidad del acto administrativo demandado, decisión notificada en estrados y que no fue objeto de recursos, por lo que quedó ejecutoriada. El artículo 189 del CPACA, respecto de los efectos de las decisiones judiciales, establece que «la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes», lo que significa que el Decreto 165 de 1966 no produce efectos, definitivos, desde el 25 de octubre de 2017, debido a su declaratoria de nulidad y tal decisión es vinculante respecto de todos los ciudadanos a quienes les era aplicable tal norma. La decisión de fondo referida en el párrafo anterior, que dejó sin efectos definitivos el acto administrativo del cual se profirió medida cautelar de suspensión provisional, conlleva a la carencia de objeto que posibilite resolver el recurso de alzada, debido a que la decisión definitiva impide, por implicación lógica, un pronunciamiento sobre el carácter provisional de una medida, ya que, como se expresó, el fallo definitivo declaró la nulidad del Decreto demandado, el cual ya no produce efecto alguno. […] Así las cosas, como quiera que la medida cautelar no surte efectos al momento en que se asume el estudio para decidir el recurso de alzada, puesto que el Decreto 165 de 1966 fue declarado nulo, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, en atención a la decisión de 24 de octubre de 2017, lo que hace inconducente un pronunciamiento de fondo sobre el recurso presentado.NOTA DE RELATORÍA: Ver providencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 6 de septiembre de 2018, Radicación 85001 - 23-33-000-2017-00065-01(AP)A, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

  • Auto nº 25000-23-41-000-2016-00205-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Diciembre de 2019

    RECURSO DE APELACIÓN - Frente a decisión tomada en audiencia inicial que declara no probada la excepción de caducidad / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Oportunidad para presentar la demanda / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Cómputo / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Debe contabilizarse a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Para su cómputo se tendrá en cuenta la fecha de presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión, cuando el juez carezca de competencia o jurisdicción / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - No probadaHecha una revisión del expediente, observa el Despacho que no es cierto que la demanda haya sido presentada el 26 de enero de 2016, como lo aduce la recurrente, sino el 1º de octubre de 2015, como se indica en la constancia secretarial de 4 de noviembre de 2015, obrante a folio 121 del Cuaderno del Tribunal, dirigido al Despacho del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bogotá D.C. Sección Primera, bajo el radicado nro. 11001 33 34 005 2015 00366 00. Igualmente, visto el trámite surtido en el expediente, se encuentra que, mediante auto de 26 de noviembre de 2015, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, Sección Primera, declaró su falta de competencia para conocer de la demanda presentada dentro del proceso de la referencia y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, a través de la Oficina de Apoyo Judicial (folios 122 a 125, Cuaderno del Tribunal). Acto seguido obra a folio 126 ibídem acta individual de reparto al Despacho […], bajo el radicado nro. 25000234100020160020500, de fecha 26 de enero de 2016 e informe secretarial de 28 de enero de 2016, en la que se indica que la demanda fue presentada ante la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos de Bogotá, asignada al Juzgado Quinto Administrativo y remitida a esa Corporación en cumplimiento a lo dispuesto en la providencia de 25 de noviembre de 2015, por competencia (folio 127, Cuaderno del Tribunal). […] Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en [el artículo 168 del CPACA], es claro que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que ahora ocupa la atención del Despacho fue presentado el 1º de octubre de 2015, sin perjuicio que el registro correspondiente en el sistema de consulta de la Rama Judicial indique otra fecha en la que el expediente fue recibido por el tribunal y la fecha de su reparto. El Despacho, en el caso bajo estudio y para los efectos de la apelación elevada, señala que, siendo la parte actora notificada personalmente de los actos acusados el 19 de junio de 2015, en virtud de lo dispuesto por el literal d), numeral 2, del artículo 164 del CPACA tenía hasta el 20 de octubre de 2015 para presentar la demanda, por lo que siendo presentada el 1º de octubre de 2015, se encuentra ejercitado en tiempo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado.

  • Auto nº 25000-23-41-000-2017-00247-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Diciembre de 2019

    ACCIÓN ESPECIAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA POR EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA - Alcance / ACCIÓN ESPECIAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA POR EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA - Vacío normativo respecto de la procedencia de recursos contra auto que niega el decreto de una prueba / VACÍO NORMATIVO EN LA LEY ESPECIAL - Se suple bajo el criterio de pertinencia material por la norma general que regula la materia / AUTO QUE NIEGA PRUEBA EN PROCESO POR EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA - Se aplican las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIAEl proceso contencioso de expropiación administrativa se rige por la norma especial consagrada en la Ley 388 de 1997. En sus artículos 71 y 72, […] Como puede apreciarse, en dicho proceso, la norma especial solo establece regulación sobre el recurso de apelación que procede en contra de la sentencia que, en primera instancia, profiera el Tribunal; sin embargo, no regula los recursos que proceden en contra de otras decisiones dentro del proceso, como es el caso de aquella que niegue el decreto de una prueba. Ante el vacío de la norma especial, lo procedente es acudir a la regulación general que trata la materia. En este caso, el proceso contencioso especial de expropiación administrativa se trata un asunto propio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues lo conocen los jueces que conforman esta jurisdicción y el medio de control es el de nulidad y restablecimiento del derecho, al tenor de lo dispuesto en el citado artículo 71 de la Ley 388 de 1997. […] En conclusión, frente al vacío presentado en la Ley 388 de 1997 en relación con la regulación de los recursos que proceden en contra del auto que niega el decreto de una prueba, en el proceso especial de nulidad y restablecimiento del derecho, se debe acudir a la ley general que regula la materia, esto es, las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y sólo en caso de vacío o por remisión expresa resultará aplicable las normas procesales del Código General del Proceso.RECURSO DE APELACIÓN - Contra decisión que negó el decreto de una prueba testimonial por parte del tribunal / RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO - Eventos de procedencia / AUTO QUE NIEGA UNA PRUEBA EN UN PROCESO ESPECIAL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO POR EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA - No es susceptible de apelación / RECURSO DE APELACIÓN - Mal concedido por no ser el auto que niega una prueba apelableEl artículo 243 del CPACA regula el recurso de apelación en los siguientes términos: “APELACIÓN. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos: 1. El que rechace la demanda. 2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite. 3. El que ponga fin al proceso. 4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público. […] Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia. […] PARÁGRAFO. La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil”. La norma expresamente establece que sólo los numerales 1, 2, 3 y 4 serán apelables cuando dichas decisiones sean proferidas por los tribunales administrativos en primera instancia. Lo anterior significa que la decisión que niega el decreto de una prueba por parte del Tribunal no es una decisión susceptible del recurso de apelación, razón por la que la respuesta al problema jurídico es negativa, cuya regla se formulará en los siguientes términos: «No procede el recurso de apelación en contra del auto proferido por un Tribunal Administrativo que negó el decreto de una prueba en un proceso especial de nulidad y restablecimiento del derecho por expropiación administrativa». […] Así las cosas, esta Corporación no es competente para pronunciarse respecto del recurso de apelación indebidamente concedido, razón por cual el Tribunal deberá pronunciarse sobre del recurso de reposición adecuadamente interpuesto, con fundamento en el artículo 242 del CPACA: «Reposición: Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica».NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de febrero de 2019, Radicación 25000 - 23-41-000-2015-02763-02, C.P. Oswaldo Giraldo López; 16 de marzo de 2012, Radicación 25000-23-24-000-2010-00089-01, C:P. Maria Elizabeth García González; y Corte Constitucional, Sentencia C-329 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.

  • Auto nº 11001-03-24-000-2019-00117-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Diciembre de 2019

    COADYUVANCIA - Desistimiento / COADYUVANCIA EN LOS PROCESOS DE SIMPLE NULIDAD - Presupuestos / DESISTIMIENTO DE ACTOS PROCESALES - Recursos, incidentes y excepciones: procedencia / DESISTIMIENTO DE ACTOS PROCESALES - Reglas / DESISTIMIENTO DE LA COADYUVANCIA - Procedente por no afectar las pretensiones de la demanda / CONDENA EN COSTAS - No procede por que no hubo oposición al desistimientoEl artículo 223 de la Ley 1437 de 2011 prevé en su segundo inciso que “El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales permitidos a la parte a la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta”. Por su parte, el artículo 316 del Código General del Proceso, aplicable en los asuntos contencioso administrativo por virtud de la remisión normativa del artículo 306 del CPACA, dispone que “Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas”. En este orden, en consideración a que la manifestación de la coadyuvante no afecta las pretensiones de la demanda, en tanto que solo atañe a su intervención en el proceso, el Despacho aceptará su desistimiento a la coadyuvancia de la acción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del C.G.P. Ahora bien, aunque esta última disposición prevé que el auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, en este caso no se impondrá dicha condena, por tratarse de una manifestación efectuada en el marco del medio de control de nulidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA.

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