Consejo de Estado - Jurisprudencia
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  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-01205-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA) del 16-10-2020

    CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD / SOLICITUD DE ACUMULACIÓN DE PROCESOS – Oportunidad / SOLICITUD DE ACUMULACIÓN DE PROCESOS – Se efectuó cuando ya se había registrado proyecto de fallo / ACUMULACIÓN DE PROCESOS DE CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – No procede por ser la solicitud extemporáneaTeniendo en cuenta que para la fecha en que el expediente identificado con el número de radicación 11001-03-15-000-2020-01825-00, fue remitido por parte de la Secretaría General de la Corporación al Despacho del doctor SUÁREZ VARGAS, para que resolviera sobre su posible acumulación al de la referencia, esto es, el 25 de septiembre del año en curso, la misma resulta extemporánea debido a que fue posterior a la sesión de Sala Especial de Decisión núm. 21 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la que se estudió e improbó el proyecto de fallo sobre el control inmediato de legalidad de los autos de 30 de marzo, 6 de abril y 12 de mayo de 2020, expedidos por el MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Lo anterior pone de manifiesto que para el momento de recibo del expediente, ya se había registrado el proyecto de fallo para definir el proceso de la referencia, según lo dispuesto en el artículo 185, numeral 6, del CPACA. Ahora, si bien es cierto que dicho proyecto fue improbado, también lo es que no hay lugar a adelantar un trámite distinto al de elaborar la ponencia de mayoría, circunstancia que impide examinar la procedencia de la acumulación.

  • AUTO nº 11001-03-24-000-2015-00063-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 16-10-2020

    DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA – Requisitos para su procedencia / DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA – Efectos / DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Procedencia / SOLICITUD DE DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA – Procede porque no se ha proferido sentencia que ponga fin al proceso / SIN CONDENA EN COSTAS – Por cuanto no hubo oposición al desistimientoTeniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 314 del CGP, que contempla la figura del desistimiento de las pretensiones y que resulta aplicable a los procesos contencioso administrativos en virtud de la remisión prevista en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, la solicitud de desistimiento elevada por la parte actora es procedente, en tanto en el caso sub examine no se ha pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. Además, quien desiste está en capacidad para hacerlo. Por lo anterior, se accederá a la petición de desistimiento de la demanda, elevada por la apoderada judicial de la parte actora. En lo atinente a la procedencia de la condena en costas, tema frente al que la entidad demandada guardó silencio, el Despacho se abstendrá de proferir condena en tal sentido, por cuanto no hubo oposición a tal desistimiento, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

  • SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-04157-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 16-10-2020

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - La sentencia invocada no tiene identidad fáctica ni jurídica con el caso bajo exámen / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL / INHABILIDADES PARA SER ALCALDE / INTERDICCIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS / PERDIDA DE EMPLEO O CARGO PUBLICO - El juez contencioso no puede asumir la labor del juez penal y fijar la extensión de la pena que le fue impuesta al condenadoEl ciudadano solicitó que se dejara sin efectos la sentencia (...) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del medio de control de nulidad electoral (...) El accionante sostiene que la decisión judicial incurre en defecto fáctico, defecto sustantivo, y desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia T–615 de 2011 (...) en la que, a juicio del demandante, se encuentra contenida una regla jurisprudencial que señala que la sanción prevista en el artículo 45 del Código Penal puede ser aplicada por el juez contencioso en un proceso de nulidad electoral, aunque el juez penal no se hubiese pronunciado en la sentencia judicial sobre la imposición de la referida sanción al condenado.(...) la Sala considera que no se configura el defecto fáctico (...) La sentencia invocada no está creando una regla jurisprudencial en torno a al deber del juez electoral de aplicar la sanción contenida en el artículo 45 del Código Penal, cuando el juez de la acción penal omitió dosificar la aplicación de la interdicción contenida en la referida norma. Así las cosas, no se puede concluir que la sentencia haya señalado que existe un deber del juez electoral de asumir la competencia del juez penal y tasar, directamente, la pena accesoria contemplada en el artículo 46 del Código Penal. (...) la Sala estima que, si bien la sentencia T - 615 de 2011 estudió un asunto parecido a este, lo cierto es que no existe identidad fáctica ni jurídica entre ambos eventos, (...). Esta Sección negará las pretensiones de la tutela.

  • SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-04209-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 16-10-2020

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - El accionante no indicó cuáles fueron las pruebas omitidas / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - La providencia invocada no guarda identidad fáctica ni jurídica con el caso sub examine / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Rechazo de la demanda por no haber sido subsanada[A] la Sala le corresponde establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y la el Consejo de Estado vulneraron los derechos fundamentales del actor, al disponer la inadmisión y, posteriormente, el rechazo de la demanda que promovió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (...) [P]ara la Sala es claro que las decisiones censuradas no incurrieron en defecto alguno (...) no se desconoció lo dispuesto en los artículos 21 y 23 del Decreto 2013 de 2012, sino que se le exigió al hoy accionante cumplir con las falencias anotadas en el auto inadmisorio. (...) De otro lado, y en atención al supuesto defecto procedimental invocado por el actor, se considera que no se configura en la medida que las autoridades judiciales accionadas resolvieron inadmitir y, posteriormente, rechazar la demanda ordinaria aplicando correctamente las reglas procesales que resultaban aplicables y exigibles (...) En cuanto al supuesto defecto fáctico, la Sala considera que el mismo resulta inadmisible en el asunto de la referencia, por cuanto el accionante no indicó cuales fueron las pruebas dejadas de valorar (...) respecto del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente (...) una vez revisada la referida providencia que se aduce como desatendida, la misma no constituye precedente aplicable en la medida que no guarda similitud fáctica idéntica y relación estrecha con el caso sub examine; (...) en criterio de la Sala de Decisión no es posible predicar la configuración de los defectos material, procedimental, sustantivo por desconocimiento del precedente, fáctico y de la causal de violación directa de la Constitución (...). Por tanto, se negará la presente solicitud de amparo.

  • SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-04043-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 16-10-2020

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Por valoración integral del acervo probatorio / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / FALLA DEL SERVICIO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO U HOSPITALARIO - Muerte de feto / CONCURRENCIA DE CULPAS - Acreditada[L]a Sala debe establecer si el Tribunal vulneró los derechos constitucionales fundamentales de los accionantes con ocasión de la providencia dictada en el medio de control de reparación directa (...) Los accionantes señalan que la decisión judicial incurrió en un defecto fáctico porque concluyó que en la producción del daño existía una concurrencia de culpas entre los demandantes y los demandados. (...) la Sala considera que no se configura el aludido defecto fáctico (...) En primer término, porque se observa que en realidad el cuestionamiento a la actividad valorativa del material probatorio no está relacionado con que existió un desconocimiento del principio de la sana crítica al valorar las pruebas que obran en el proceso. Es decir, los accionantes en la acción de tutela reconocen que la conclusión del ad quem se encuentra fundamentada en las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, como lo fue la confesión de la gestante, quien reconoció haber guardado los resultados de los exámenes médicos que le practicaron. De allí que el cuestionamiento está relacionado con la posibilidad de los médicos tratantes de conocer los resultados independientemente de que la gestante se los hubiese enseñado (…) [E]sta Sección observa que la negligencia de la víctima sí existió y se encuentra reconocida en la aludida confesión y en el presente escrito de tutela. De tal forma que no puede evidenciarse el defecto factico aludido por los accionantes.

  • AUTO nº 11001-03-24-000-2015-00049-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 15-10-2020

    PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / MEDIDAS POR CAUSA DE LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID 19 – Para generar eficiencia en el sector público y agilizar los procesos judiciales / SENTENCIA ANTICIPADA – Eventos conforme al Decreto Legislativo 806 de 2020 / DECRETO LEGISLATIVO 806 DE 2020 – Otorga al juez la posibilidad de dictar sentencia antes de la audiencia inicial cuando no fuere necesario practicar pruebas / AUDIENCIA INICIAL – En aplicación del Decreto 806 de 2020 se prescinde de su celebración por cuanto no se formularon excepciones previas y no hay prueba alguna que practicar / INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL POR PARTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA – En asuntos de propiedad industrial se hace necesaria su solicitud previamente al traslado para alegar de conclusión / TRASLADO PARA ALEGAR DE CONCLUSIÓN – Se continuará el proceso una vez recibida la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaDe acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 2020, en los asuntos de puro derecho o que no fuere necesario recaudar pruebas, se deberá prescindir de la celebración de la audiencia inicial, para lo cual se correrá traslado a las partes para que aleguen de conclusión y luego se proferirá la sentencia por escrito. Revisado el expediente, se advierte que a través del medio de control de la referencia se pretende obtener la nulidad de las resoluciones núms. 80620 de 27 de diciembre de 2012, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 00060550 de 18 de octubre de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad, que concedieron el registro de la marca “OLEOCLARO”, para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, se evidenció que ninguna de las partes solicitó el decreto y práctica de prueba alguna […]. En ese orden de ideas, el Despacho considera que en el caso bajo examen se cumplen los requisitos para dar aplicación al numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 2020, toda vez que el proceso está pendiente de surtir el trámite de la audiencia inicial, no se formularon excepciones previas y no hay prueba alguna que practicar, por lo que se prescindirá de realizar la audiencia anteriormente referida. […] Ahora, sería del caso correr traslado para alegar de conclusión, pero ocurre que en tratándose de asuntos de propiedad intelectual es necesario solicitar, previamente, la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que se consideran vulneradas con la expedición de los actos acusados. Por tal razón, en la misma fecha de esta providencia, se solicitará la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que se estimen vulneradas con la expedición de los actos acusados, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Surtido el trámite anterior, el expediente permanecerá en Secretaría hasta tanto se allegue la interpretación prejudicial solicitada.

  • AUTO nº 11001-03-24-000-2020-00326-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 15-10-2020

    MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD – Frente al acto administrativo expedido por el Gobierno Nacional por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID 19, y el mantenimiento del orden público / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD – Requisitos para su procedencia / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD – Improcedente por no tratarse de reglamentos constitucionales autónomos / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD – No procede porque el acto demandado no es expedido en ejercicio de una expresa atribución constitucional o en desarrollo directo de la Constitución Política / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL – De nulidad por inconstitucionalidad a nulidadEn el caso sub examine, se advierte que el Decreto núm. 1076 de 28 de julio 2020, “por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, se expidió por el GOBIERNO NACIONAL, entre otras, en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 199 de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016. Significa lo anterior que no se trata de un reglamento autónomo o constitucional, que se hubiere expedido por expresa disposición constitucional, con el cual se pretenda desarrollar preceptos superiores contenidos en la Constitución Política, requisito indispensable para la procedencia del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. Por su parte, el artículo 171 del CPACA establece que el operador jurídico debe dar a la demanda «el trámite que le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada». Por consiguiente, el estudio de legalidad del acto administrativo acusado, sería pasible a través del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 ibidem.MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD – Presupuestos para su procedencia / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA[P]or vía jurisprudencial se ha precisado que son presupuestos del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad los siguientes: i) Que la disposición acusada sea de carácter general, expedida por el Gobierno Nacional o por cualquier entidad diferente, en ejercicio de una atribución derivada de la Constitución misma; ii) Que se trate de un reglamento autónomo o constitucional, es decir, que desarrolle directamente la Constitución sin la existencia de ley previa; iii) Que el juicio de validez, o el reproche endilgado al acto enjuiciado, se realice de manera directa frente a la Constitución, no a la ley; iv) Que la revisión de la disposición demandada no sea de competencia de la Corte Constitucional en los términos del artículo 241 de la Constitución Política.MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD – Frente al acto administrativo expedido por el Gobierno Nacional por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD – Inadmisión / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES – Requisitos / INADMISIÓN DE LA DEMANDA – Procede por ser las pretensiones excluyentes, deben ser formuladas como principal y subsidiarias / INADMISIÓN DE LA DEMANDA – Por ser las pretensiones incompatibles con el medio de control de nulidad / INADMISIÓN DE LA DEMANDA – Para que se formulen debidamente las pretensionesEn el caso sub examine, de la revisión del escrito de la demanda se advierte que la parte actora, como pretensiones principales solicita que se declare la nulidad de la totalidad del acto acusado por vulnerar el principio de reserva de ley; y, a su vez, con fundamento en otros motivos, pide que se anule parcialmente: 1) el numeral 3 del artículo 5 del citado Decreto y 2) las expresiones: i) “mediante plataformas de comercio electrónico, por entrega a domicilio y por entrega para llevar”, del numeral 20 del artículo 3; ii) “bares” del numeral 2, del artículo 4, y iii) “bares” de numeral 2 del artículo 5 del citado Decreto, sin tener en cuenta que dichas pretensiones son excluyentes por lo que deben ser formuladas como principal y subsidiarias, de conformidad con el numeral 2 del artículo 162 del CPACA, en armonía con el artículo 165 ibidem. En relación con las denominadas pretensiones por “omisión” y “única consecuencial”, es preciso señalar que esas consecuencias jurídicas exceden a las asignadas para el medio de control de nulidad, en los términos del artículo 189 del CPACA. Bajo estas condiciones el Despacho inadmitirá la demanda presentada, para que el actor la corrija.NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Sala Plena y Sección Segunda, de 5 de diciembre de 2017, Radicación 11001-03-24-000-2016-00484-00, CP. Rocío Araujo Oñate; 6 de junio de 2018, Radicación 11001-03-15-000-2008-01255-00(AI), CP. Oswaldo Giraldo López; y 4 de febrero de 2016, Radicación 11001-03-25-000-2015-01059-00, C.P. Sandra Lisseth Ibarra Vélez.

  • SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-02943-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 15-10-2020

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR LA FALTA DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / REQUISITO DE INMEDIATEZ – Término estricto y riguroso tratándose de acción de tutela contra providencia judicial / INTERPOSICIÓN TARDÍA E INJUSTIFICADA DE LA ACCIÓN DE TUTELA - Superó los seis meses a partir de la ejecutoria de la providencia tutelada[E]l fallo censurado de segunda instancia fue proferido el 14 de noviembre de 2019, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, ii) la referida providencia quedó ejecutoriada el 21 del mismo mes y año ; (iii) y la tutela se radicó el 2 de julio de 2020, es decir que, entre el día siguiente a la ejecutoria de la mencionada sentencia y la presentación de la tutela transcurrieron más de 6 meses, término que para la Sala no resulta razonable. (...) la entidad accionante señaló en su escrito de tutela que, la referida acción constitucional se ejerció en tiempo, toda vez que, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales a partir del 16 de marzo de 2020 y los reanudó desde el 27 de abril de 2020, para todas las acciones de tutela. (...), la suspensión de términos judiciales nunca incluyó a las acciones de tutela y, en consecuencia, las personas siempre tuvieron a su disposición el referido mecanismo constitucional para ejercer la defensa de sus derechos fundamentales, así como, los jueces las tramitaron sin ninguna restricción o condición. (...). Sumado a lo anterior, se estableció que la recepción, trámite y comunicaciones del mecanismo constitucional se harían mediante correo electrónico, razón por la cual no existió una situación que imposibilitara su ejercicio durante el tiempo que operó la referida suspensión acordada por el Consejo Superior de la Judicatura. Por consiguiente, a pesar de que las medidas de aislamiento obligatorio representaron una situación excepcional en la que se limitó el derecho a la libre locomoción en Colombia, todas las personas -en nombre propio y a través de apoderado- han podido ejercer la defensa de sus derechos fundamentales mediante la acción de tutela, pues, se reitera, la suspensión de términos judiciales nunca las incluyó y, en consecuencia, los jueces siempre las han tramitado. (...) el argumento de la entidad tutelante para excusarse de haber presentado la solicitud de amparo, fuera del término razonable establecido en la jurisprudencia, que ocupa la atención de la Sala, no tiene fundamento, debido a que los jueces siempre han tramitado las acciones de tutela y la recepción de estas se ha hecho por medios electrónicos, para no hacer necesario el desplazamiento físico de los ciudadanos.NOTA DE RELATORÍA: Con respecto al requisito de inmediatez, consultar la sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

  • SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-03491-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 15-10-2020

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA INCIDENTE DE DESACATO / FINALIDAD DEL INCIDENTE DE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA - Protección real y efectiva de los derechos fundamentales amparados / DIFERENCIA ENTRE DESACATO DE LA ACCIÓN DE TUTELA Y CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA / MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA - Improcedentes / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALESEn el presente caso, la accionante considera que la falta de trámite y adopción de las medidas de cumplimiento que solicitó para obtener el cumplimiento de la orden contenida en el fallo de tutela de 12 de marzo de 2020, proferido por el Consejo de Estado, Sección Quinta, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por cuanto “el tribunal accionado, a quien le correspondería el trámite y adopción de las medidas de cumplimiento previstas en el ordenamiento legal y hacer que se cumpla materialmente la orden constitucional emanada de su superior, se NIEGA a tramitar y adoptar las medidas idóneas para lograr el cumplimiento contra la accionada (distinto al trámite incidental)” (…) [L]a Sala observa que, contrario a lo manifestado por la accionante, en el precitado incidente de desacato la autoridad judicial accionada actuó conforme con la competencia asignada a ella por la ley (Decreto 2591 de 1991, arts. 52 y 53), sin que de su actuar se puedan evidenciar omisiones o dilaciones injustificadas que vulneren los derechos fundamentales invocados (…) [S]i bien la accionante en sus solicitudes aspiraba a que el Tribunal Administrativo de Sucre adoptara medidas tendientes a obtener el cumplimiento inmediato de la orden judicial que considera incumplida, aun antes de que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta ante esta Corporación, como se anotó, la autoridad judicial accionada declaró en desacato a la Gerente de la ESE demandada y, posteriormente, cumplió con el procedimiento establecido en artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 para el grado jurisdiccional en consulta, por lo que la vulneración iusfundamental que soporta la presente solicitud de tutela debe ser desestimada. Aunado a lo anterior, como fue manifestado por la autoridad judicial accionada en la contestación, contrario a lo señalado por la actora, esta sí tuvo como parámetro la distinción entre el cumplimiento y el desacato, pues, luego de considerar que en el caso la Gerente de la ESE demandada se encontraba en desacato, indicó, a pie de página, que no era del caso adoptar medidas para el cumplimiento de la orden, en tanto durante el trámite la entidad accionada había demostrado proferir una resolución de pago por un valor que correspondía con el liquidado en el proceso ejecutivo y aceptado en la tutela de 12 de marzo de 2020 como valor a pagar, por lo que no era del caso tomar medidas que garantizaran el cumplimiento de lo ordenado. En realidad, lo que se encontró demostrada fue la responsabilidad subjetiva de la funcionaria, lo que llevó a imponer sanción de multa.

  • SENTENCIA nº 25000-23-41-000-2019-01149-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 15-10-2020

    ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CONSTITUCIÓN DE LA RENUENCIA – La solicitud para acreditar la renuencia hace parte del trámite de cobro coactivo / SOLICITUD DE DESISTIMIENTO TÁCITO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN EN PROCESO DE COBRO COACTIVO – No se presentó de manera autónomaObserva la Sala que para acreditar el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la acción, el apoderado del actor acompañó la copia de la solicitud hecha por el representante legal de la sociedad actora, el 19 de noviembre de 2019, ante el funcionario ejecutor del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia dentro del procedimiento de cobro coactivo 697, adelantado en su contra (…) En desarrollo de la actuación administrativa, la funcionaria ejecutora y jefe de la oficina asesora jurídica negó la petición, mediante oficio de noviembre 29 de 2019, al señalar básicamente que el Estatuto Tributario no contempla la figura de desistimiento tácito y si bien está regulado en el artículo 317 del Código General del Proceso, no es posible darle aplicación por analogía, toda vez que la figura resulta incompatible con este régimen en la medida que el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, tiene la doble calidad de juez y parte y por tanto, la iniciación e impulso del cobro coactivo es una potestad de la administración pública que no depende de la actuación promovida a instancia de parte. Advierte la Sala que la solicitud señaló que su propósito era agotar el requisito previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997, pero es claro que fue radicada dentro del curso de la actuación administrativa de cobro coactivo número 697 y por esto hace parte de la controversia propia del trámite adelantado para el cobro coactivo. Esto significa que la petición de la parte actora no fue hecha en forma autónoma con la finalidad de reclamar al organismo el cumplimiento de la norma con fuerza material de ley sino que la presentó en el interior del procedimiento administrativo para que fuera declarado el desistimiento tácito y la consecuente terminación, por lo cual debía ser estudiada y resuelta dentro del mismo proceso de cobro coactivo. Desde este punto de vista, concluye la Sala que no fue debidamente acreditado el requisito de constitución de la renuencia respecto del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacional de Colombia, razón por la cual la sentencia impugnada será revocada y en su lugar se rechazará la demanda que es lo procedente en los casos en que no aparece aportada la prueba del agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción, según lo previsto en los artículos 8º y 12 de la Ley 393 de 1997.

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