Consejo de Estado - Jurisprudencia
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Últimos documentos

  • Auto nº 11001-03-28-000-2019-00033-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 30 de Septiembre de 2019

    REVOCATORIA DE PROVIDENCIA - Mecanismo improcedente para cuestionar providencias judiciales / RECURSO DE REPOSICIÓN - Contra auto que negó la solicitud de suspensión provisional / RECURSO DE REPOSICIÓN - Rechazado por extemporáneo[E]s importante advertir que si bien el demandante solicitó la revocatoria de la providencia del 29 de julio de 2019, por la que se negó la suspensión provisional de los actos demandados, lo cierto es que tal mecanismo deviene manifiestamente improcedente, toda vez que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ni en el Código General del Proceso , se encuentra regulada la revocatoria como un instrumento procesal válido para que los jueces reformen lo decidido en la providencia que se considera errada o no ajustada a derecho. (…). [C]on el fin de cuestionar las providencias judiciales, el ordenamiento jurídico prevé distintos medios de impugnación, entre los cuales se encuentran los recursos y las nulidades que pueden ser declaradas de oficio o a petición de parte. A partir de lo anterior, es claro que el actor pretende controvertir la decisión de no suspender los efectos de las resoluciones demandadas emitidas por el Consejo Nacional Electoral, para cuyo efecto, (…), el Despacho interpreta que lo que se ejerce en realidad es un medio de impugnación. Ahora bien, conforme con lo previsto en el artículo 242 del CPACA, contra el auto que niega la solicitud de una medida cautelar procede el recurso de reposición, dado que tal proveído no se encuentra enlistado dentro de los que son pasibles del recurso de apelación, (…), puesto que no fue decretada la medida y tampoco es susceptible del recurso de súplica, si se tiene en cuenta que por su naturaleza no es apelable. No obstante lo anterior, se encuentra que la impugnación es manifiestamente extemporánea, dado que el escrito contentivo de la misma fue radicado con posterioridad a la ejecutoria de la providencia. En efecto, el auto del 29 de julio de 2019 se notificó a las partes mediante estado electrónico el 30 de ese mismo mes y año, (…), de manera que la providencia cobró ejecutoria el 5 de agosto, como lo consagra el artículo 302 del CGP. Así las cosas, comoquiera que el escrito de impugnación fue radicado el 25 de septiembre de 2019, resulta evidente la extemporaneidad, razón por la cual será rechazado.

  • Auto nº 20001-23-33-000-2019-00290-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 30 de Septiembre de 2019

    HABEAS CORPUS - Ordena dejar en libertad / HABEAS CORPUS - Acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legalesPor un error, (…) se dispuso que la orden de libertad fuese expedida por el director de la cárcel, cuando es claro que es ésta agencia judicial la encargada de proferirla y el servidor en cuestión de cumplirla -el director de la cárcel-. Por ello, para que se haga efectiva la decisión del despacho, se ordenará a la dirección de la Cárcel y Penitenciaría para Miembros de la Fuerza Pública de Alta y Media Seguridad “CAPMS EJUPA” que deje en libertad a José Antonio Aguilar Cortés, siempre y cuando no sea requerido por un asunto diferente al que motivó la acción constitucional de la referencia.

  • Auto nº 11001-03-15-000-2019-03995-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa, de 26 de Septiembre de 2019

    PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA - Rechazo de demandaEn el caso concreto, la solicitud de pérdida de investidura fue devuelta para su adecuación, sin embargo, según se anotó, el solicitante guardó silencio y no ejerció ninguna actuación. Así las cosas, se configura el supuesto previsto en el numeral 2º del artículo 169 del CPACA, que habilita el rechazo de la solicitud de pérdida de investidura, tal como se dispondrá en la parte resolutiva

  • Auto nº 11001-03-24-000-2018-00021-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 26 de Septiembre de 2019

    SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Respecto del acto por medio del cual se establecen estándares, criterios y procedimientos para la habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Requisitos de procedencia / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Su procedencia surge del análisis que se hace del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como vulneradas / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Negada al no advertirse sustentación que permita la comparación para deducir la presunta violaciónLa Sala Unitaria para resolver tendrá en cuenta lo siguiente: La parte actora manifiesta que el acto demandado transgredió normas superiores, esto es, el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, así como los artículos 62, 63 y 64 de la Ley 1438 de 2011, 43 de la Ley 715 de 2001, y 2 de la Ley 1751 de 2015. Sin embargo, sus argumentos solo están dirigidos a afirmar que las competencias atribuidas a las entidades territoriales fueron desplazadas a las EPS sin explicar las razones para llegar a dicha conclusión, puesto que solo se limitó a indicar que se les permitió a éstas últimas contar con elementos para la planeación, organización, ejecución y control de la red conformada, pero no explicó por qué lo allí establecido transgrede las normas superiores. […] En conclusión, dado que la parte actora no desarrolló el concepto de violación que respalde la medida deprecada, no están presentes los requisitos señalados en los artículos 229 y 231 de la Ley 1427 de 2011, omisión ésta que hace imposible efectuar la comparación normativa para deducir de ella la medida cautelar que nos ocupa. […] En suma, de la revisión del acto acusado y de las normas invocadas como vulneradas, el Despacho no encuentra prima facie que haya lugar a decretar la suspensión provisional solicitada, razón por la cual se negará la pretendida medida cautelar.NOTA DE RELATORÍA: Ver autos Consejo de Estado, Sección Primera, de 14 de enero de 2019, Radicación 11001 - 03-24-000-2014-00188-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.

  • Sentencia nº 66001-23-33-000-2019-00476-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 26 de Septiembre de 2019

    ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - Accede / INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO - En el que participen vehículos no asegurados con póliza SOAT / RECLAMACIÓN ANTE EL ADRES - En concurrencia con la firma auditora / CONTRATO DE AUDITORÍA - Le corresponde a la Unión Temporal Auditores de Salud concluir los procesos y reclamaciones que no se hubiesen culminado con el anterior contratista / INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO - Incumplimiento del término para resolver reclamación[L]a parte actora pretende que se cumpla el término de dos meses previsto en los artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 0780 de 2016 y 17 de la Resolución No. 1645 de 3 de mayo de 2016, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, para que se resuelva la reclamación presentada ante la ADRES y la Unión Temporal Auditores de Salud. Se hace necesario precisar que la reclamación de la parte actora se originó de la muerte de la señora [A.M.C.C.] como consecuencia de un accidente de tránsito (…) En este orden de ideas, cuando el automotor involucrado en el accidente no cuenta con SOAT los afectados pueden acudir para el reconocimiento de indemnizaciones a la Subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía hoy ADRES (…). Entonces, existe obligación legal para la ADRES de recibir, tramitar y decidir las reclamaciones derivadas de “…eventos catastróficos de origen natural o de accidente de tránsito en que participen vehículos no identificados o no asegurados con póliza SOAT”, por ende, también por mandato legal debe contratar una firma auditora para llevar a cabo dichas actuaciones. Lo anterior implica que la ADRES tienen la obligación de tramitar y decidir las reclamaciones, deber que comparte con la firma auditora que se contrate para tal finalidad. Tal conclusión obliga a la Sala a pronunciarse respecto del contrato No. 080 de 2018, suscrito entre la ADRES y la Unión Temporal Auditores de Salud, que prevé en la “Clausula Tercera: derechos y obligaciones del contratista (…) 4. Continuar y concluir los procesos de auditoría integral respecto de las solicitudes de recobros por servicios y tecnologías no cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, y las reclamaciones, que por cualquier motivo no hubiesen culminado el trámite correspondiente con la anterior firma contratada…”. En conclusión, el deber de atender la reclamación de la parte accionante recae de manera concurrente en ADRES porque tiene la función legalmente asignada y en la Unión Temporal Auditores de Salud, por el ser el contratista, es decir que su contrato deviene de un imperativo también legal (…)La Sala advierte que en este caso la reclamación que se encuentra sin respuesta fue radicada el 30 de abril de 2019, lo cual no fue controvertido por la parte accionada, razón por la que el término de dos (2) meses previsto en las normas jurídicas objeto de cumplimiento para resolverla culminó el 30 de junio de 2019, con lo cual, según lo preceptuado en el artículo 17 de la Resolución No. 1645 de 2016, la auditoría se debe realizar “…dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del periodo de radicación” (…) por tanto, el mandato es plenamente exigible

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-02435-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 26 de Septiembre de 2019

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Se configuró[E]l escrito contentivo de la impugnación carece por completo de razonamientos y soportes argumentativos, de tal manera que no puede ser objeto de análisis por esta Sección en sede de impugnación, por cuanto al juez constitucional no le es dable convertirse en una instancia revisora de lo actuado por el juez ordinario de lo contencioso administrativo, que en uso de su autonomía funcional estudió los elementos de la responsabilidad del Estado encontrando que el daño alegado no revestía la característica de ser antijurídico. En consecuencia, abordar el fondo del asunto con fundamento en lo expuesto por el recurrente atentaría contra los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, no siendo posible que el juez de tutela revise toda la actuación judicial llevada a cabo por los jueces ordinarios, según lo señaló esta Sección en la sentencia del 12 de noviembre de 2015, en la cual se consideró que “… el examen de oficio de las sentencias proferidas por las autoridades judiciales escapa por regla general a las competencias de los jueces de tutela, pues se debe dar prevalencia a los postulados de seguridad jurídica y cosa juzgada, así como a la autonomía e independencia en el ejercicio de la función de administrar justicia.

  • Auto nº 11001-03-28-000-2019-00038-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 26 de Septiembre de 2019

    SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Adoptada como medida cautelar de urgencia / PRINCIPIO DE EFICACIA - Aplicación / SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Prevalencia del derecho sustancial sobre las formas / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA[P]ara que proceda la suspensión provisional, debe establecerse que el acto acusado es violatorio de alguna de las normas que se consideran infringidas en el cuerpo de la demanda o en escrito separado, o lo que es lo mismo, que existen serios motivos para considerar que las pretensiones están llamadas a prosperar (fumus bonis iuris). Aunque este presupuesto en el contencioso de nulidad, coincide con el estudio de fondo de la demanda, debe precisarse que por tratarse de una medida provisional, es un juicio de mera probabilidad o verosimilitud, más no de certeza. De otro lado, cuando, además de la nulidad, se pretenda el restablecimiento de un derecho subjetivo, debe acreditarse, así sea, sumariamente, la existencia de un perjuicio que se causa al actor con la ejecución del acto cuya suspensión se pretende, lo que, finalmente, se traduce en que la intervención del juez, ab initio del procedimiento judicial, resulta ser urgente y necesaria para evitar un perjuicio irreparable o de difícil reparación (periculum in mora). Sin perjuicio de lo anterior, el legislador revistió al juzgador de precisas facultades extraordinarias para aquellos casos en que la magnitud de la urgencia implique la adopción inmediata de la medida cautelar que se estime conveniente. (…). [E]ncuentra el despacho acreditada la urgencia, habida cuenta que si se agotaran los términos procesales correspondientes al traslado de la medida cautelar y, acto seguido, aquel con el que se cuenta para decidir la solicitud de medida cautelar, se pondría en peligro el derecho que eventualmente podría tener el demandante a continuar en el proceso de designación del rector de la UPC, como quiera que no alcanzaría a participar en las actividades 13 y 14 del calendario electoral. (…). En orden a resolver la medida cautelar de urgencia, debe recordarse que conforme a lo preceptuado en el artículo 209 de la Constitución Política la función administrativa está al servicio del interés general y la misma se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y eficacia. Ahora bien, en relación con el principio de eficacia, el legislador le dio contenido normativo, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [artículo 3º.], con el fin de constituirse en un postulado hermenéutico para suplir las antinomias jurídicas o los vacíos normativos, en las actuaciones administrativas. (…). Conforme a lo anterior, se tiene que el principio de eficacia se erige como una herramienta de interpretación de la administración que no solamente propende por la celeridad de los diferentes trámites que se inicien ante esta, sino que constituye una garantía para la efectiva aplicación de las normas jurídicas; dicho de otra manera, la eficacia no solo debe verse reflejada en la prontitud en la resolución de un asunto puesto a consideración, sino también en la efectividad material de los derechos que están en juego en la actuación administrativa. En este orden, en el proceso de selección del rector de la Universidad Popular del Cesar, por tratarse de una actuación administrativa, debe atenderse la vigencia de estos principios en la aplicación de las reglas que gobiernan cada una de las fases o etapas del trámite de designación. Descendiendo al caso concreto, se tiene que en el marco de la convocatoria para el referido proceso de elección, el artículo 2º del Acuerdo 038 de 2004, establece que el participante debe acreditar, entre otros requisitos, cinco (5) años de residencia permanente en el Departamento del Cesar. (…). Así entonces, estima el despacho que este requisito cuya exigencia es de perentorio cumplimiento, fue subsanado con la formulación de los recursos, razón por la cual no era dable a las autoridades del ente universitario desconocer dicha realidad fáctica. Así mismo, no puede ser de recibo el argumento que adujo la demandada para desestimar el recurso, al considerar que “la normatividad interna de la Universidad no contempla la posibilidad de subsanación del requisito de acreditación de la residencia”, pues esto va en contravía del principio de eficacia de las actuaciones administrativas, que impone a las autoridades sanear las irregularidades que se presenten, para garantizar la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. (…). [E]s dable concluir que si bien es cierto, las reglas que rigen un concurso de méritos o un proceso de selección, como sucede en el presente caso, constituyen un marco regulatorio de carácter vinculante para los participantes, no puede pasarse por alto que dichas reglas son meros instrumentos cuyo fin no es otro que garantizar que aquellas personas que finalmente van a desempeñar en propiedad el cargo para el cual concursaron, cumplan con los requisitos y calidades que la ley requiere. Por consiguiente, las exigencias formales que se establecen dentro de este tipo de procesos de selección, deben perseguir dicha finalidad y no erigirse como un obstáculo, pues, por esta vía se desnaturaliza el carácter instrumental de las reglas procedimentales que deben estar dirigidas a la consecución del fin propuesto. Así entonces, encuentra el despacho que la actuación llevada a cabo por la UPC resulta abiertamente lesiva a los derechos subjetivos del demandante a la igualdad, al acceso a cargos públicos, a ser elegido y de contera contraviene el principio de eficacia al que aquí se ha hecho referencia (artículo 3º, numeral 11 de la Ley 1437 de 2011), lo que indudablemente torna procedente la adopción de la medida cautelar de urgencia solicitada.NOTA DE RELATORÍA: Sobre un caso similar en el que se hizo referencia a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, ver: Corte Constitucional, sentencia de 30 de enero de 2009, exp. T - 052, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Respecto de otro caso similar en el que el accionante no fue admitido en el concurso para proveer empleos de carrera en el Cuerpo Oficial de Bomberos, porque la certificación laboral que aportó, no discriminaba las funciones asignadas, consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 6 de mayo de 2011, radicación 08001-23-31-000-2010-01199-01(AC), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

  • Sentencia nº 20001-23-33-000-2019-00290-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 26 de Septiembre de 2019

    HABEAS CORPUS - Procedencia por dilación u omisión injustificada para resolver las solicitudes de libertad condicional / LIBERTAD TRANSITORIA, CONDICIONADA Y ANTICIPADA - Requisitos y plazo para la resolución de la solicitud correspondienteEl once (11) de septiembre de 2019, el señor [J.A.A.C.] presentó solicitud de habeas corpus al considerar que su privación de la libertad se prolongaba ilegalmente, con base en dos hechos (i) el cumplimiento con los requisitos para ser beneficiario de la libertad transitoria y anticipada; y, (ii) la no resolución oportuna de la petición que elevó en julio de 2019 a la Sala de Definiciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz para el otorgamiento del beneficio, lo que desconoce el término previsto en el Decreto 1269 de 2017 (art. 2.2.5.5.2.1.). El doce (12) de septiembre de 2019, el magistrado José Antonio Aponte Olivella del Tribunal Administrativo del Cesar negó la solicitud de habeas corpus, por ser la libertad transitoria, condicionada y anticipada un tópico reservado, en el caso concreto, a la Sala de Definiciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz. […]. [l]a acción de habeas corpus es procedente en aquellos eventos en los que existe una dilación u omisión injustificada en la resolución de las solicitudes de libertad transitoria, condicionada y anticipada de que tratan los artículos 51 y siguientes de la Ley 1820 de 2016. La dilación u omisión injustificada en la resolución de la solicitud se enmarca dentro de la hipótesis genérica de la prolongación ilegal de la libertad, que abarca, entre otras, la relativa al incumplimiento de términos legales para resolver las solicitudes de libertad condicional. […]. En el Decreto-Ley 700 de 2017 se reiteró la posibilidad de que la dilación u omisión injustificada en la resolución de las solicitudes mencionadas habilite acudir a la acción de habeas corpus. […]- Por lo tanto, es posible acudir a la acción del habeas corpus para discutir la prolongación ilegal de la libertad en aquellos eventos en los que exista una dilación u omisión injustificada en la resolución de las solicitudes de libertad transitoria, condicionada y anticipada de que tratan los artículos 51 y siguientes de la Ley 1820 de 2016. A juicio de esta Sala Unitaria, en el caso concreto sí se prolongó ilegalmente la libertad del señor [A.C.], pues su solicitud no se ha resuelto de manera oportuna, sin que exista una justificación razonable para el efecto. Examinados los elementos de convicción allegados al proceso, se observa que el señor [A.C.] cumple con los requisitos dispuestos legal y jurisprudencialmente para acceder al beneficio solicitado -libertad transitoria, condicionada y anticipada. Lo anterior permite concluir que la solicitud del señor [A.C.] para obtener el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada no ha sido resuelta dentro del término no mayor a 10 días hábiles dispuesto en el artículo 2.2.5.5.2.1. del Decreto 1269 de 2017. Téngase en cuenta que para el de julio de 2019 ya se encontraba presentada la solicitud -razón por la que presentó derecho de petición para su resolución- y que a la fecha -26 de septiembre de 2019- no ha sido resuelta. De ahín, pues, que han transcurrido más de 2 meses, cuando la norma aplicable prevé un término menor -máximo de 10 días hábiles-. Dentro del expediente se expuso la alta congestión como causa para la no resolución oportuna de la petición de libertad transitoria, condicionada y anticipada. Así lo señaló la magistrada Heidy Patricia Baldosea Perea en respuesta a la solicitud del despacho para que se informara sobre el estado del trámite de la petición de libertad transitoria, condicionada y anticipada, formulada por el señor [A.C.]. […]. De conformidad con todo lo anterior, se revocará la decisión de primera instancia. En consecuencia, se concederá el habeas corpus presentado por el señor [J.A.A.C.], debido a la prolongación ilegal de la libertad por (i) la no resolución oportuna de la solicitud de libertad transitoria, condicionada y anticipada, sin justificación razonable y, (ii) el cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales para acceder al beneficio mencionado, exclusivamente por el proceso penal de radicado No. 544983146003-2016-00031, por lo que si el compareciente se encuentra requerido por otra autoridad judicial deberá ser puesto inmediatamente a órdenes de esta.

  • Sentencia nº 66001-23-33-000-2019-00456-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 26 de Septiembre de 2019

    ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / RECLAMACIONES POR EVENTOS CATASTRÓFICOS DE ORIGEN NATURAL O DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN QUE PARTICIPEN VEHÍCULOS NO IDENTIFICADOS O NO ASEGURADOS CON PÓLIZA SOAT / TÉRMINO PARA RESOLVER Y PAGAR LAS RECLAMACIONES / MANDATO CLARO, EXPRESO Y EXIGIBLE[L]a Sala manifiesta que los preceptos que se piden ordenar cumplir son actualmente exigibles en la medida que no están derogados o suspendidos, su cumplimiento no implica el establecimiento de gasto, se insiste no se reclama pago alguno si no que se resuelva una reclamación que no en todos los casos deviene en pago y tampoco se advierte que la parte demandante cuente con otro mecanismo de defensa judicial que torne en improcedente la presente acción constitucional. (…) [E]l accionante pretende que se cumpla el término de dos (2) meses para resolver la reclamación presentada de conformidad con lo establecido en los artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 0780 de 2016 y 17 de la Resolución No. 1645 de 3 de mayo de 2016, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. (…) [S]i bien existe obligación legal para la ADRES de recibir, tramitar y decidir las reclamaciones derivadas de “…eventos catastróficos de origen natural o de accidente de tránsito en que participen vehículos no identificados o no asegurados con póliza SOAT”, lo cierto es que también por mandato legal deberá contratar una firma auditora para llevar a cabo dichas actuaciones. Lo mencionado no equivale a que la ADRES ya no tenga la obligación de tramitar y decidir las reclamaciones sino que la misma será compartida con la firma auditora que se contrate para tal finalidad. (…) En conclusión, el deber de atender la reclamación de la parte accionante recae de manera concurrente primero en ADRES porque tiene la función legalmente asignada pero también recae en la Unión Temporal Auditores de Salud, pues su contrato deviene de un imperativo también legal. (…) [P]ara la fecha de la presente sentencia ya es plenamente exigible la obligación de atender reclamaciones que recaen en la Unión Temporal Auditores de Salud. (…) [E]sta Sala, por las razones antes expuestas, concluye que la sentencia impugnada debe ser confirmada, en el sentido de acceder a las pretensiones planteadas en la acción pero adicionada porque el a quo omitió ordenar a la ADRES, que como se demostró tiene la obligación legal de resolver la reclamación de la parte actora ya que la misma fue presentada desde abril de 2019 sin que hasta la fecha haya sido resuelta; es decir, que las llamadas a acatar tal deber incumplido son tanto la ADRES como la Unión Temporal Auditores de Salud. En virtud de lo expuesto, se ordenará a las demandadas resolver en el término de treinta días concedido por el juez de primera instancia, la reclamación presentada.

  • Auto nº 11001-03-28-000-2019-00030-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 26 de Septiembre de 2019

    RECURSO DE SÚPLICA - Contra auto que rechazó la demanda / RECHAZO DE LA DEMANDA - Se confirma la decisión pues operó el fenómeno de la caducidad / ACTO ELECTORAL - Es producto del ejercicio de la función electoral / ACTO ELECTORAL - Es diferente del acto administrativo / ACTO ELECTORAL - Es demandable por el mismo elegidoLa Sala anticipa que la decisión debe ser confirmada con fundamento en los siguientes argumentos: (i) el efecto que se generaría con la tesis prohijada por el recurrente, (ii) la naturaleza del acto demandado, y (iii) la posibilidad que tiene el elegido de controlar su propio acto de elección. (…). El auto suplicado declaró la existencia de la caducidad de la nulidad electoral, en los términos del Art. 164.2.A. del CPACA. (…). [D]e aceptarse como válida la tesis propuesta por el recurrente, según la cual se admite el control judicial electoral respecto de la providencia judicial que a su vez le hizo control judicial electoral al acto primigenio declarativo de una elección, se abriría paso a una cadena infinita de controles que terminarían por desconocer lo que precisamente se busca con el medio de control de nulidad electoral: la pronta legitimación respecto del acceso al poder político. Por las razones expuestas, para la Sala de Conjueces, la decisión adoptada por la Magistrada Ponente en el sentido de declarar, (…), la operancia del fenómeno de la caducidad, fue acertada. Aunque esta sola circunstancia sería suficiente para despachar negativamente los argumentos de la súplica, se expondrán razones adicionales que soportan la decisión de rechazo de la demanda. (…). Para la Sala, la interpretación del recurrente [en el sentido de que la sentencia de 9 de mayo de 2019 constituye un verdadero acto de elección] no es acertada y está basada en un análisis meramente literal y simple de la norma. (…). Es cierto que el Art. 139 del CPACA indica que los actos que declaren una elección popular pueden ser controlados por el mecanismo procesal del medio de control de nulidad electoral, sin embargo, la propia jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, órgano de cierre electoral, ha precisado que lo que realmente hace electoral a un acto, es que sea el producto del ejercicio de la función electoral. La misma jurisprudencia de la Sala Electoral del Consejo de Estado se ha ocupado de distinguir el acto electoral -decisión con la que culmina el ejercicio de la función electoral-, del acto administrativo -decisión con la que culmina el ejercicio de la función administrativa-. Para la Sala, contrariando la jurisprudencia antes indicada, no solo el recurrente confunde el ejercicio de la función electoral con la de la función administrativa, sino que además, también la mezcla con el ejercicio de la función judicial. Sin lugar a dudas puede afirmarse que, la sentencia de 9 de mayo de 2019 no ejerció función electoral, ni administrativa, sino judicial, y por ello, las decisiones en ella contenidas no son susceptibles de ser controladas a manera de los actos electorales tradicionales. (…). La contundencia de la sentencia (…) citada [de fecha 31 de julio de 2014, radicación 11001-03-28-000-2014-00008-00] permite concluir que sí le era posible al elegido, por la causal que estimare la adecuada, como por ejemplo la 3º del Art. 275 del CPACA, solicitarle al juez electoral que revisara las diferencias E-14 Vs. E-24 que le favorecían, de manera que pudiera el juez electoral identificar la “verdad electoral” de los comicios desarrollados, analizando el panorama de manera completa, lo que jamás si quiera se intentó. Dicha omisión no puede pretender ser ahora corregida por la vía de una nueva demanda de nulidad electoral que, materialmente, no es cosa distinta que una apelación contra la sentencia de 9 de mayo de 2019, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado materializó el control judicial respecto del acto declarativo de la elección de la Cámara de Antioquia 2018-2022. Aceptar lo contrario sería tanto como permitir, que un trámite que por su naturaleza es de única instancia, se transforme en apelable por la vía de una nueva demanda. (…). Corolario de los cuatros (sic) argumentos arriba desarrollados, es que con la sentencia de 9 de mayo de 2019, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado materializó el control judicial respecto del acto declarativo de la elección de la Cámara de Antioquia 2018-2022, no se desconocieron las garantías fundamentales del Sr. José Ignacio Mesa Betancur, y por tanto, el recurso de súplica propuesto no está llamado a prosperar.NOTA DE RELATORÍA: Con respecto al término de caducidad en materia electoral, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 13 de septiembre de 2012, radicación 05001 - 23-31-000-2012-00764-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro. En cuanto a lo que hace que un acto sea realmente considerado como un acto electoral, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de junio de 2019, radicación 2015-0051, C.P. Alberto Yepes Barreiro. En lo que tiene que ver con la diferencia entre acto electoral y acto administrativo, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 3 de junio de 2016, radicación 2016-00070, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y sentencia de 4 de febrero de 2016, radicación 2014-00110, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Con respecto a la posibilidad de que cualquier persona o incluso el mismo elegido pueda demandar el acto de elección, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2014, radicación 11001-03-28-000-2014-00008-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

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