Consejo de Estado - Jurisprudencia
      • Consejo de Estado

Últimos documentos

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-03894-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) del 04-09-2020

    CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Avoca conocimientoCONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Competencia / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Actos sobre los cuales recae / ESTADO DE EXCEPCIÓN - Control de los actos administrativos a través de los cuales se concretaConforme lo dispone el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde al Consejo de Estado el control inmediato de legalidad de las medidas de carácter general dictadas por las autoridades nacionales como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción y su trámite debe disponerlo el correspondiente ponente en los términos del artículo 185 ibídem.RESOLUCIÓN 100 N.° 0110-0248 DEL 24 DE MARZO DE 2020 - Avoca conocimientoAprehender conocimiento del control inmediato de legalidad de la Resolución 100 No. 01110-0248 del 24 de marzo de 2020, proferida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-03882-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 27) del 03-09-2020

    CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Competencia del Consejo de EstadoAl tenor de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y el numeral 8º del artículo 111 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es función de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, “ejercer el control inmediato de legalidad de los actos de carácter general dictados por autoridades nacionales con fundamento y durante los estados de excepción.” El artículo 107 ejusdem creó las Salas Especiales de Decisión para resolver los procesos sometidos al conocimiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que la ley expresamente les encomiende. (…). [E]l artículo 136 de la Ley 1437 de 2011 señala que corresponde al Consejo de Estado el control inmediato de legalidad de las medidas de carácter general que sean dictadas por las autoridades nacionales en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de excepción y, el numeral 1º del artículo 185 ibidem, dispone que la sustanciación y ponencia del asunto corresponde a uno de los Magistrados de la Corporación y el fallo a la Sala Plena, potestad que debe entenderse asignada a esta Sala Especial. Aplicadas las normas de competencia al sub examine, se encuentra que se trata de un acto dictado por la Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – Coljuegos, que es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Avoca conocimiento de la resolución No. 20201200010894 del 14 de agosto de 2020[L]a Resolución No. 20201200010894 del 14 de agosto de 2020 cumple con las condiciones formales y materiales para ser objeto del control inmediato de legalidad por parte de esta Corporación, por las siguientes razones: i) Se trata de un acto administrativo de contenido general, en la medida en que se encuentra dirigido a todas las personas naturales y jurídicas que operan juegos de suerte y azar. ii) Fue proferido por una entidad del orden nacional; tal como se constató al precisar la naturaleza jurídica de Coljuegos. iii) Se expidió, en ejercicio de funciones administrativas, en el marco de la declaratoria del Estado de excepción, esto es, de la emergencia económica, social y ecológica, decretada por el Gobierno nacional, mediante el Decreto Legislativo No. 417 de 2020 y el acto administrativo desarrolla en forma particular lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto Ley No. 576 del 15 de abril de la presente anualidad, que autoriza expresamente a los operadores de juegos de suerte y azar para solicitar la disminución temporal del número de elementos de juego autorizados en los contratos de concesión. iv) El acto administrativo refleja la voluntad de la administración, con plena capacidad para producir efectos en el mundo jurídico, en la medida en que reglamenta la actuación administrativa para garantizar en ella los principios de igualdad y debido proceso. Al concurrir los requisitos que tornan procedente el control inmediato de legalidad, el despacho avocará el conocimiento y le impartirá el trámite correspondiente.

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-03597-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 4) del 01-09-2020

    CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Devolución del expediente previo a pronunciarse sobre acumulación / DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE – Para que se pronuncie si avoca o no conocimientoSobre el proceso a mi cargo, radicado CIL 11001-03-15-000-2020-02455-00, se advierte que el 12 de junio de 2020 se avocó conocimiento y fue enviado el expediente al despacho del doctor Ramiro Pazos Guerrero, para que se pronuncie sobre la posible acumulación con el proceso con radicación CIL- 11001-03-15-000-2020-01168-00, sobre la Resolución No. 0030 de 29 de marzo de 2020 (…) que cursa en ese Despacho. (…). [E]s claro para este Despacho que existe conexidad relacional directa entre la resolución No. 000056 de 29 de mayo de 2020 que se escruta en el proceso de la referencia con la resolución No. 0030 de 29 de marzo de 2020 a cargo del Magistrado Ramiro Pazos Guerrero, en tanto no contiene temáticas escindibles y diferentes a las previstas en la Resolución 0030, a la que modifica, razón por la cual se considera que en efecto se trata de meros cambios interrelacionados en forma directa sobre los elementos y presupuestos esenciales del trabajo en casa contenido en la primigenia resolución No. 0030 de 29 de marzo de 2020. (…). [A]l verificar el sistema de consulta de procesos se encontró que la legalidad de la resolución No. 0030 de 29 de marzo de 2020, estaba siendo conocida, bajo la égida del Control Inmediato de Legalidad, dentro del proceso con radicación CIL- 11001-03-15-000-2020-01168-00, a cargo del Magistrado Ramiro Pazos Guerrero, quien avocó conocimiento en auto de 20 de abril de 2020, providencia que fue notificada a la entidad autora y comunicada a la comunidad el día 21 de abril de 2020, por lo que se consideró que al estar conexos los dos actos, estos merecían procesalmente, ser acumulados para que fueran tramitados bajo la misma cuerda procesal y, por ende, se dio curso a enviar el expediente, ya que fue en aquel en el que primero se avocó el conocimiento de la causa. De tal solicitud de acumulación, que motivó el envío del expediente a mi cargo no se ha recibido decisión alguna y (…) no se advierte pronunciamiento al respecto. En consecuencia, el expediente al cual el Despacho remitente solicita estudio de acumulación ha salido temporalmente de la esfera de mi competencia, hasta tanto se decida la solicitud de acumulación que de tiempo atrás se presentó al Despacho del Pazos Guerrero, lo cual impide por imposibilidad procesal estudiar la solicitud de acumulación remitida. (…). Otro motivo impone la devolución del expediente de la referencia, (…) este Despacho ha sostenido que por lo menos el auto admisorio del proceso a acumular debe haber sido proferido, así mutatis mutandi el auto de avocación del Control Inmediato de Legalidad, debe haber sido dictado por el Despacho que pretende remitir el expediente para acumulación y no enviarlo sin trámite ni decisión alguna. Se observa que en el proceso remitido por la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico no se ha decidido sobre si se avoca o no conocimiento del Control Inmediato de legalidad respecto de la resolución 000071 de 26 de junio de 2020, requisito necesario para estudiar la solicitud de acumulación. En consecuencia, dadas las razones práctica y sustancial expuestas, así como las presentes circunstancias explicadas, se impone para este Despacho, devolver el proceso al despacho de la doctora Velásquez Rico para lo de su competencia.

  • AUTO nº 11001-03-28-000-2019-00084-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 31-08-2020

    ACUMULACIÓN DE PROCESOS – Por causales objetivas / ACUMULACIÓN DE PROCESOS - Procede al encontrarse reunidos los presupuestos legales para ello[E]l artículo 282 del CPACA impone al operador de la nulidad electoral que debe fallar en una sola sentencia los procesos que se incoen contra el acto de designación, cuando la demanda se fundamente en hechos constitutivos de causales objetivas, es decir, aquellos atinentes a “irregularidades en la votación o en los escrutinios” siempre y cuando se refieran a un “mismo nombramiento, o una misma elección”. (inc. 1, art. 282). Asimismo, acorde con la posición pacífica y reiterada por la Sección Quinta, en los procesos de nulidad electoral dirigidos contra nombramientos y elecciones, distintas a las originadas en el voto popular, es posible la acumulación de procesos en los que se invoquen tanto causales subjetivas como objetivas de nulidad, así como las generales de anulación de los actos administrativos. Observa el Despacho que los dos procesos con radicaciones 2019-00084-00 y 2020-00024-00, pretenden la nulidad de la elección del señor Rafael Navi Gregorio Angarita Lamk como Director General de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR- para el periodo 2020 – 2023, y frente a la cual las dos demandas contienen pretensión anulatoria. Las demandas concurren y giran en torno a un evento general y principal que abarca el problema jurídico a resolver, de cara al acto declaratorio de elección, el Despacho hace referencia a que se atribuye un vicio en el trámite de elección. Por contera, además de la coincidencia general en el problema jurídico que se menciona, se trata de censura de nulidad de alcance objetivo y está acreditado que las dos demandas se enfocan contra el mismo demandado. (…). [D]ado que se encuentran reunidos los presupuestos legales para tal efecto, el Despacho encuentra que es viable la acumulación del proceso 11001-03-28-000-2020-00024-00 al proceso con radicación 11001-03-28-000-2019-00084-00.NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la acumulación de procesos en los que se invoquen tanto causales subjetivas como objetivas de nulidad, así como generales de anulación de los actos administrativos, consultar, entre otros que se citan: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 17 de marzo de 2016, radicación 11001-03-28-000-2016-00033-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 5 de marzo de 2019, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-28-000-2018-00608-00.

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-03432-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 27) del 31-08-2020

    CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Competencia del Consejo de EstadoAl tenor de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y el numeral 8º del artículo 111 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es función de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, “ejercer el control inmediato de legalidad de los actos de carácter general dictados por autoridades nacionales con fundamento y durante los estados de excepción.” El artículo 107 ejusdem creó las Salas Especiales de Decisión para resolver los procesos sometidos al conocimiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que la ley expresamente les encomiende. (…). [E]l artículo 136 de la Ley 1437 de 2011 señala que corresponde al Consejo de Estado el control inmediato de legalidad de las medidas de carácter general que sean dictadas por las autoridades nacionales en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción y, el numeral 1º del artículo 185 ibidem, dispone que la sustanciación y ponencia del asunto corresponde a uno de los Magistrados de la Corporación y el fallo a la Sala Plena, potestad que debe entenderse asignada a esta Sala Especial. Aplicadas las normas de competencia al sub examine, se encuentra que se trata de un acto dictado por el Ministerio del Interior, que es una autoridad que forma parte del Gobierno nacional, al tenor de lo dispuesto por el artículo 208 de la Constitución Política.CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – RequisitosDe conformidad con lo dispuesto por las normas que rigen este medio de control, en especial el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para su procedencia, se deben cumplir los siguientes requisitos: i) tratarse de un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto; ii) haberse dictado con fundamento en la función administrativa; iii) haberse expedido en desarrollo de los decretos legislativos dictados durante el Estado de excepción. En relación con este último requisito, cabe destacar que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley Estatutaria 137 de 1994, las facultades conferidas por el legislador al Gobierno nacional y a las autoridades no pueden ser utilizadas siempre que se haya declarado el Estado de excepción, sino únicamente cuando se cumplan los principios de finalidad, necesidad (fáctica y jurídica), proporcionalidad y motivación de incompatibilidad.CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - No avoca conocimiento de la circular externa CIR2020-64-DMI-1000 del 29 de mayo de 2020[L]a Circular Externa CIR2020-64-DMI-1000, expedida el 29 de mayo de 2020 por la Ministra del Interior, no cumple con los requisitos consagrados en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, por las siguientes razones: El acto jurídico contiene la autorización e instrucción al alcalde del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla para que éste, en el marco de sus competencias, como máxima autoridad de policía en su jurisdicción territorial, expida decretos para dar cumplimiento a las instrucciones de adoptar medidas de orden público encaminadas a garantizar la salud y la vida de todos los habitantes de la ciudad y de su área metropolitana. Si bien fue expedida en ejercicio de las funciones de policía administrativa (…) lo cierto es que no desarrollan alguno de los decretos legislativos dictados durante el Estado de excepción, limitándose a regular y aplicar normas de carácter ordinario, preexistentes en el ordenamiento jurídico colombiano, con sustento en las potestades con las que cuenta la titular de la cartera ministerial, con antelación a la declaratoria del Estado de emergencia económica, social y ecológica y al margen del Estado de excepción. Lo anterior se comprueba con la revisión de las normas y facultades que se citan en la parte motiva de la circular externa (aspecto formal) y con la verificación que realiza el despacho sobre el contenido y alcance de las disposiciones contenidas en la circular de cara a las competencias ordinarias (ámbito material). (…). En segundo lugar, hizo referencia al Decreto 418 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público”, dictado por el Presidente de la República, en ejercicio de las potestades constitucionales y legales. (…). En consecuencia, no solo no se invoca alguno de los decretos legislativos dictados durante la emergencia económica, social y ecológica, sino que, materialmente no se desarrolla ninguno de ellos y la naturaleza jurídica de las instrucciones y autorizaciones conferidas al alcalde del Distrito de Barranquilla se refiere a la conservación del orden público, con la imposición de disposiciones de carácter estrictamente policivo y de naturaleza sanitaria, sin que -se reitera- haga uso de potestades extraordinarias en ejecución, desarrollo o con ocasión del Estado de excepción, requisito sine qua non para que sean pasibles de este particular y especial medio de control. (…). [E]n el sub examine el Ministerio del Interior dictó una medida en el marco de las precisas y amplias competencias ordinarias de las que es titular y de las recibidas en delegación efectuada por el Presidente de la República, con ocasión de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, sin que tuviera necesidad de acudir al desarrollo de los decretos legislativos dictados por el Gobierno nacional con ocasión de la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica, como se expuso ampliamente al examinar la circular, desde el punto de vista normativo y de la exigencia de necesidad jurídica -subsidiariedad-y de conexidad, presupuesto este último que tampoco concurre a la formación de la voluntad de la Administración. (…). No resulta en consecuencia posible avocar el conocimiento de la circular que contiene autorizaciones e instrucciones impartidas a Alcalde de Distrito de Barranquilla, para que dicte decretos en ejercicio de potestades de policía administrativa, pues esa no es la finalidad de este medio de control.NOTA DE RELATORÍA: En relación con el ejercicio de las funciones de policía administrativa del Ministerio del Interior, consultar: Corte Constitucional, Sentencia C-813, del 5 de noviembre de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. En cuanto a la noción de orden público, consultar: Corte Constitucional, Sentencia C-128 del 28 de noviembre de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Sobre otras circulares con idéntico contenido respecto de las cuales no se avocó conocimiento puesto que desde los puntos de vista formal y material no desarrollan los decretos legislativos dictados durante el Estado de excepción, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativa, auto del 16 de julio de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-02853-00. En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 6 de junio de 2020, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Rad. 11001-03-15-000-2020-02851-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 1º de julio de 2020, M.P. Alberto Montaña Plata, Rad. 11001-03-15-000-2020-02850-00.

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-03806-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA CATORCE ESPECIAL DE DECISIÓN) del 31-08-2020

    CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - No avoca conocimientoCONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Competencia / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Actos sobre los cuales recae / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - RequisitosDebe recordarse que, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el Consejo de Estado es competente para realizar el control inmediato de legalidad de los actos administrativos que (a) contengan medidas de carácter general, (b) se profieran en el ejercicio de función administrativa, y (c) que desarrollen los decretos legislativos durante los estados de excepción.CIRCULAR CICLO 31/2020/CIR - No desarrolla ningún decreto legislativo en el marco del Estado de excepción / IMPROCEDENCIA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE LEGALIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO[U]na vez revisado el contenido de la Circular el Despacho no admitirá su control porque la misma no desarrolla ningún Decreto Legislativo en el marco del Estado de Excepción denominado Emergencia Económica y Social y Ecológico. Por el contrario, en sus consideraciones se hace alusión, únicamente, a la Resolución que declaró el estado de emergencia sanitaria y el Decreto Reglamentario que prorrogó el aislamiento preventivo obligatorio. En ese orden de ideas, no encuentra el despacho que su legalidad deba ser estudiada de manera inmediata y automática. NOTA DE RELATORIA: Esta decisión es equivalente al auto que no avoca conocimiento o también es equivalente la de resolución consistente en que no procede control automático de legalidad.

  • AUTO nº 11001-03-28-000-2019-00079-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 31-08-2020

    TRÁMITE DE LA EXCEPCIÓN PREVIA – Ineptitud sustantiva de la demanda / FACULTADES DEL JUEZ – Para interpretar la demanda / INEPTITUD DE LA DEMANDA - Procede solamente ante ausencia absoluta de invocación normativa y de concepto de violación / INEPTITUD DE LA DEMANDA – Prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Se declara no probadaLas excepciones previas constituyen un conjunto de circunstancias que permiten al demandado cuestionar la forma en la que fue ejercido el medio de control, por no avenirse a los parámetros que la ley establece para la presentación y trámite de la demanda, debido a los factores extrínsecos que la moldean. Dicho de otro modo, es la indicación que realiza la defensa por el desbordamiento o insuficiencia en el cumplimiento de las reglas del proceso, que se hacen respetar por ser presupuesto de validación de la decisión judicial que desata la litis. (…).Este yerro [ineptitud sustantiva de la demanda], a partir de lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 100 del CPACA, tiene lugar por la indebida acumulación de pretensiones o por la falta de requisitos formales. El primer evento pasa por el incumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 165 del CPACA, relacionadas con la conexidad de las pretensiones, la competencia común del juez, que estas no se excluyan entre sí, que no haya operado la caducidad y que puedan tramitarse por el mismo proceso; en materia electoral se precisa, para las elecciones por voto popular, según el artículo 281 de esta misma codificación, que no se trate causales objetivas y subjetivas al mismo tiempo. (…). Del (…) [numeral 4 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011] se extrae que no basta con presentar una relación de normas y un concepto de violación, sino que, además este, de un lado, debe ser explicado y, del otro, debe tener una conexión directa con los preceptos que se señalan como violados, pues a partir de los argumentos que en torno a ello se erigen tiene lugar la contradicción sobre la que más tarde se configurará la fijación del litigio. Lo anterior, sin que pase desapercibido el hecho de que el medio de control consagrado en el artículo 139 del CPACA es una acción pública, lo que implica que puede ser ejercido por cualquier persona –sin ostentar la calidad de abogado– en defensa del interés general, y con el fin de hacer prevalecer la legalidad en abstracto respecto de los actos de elección, nombramiento o llamamiento. Por tal motivo, al momento de examinarse el cumplimiento de los requisitos formales de la demanda, entre ellos el debido planteamiento de los fundamentos de derecho de las pretensiones, se debe salvaguardar la garantía de acceso a la administración de justicia (art. 229 C. P.), dando primacía a lo sustancial sobre lo formal, de tal manera que la falta de rigor o técnica en la solicitud no se convierta en un obstáculo para el ejercicio de prerrogativas constitucionalmente amparadas. (…). [A] pesar de las potestades interpretativas del operador judicial dentro del contexto de una acción pública, no queda opción distinta que aplicar los remedios jurídicos de rigor, asociados por ejemplo a las excepciones previas, con miras a que se satisfaga de forma razonable la carga que tiene la parte actora de indicar las normas violadas y el concepto de violación, en la medida en que resulte factible, de acuerdo con lo explicado en el acápite anterior. (…). En ese orden de ideas, la formulación del cargo de nulidad electoral debe integrar la invocación de las normas violadas y la explicación de su concepto de violación, de tal manera que exista certeza sobre las razones que sustentan el planteamiento. (…). [E]s dable para el Despacho concluir que es cierto que los reparos del libelista se encuentran dispersos en la demanda. Sin embargo, ello no es razón suficiente para colegir que se configuran los elementos de la excepción previa objeto del presente proveído, en los términos alegados por el demandado. Haciendo uso de las potestades interpretativas conferidas por el artículo 42.5 del CGP – en virtud de la integración normativa consagrada en el artículo 302 del CPACA–, se entiende que las acusaciones elevadas por el demandante se avienen a la causal genérica de nulidad conocida como “expedición irregular” consagrada en el artículo 137 del CPACA, aplicable en materia contencioso electoral en virtud de lo dispuesto en el inciso inicial del artículo 275 ibidem. (…). [H]ay una censura en contra del trámite eleccionario por no atender los cometidos constitucionales y legales que debían orientarlo, en razón de una conducta atribuida al elegido y al órgano elector. Independientemente de la validez, aptitud o vocación de prosperidad que tenga tal acusación –cuestión que no corresponde ventilar en esta etapa procesal–, es lo cierto que, desde el punto de vista “formal”, es decir, de la estructura que debe revestir el argumento, se cumplen las exigencias plasmadas en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA, por cuanto hay identificación de las normas violadas y la explicación de su concepto de violación. Es menester acotar que no es posible al juzgador presuponer cuáles o por qué determinados preceptos han sido infringidos, comoquiera que ello hace parte de las cargas inherentes al extremo activo de la litis, en virtud de los deberes que le surgen a partir de lo normado en los artículos 75. 7 de la Constitución Política y 103.4 del CPACA; máxime cuando la demanda ha sido incoada por un profesional del derecho; mandato de colaboración que no desaparece por tratarse de una acción pública, como es el caso de la nulidad electoral, lo que ocurre en estos casos, (…), es que las facultades que tiene el operador judicial para interpretar la demanda se refuerzan, al tiempo en que se flexibiliza el rigor de la forma para preservar en su componente sustancial el derecho de acción –sin que ello conduzca al uso irrazonable de las instituciones, bajo la premisa de adelantar, a todo costo, un proceso en el que se torne inviable proveer de fondo sobre los señalamientos que dan pie a las pretensiones anulatorias–. En este caso, el hecho de que no se adopte en la demanda un modelo de redacción riguroso que distinga con absoluta claridad entre hechos, fundamentos jurídicos y pretensiones –que es lo deseable en cualquier texto jurídico–, en manera alguna se puede percibir como una causa para desechar el ejercicio del derecho de acción; por lo menos no sin incurrir en un exceso que haga prevalecer lo formal sobre lo sustancial. Ha de decirse que, de acuerdo con la postura decantada por la Sala Electoral del Consejo de Estado, la prosperidad de la excepción de inepta demanda por ausencia del concepto de violación se predica de aquellos yerros extremos en los que la deficiencia sea absoluta. (…). Es evidente que esta no es la situación que se presenta en el asunto de la referencia, en el que existe una –ordenada o no– estructura argumentativa dirigida a atacar la presunción de legalidad del acto demandado, en cuanto al cargo primero, objeto de la excepción previa, se refiere, (…), razón por la cual se declarará no probada.NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la prosperidad de la excepción de inepta demanda por ausencia del concepto de violación, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 18 de diciembre de 2019, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2019-00024-00 (2019-00034-00).

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-03803-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 4) del 31-08-2020

    CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Factores de competencia / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Avoca conocimiento de la resolución 1044 del 24 de julio de 2020[E]l control inmediato de legalidad, asignado al Consejo de Estado, pende en forma concurrente, de tres clases de factores competenciales: un factor subjetivo de autoría, en tanto el acto a controlar debe ser expedido por una autoridad nacional; un factor de objeto, que recaiga sobre acto administrativo general y un factor de motivación o causa y es que provenga o devenga, del ejercicio de la “función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción” (art. 136 inc. 1° CPACA). (…). [E]l asunto que ocupa la atención de la Sala y sobre el cual el Consejo de Estado debe ejercer el control inmediato de legalidad se focaliza en la resolución N° 1044 de 24 de julio de 2020, expedida por CORTOLIMA, (…) se advierte que se trata de un acto administrativo de contenido general, abstracto e impersonal, porque se dirige en forma indeterminada y transversal a todos los empleados -funcionarios de planta, Judicantes, Pasantes y Contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión- y a los usuarios de CORTOLIMA y fue dictado por una autoridad nacional, como lo es la Directora General de dicha CAR. Es decir, se cumplen los dos primeros presupuestos, esto es, los factores de sujeto autor y de objeto, que dan viabilidad a conocer la legalidad del acto, desde la égida del Control Inmediato de Legalidad esto es, que sea un acto administrativo de general y que haya sido dictado por una autoridad nacional y en ejercicio de la función administrativa. (…). Teniendo determinados los extremos indicados y los factores competenciales, a saber: - El factor del sujeto autor: autoridad del orden nacional, la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima -, por intermedio de su Directora General. - El factor del objeto: acto general contenido en la resolución No. 1044 de 24 de julio de 2020, en tanto el acto administrativo de carácter general ha sido concebido por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional como la manifestación unilateral de la voluntad de la administración que, mediante el empleo de enunciados abstractos, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de sujetos indeterminados, punto central para la identificación de este tipo de actos y que corresponden a este acto que se escruta. - El factor motivación o causa: se expide, entre otros, con fundamento en el decreto legislativo No. 491 de 2020, por medio del cual se adoptaron medidas encaminadas a garantizar la prestación de los servicios públicos, protegiendo los derechos laborales de los contratistas de prestación de servicios en el marco del Estado de Excepción declarado mediante el decreto 417 de 17 de marzo de 2020. Es claro que el Consejo de Estado es competente en única instancia, para asumir el conocimiento del asunto por vía del control inmediato de legalidad de la resolución No. 1044 de 24 de julio de 2020.NOTA DE RELATORÍA: De la competencia particular del Consejo de Estado para ejercer el control inmediato de legalidad de los actos administrativos de carácter general, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 26 de septiembre de 2019, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación 11001-03-24-000-2010-00279-00, providencia en la que se cita la decisión del 9 de diciembre de 2009, M.P. Enrique Gil Botero, radicación 11001-03-15-000-2009-00732-00.

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-03589-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 27) del 29-08-2020

    CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Competencia del Consejo de EstadoAl tenor de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y el numeral 8º del artículo 111 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es función de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, “ejercer el control inmediato de legalidad de los actos de carácter general dictados por autoridades nacionales con fundamento y durante los estados de excepción.” (…). Cabe destacar que el artículo 107 ejusdem creó las Salas Especiales de Decisión para resolver los procesos sometidos al conocimiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que la ley expresamente les encomiende. (…). [E]l artículo 136 de la Ley 1437 de 2011 señala que corresponde al Consejo de Estado el control inmediato de legalidad de las medidas de carácter general que sean dictadas por las autoridades nacionales en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción y el numeral 1 del artículo 185 ibidem dispone que la sustanciación y ponencia del asunto corresponde a uno de los magistrados de la Corporación y el fallo a la Sala Plena, potestad que debe entenderse asignada a esta Sala Especial. Aplicadas las normas de competencia al sub examine, se encuentra que se trata de un acto dictado por el Fiscal General de la Nación, (…) entidad pública con autonomía administrativa y financiera, perteneciente a la Rama Judicial del poder público, que en esta oportunidad ejerció una función de carácter administrativo, de tal manera que el control de legalidad de sus decisiones corresponde al Consejo de Estado.ACTO ADMINISTRATIVO – Naturaleza jurídica de los actos susceptibles de control inmediato de legalidad[L]a jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que son aquellos decretos reglamentarios de los decretos legislativos y los actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto que profiera la administración que contengan una decisión de la autoridad, capaz de producir efectos jurídicos para los individuos, porque sólo esta clase de actos son administrativos. Esto significa que, únicamente los actos que contengan una manifestación de voluntad de la Administración capaz de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales, con independencia de la forma que revista o de la nominación que se le asigne, son actos administrativos y, por tanto, pueden ser objeto de control judicial. (…). [A]un cuando las instrucciones, circulares y resoluciones administrativas son actos de la administración en sentido lato, pues por razón de su naturaleza contienen directrices, orientaciones o instrucciones que se dictan para desarrollar la actividad administrativa o para informar aspectos propios de la prestación de un servicio o de la realización de una determinada función, no todos tienen la virtualidad de generar efectos jurídicos, teniendo esta capacidad únicamente aquellos que crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas, estando limitado a estos últimos el control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (…). De la lectura integral de las normas objeto de análisis se desprende que son pasibles de control los decretos reglamentarios y los actos administrativos generales, quedando, en consecuencia, excluidas las instrucciones, recomendaciones o demás medidas que adopte la Administración que no contengan una decisión capaz de modificar el ordenamiento jurídico de excepción, en los términos expresados y aquellas que no tengan un carácter general, esto es, que no produzcan efectos erga omnes. (…). [S]e destaca que aquellas actuaciones de la administración que no reglamentan o desarrollan la ley o la Constitución, con un carácter general y con efectos erga omnes o, aquellas que simplemente aplican la ley o los reglamentos a un caso particular y concreto, son expresiones del ejercicio de la función administrativa, pero no constituyen actos administrativos generales y, siendo ello así, con respecto de estas no es posible ejercer el control inmediato de legalidad.CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - No avoca conocimiento de la resolución 00674 del 2 de junio de 2020[E]l despacho advierte que en la Resolución 00764 (sic) del 2 de junio de 2020, expedida por el Fiscal General de la Nación, no se presentan de manera concurrente los requisitos exigidos en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2020, por tanto, no es pasible del control inmediato de legalidad. (…). Si bien la Resolución 00674 de 2020 es un acto administrativo dictado por una autoridad del orden nacional, (…), suscrito por el Fiscal General de la Nación en ejercicio de las funciones administrativas (…), su contenido obedece a disposiciones de organización interna, encaminadas para la prestación continua del servicio y el buen funcionamiento de la entidad, dadas las restricciones a la libre circulación dispuestas por el Presidente de la República para controlar el contagio del coronavirus en el país. (…). De suyo, el acto revisado no adopta medidas de carácter general por cuanto sus destinatarios son los servidores de la entidad, quienes en cumplimiento de las nuevas directrices fijadas por el Fiscal General de la Nación deben adaptar sus planes anuales de acción a los lineamientos dictados, sin que ello cree, modifique o extinga situaciones jurídicas de los funcionarios o empleados de la institución o de la ciudadanía como receptora del servicio de administración de justicia. (…). Aunque la Resolución 00674 de 2020 se dictó en el marco temporal del Estado de excepción - emergencia económica, social y ecológica, declarado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, pues data del 2 de junio de la misma anualidad, no lo desarrolla materialmente. (…). Aun cuando se expidió en el marco temporal de la declaratoria del Estado de excepción, dispuesta en el Decreto 637 de 2020 y para hacer frente a las circunstancias fácticas derivadas de la pandemia, lo cierto es que se circunscribe a analizar supuestos fácticos en la pandemia, relativos a la criminalidad, la investigación e instrucción de causas, la administración de justicia y la garantía de acceso a ella, así como a dictar instrucciones a específicos servidores y orientarlos en la forma en que deben desarrollarlas; ello, sin perjuicio de que los actos que en concreto desarrollen, implementen o materialicen las políticas adoptadas con el “Direccionamiento Estratégico de la Fiscalía General de la Nación en tiempos de Covid19” puedan ser objeto de control judicial. (…). [L]a Resolución 00674 de 2020, no es pasible del presente medio de control, por lo que el despacho decidirá no avocar su conocimiento, por cuanto, (…), en ella no se presentan de manera concurrente los requisitos exigidos para asumir su estudio, pues no se trata de un acto de carácter general que desarrolle decretos legislativos dictados durante el Estado de emergencia económica, social y ecológica. Por ende, adelantar el trámite previsto en el artículo 185 de la Ley 1437 de 2011, resultaría inane respecto del efecto útil de las normas procesales contenidas en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del primer ordenamiento procesal citado y desbordaría el preciso ámbito de competencia del Consejo de Estado en esta materia.NOTA DE RELATORÍA: Con respecto a la naturaleza jurídica de los actos susceptibles del control inmediato de legalidad, incluidas las instrucciones y circulares administrativas cuando sean pasibles del control judicial consultar, entre otros: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación 11001-03-24-000-2012-00211-00; y, providencia del 18 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, radicación 11001-03-24-000-2007-00193-00; Acerca de los actos pasibles del control inmediato de legalidad y que deben ser expedidos en ejercicio de la función administrativa, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 27 de octubre de 2011, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 11001-03-26-000-2007-00040-00 (34.144); y, sentencia de 14 de abril de 2010, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 11001-03-26-000-2005-00044-00 (31.223). Del control inmediato de legalidad como medio jurídico previsto para examinar los actos administrativos de carácter general emitidas al amparo de los Estados de excepción, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de marzo de 2012. M.P Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; sentencia de 2 de noviembre de 1999, M.P Carlos Arturo Orjuela Góngora, Radicación número: CA- 037; Corte Constitucional. Sentencia C-1005 del 15 de octubre de 2008, M.P. Humberto Sierra Porto. De la potestad reglamentaria difusa, consultar: Corte Constitucional, Sentencia C-272 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, Sentencia C-444 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara; Sentencias C-401, 409 de 2001 y C-832 de 2002. MP. Álvaro Tafur Galvis

  • AUTO nº 11001-03-28-000-2020-00028-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 28-08-2020

    SOLICITUD DE RECUSACIÓN – Se rechaza por improcedente al haber sido formulada por quien no es parte del procesoPara resolver [la solicitud] se tiene que (…) el señor José Reinel Barón Romero no es parte dentro del proceso, y no se encontró alguna manifestación en la que exponga su interés de ser reconocido como sujeto procesal, tal como lo permite el artículo 228 de la Ley 1431 (sic) de 2011. (…). [A]l no ser parte dentro de este proceso, no puede llevar a cabo actos procesales, tal como sucede con el escrito que presentó recusando a un magistrado de la Sección. De acuerdo con lo anterior, el escrito presentado será rechazado. No obstante lo anterior, se aclara que dentro de la oportunidad prevista por el legislador en la norma en cita, se podrá solicitar su reconocimiento en el trámite de la referencia como impugnador o coadyuvante, evento en el que estaría habilitado para realizar los actos permitidos a la parte que apoya, es decir que, en dicha circunstancia tendría la facultad de recusar a los magistrados que conforman la Sala de Decisión, de conformidad con los presupuestos contenidos en los artículos 130 y 132 del CPACA.NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a los actos procesales permitidos al tercero interviniente respecto de la parte que ayudan, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 27 de marzo de 2014, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, radicación 54001-23-31-000-2012-00001-03.

Documentos destacados