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  • Sentencia nº 25000-23-41-000-2019-00521-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 28 de Agosto de 2019

    ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - Requisito de procedibilidad / RENUENCIA - Es importante que la solicitud permita determinar que lo pretendido por el interesado es el cumplimiento de un deber legal o administrativo, cuyo objetivo es la constitución en renuencia de la parte demandadaEn el artículo 8, la Ley 393 de 1997 señaló que “Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]”. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según el cual “[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”. Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la solicitud “[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia”. Es importante que la solicitud permita determinar que lo pretendido por el interesado es el cumplimiento de un deber legal o administrativo, cuyo objetivo es la constitución en renuencia de la parte demandada. Como quedó establecido en el numeral 5 del artículo 10 de la Ley 393 de 1997, la constitución de la renuencia de la entidad accionada debe acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de plano la solicitud. En la demanda, la actora solicitó el cumplimiento de los artículos 2.5.3.4.2.1.8 y 2.5.3.4.2.2.4 numeral 2 del Decreto 2029 de 2015 expedido, según ella, por el Ministerio de Educación. La demanda fue admitida respecto de ambas disposiciones. Para acreditar la constitución de la renuencia, la actora acompañó la fotocopia de la petición radicada ante el ICFES el dos de abril de 2019 en el cual reclamó el cumplimiento del artículo 2.5.3.4.2.1.8 del Decreto 2029 de 2015 para que fuera hecho el reporte de sus resultados ante el ICETEX. Así, el requisito de procedibilidad de la acción fue agotado solo respecto del artículo 2.5.3.4.2.1.8 del Decreto 2029 de 2015 por cuanto fue la única norma frente a la cual la señora Triana Chacón solicitó el cumplimiento previamente al ejercicio de la acción. Por lo anterior, la sentencia del a quo será revocada parcialmente y en su lugar será rechazada en lo que corresponde al numeral 2 del artículo 2.5.3.2.2.4 del Decreto 2029 de 2015, pues no fue demostrada la constitución de la renuencia. NOTA DE RELATORIA: Sobre la solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 20-10-2011 No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo. Cuando no puede tenerse por demostrado el requisito de procedibilidad. Ver las providencias de 21-11-2002 expediente ACU-1614 y 17-03-2011, expediente 2011-00019.ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - Confirma sentencia que niega las pretensiones / INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - Reporte al ICETEX el resultado de la prueba Saber Pro[L]a actora pretende el cumplimiento del artículo 2.5.3.4.2.1.8 del Decreto 2029 de octubre 16 de 2015, expedido por el gobierno nacional. Lo anterior para que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación reporte al ICETEX el resultado de la prueba Saber Pro, presentada en el año 2015, para efectos de la condonación de un crédito educativo que tiene con el instituto. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, negó las pretensiones al considerar que el ICFES actuó según la norma aplicable al caso, ya que la señora Triana Chacón no podía ser incluida en la lista de mejores resultados por haber presentado el examen por segunda vez dentro del programa de contaduría pública. En la impugnación, la actora resaltó que no solicitó su inclusión en el listado de los mejores de la prueba sino la certificación y el reporte de sus resultados al ICETEX por estimar que están ajustados a lo dispuesto en la Ley 1753 de 2015 y en el Decreto 2029 del mismo año para el beneficio de condonación del crédito. Frente a la pretensión que persigue la actora, la norma contiene un mandato según el cual el organismo debe reportar los resultados al ICETEX para que proceda a constatar el cumplimiento de los restantes requisitos para la condonación del crédito educativo. La actora presentó el examen del Estado el 22 de noviembre de 2015 y obtuvo el quintil V en las diferentes áreas, como aparece demostrado con la fotocopia del reporte individual de resultados acompañado con la demanda y además lo admitió el ICFES en la contestación de la demanda. […]. Considera la Sala que la situación involucra una discusión de orden jurídico entre las partes, pues la actora estima tener derecho a que el resultado del segundo Saber Pro sea reportado para sustentar la condonación del crédito, mientras el ICFES reiteró que no está cumplido el requisito para tales efectos debido a la calidad de repitente del examen, como parte del mismo programa académico. Entonces, el asunto corresponde a una controversia legal surgida alrededor de los requisitos para ser reportada como posible beneficiaria de la condonación de la obligación, que no corresponde resolver al juez de esta acción por tratarse de un asunto que escapa al simple cumplimiento de carácter normativo. Así, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, será confirmada por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

  • Auto nº 11001-03-28-000-2019-00034-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 28 de Agosto de 2019

    RECURSOS DE REPOSICIÓN Y SÚPLICA - Contra auto que admitió la demanda / RECURSOS DE REPOSICIÓN Y SÚPLICA - Se rechazan por improcedentes / SOLICITUD DE ADICIÓN DE AUTO ADMISORIO - Se rechaza por improcedente / SOLICITUD DE ACLARACIÓN - Se niegaComo se infiere del contenido de la anterior disposición [artículo 276 de la Ley 1437 de 2011], con el ánimo que el proceso electoral se resuelva de manera expedita y sin dilaciones, el legislador estableció que contra el auto admisorio de la demanda no proceden recursos, razón por la cual resultan abiertamente improcedentes los medios de impugnación de reposición y en subsidio súplica invocados por el apoderado de la Senadora Soledad Tamayo Tamayo frente al auto del 8 de agosto de 2019, que admitió la demanda de nulidad electoral respecto del referido acto de llamamiento. (…). De otro lado, en cuanto a las solicitudes de aclaración y adición que oportunamente formuló la parte demandada dentro del término de ejecutoria del auto antes señalado, es necesario acudir a los artículos 285 y 287 del Código General del Proceso, en la medida que no existe disposición especial que verse sobre la aclaración y adición de los autos dictados en el proceso de nulidad electoral, por lo que debe acudirse a la parte general de la Ley 1437 de 2011, que tampoco se ocupa de dicha situación, de manera tal que resulta aplicable la remisión de que trata el artículo 306 de la misma ley. (…). Dicho de otra forma, la demandada no precisa cuál fue el aspecto respecto del cual la providencia que admitió la demanda no se pronunció, simplemente expone las razones por las cuales se estimó que no operó la caducidad, situación que a luz del artículo 287 ibídem en manera alguna es una situación que dé lugar a la adición de la providencia, por lo que la petición elevada en tal sentido es improcedente y por tal motivo se rechazará. No obstante lo anterior, se tiene que el auto del 8 de agosto de 2019 se pronunció sobre todos los aspectos legalmente establecidos para la admisión de la demanda de nulidad electoral (…), incluyendo el que es señalado en el escrito que es objeto de análisis en esta oportunidad, es decir, el ejercicio oportuno del referido mecanismo de control, motivo por el cual no se dejó de resolver alguno de los asuntos que deben verificarse cuando una persona acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (…). Dicho de otro modo, en el auto del 8 de agosto de 2019, por las razones expuestas en los párrafos antes señalados, se indicó que como el acto demandado no ha sido publicado, aunque debía serlo conforme al parágrafo del artículo 95 del Decreto 2150 de 1995 y la sentencia C-646 de 2000 de la Corte Constitucional, no había comenzado a correr el término de caducidad, por lo que entretanto podría ser demandado. Por consiguiente, sobre dicho punto no le asiste razón a la parte accionada en considerar que la mencionada providencia requiere una aclaración, pues fue clara y precisa en lo atinente al ejercicio oportuno del medio de control contra actos de llamamiento. (…). En atención a las consideraciones que anteceden se observa que ninguna de las peticiones elevadas por la parte demandada tiene vocación de prosperidad, e incluso, que algunas de ellas, como la interposición de los medios de impugnación de reposición y en subsidio súplica son abiertamente improcedentes, pues la norma especial aplicable, expresamente citada en la parte resolutiva de la providencia controvertida, señala que contra el auto que admite la demanda no proceden recursos. Se hace énfasis en esta situación, porque la misma resulta incompatible con la naturaleza abreviada y célere del medio de control de nulidad electoral, en consonancia con el cual existe normas que reprochan las conductas dilatorias, como el artículo 295 de la Ley 1437 de 2011. (…). En consonancia con lo anterior, se advertirá a las partes, en especial a la demandada, sobre las consecuencias que pueden acarrear las conductas que atenten contra la celeridad del proceso de la referencia dada su naturaleza especial.

  • Auto nº 11001-03-28-000-2019-00013-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 28 de Agosto de 2019

    AUDIENCIA INICIAL - Fijación del litigio y decreto de pruebas / AUDIENCIA DE PRUEBAS - Se prescinde de dicha etapa por tratarse de pruebas documentalesLa Consejera Ponente decidió que tendría como pruebas los documentos y demás medios probatorios allegados con las demandas y sus contestaciones y los aportados por los intervinientes, dándoles el valor que les asigna la ley. (…). La conductora del proceso indicó que de conformidad con los artículos 180.10 y 213 de la Ley 1437 de 2011, el juez tiene la potestad de decretar las pruebas de oficio que “considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad”. (…). [S]in embargo, en el presente caso no se advierte la necesidad: (…). Sería pertinente fijar la fecha para la celebración de la audiencia de pruebas; sin embargo, como las pruebas aquí incorporadas se limitan a documentos que obran en el expediente o que serán aportadas y por ende no requieren práctica en audiencia pública, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 179 y 283 de la Ley 1437 de 2011 y en consecuencia se prescindirá de la segunda etapa del trámite del proceso electoral, referido a la práctica de pruebas.

  • Auto nº 85001-23-33-000-2018-00010-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 27 de Agosto de 2019

    LEGISLACIÓN APLICABLE - Regulación normativaPrevio a pronunciarse de fondo respecto del recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare en la audiencia inicial celebrada el 9 de octubre de 2018, estima el Despacho pertinente señalar que la demanda se presentó el 1 de febrero de 2018, por lo que al presente asunto le resultan aplicables el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011-, así como las disposiciones del Código General del Proceso , en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del estatuto procesal en materia de lo contencioso administrativo.RECURSO DE APELACIÓN - ProcedeEn lo que hace a la procedencia del recurso de apelación establecida en los artículos 180 numeral 6°, 243 y 244 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho encuentra que el auto recurrido tiene carácter de apelable, según lo dispuesto de manera especial en el mencionado artículo 180 ibídem, toda vez que se trata de una providencia que resolvió sobre una excepción en audiencia inicial. Además, se advierte que el recurso fue interpuesto de manera oportuna y debidamente sustentado.COMPETENCIA FUNCIONAL DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - Para conocer del auto que desestimo la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasivaLa decisión que resuelva el recurso de apelación interpuesto en contra del auto del 9 de octubre de 2018 proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare que desestimó la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta en la contestación de la demanda por el señor Faustino Talero Rodríguez, debe ser adoptada mediante auto de ponente. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 25 de junio de 2014, exp. 49299LEGITIMACIÓN FORMAL - Noción. Definición. Concepto / LEGITIMACIÓN MATERIAL - Noción. Definición. Concepto / EXCEPCIÓN POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL SEÑOR FAUSTINO TALERO RODRÍGUEZ - NiegaLa legitimación formal y la legitimación material en la causa. La primera hace referencia a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que da lugar a que se incoe la pretensión, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión resulta legitimado formalmente y por pasiva después de la notificación del auto admisorio de la demanda. (…) la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda y/o a la titularidad del derecho reclamado, independientemente de que dichas personas hayan demandado o sean las demandadas. No siempre quien se encuentra legitimado de hecho puede estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. (…) pertinente indicar que si bien el señor Faustino Talero Rodríguez fue contratado para realizar la interventoría del contrato de obras, se deben verificar las funciones, obligaciones y demás labores que cumplía en el mismo, por lo que no es posible desvincularlo en este momento y terminar con el proceso iniciado. La responsabilidad que se le endilga, en la modalidad de culpa, debe ser estudiada de fondo en la sentencia para así determinar específicamente su participación en el hecho por el cual fue condenada la Entidad territorial demandada; por tanto, se confirmará la decisión proferida en la audiencia inicial, celebrada el 9 de octubre de 2018, por el Tribunal Administrativo de Casanare.

  • Auto nº 52001-23-33-000-2017-00220-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 26 de Agosto de 2019

    COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PARA CONOCER DEL AUTO QUE DECLARÓ PROBADA CADUCIDAD DE LA ACCIÓNLa Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), de acuerdo con lo previsto en los artículos 125 y 150 del CPACA. (…) Aunado a lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral tercero (3) del inciso primero y el inciso segundo del artículo 243 de dicha codificación, el auto que pone fin al proceso, cuando es proferido por un tribunal administrativo en primera instancia, es susceptible del recurso de apelación.CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - En los actos previos a la celebración del contrato será de 4 mesesLa caducidad es definida como “el plazo perentorio y de orden público fijado por la ley, para el ejercicio de una acción o de un derecho, que transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico”. El legislador dispuso así la extinción de los medios de control judicial que no se ejerzan en el término previsto, con el propósito de evitar que las controversias se mantengan en el tiempo de forma indefinida. (…) El artículo 164, numeral 2, literal c), del CPACA prevé que, en los asuntos en que se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos a la celebración del contrato, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso.CADUCIDAD ACCIÓN DEL MEDIO DE LOS ACTOS PRECONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO[L]a Sala evidencia que aun cuando la Resolución No. 1272 del 22 de diciembre de 2015 es aquella “por la cual se aclara la Resolución número 001236 del 18 de diciembre de 2015”, lo que en realidad hace la USPEC con este acto administrativo es corregir, con fundamento en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, los nombres de los integrantes de la Unión Temporal Alimentos del Sur. Lo anterior, en razón a que “por un error de transcripción, los integrantes de la unión temporal alimentos del sur no corresponden a los que se encuentran inscritos en la carta de conformación de la unión temporal”. (…) Por lo tanto, al tratarse de una corrección de un error simplemente formal, la Resolución No. 1272 del 22 de diciembre de 2015 no puede tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad, de acuerdo con el artículo 45 del CPACA. (…) Así las cosas, esta colegiatura observa que en el sub lite operó la caducidad del medio de control, pues la Resolución No. 1236 del 18 de diciembre de 2015 se profirió y notificó en audiencia pública celebrada el dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015) , por lo que el conteo debe realizarse desde el diecinueve (19) de diciembre de dos mil quince (2015) hasta el diecinueve (19) de abril de dos mil dieciséis (2016) y la demanda fue presentada, de forma extemporánea, el nueve (9) de mayo de dos mil diecisiete (2017). (…) La Sala encuentra que la sociedad demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis (2016), cuando ya había operado la caducidad del medio de control, por lo que dicha solicitud ni siquiera tuvo el efecto de suspender dicho término de caducidad. (…) Por lo anterior, la Sala confirmará el auto que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control propuesta por la entidad demandada.

  • Auto nº 25000-23-36-000-2018-01162-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 26 de Agosto de 2019

    CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Cómputo del término de caducidad en casos de error jurisdiccional[D]ebe concluirse que la parte actora conocía del supuesto hecho dañoso desde que cobró ejecutoria la sentencia de segunda instancia, pues en dicha oportunidad la decisión contentiva del supuesto error jurisdiccional se encontraba en firme. Así, como quiera que en este caso el término con el que contaba la parte actora para presentar la demanda de reparación directa venció, (…) es evidente que la acción se encuentra caducada.

  • Auto nº 25000-23-36-000-2018-01184-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 26 de Agosto de 2019

    CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Cómputo del término de caducidad en casos de error jurisdiccional

  • Auto nº 63001-23-31-000-2008-00102-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 26 de Agosto de 2019

    ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y ADICIÓN DE PROVIDENCIAS - Noción. Definición. Concepto / REMISIÓN NORMATIVA / ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y ADICIÓN DE PROVIDENCIAS - Regulación normativa / ADICIÓN DE PROVIDENCIAS - Finalidad / ADICIÓN DE LA SENTENCIA - ImprocedenciaLas figuras procesales de aclaración, corrección y adición de autos o sentencias judiciales son un conjunto de herramientas dispuestas por el ordenamiento para que el juez, de oficio o a petición de parte, corrija las dudas, errores, u omisiones en las que pudo incurrir al proferir una determinada decisión judicial, constate la falta de pronunciamiento o resolución de uno de los extremos de la litis o se manifieste respecto a cualquier aspecto que debía ser objeto de pronunciamiento expreso. (…) El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, normatividad aplicable al caso, establece que en los aspectos no regulados por dicho Estatuto se debe aplicar el Código de Procedimiento Civil, en todo aquello que resulte compatible con la naturaleza de los procesos y de las actuaciones que correspondan a esta Jurisdicción. De la norma en cita se desprende que, en materia de aclaración, corrección de errores aritméticos y adición de una providencia judicial, resultan aplicables los artículos 309 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. (…) le permite al juez adicionar de oficio o a petición de parte, siempre que se solicite dentro del término de ejecutoria de la sentencia, y es procedente cuando el juez omite, se abstiene o deja de pronunciarse sobre aspectos relevantes de la litis que debía resolver. En efecto, la figura procesal de la adición de providencias judiciales, no implica cambios de fondo en la providencia y, su utilización no puede pretender que se introduzca modificación alguna a lo ya definido. (…) esta Sala considera que la omisión respecto de los artículos 176 y 177 del CCA en la providencia del veintiséis (26) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) no constituye una omisión respecto de un extremo de la litis, por lo tanto resulta improcedente la adición de la providencia en el sentido de que se consigne expresamente en el resuelve el régimen de intereses para el pago de la condena impuesta

  • Auto nº 27001-23-31-000-2007-00062-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 26 de Agosto de 2019

    ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / AUTO QUE CORRIGE LA SENTENCIA / CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE INMUTABILIDAD DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA POR ERROR ARITMÉTICO - Corrección por error en la fecha de la sentencia recurridaAl respecto, la Sala considera que si bien las sentencias son inmutables por el juez que las profirió, en virtud de la salvaguarda del principio de seguridad jurídica, el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de corregir los errores puramente “aritméticos y otros”, cuando dichos yerros ocurren “por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella”, de conformidad con lo señalado en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

  • Auto nº 47001-23-33-000-2018-00296-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 26 de Agosto de 2019

    CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ALCANCE DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULARLa caducidad cuando se pretenda el medio de control de nulidad o la nulidad y restablecimiento de los actos previos a la celebración del contrato, será de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso; lo anterior en concordancia con el literal C, numeral 2° del artículo 164 del CPACA. […] De otro lado, el artículo 66 del CPACA, determina que los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados personalmente; así las cosas el artículo 67 de la norma precitada enuncia que dicha notificación podrá efectuarse por estrados de ser el caso; es decir que toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y la certeza de que las mismas se encuentran en conocimiento de los interesados; así las cosas el término para que opere el fenómeno de caducidad inicia al día siguiente de la celebración de dicha audiencia. […] De la lectura de la sustentación del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, la Sala concluye que la accionante realizó el conteo para determinar la operancia del término de caducidad del medio de control, teniendo en cuenta únicamente los días hábiles; sin embargo, esta Judicatura precisa que no acogerá el argumento planteado por el recurrente, en razón a la disposición precitada del artículo 62 de la ley 4 de 1913. […] [L]a Sala observa que faltaban dieciséis (16) días para que caducara el término, sin embargo, la audiencia se realizó el veintitrés (23) de agosto […], y al adicionar los dieciséis días que restaban, el término de caducidad se extendió hasta el sábado ocho (8) de septiembre […]; sin embargo, por ser este día inhábil se desplaza al lunes diez (10) de septiembre, […] la demanda fue presentada el once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), la Sala concluye que el medio de control incoado no se encontraba vigente en el momento en el que fue presentado el escrito introductorio. Por lo anterior, la Sala confirmará el auto que rechazó la demanda por haber operado la caducidad del medio de control.REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIALEl legislador instituyó como una carga, previa a acudir a la administración de justicia, el cumplimiento de una conciliación extrajudicial que debe ser adelantada ante el Ministerio Público, cuestión dispuesta en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 […]. En este sentido, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y el Decreto 1716 de 2009 indican que la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el termino de caducidad de la acción, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio “o” hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley “o” hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la misma ley “o” hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, “lo que ocurra primero”.

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