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  • Auto nº 11001-03-28-000-2018-00617-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 4 de Junio de 2019

    RECURSO DE REPOSICIÓN - Contra auto que declaró la falta de competencia / RECURSO DE REPOSICIÓN - No repone decisiónLa providencia objeto de recurso no será revocada porque la competencia para conocer del presente proceso en primera instancia corresponde al Tribunal Administrativo de Bolívar, por cuanto: i) A juicio de la Sala, debe aplicarse lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 152 del CPACA, en tanto que se pretende la nulidad del nombramiento en encargo que el Presidente de la República hizo respecto a la vacancia temporal del alcalde del Distrito de Cartagena. Por tratarse entonces de un acto de nombramiento que hizo el presidente de la República y, conforme al artículo 84 de la Ley 136 de 1994, “El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio o distrito y tendrá el carácter de empleado público del mismo”, corresponde al mencionado Tribunal Administrativo conocer de la demanda interpuesta. ii) De proferirse fallo por esta Sección, se estaría frente a la causal de nulidad originada en la sentencia consagrada en el artículo 294 del CPACA, lo que impone el deber de que la decisión sea dictada por el juez competente, a efectos de prevenir se materialice dicha nulidad, no obstante se haya saneado el proceso en la audiencia inicial. Ahora bien, el artículo 138 del CGP dispone: “(…). Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará. (…)”. En ese orden, lo actuado debe conservar su validez, pues la decisión recurrida consistió en declarar la falta de competencia de esta Corporación por factor funcional y, en consecuencia, corresponderá al Tribunal Administrativo de Bolívar dictar sentencia de primera instancia.

  • Sentencia nº 27001-23-31-000-2004-00699-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Mayo de 2019

    ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / OPERACIÓN ADMINISTRATIVA / DIFERENCIA ENTRE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHODe especial importancia es determinar el alcance de la operación administrativa como generadora de un supuesto daño, para efectos de analizar la responsabilidad del Estado, pues la operación comprende las medidas de ejecución de una o varias decisiones administrativas, sin que puedan considerarse desligadas de estas en su alcance o contenido y, esto es así, porque es el acto administrativo el que delimita los poderes de ejecución de la decisión que se pretende materializar con la operación administrativa . (…) Lo anterior implica que la operación llevada a cabo, en cada caso, debe analizarse acatando estrictamente el contenido del acto administrativo, sin realizar juicios de valor sobre éste. Pues no es posible para el juez de lo contencioso administrativo, analizar el contenido del acto desde su legalidad o validez, en una acción de reparación directa, toda vez que, dicho análisis es propio de la acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho; por lo que, todas las decisiones que tengan la naturaleza de acto administrativo, deben estudiarse, siempre, bajo la premisa de estar amparadas por la presunción de legalidad de este. (…) Sin embargo, no puede confundirse la operación administrativa con un procedimiento administrativo. Por este último, debe entenderse el conjunto de actuaciones de la Administración que buscan un resultado, que, por regla general, se materializa en un acto administrativo, en el marco del cual pueden converger otros actos.NOTA DE RELATORÍA: Sobre el procedimiento administrativo ver: Corte Constitucional, sentencia C - 640 de 2002: Sobre los actos que pueden proferirse en el curso de un procedimiento administrativo, puede verse: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 22 de octubre de 2009, expediente 2008-00027-00:PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / TOMA DE POSESIÓN / TOMA DE POSESIÓN CON FINES DE LIQUIDACIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOSEn el caso objeto de análisis basta revisar la naturaleza y características del procedimiento de toma de posesión, para constatar que este no constituyó una operación administrativa, sino, un claro evento de un procedimiento administrativo. Lo anterior, de la mano con una interpretación sistemática de la norma que consagra el procedimiento de toma de posesión, esto es, el artículo 121 de la Ley 142 de 1994, que se encuentra dentro del título VII “ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS”, disposición legal que, a su vez, remite al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en todo lo no regulado por esa ley. Así, el Decreto 663 de 1993 - Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - establece, sobre la toma de posesión (…) En conclusión, esta Sala encuentra que el daño que se pretendió que fuera reparado, desde la óptica de la SSPD como administradora de (…), tuvo origen en un procedimiento administrativo, que se surtió mediante la expedición de actos administrativos, cuya legalidad se cuestionó en la demanda. Razón por la cual la acción procedente era la de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y no la de Reparación Directa, por lo anterior, no puede esta Sala pronunciarse sobre la faceta de la SSPD como administradora de (…) por tratarse de una indebida escogencia de la acción.SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTROL A LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO / MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / HECHO ADMINISTRATIVO / OMISIÓN ADMINISTRATIVA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR OMISIÓN ADMINISTRATIVA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA[E]n lo que respecta a la faceta de la SSPD, como controladora del servicio público domiciliario de energía y, a la Nación - Ministerio de Minas y Energía, como regulador del sector y como accionista de (…) esta Sala encuentra que estas facetas se concretan en hechos y omisiones administrativas, e inclusive mediante la expedición de actos administrativos de contenido general e individual. (…) En lo que tiene que ver con las facetas de controladora - SSPD - y regulador - Ministerio de Minas y Energía -, se trata de actividades de policía administrativa, entendidas, en su concepción tradicional, como actividades que buscan la preservación del orden público, mediante la concreción de reglas y actos, que, en la mayoría de las veces, implican la limitación de los derechos de los asociados. Así, el origen del daño alegado en la demanda sería una omisión en sus funciones de regulación, inspección, vigilancia y control. Por lo cual, en lo que tiene que ver con esas facetas, la acción procedente sí era la de Reparación Directa.PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / TOMA DE POSESIÓN / TOMA DE POSESIÓN CON FINES DE LIQUIDACIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA[E]l procedimiento administrativo culminó con la expedición de la Resolución (…) que ordenó la liquidación de (…) [P]or tratarse de un procedimiento de toma de posesión con fines liquidatorios. Pese a lo cual, como garantía para la parte actora y, atendiendo a la lógica y naturaleza misma del procedimiento objeto de análisis, se contará el término de caducidad de la acción desde la fecha del último acto de ejecución de la decisión que puso fin al procedimiento administrativo, (…) y al ser este el momento en el cual ya existía, para la parte actora certeza sobre el daño, en la medida en que ya se conocían lo relativo a los inventarios y la consolidación de la masa de bienes. (…) Teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 23 de julio de 2004 y, que el término de 4 meses consagrados en la norma para el ejercicio de la acción comenzó a correr el 8 de noviembre de 2003, la acción se presentó fuera del término legalmente establecido. Así, se reitera que, inclusive en el evento de analizar las pretensiones relacionadas con esta faceta, desde la óptica de la nulidad y restablecimiento del derecho, dicha acción se encontraba caducada.NOTA DE RELATORÍA: En este sentido, ver. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente 27920 de 22 de julio de 2009.LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOSEn lo que tiene que ver con la legitimación pasiva en la causa, la Sala observa que la SSPD - en la faceta de controlador - tiene a su cargo la obligación constitucional y legal de controlar, vigilar e inspeccionar a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, razón por la cual esta entidad se encuentra legitimada en la causa. La Nación - Ministerio de Minas y Energía se encuentra legitimado en sus dos facetas, como regulador y como accionista. En la primera faceta, su legitimación encuentra sustento en sus funciones legales (…)COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / COPIA DE DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DE LA COPIA DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIANOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de la copia simple de documento ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 25022 de 28 de agosto de 2013RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / POLICÍA ADMINISTRATIVA / FUNCIÓN DE INSPECCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA / INSPECCIÓN DE LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO / VIGILANCIA DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTROL A LA ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO / FALLA DEL SERVICIO[R]esulta evidente que, si la garantía de derechos es un aspecto fundamental de la policía administrativa, su negligente desarrollo puede ocasionar daños que podrían ser imputables al Estado. Así, es importante señalar que estos daños pueden generarse por acción u omisión de los agentes estatales, que tienen asignadas las funciones de regulación, inspección, vigilancia y control, de conformidad con el caso objeto de estudio. (…) De conformidad con el escenario de los servicios públicos en Colombia luego de la Constitución Política de 1991, esto es, una actividad económica inherente a las finalidades del Estado, la función de inspección, vigilancia y control resulta primordial. (…) Aunque la ley no define “inspección, control y vigilancia”, el contenido y alcance de estas funciones puede extraerse de diversas disposiciones especiales que regulan su ejercicio en autoridades típicamente supervisoras , con base en las cuales puede señalarse que la función administrativa de inspección implica la facultad de solicitar información de las personas objeto de supervisión, así como de practicar visitas a sus instalaciones y realizar auditorías y seguimiento de su actividad; la vigilancia, por su parte, está referida a funciones de advertencia, prevención y orientación encaminadas a que los actos del ente vigilado se ajusten a la normatividad que lo rige; y, finalmente, el control permite ordenar correctivos sobre las actividades irregulares y las situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico o administrativo. (…) Lo anterior implica los fundamentos para la determinación del régimen de responsabilidad aplicable a estos eventos, que no puede ser otro que el de naturaleza subjetiva, esto es, el de la falla del servicio, es decir, el incumplimiento de sus deberes de regulación, inspección, vigilancia y control, para el caso concreto, aunado a que la principal acusación hecha en la demanda se refirió a “actuaciones irregulares” de las entidades demandas, irregularidad que, de demostrarse en el proceso, sería constitutiva de una falla del servicio. (…) Corolario de lo anterior y, siendo la falla en el servicio el único régimen aplicable a estos eventos de responsabilidad del Estado, resulta lógico que la forma más elemental de exoneración de responsabilidad del Estado, debe ser la demostración de la diligencia y cuidado en el cumplimiento de sus funciones, es decir, la ausencia de falla y, por supuesto, las causas extrañas - fuerza mayor, hecho de la víctima y hecho de un tercero - sin que estas últimas sean requisito para la exoneración de la responsabilidad, pues como se dijo, resulta suficiente la acreditación de la diligencia y cuidado en el ejercicio de sus funciones. (…) El fundamento de lo anterior es la discrecionalidad técnica, que implica el ejercicio de esta actividad de policía administrativa en sectores como el de los servicios públicos domiciliarios y, en especial, en el sector eléctrico, consecuencia directa de la proliferación de la intervención del Estado en diversos sectores de la economía y, la necesidad de tecnificación de sus actividades (…) Así, al ser decisiones de carácter técnico las que tienen que ver con las funciones de regulación, inspección, vigilancia y control, por la naturaleza misma de la actividad y del sector que se regula y controla, estas solo pueden analizarse por el juez de la responsabilidad desde la óptica de la falla del servicio; además, y en virtud de la mencionada discrecionalidad técnica, el análisis deberá ser respecto de la oportunidad y pertinencia de las decisiones y no desde su contenido, pues lo anterior sería desconocer la esencia misma de la discrecionalidad administrativa, bajo la premisa, siempre, de la legalidad del abanico de posibilidades que ofrece la discrecionalidad.SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / MARCO LEGAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / DERECHO PRIVADO / NORMATIVIDAD DEL DERECHO COMERCIAL[I]mplica que el régimen aplicable a los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios es el del derecho privado y, en el caso concreto, el del Derecho comercial. (…) Tal y como lo establece el artículo 32 de la Ley 142 de 1994 (…) La norma en cuestión es absolutamente clara cuando establece que el régimen de derecho privado se refiere a los actos y contratos de las empresas prestadoras de servicios públicos, que no de sus socios. Ello implica que, si bien no se desconoce en lo absoluto la aplicación de un régimen de derecho privado para los actos y contratos de una empresa prestadora de servicios públicos, dicha disposición no es aplicable a un Ministerio como socio, tal y como sucede en el caso concreto. Establecido lo anterior, la Sala pone de presente que aun en el evento en el que se pudiera aceptar que es viable aplicar un régimen de derecho privado al Ministerio como accionista de la empresa, el parágrafo del artículo 148 de la Ley 22 de 1995 tampoco sería aplicable al caso concreto. (…) Ello, con fundamento en una interpretación sistemática y teleológica de la norma comercial que pretende la parte actora sea aplicada, resulta evidente que la misma está consagrada para eventos en los cuales se está en presencia de un grupo empresarial. Para el efecto, resulta procedente analizar el concepto de grupo empresarial, del cual se predican las calidades de matriz y subordinadas (…) es presupuesto para la existencia de un grupo empresarial, la existencia de un conjunto de una o más sociedades independientes y, que se cumpla con los elementos de control o subordinación y, unidad de propósito y dirección, es decir, que todas las actividades se encuentren encaminadas a la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante. (…) Resulta palmaria la ausencia de todos los elementos del concepto de grupo empresarial, lo cual obedece a la esencia misma de la norma comercial, así como a la esencia misma de razón de ser de la calidad de accionista del Ministerio en el caso concreto. La razón de ser de la calidad de accionista mayoritario del organismo demandado obedece una coyuntura particular que derivó en la capitalización a (…) por parte del Ministerio, lo que generó que se convirtiera en el accionista mayoritarioNOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen aplicable a los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, expediente 31572 de 25 de julio de 2014.MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / SECTOR ELÉCTRICO[L]a Nación - Ministerio de Minas y Energía tomó las medidas pertinentes, oportunas y, de conformidad con los estudios técnicos del sector, es decir, actuó de manera diligente y eficiente en la regulación del sector eléctrico de los servicios públicos domiciliarios, pues no solo estuvo al tanto de la situación de las empresas prestadoras del servicio público, reglamentó puntos determinantes como mecanismo de regulación del sector y, planteó diversas alternativas de regulación para buscar el mejoramiento de la situación financiera de las empresas, sino que, además, capitalizó en varias oportunidades las empresas en busca de su correcto funcionamiento y saneamiento financiero, en montos que superan los 2.500 millones de dólares. (…) La atención oportuna, el manejo de la crisis financiera a través de reiteradas capitalizaciones a las empresas, la supervisión constante y, el planteamiento de medidas para superar la crisis financiera del sector demuestra un comportamiento diligente por parte de la Nación - Ministerio de Minas y Energía como regulador del sector. (…) Por lo anterior, resulta evidente la ausencia de falla en el servicio por parte de la Nación - Ministerio de Minas y Energía como regulador del sector de energía eléctrica, toda que vez que se acreditó la diligencia y cuidado en sus actuaciones.

  • Sentencia nº 11001-03-26-000-2005-00503-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Mayo de 2019

    ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / CONTRATO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD / NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA DEFENSA / VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO[L]e corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos contenidos en las resoluciones (…) expedidas por el municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba, deben ser declaradas nulas por haberse proferido con violación del debido proceso, desviación de poder, falsa motivación y en detrimento de los derechos de Caprecom, quebrantando las normas referidas en el libelo. En tal virtud, se deberá determinar la existencia o no del derecho que alega la parte actora a la renovación de los contratos de aseguramiento en salud que venía celebrando con el municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba, y si, por esta razón, se le deben reconocer las sumas reclamadas en la demanda. Así mismo, se establecerá si la entidad territorial hoy demandada profirió el acto sin permitirle a la ARS conocer de antemano la actuación y los hechos que motivaron la decisión finalmente adoptada en su contra y, en general, si la forma de expedición y notificación del acto enjuiciado lesionó el derecho de defensa de Caprecom.LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - De ex alcalde del municipio / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Posibilidad de demandar a la entidad, al servidor, o a ambos / CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Alcance / SUJETOS EN LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / SUJETO ACTIVO EN LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / SUJETO PASIVO EN LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO - Opera frente a la autoridad estatal[D]ebe advertirse que si bien, la legitimación del ex alcalde del municipio demandado se origina en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo -que establece la posibilidad de que el actor pueda demandar a la entidad, al servidor público o a los dos-, ello debe guardar consonancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto a que se debe tener siempre en cuenta que la responsabilidad patrimonial frente a la víctima recae exclusivamente en el Estado, mientras que la del servidor público solo operaría frente a la autoridad estatal. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los sujetos en la responsabilidad patrimonial del Estado, consultar sentencia de la Corte Constitucional, de 8 de agosto de 2001, Exp. C-832, M. P. Rodrigo Escobar Gil.VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO - Procedencia / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL[L]as copias simples que han militado en este proceso sin ser tachadas por los sujetos procesales son susceptibles de valoración probatoria, a la luz de lo que al respecto señaló la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2013, en la cual se determinó, precisamente, que serían valorados los documentos aportados por las partes en copia simple que obraran a lo largo de la actuación sin ser tachados de falsos ni controvertidos por las partes. (…) En la misma providencia se estableció que ese criterio unificado era aplicable para todos los procesos contencioso administrativos, salvo en los eventos en que existiera una disposición en contrario que hiciera exigible el requisito de la copia auténtica. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, consultar providencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.CLASES DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SALUD / REGÍMENES DEL SISTEMA DE SALUD / RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD - Finalidad / RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUDLa Ley 100 de 1993 instituyó en Colombia el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual comprende dos categorías o modalidades de afiliación, a saber, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Este último, está definido en el artículo 211 de la misma ley como el conjunto de normas que regulan la vinculación de las personas a ese sistema, cuando la afiliación se efectúa mediante el pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con los recursos fiscales o de solidaridad allí previstos. De acuerdo con el artículo 213, es beneficiaria del régimen subsidiado de salud “toda la población pobre y vulnerable” del país.CONTRATO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / CONTRATO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD - Obligaciones de las entidades territorialesPara la administración de los recursos del régimen subsidiado de salud -provenientes del FOSYGA y de otras fuentes previstas en la norma-, el artículo 215 de la Ley 100 de 1993 les asignó a las entidades territoriales, a través de las direcciones locales, distritales y departamentales de salud, la función de suscribir contratos de aseguramiento en salud con las Entidades Promotoras de Salud -EPS- encargadas de afiliar a los beneficiarios. (…) La obligación para las entidades territoriales, y especialmente para los municipios, de contratar el aseguramiento y administración del régimen subsidiado de salud, también quedó plasmada en el artículo 44.2.3. de la Ley 715 de 2001.RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD - Marco normativo / ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD - Requisitos para su suscripciónEl régimen subsidiado de salud ha tenido una amplia y continua reglamentación, la cual ha ido variando en el transcurso del tiempo. Inicialmente, mediante Decreto 2357 de 1995, el Gobierno fijó reglas atinentes al funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud y puso en cabeza de las entidades territoriales algunas funciones relacionadas con la dirección del sistema en sus respectivas circunscripciones, la garantía de cobertura, el censo poblacional, la verificación de las capacidades reales de afiliación y la coordinación y colaboración con las autoridades de mayor nivel. Salvo en lo relacionado con esas funciones de las entidades territoriales, la mayoría de artículos del Decreto 2357 de 1995 fueron derogados por el Decreto 1804 de 1999, el cual regía para la época de los hechos. (…) Así, a la luz del artículo 3°, numeral 2, para la permanencia de una empresa constituida como ARS se requería la acreditación de un número mínimo de personas afiliadas. De igual manera, para su operación como administradora de los subsidios del sistema, debía contar con la autorización de la Superintendencia Nacional de Salud.NORMATIVIDAD DE RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / CONTRATO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO - Vigencia / CONTRATACIÓN DE ARS - Obligatoriedad de proceso de selecciónPosteriormente, mediante acuerdo 244 del 31 de enero de 2003, el CNSSS señaló el propósito de integrar en un solo cuerpo normativo las disposiciones existentes en materia del Régimen Subsidiado de Salud, dada la necesidad de facilitar su aplicación y de armonizar tales normas con las reglas y competencias introducidas por la Ley 715 de 2001. (…) En lo relativo a los contratos de aseguramiento y su vigencia, el artículo 45 del acuerdo 244 de 2003 indicó que la entidad territorial debía suscribir con cada administradora, un solo contrato por el número de afiliados carnetizados. (…) De conformidad con el artículo 39 del mismo acuerdo, las ARS debían ser sometidas a un proceso de selección en la entidad territorial respectiva. En tal virtud, la escogencia habría de hacerse mediante concurso. (…) Luego, de conformidad con la norma en cita, no podía celebrarse contrato alguno para la vigencia que iniciaría el 1° de abril de 2003, sin agotarse previamente el proceso de selección previsto en el acuerdo 244 de 2003. Así mismo, los contratos de aseguramiento que venían ejecutándose y que estaban llamados a terminar el 31 de marzo de 2003 no serían susceptibles de prórroga alguna, en los términos del artículo 45, puesto que tal prórroga solo estaba prevista para los contratos iniciados a partir del 1° de abril de 2003 y los que se celebraran en los períodos siguientes.CONTRATO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD - Naturaleza del acto de no renovación / ARS / CAPRECOM / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REITERACIÓN JURISPRUDENCIALEn otros casos similares al que hoy analiza la Sala y en los cuales Caprecom ha intervenido como parte demandante, se ha enfatizado en que los actos por los cuales la entidad demandada ha decidido no continuar con la contratación de esa entidad como aseguradora y administradora de los recursos del régimen subsidiado constituyen actos administrativos contractuales pasibles de ser enjuiciados a través de la acción de controversias contractuales, prevista en el artículo 87 del C.C.A, tal como ocurre en el sub lite. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza jurídica de los actos de no renovación de la contratación de una entidad como aseguradora y administradora de los recursos del régimen subsidiado, consultar providencias de 1 de julio de 2015, Exp. 40092, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 27 de abril de 2016, Exp. 45857, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de 23 de noviembre de 2017, Exp. 33955, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E).TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO - Inexistente / ACTO ADMINISTRATIVO DE NO RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ASEGURAMIENTO - No constituye terminación unilateral / CONTRATO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD CON CAPRECOM - No contenía derecho a la renovación automática con la ARS[E]l acto administrativo demandado no ordenó la terminación unilateral de los contratos de aseguramiento (…), en tanto que los actos acusados contenían la decisión de no renovar los contratos de aseguramiento y que la Caja de Previsión Social de Comunicaciones -Caprecom- no ostentaba el derecho automático a que le fueran renovados los contratos de aseguramiento que en ese mismo año celebró con el municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba.CONTRATO DE ASEGURAMIENTO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO - No entraña derecho a la renovación automáticaLa Sala estima pertinente reiterar que la renovación de los contratos de aseguramiento en salud no constituye, implica ni entraña un derecho en cabeza de las aseguradoras del régimen subsidiado de salud, ni está prevista en el marco legal del Sistema General de Seguridad Social en Salud como un desarrollo de las normas que rigen la contratación privada -que permiten a las partes estipular cláusulas que amplíen o restrinjan a voluntad, el término de duración del contrato-.RENOVACIÓN DE CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD - Exigencias legales / HABILITACIÓN DE ARS - Requisitos / ARS - Autorización expresa de la Superintendencia Nacional de SaludEs pertinente anotar que los artículos 5 y 6 del Decreto 1804 de 1999 establecían que las personas jurídicas interesadas en fungir como administradoras del régimen subsidiado de salud, debían contar con la autorización expresa de la Superintendencia Nacional de Salud, licencia que solo sería otorgada -al tenor de tales normas-, entre otras condiciones, si la empresa disponía de una organización administrativa y financiera que le permitiera cumplir con sus funciones y responsabilidades, en especial, un soporte informático que permitiera operar en forma oportuna una base de datos actualizada de sus afiliados y sus características socioeconómicas y contar con un sistema de evaluación de la calidad de los servicios ofrecidos. NOTA DE RELATORÍA: Frente a la exigencia de la autorización expresa de la Superintendencia Nacional de Salud para la renovación de los contratos de aseguramiento para administrar los recursos del régimen subsidiado, consultar providencias de 29 de julio de 2015, Exp. 41325, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y del 23 de noviembre de 2017, Exp. 33955, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E).LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO - Falta de acreditación de los requisitos legales / HABILITACIÓN DE ARS - Revocatoria por la Superintendencia Nacional de Salud[P]ara la época de los hechos, la ARS Caprecom no se encontraba habilitada por la Superintendencia Nacional de Salud, tampoco acreditó en este proceso el cumplimiento de los demás requisitos exigidos en el acuerdo 244 de 2003, para la renovación del contrato de administración, por lo que el municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba, no debía suscribir nuevamente los contratos. (…) Conforme a lo anterior, no sobra destacar que el objeto de los contratos de aseguramiento para la administración del régimen subsidiado en salud propende por el cumplimiento de los fines del Estado y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, de ahí que la revocatoria de la habilitación otorgada a Caprecom, aunada a la falta de acreditación de los demás requisitos, era título suficiente para entender que la entidad demandada no se encontraba “obligada a suscribir un contrato, cuya ejecución, probablemente, no podía garantizar”.REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Obligatoriedad / FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Acarrea nulidad de la decisiónEn la fecha de expedición del acto administrativo objeto de censura, se hallaba vigente el Código Contencioso Administrativo, cuyo artículo 35 establecía [que] (…) la motivación es obligatoria y debe ajustarse a la verdad, so pena de que se rompa la presunción de legalidad que el ordenamiento les otorga a las decisiones de la Administración. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha enfatizado en que la motivación es un elemento estructural del acto administrativo, a tal punto que su ausencia acarrea la nulidad de la decisión. (…) Por tanto, es preciso siempre que la autoridad pública exponga clara y verazmente el motivo de sus decisiones, no solo como garantía de respeto a los derechos del administrado afectado con lo resuelto, sino porque es deber de las entidades estatales cumplir y atender los principios constitucionales que dan fundamento al Estado Social de Derecho. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la obligatoriedad de la motivación de los actos administrativos, consultar providencias de 18 de mayo de 2006, Exp. 14778, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; de 18 de marzo de 2010, Exp. 17452, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; y de 12 de noviembre de 2014, Exp. 28505, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Incumplimiento de los requisitos para renovar el contrato d aseguramiento[E]n relación con el cargo de falsa motivación propuesto por el apelante (…) la Sala reitera que en la resolución (…) por [la] cual el municipio de San Andrés de Sotavento decidió no renovar con Caprecom los contratos de aseguramiento en salud, [se evidencian] (…) las motivaciones que llevaron a tomar esa decisión, lo que implica que el cargo no está llamado a prosperar.IMPROCEDENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER[E]n lo que toca con la desviación de poder, para la Sala resulta claro que es un argumento nuevo que no fue narrado en el libelo inicial sino que fue incluido en el recurso de apelación, lo que resultaría suficiente para despacharlo desfavorablemente, pero, de todos modos, debe decirse que nada se argumentó y mucho menos probó en el expediente en relación con aquel, por lo que, igualmente, resulta claro que debe soportar la carga que ello conlleva, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.ELEMENTOS DEL DEBIDO PROCESO - Fundamento constitucional /  ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / AMPARO AL DEBIDO PROCESO[E]l contenido esencial del derecho al debido proceso está previsto expresamente en la Carta Política con la enunciación de unos elementos mínimos que deben ser respetados por las autoridades en todos los ámbitos.(…) Así mismo, indica el precepto constitucional que el debido proceso “se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, lo cual incluye aquellas que se adelanten en el ejercicio de la actividad contractual del Estado, sea que esta se rija por el derecho público o el privado. Por tratarse precisamente de un derecho de rango constitucional, su aplicación y garantía deben ser inmediatas y no dependen de que la ley, u otra norma de inferior jerarquía, lo desarrollen o complementen.FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN - Procedencia respecto de decisiones administrativas / REITERACIÓN JURISPRUDENCIALEn relación con la indebida o falta de notificación de las decisiones administrativas, esta Corporación ha dicho reiteradamente, que cuando un acto administrativo no ha sido notificado en debida forma o dentro de la oportunidad legal, ello no constituye causal de nulidad del mismo, pues tal hecho sólo afectaría su oponibilidad y eficacia, más no su validez. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la nulidad de los actos administrativos por indebida o falta de notificación, consultar providencias de 09 de diciembre de 2013, Exp. 47783, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 25 de julio de 2018, Exp. 39920, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; y de 26 de julio de 2018, Exp. 2008-00310-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO - Imposibilidad de rendir descargos / INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO[S]i la ARS Caprecom no reunía los requisitos para continuar operando el régimen subsidiado de salud por estar incumpliendo con el suministro de medicamentos en el municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba, la entidad estaba en la obligación -constitucional- de informarle sobre tal circunstancia, con la debida antelación, a fin de permitirle ejercer su derecho fundamental de defensa. (…) [E]l hecho de que no existiera un procedimiento puntual para esa clase de contratación, no implicaba que se pudieran desconocer las disposiciones constitucionales relativas al debido proceso. (…) Por lo dicho, hay lugar a concluir que prospera el cargo de nulidad por violación del debido proceso y, en concreto, el derecho de defensa respecto de las resoluciones enjuiciadas, proferidas por el municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba, en relación con la imposibilidad de rendir descargos derivadas del incumplimiento en el suministro de medicamentos.NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA DEFENSA / VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO[L]a Sala concluye que hay lugar a declarar la nulidad de los acto administrativos cuestionados por haberse expedido con violación de los derechos de defensa y debido proceso que se le debieron garantizar a Caprecom. Sin embargo, de la nulidad que así habrá de declararse no se desprende en el presente caso el restablecimiento de derecho alguno a favor de la empresa demandante, toda vez que, a la luz de las normas que regulaban el régimen subsidiado de salud en la época de los hechos, Caprecom no reunía los requisitos para continuar administrando los subsidios en el municipio demandado y no estaba autorizada, en general, para operar ninguno de los dos regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2018-04230-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 30 de Mayo de 2019

    IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - No es una tercera instancia del proceso ordinario[L]os argumentos expuestos por el [actor] no evidencian la vulneración de sus derechos fundamentales, puesto que el Juez en el trámite del proceso ordinario garantizó el derecho al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, al punto de resolver cada uno de los recursos de reposición, apelación y queja presentados. Así las cosas, permitió el ejercicio pleno del derecho de defensa y contradicción, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional sobre el particular, pues ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional. De igual forma, la Subsección repara en que las providencias discutidas fueron revisadas y dos de ellas, proferidas por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo cual, como se dijo en líneas atrás, el examen debe ser más restrictivo y limitarse a efectuar un examen de fondo cuando se vea abiertamente comprometido un derecho fundamental, lo cual no se presenta en este caso. (...) ni siquiera el proceso ha estado en conocimiento del juez competente en primera instancia y existen una serie de recursos agotados e instancias ante las cuales ha actuado el [actor] pretendiendo obtener una declaratoria a su favor de unos argumentos que fueron desarrollados plenamente por las autoridades competentes en aplicación de la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia. (...) La acción de tutela promovida por el [actor] carece del requisito de relevancia constitucional, en la medida en que si bien se enuncia la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y el acceso a la administración de justicia, esa presunta afectación tiene su origen en una inconformidad meramente formal por parte del accionante y la misma ya fue resuelta y decidida en las instancias judiciales agotadas a través de los recursos de reposición, apelación y queja presentados y debidamente resueltos dentro del proceso de reparación directa.

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2018-04455-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 30 de Mayo de 2019

    IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existencia de otro mecanismo de defensa judicial / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Medio judicial idóneo para controvertir la legalidad de actos administrativos / MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO ORDINARIO - Mecanismo de defensa provisional, idóneo y eficaz / OMISIÓN EN LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ORDINARIOS / CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS - Suspensión convocatoria 428 de 2016 de la CNSCEn relación con dicha oficio, el mismo constituye un acto particular y concreto, que puede ser controvertido a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en el que podrá plantear los argumentos que traen en sede tutela. Así es claro, entonces, que el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, idóneo y eficaz, para discutir el acto que cuestiona y lograr la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados mediante la presente acción. (...) en relación con el cargo del perjuicio irremediable consistente en: i) la alta congestión por la que atraviesan los despachos judiciales y ii) que su falta de nombramiento ha afectado a su núcleo familiar, porque “han sufrido con él, la incertidumbre y el desespero de esta situación, toda vez que ya contaban con una estabilidad laboral que significan una cualificación en sus vidas.”, se le reitera, que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, cuenta con la posibilidad de decretar medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de evitar la consumación o agravación del daño, medio idóneo y efectivo para la protección de los derechos fundamentales que estima han sido conculcados por parte de la entidad accionada. Así mismo, se debe aclarar que el accionante no allegó los medios de prueba en el escrito de tutela que sustenten la situación que padecen, por lo que no hay pruebas de juicio suficientes para establecer la incidencia de dicho perjuicio. Por las razones expuestas, se considera que no se acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad al existir otro medio de defensa judicial distinto a la acción de tutela al cual puede acudir, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en el que podrán solicitar el decreto de las medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011, las cuales representan un medio idóneo para el fin que persiguen.

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2018-04471-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 30 de Mayo de 2019

    IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR LA FALTA DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / REQUISITO DE INMEDIATEZ - Término estricto y riguroso tratándose de tutela contra providencia judicial / INTERPOSICIÓN TARDÍA E INJUSTIFICADA DE LA ACCIÓN DE TUTELA - Superó los seis meses a partir de la ejecutoria de la providencia tutelada[L]a tutela no supera el estudio adjetivo de procedibilidad cuando se dirige contra providencia judicial al no cumplir el requisito de inmediatez, pues la decisión que la parte actora pretende atacar se dictó el 14 de febrero de 2018, habiendo sido notificada por estado del 23 de marzo de 2018, de tal manera que cobró ejecutoria el 3 abril de la misma anualidad, mientras que la solicitud de amparo fue interpuesta el 29 de noviembre de 2018, lo que significa que transcurrieron más de siete meses. (...) Para justificar la presentación tardía de la acción, la parte actora en el escrito de impugnación argumentó que el Tribunal Administrativo del Huila, mediante providencia, con constancia de ejecutoria del 29 de junio de 2018 dio cumplimiento a lo dispuesto por el superior y archivó el proceso, indicando que la acción de tutela incluía el referido auto. Sobre esta alegación, la Sala destaca que no tiene la entidad suficiente para justificar la tardanza en el ejercicio de la acción, toda vez que el supuesto de hecho que la parte actora señala como causante de la vulneración de sus derechos fundamentales no es el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, sino la providencia dictada por la autoridad accionada, la cual le fue debidamente notificada por los medios que la legislación consagra como garantía de publicidad de sus decisiones. De las pruebas obrantes en la foliatura se encuentra acreditado que la providencia censurada fue efectivamente notificada por estado y remitida al buzón electrónico de las partes el 23 de marzo de 2018, oportunidad a partir de la cual tuvieron pleno conocimiento de la decisión, de tal manera que a partir de la ejecutoría de la misma tuvieron la oportunidad de ejercer la acción sin que se advierta una circunstancia que lo impidiera y sin que en el libelo introductorio se haya formulado cuestionamiento alguno contra la decisión del Tribunal Administrativo del Huila que dictó el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, auto que no generó la vulneración alegada. (...) para la Sala no es admisible el argumento presentado por la accionante para superar el requisito de inmediatez, toda vez que no se enmarca en alguna de las situaciones que la Corte Constitucional ha establecido como justificación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el requisito de inmediatez, consultar la sentencia de 5 del agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, de esta Corporación.

  • Auto nº 11001-03-15-000-2018-04471-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 30 de Mayo de 2019

    IMPEDIMENTO DE CONSEJERO DE ESTADO POR TENER AMISTAD ÍNTIMA CON EL FUNCIONARIO JUDICIAL / IMPEDIMENTO - Se declara fundadoLa demanda de tutela le fue asignada por reparto al despacho del Honorable Magistrado [A.Y.B.], quien mediante escrito radicado el 9 de mayo de la presente anualidad manifestó impedimento para intervenir en el debate y decisión, con fundamento en “…el numeral 5º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable al caso por remisión expresa del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991”. Como sustento fáctico de la causal invocada, precisó que “…me une un vínculo de amistad desde hace más de veinte años con quien fue Gobernador del Huila, doctor [L.J.P.S.G.], y que en ese proceso funge como apoderado judicial de la actora.” (...) El doctor [A.Y.B.] manifestó impedimento para intervenir en el vocativo de la referencia, por encontrarse unido con el apoderado de la parte actora por un vínculo de amistad que tiene la capacidad de influir en su ánimo al momento de intervenir en el proferimiento de la decisión, supuesto de hecho que corresponde a una causal de naturaleza subjetiva. (...) la Sala encuentra que el hecho expuesto por el Magistrado configura la existencia del impedimento, pues evidencia que su ánimo de juzgador se encuentra afectado en su objetividad e imparcialidad propias al ejercicio de la función judicial, por la amistad íntima que lo une con el apoderado judicial de la parte accionante. En ese orden de ideas, se impone declarar fundado el impedimento presentando

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2018-04571-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 30 de Mayo de 2019

    IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Exigencia de una carga argumentativa mínima por parte del actor[L]a parte demandante no cumplió con la carga mínima argumentativa que permita analizar el reparo concreto de la impugnación, con relación a las consideraciones del a quo. Resulta del caso precisar que constituye una carga para el recurrente exponer los motivos de inconformidad con base en los cuales impugna un fallo de tutela, sobre todo tratándose de tutelas ejercidas en contra de providencias judiciales, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces constitucionales un estudio más riguroso de la materia. (...) el accionante no se puede limitar a manifestar su desacuerdo con la decisión adoptada, sino que debe exponer aun cuando fuere de manera sucinta los motivos bajo los cuales el ad quem pueda analizar si lo decidido en primera instancia debe o no revocarse, modificarse o confirmarse. De esta manera, si bien es cierto el actor impugnó el fallo de tutela de primera instancia del 10 de abril de 2019, notificado el 25 de abril de 2019 el 30 de abril de 2019, también lo es que no lo sustentó en debida forma, razón por la cual resulta claro para la Sala que no cumplió con la carga mínima argumentativa que le correspondía, y por tal motivo, no es posible entrar a realizar un estudio oficioso de la presente acción de tutela, por cuanto estaría desconociendo los principios constitucionales de cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía e independencia judicial.

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2018-04768-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 30 de Mayo de 2019

    IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Exigencia de una carga argumentativa mínima por parte del actorEl escrito contentivo de la impugnación carece por completo de razonamientos y soportes argumentativos para desvirtuar las consideraciones a las que llegó el juez de primera instancia en relación con la falta de concurrencia del requisito de relevancia constitucional, de tal manera que no puede ser objeto de análisis por esta Sección en sede de impugnación, por cuanto al juez constitucional no le es dable convertirse en una instancia revisora de lo actuado por el juez ordinario de lo contencioso administrativo, que en uso de su autonomía funcional interpretó las normas que establecen la caducidad de la acción de reparación directa y la jurisprudencia de la Sección Tercera sobre el punto y encontró que el medio de control había caducado. (...) la parte actora tampoco cumplió con la carga exigida para sustentar y acreditar la existencia de i) un defecto fáctico por desconocimiento o por indebida valoración del material probatorio allegado a la actuación y ii) un defecto por desconocimiento del precedente. Lo anterior, si se tiene en cuenta que en la demanda de tutela no identificó las pruebas que se dejaron de valorar o se valoraron indebidamente así como omitió precisar razonadamente por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, en tanto hizo referencia a supuestos fácticos y no realmente a los medios de convicción que apreciados en su conjunto con las demás pruebas debieran llevar al juez a una conclusión diferente. (...) no le es dable a la Sala analizar la alegación de la tutelante ante el incumplimiento de la carga argumentativa mínima en el escrito de impugnación al haberse limitado a transcribir la demanda inicial, sin desvirtuar la conclusión a la que llegó el juez constitucional de primera instancia en relación a que el asunto carece de relevancia constitucional y no puede utilizarse esta acción excepcional y residual para estudiar la tutela interpuesta contra providencias judiciales que gozan de la doble presunción de legalidad y acierto, máxime cuando dicha carga tampoco se predica del escrito inicial, nuevamente transcrito.

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-00035-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 30 de Mayo de 2019

    IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL[L]as providencias discutidas fueron proferidas por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo cual, como se dijo en líneas atrás, el examen debe ser más restrictivo y limitarse a efectuar un examen de fondo cuando se vea abiertamente comprometido un derecho fundamental, lo cual no se presenta en este caso. (...) La acción de tutela promovida por la sociedad [actora] contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B carece del requisito de relevancia constitucional, en la medida en que si bien se enuncia la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, esa presunta afectación tiene su origen en una inconformidad meramente formal por parte del accionante y la misma ya fue resuelta y decidida en las dos instancias judiciales dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

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