Consejo de Estado - Jurisprudencia
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Últimos documentos

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2021-00753-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 26-02-2021

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Admite demanda / MEDIDA CAUTELAR / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ORDEN DE DESALOJO – Negada por requerir un estudio de fondoEn consecuencia, solicitó suspender la orden de desalojo hasta que se conceda un plazo razonable para reubicar los vehículos de los usuarios del parqueadero y, como medida provisional, aplazar la diligencia “programada para el día 26 de enero de 2021”. Al respecto, se precisa que la posibilidad del decreto de una medida provisional se estableció en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, con el fin de asegurar la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales y garantizar de manera temporal el amparo solicitado. (…) Por último, en criterio de este despacho, sólo será posible determinar si los derechos fundamentales cuya protección se solicita están en amenaza o riesgo cuando se cuente con el debido material probatorio y se haya garantizado el derecho a la defensa de la parte demandada, mediante su participación efectiva en el trámite de la presente acción.

  • AUTO nº 18001-23-33-000-2019-00212-02 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 25-02-2021

    RECURSO DE APELACIÓN - Contra decisión tomada en audiencia que negó como prueba el interrogatorio del demandante / DECRETO DE PRUEBA – Finalidad / RECURSO DE APELACIÓN – Confirma decisiónEn la continuación de la audiencia inicial llevada a cabo el 5 de febrero de 2021, el Tribunal negó el decreto, como prueba, del interrogatorio del demandante pues lo consideró impertinente e inconducente, para dar cuenta de los hechos de la demanda y resolver la fijación del litigio. (…). Al respecto, se debe comenzar por poner de presente al recurrente que como lo establece el artículo 167 del CGP, la carga de la prueba recae respecto de la parte a la cual le corresponde “probar el hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. A su vez, dicha codificación procesal, en su artículo 169 dispone que se podrán decretar como pruebas aquellas que sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes, en el mismo sentido, debe mencionarse que, incluso, el juez tiene permitido el decreto oficioso de pruebas, pero “…cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de controversia” (…), conforme lo previsto en el artículo 170 del CGP. (…). En conclusión, queda claramente establecido que los medios probatorios tienen como finalidad que las partes acrediten las situaciones fácticas relacionadas con el objeto de debate. (…). [E]l interrogatorio de parte no tiene como finalidad que se aclaren las pretensiones del demandante, como lo señala el recurrente en la argumentación de su alzada, por el contrario, se insiste, según los precisos términos del artículo 198 del CGP el objeto de este medio probatorio es indagar a las partes “…sobre los hechos relacionados con el proceso”. (…). Por otra parte, expone el recurrente la necesidad de que se aclaren las pretensiones de la demanda y la teoría de los móviles y finalidades de la acción de nulidad, frente a lo cual entiende el Despacho que el demandado se refiere a las consecuencias que pueda generar la sentencia anulatoria de la elección que se acusa de ilegal, por tratarse de un aspecto que está incluido en la fijación del litigio. (…). En este sentido, debe destacarse que este aspecto no hace parte de los hechos que rodean la situación fáctica y jurídica que corresponde a cada de una de las partes probar, lo que de por sí ya deviene en el fracaso de su recurso de apelación. (…). No obstante, es pertinente destacar que el CPACA, en su artículo 288, regula lo relacionado con las consecuencias de la sentencia de anulación, lo que impone que no sea un aspecto que requiera ser probado y mucho menos que dé cuenta de la pertinencia y conducencia del interrogatorio que se requiere, por cuanto sobre ello existen las previsiones legales y las decisiones jurisprudenciales interpretativas de las disposiciones pertinentes para la causal de que se trate. Ahora, como lo advirtió la parte demandante, si lo que se considera es que la demanda deviene inepta por indebida escogencia de la acción porque se considera que el señor CARLOS MAURICIO PENAGOS MOSQUERA, puede verse favorecido con las resultas del proceso, debe señalarse que este reparo ya fue objeto de discusión y decisión en el Tribunal en la audiencia inicial del 5 de marzo de 2020 que declaró no probadas las excepciones de inepta demanda. (…). En conclusión, el recurrente no logró demostrar cómo el interrogatorio del demandante deviene pertinente y conducente para dar cuenta de los hechos que giran en torno a la controversia formulada en el presente medio de control, por el contrario se evidenció que el apelante lo que procura es por acreditar una situación relacionada con las eventuales consecuencias de la sentencia que se dicte, lo cual cuenta con regulación legal y que incluso fue materia de estudio y decisión al momento de resolver las excepciones formuladas con la contestación de la demanda, lo que implica que se deba confirmar la decisión recurrida que denegó el decreto del interrogatorio del señor CARLOS MAURICIO PENAGOS MOSQUERA. No sobra mencionar que no se advierte, (…), que la interposición del recurso se trate de una petición impertinente, ni dilatoria, pues más allá del fracaso de la alzada, se evidenció que se recurrió una decisión susceptible de ser apelada y su interposición se hizo en debida forma, a lo que debe agregarse que el efecto devolutivo en el que se concedió, no impide la continuidad del trámite del proceso.

  • AUTO nº 11001-03-28-000-2021-00002-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 25-02-2021

    SUSPENSIÓN PROVISIONAL – Contra acto de elección del rector encargado de la Universidad Popular del Cesar / SUSPENSIÓN PROVISIONAL – Requisitos de procedencia / SUSPENSIÓN PROVISIONAL – Decretada dada la trascendencia de las irregularidades encontradas[D]e la interpretación armónica de las normas que rigen la figura [artículo 231 y 277 de la Ley 1437 de 2011], se tiene que para que se pueda decretar la suspensión provisional de un acto en materia electoral debe realizarse un análisis del acto demandado frente a las normas superiores invocadas como vulneradas en la demanda o en la solicitud, según corresponda, para así verificar si hay una violación de aquellas con apoyo en el material probatorio con el que se cuente en ese momento procesal. Lo anterior implica que el demandante debe sustentar su solicitud e invocar las normas que considera desconocidas por el acto o actos acusados y que el juez o sala encargada de su estudio, realice un análisis de esos argumentos y de las pruebas aportadas con la misma para determinar la viabilidad o no de la medida. No obstante, resulta del caso precisar que no cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional del acto acusado por cuanto es claro que debe analizarse en cada evento en concreto la implicación del mismo con el fin de determinar si tiene o no la entidad suficiente para afectar la aplicabilidad del acto y en últimas su legalidad. Además, se hace necesario reiterar que el pronunciamiento que se emita con ocasión de una solicitud de medida cautelar en manera alguna implica prejuzgamiento, por lo que nada obsta para que la decisión adoptada varíe en el curso del proceso y para que incluso, la decisión definitiva sea diferente. (…). [C]orresponde en este caso determinar si hay lugar a suspender provisionalmente o no el acto de elección del señor José Rafael Sierra Lafaurie como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar. En este punto se precisa que, como se alegaron varios cargos relacionados con irregularidades en el trámite, en caso de que alguno o algunos prosperen, al final se hará la valoración de la incidencia en el resultado. (…). [D]e las pruebas que obran en el expediente se advierte: (i) que la convocatoria a la sesión extraordinaria del 19 de noviembre de 2020 fue enviada a la Secretaría General de la universidad, y (ii) que en la sesión se esperó a que el secretario general se hiciera presente, de manera que ante su inasistencia se procedió a nombrar a una secretaria ad hoc. De acuerdo con lo anterior, esta Sala encuentra que tal postulación no fue caprichosa, sino que obedeció a la inasistencia del secretario general de la universidad, por lo que, conforme con las pruebas antes mencionadas, no se advierte un desconocimiento al artículo 8 del Reglamento Interno. (…). [E]l Consejo Superior de la Universidad sesionó solo con cinco de los nueve miembros, por haberse terminado el periodo de cuatro de ellos, razón por la que se aplicó el concepto del Ministerio de Educación Nacional, referente a los miembros efectivos. Frente al punto de la convocatoria, se advierte que se hizo el razonamiento consistente en que, al haber solo cinco miembros, tres de ellos podían realizarla. En este contexto, esta Sala considera que por tratarse de una situación excepcional, en donde el Consejo Superior solo estaba sesionando con cinco miembros, es necesario que en la sentencia se verifique, de acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, la razón por la que no se habían elegido los demás miembros del consejo, y de esa manera establecer si se podía hacer uso o no de la teoría de los integrantes efectivos, y en ese mismo orden de ideas determinar el quórum deliberatorio y el quórum decisorio, para concluir si bastaba con que tres de sus miembros realizaran la convocatoria. En consecuencia, en esta etapa del proceso no se cuenta con todos los elementos probatorios necesarios para realizar este análisis, y por tanto el mismo deberá hacerse en la sentencia. (…). De la lectura de lo transcrito [Acuerdo 27 de 2020] no se advierte un incumplimiento a la norma, puesto que tal como se evidencia, ante la falta del designado por el Ministerio de Educación y por el presidente de la República, los miembros del Consejo Directivo designaron a uno de los miembros presentes como presidente. (…). [Q]uedó probado dentro del expediente que, en efecto, el 19 de noviembre de 2020 la subdirectora de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional solicitó que el Consejo Superior de la Universidad se abstuviera de llevar a cabo la sesión extraordinaria convocada para ese día, por presuntas irregularidades. Así mismo, de los documentos antes mencionados se evidencia que ante el incumplimiento, se está adelantando una actuación tendiente a establecer si hay justificación para su inobservancia, si ocurrieron tales irregularidades y en consecuencia determinar si hay lugar o no a imponer una multa. Así las cosas, en principio, el incumplimiento injustificado de tal requerimiento lo que generaría sería la imposición de una sanción de multa, por tratarse de una actuación administrativa diferente a la aquí estudiada, esto es a la elección del demandado. En este contexto, en esta etapa del proceso, tal incumplimiento no da lugar a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, toda vez que esa actuación administrativa no ha finalizado, y por tanto no hay una decisión en firme al respecto, razón por la que habría la necesidad de verificar si las razones del incumplimiento son justificadas o no. (…). En este punto [trámite de recusaciones] debe tenerse en cuenta que si bien la norma no establece que la suspensión deba decretarse a través de una providencia o actuación determinada, lo cierto es que el funcionario recusado no puede ejercer sus competencias, bien sea adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, hasta tanto la recusación sea resuelta. (…). [E]s claro que en este caso no se cumplió lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. (…). [D]esde el momento en el que se interpone la recusación, se debe suspender el procedimiento, y en consecuencia los recusados no podían adelantar ninguna actuación administrativa, lo cual fue desconocido en este caso, pues como ya se dijo, convocaron a una sesión, actuaron dentro de la misma, y dieron posesión a los suplentes. De todo lo anterior, para esta Sala las irregularidades encontradas son de tal trascendencia que dan lugar a que se decrete la suspensión provisional del señor José Rafael Sierra Lafaurie como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar.NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la presentación de la solicitud de medida cautelar junto con la demanda o en escrito anexo, siempre y cuando se haga dentro del término de caducidad y los requisitos de procedencia, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 3 de junio de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, expediente 13001-23-33-000-2016-00070-01.

  • AUTO nº 15001-23-33-000-2019-00588-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 25-02-2021

    ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA – Presupuestos procesales / ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA – Negada al no existir conceptos o frases que ofrezcan motivo de duda[E]n el ordenamiento jurídico colombiano las providencias que ponen término a una controversia están amparadas por el instituto jurídico procesal de la res iudicata o cosa juzgada, conforme con el cual se otorga a aquellas decisiones emanadas de la autoridad judicial, el carácter de definitivas y vinculantes. Sin embargo, tal connotación de inmutabilidad, no obsta para que se subsanen errores, omisiones o la falta de claridad de dicho texto que puede surgir ante imprecisiones gramáticas y sintácticas en su construcción; aspectos estos que no escapan a la naturaleza humana, mucho menos, a la labor judicial. Conforme con lo anterior, en aras de garantizar que los yerros en que pudo incurrirse en la sentencia, queden superados, el legislador previó las figuras de la aclaración, corrección y adición de aquellas, cada una bajo unos supuestos definidos en la ley en relación con su titularidad, oportunidad y procedencia; de manera que su aplicación y alcance es restrictivo, en cuanto cualquier enmendadura del texto inicial debe ajustarse a los supuestos que describan estas figuras. Tratándose de la aclaración, se tiene que en materia contencioso administrativa, el CPACA, no contempla este instituto en la normatividad que rige el trámite ordinario del proceso, por lo que debe remitirse a la regla remisoria que trajo consigo el artículo 306 de ese compendio, que permite que en aquellos aspectos no regulados por la Ley 1437 de 2011 se pueda acudir al Código General del Proceso ([artículo 285] Ley 1564 de 2012). (…). Acorde con la norma transcrita, es claro cuáles son los presupuestos procesales que rigen la aclaración, así: i) en relación con la titularidad, puede ser solicitada por cualquiera de los sujetos procesales o declarada de oficio por el juez; ii) en relación con la procedencia, la misma opera cuando en la sentencia o el auto hay conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella y, iii) en relación con la oportunidad, debe solicitarse dentro del término de ejecutoria de la respectiva providencia. (…). De la lectura de este precepto [artículo 290 del Código General del Proceso], es evidente que el legislador estructuró algunos aspectos especiales relacionados con el plazo para su solicitud, la forma de notificación de la providencia que lo decide y los recursos procedentes, pero guardó silencio en cuanto a su procedencia, lo que no obsta para que en virtud del artículo 306 del CPACA se acuda a la normativa procesal general en dicho aspecto en los términos que establece el artículo 285 de esta última codificación. (…). Sea lo primero analizar si se cumplen los presupuestos procesales de la aclaración: i) en cuanto a la titularidad, se tiene que esta se solicitó por el apoderado de la parte demandada; ii) en relación con la oportunidad, se observa que la sentencia fue notificada el 25 de enero de 2021 a todos los sujetos procesales y los dos (2) días de que trata el artículo 8º del Decreto Legislativo 806 de 2020, corresponden al 26 y 27 de enero del citado año. En este orden, el término que contempla el artículo 290 del CPACA, transcurrió los días 28 y 29 de enero de 2021 y como el escrito fue el 25 de enero de 2021; se concluye que fue radicado oportunamente iii) En cuanto a la procedencia de la solicitud no es necesario que la Sala extienda mayores argumentaciones para deducir que no estamos frente a una aclaración de la sentencia, pues, los reparos relacionados con a) el trámite de sorteo y designación de conjuez, b) las objeciones frente al empate de los magistrados, dirigidas a señalar que debió acudirse al principio pro democracia y c) la necesidad de acudir a la jurisprudencia anunciada, nada tienen que ver con frases oscuras o conceptos ininteligibles de la providencia. (…). [R]esulta oportuno recabar que las figuras de aclaración, adición y corrección de providencias no pueden convertirse en un mecanismo de reapertura de los debates abordados por el juez para desatar la litis. Específicamente, la aclaración, en tanto, está dirigida a superar las dudas que susciten alguna expresión o no sean los razonamientos que preceden al fallo o impacten en la parte resolutiva, lo suficiente diáfanos al intelecto humano. Desde luego, la imposibilidad de estandarizar una técnica generalizada en la forma de resolver un universo de problemas jurídicos y los fundamentos teóricos de argumentación, semántica y gramática, pueden generar ambigüedades o dubitaciones que exijan una aclaración para dar absoluta certeza. Debido a lo anterior, es que el legislador en el marco del iter procesal, contempla la posibilidad de que las providencias sean aclaradas “cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda”, más no cuando haya desacuerdo por parte de los sujetos procesales frente a dichos conceptos o frases, donde el apoderado del demandado insiste en la aplicación de la figura la jurisprudencia anunciada, y la posibilidad de que se reexamine el asunto a la luz del principio pro democracia y que se aborde un asunto del trámite de los conjueces, todo lo cual resulta extraño a la aclaración de la sentencia.NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la improcedencia de aclaración de la sentencia por motivos de desacuerdo de los sujetos procesales, consultar, entre otras que se citan: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 21 de enero de 2021, MP Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 68001-23-33-000-2019-00867-02. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 16 de diciembre de 2020, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2019-00090-00.

  • SENTENCIA nº 19001-23-33-000-2020-00602-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 25-02-2021

    ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / IMPROCEDENCIA PARCIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / CONSTITUCIÓN DE RENUENCIA / AUSENCIA DE MANDATO QUE SEA ACTUALMENTE EXIGIBLE - Acuerdo suscrito entre FECODE y el Ministerio de Educación ya no produce efectos jurídicos / CURSO DE FORMACIÓN DIRIGIDO A DOCENTESSegún quedó expuesto, el grupo de actores pretende el cumplimiento efectivo del numeral 28 del acuerdo suscrito el 15 de mayo de 2019 entre la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y el Ministerio de Educación. Lo anterior, para que la entidad accionada expida los actos administrativos requeridos para la convocatoria al curso de formación dirigido a 8000 docentes y que participaron en la tercera cohorte de la evaluación con carácter diagnóstico formativo y que no alcanzaron el puntaje exigido para el ascenso y la reubicación salarial. (…) Sin embargo, advierte la Sala que en reciente sentencia de segunda instancia de febrero 18 del presente año, esta corporación resolvió el asunto objeto de controversia, como es el pretendido cumplimiento del numeral 28 del acuerdo colectivo para la convocatoria y financiación del curso de formación docente en el cual aspiran a participar los actores. (…) Subraya la Sala que en esta oportunidad, las acciones están basadas en el incumplimiento del mismo numeral 28 del acuerdo colectivo de mayo 15 de 2019 y los mismos hechos relacionados con la convocatoria al curso de formación para los docentes que no alcanzaron el puntaje exigido para el ascenso y la reubicación salarial. Por lo anterior, la Sala reitera los argumentos expuestos en la sentencia de febrero 18 del año en curso, pues es claro que la disposición cuya eficacia persigue la parte actora no es actualmente exigible en la medida en que ya no produce efectos jurídicos por haber expirado el lapso al cual estaba sometida la obligación acordada entre las partes.

  • SENTENCIA nº 20001-23-33-000-2020-00437-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 25-02-2021

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA / AGENTE OFICIOSO / ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA ACTUAR COMO AGENTE OFICIOSO EN LA ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA – La presente solicitud de amparo comparte identidad procesal con la acción de tutela cuestionada / AUSENCIA DE ACREDITACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EXCEPCIONAL DE LA SOLICITUD DE TUTELA CONTRA TUTELA – No se logró comprobar la configuración de la cosa juzgada fraudulentaAnalizado el material probatorio obrante en el expediente , la Sala considera que con fundamento en la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha reseñado, en el caso sub examine, se acreditaron los requisitos para la configuración de la agencia oficiosa, toda vez que en el escrito de tutela, la [Actora] i) manifestó obrar como agente oficiosa de “GRTH” y [O.G.P.], ii) se acreditó la existencia de una situación de debilidad manifiesta de su señora madre [O.G.P.] que le impedía interponer por sí misma la acción de tutela, de manera autónoma y directa; y iii) respecto al caso de su hermana menor de edad “GRTH”, también se configura la agencia oficiosa, toda vez que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha establecido que cuando se trata de agenciar derechos fundamentales de los niños, niñas o adolescentes, dichas reglas deben aplicarse de manera flexible, toda vez que son sujetos de especial protección constitucional en virtud del cual el Estado, la sociedad y la familia tienen el deber de garantizar su prevalencia, en los términos del artículo 44 de la Constitución Política de 1991. (…) [E]s preciso tener en cuenta que la presente solicitud de amparo, pretende que se deje sin efectos jurídicos la providencia proferida el 20 de febrero de 2020 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Valledupar, dentro de la solicitud de tutela, identificada con el número único de radicación 20001-3104003-2020-00026-00. (…) Así las cosas, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo comparte identidad procesal con la acción de tutela cuestionada, dado que lo pretendido por las actoras en últimas es que se deje sin efectos jurídicos la sentencia de 20 de febrero de 2020 proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Valledupar, por medio del cual resolvió negar las pretensiones del amparo, lo cual ya fue decidido por la autoridad judicial accionada. En ese orden de ideas, se evidencia que las actoras interpusieron una acción de tutela contra una sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Valledupar dentro del marco de una solicitud de tutela, por lo que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se debe declarar improcedente. Asimismo, es preciso indicar que, en los términos de la sentencia SU – 627 de 2015, la solicitud de tutela se enfoca en la sentencia proferida dentro de la acción de tutela identificada con el núm. único de radicación 20001-3104003-2020-00026-00. En ese sentido, se advierte que en el caso concreto, aun cuando la providencia la profirió un juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional, no se acreditó el requisito de procedibilidad excepcional de la solicitud de tutela contra tutela consistente en que se presente el fenómeno de cosa juzgada fraudulenta, por cuanto no se acreditó de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la anterior acción de tutela fuera producto de una situación de fraude.

  • SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-04726-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 25-02-2021

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – El actor no fue parte dentro del proceso ordinario / AUSENCIA DE INTERÉS LEGÍTIMO / PERSONERÍA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL – La sociedad una vez constituida legalmente forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados / AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN DEL SOCIO ACCIONISTA – El actor fundamenta su legitimación en la causa por activa en haber sido socio accionista de la sociedad lo cierto es que la calidad de parte que ostentó dicha sociedad no se hace extensiva a sus sociosLa Sala al estudiar el presente caso evidencia que se trata de la presentación de una acción de tutela por parte del [Actor] contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 6 de agosto de 2020, por medio de la cual declaró oficiosamente probada la excepción de inepta demanda dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 250002324000201000550-02, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. (…) Sobre el particular, es preciso indicar que la sociedad D&PE S.A. presentó, por conducto de apoderado judicial, demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia Financiera de Colombia, razón por la cual son aquellos los legitimados en la causa por activa para interponer la presente acción de tutela por ser las partes que integraron dicho proceso ordinario. En ese orden de ideas, para la Sala no se configura la legitimación en la causa por activa del [Actor], toda vez que no fue parte dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 250002324000201000550-02, debido a que no se advierte que tenga un interés directo y particular respecto al amparo que se solicita ante el juez constitucional que permita establecer que los derechos fundamentales presuntamente vulnerados sean propios del actor. La Sala observa que, si bien el actor fundamenta su legitimación en la causa por activa en haber sido socio accionista de la sociedad D&PE S.A., lo cierto es que la calidad de parte que ostento dicha sociedad no se hace extensiva a sus socios, toda vez que de conformidad con el artículo 98 del Decreto 410 de 27 de marzo de 1971, “[…] La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados […]”. Igualmente, la Sala advierte que, si bien la Sociedad D&PE S.A. fue liquidada judicialmente, en el plenario no obra prueba que acredite que al actor o a algunos de los dos socios accionistas que coadyuvaron la demanda de tutela, se les haya asignado en la liquidación los derechos contingentes derivados del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 250002324000201000550-02.

  • SENTENCIA nº 25000-23-15-000-2020-02684-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 25-02-2021

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO – Decreto Legislativo 682 de 2020 / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL – Por medio de la sentencia C-430 de 2020 el decreto legislativo objeto de análisis fue estudiado por la Corte Constitucional en el que se concluyó que no se vulneraban las garantías consitucionales / AUSENCIA DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE TUTELA – Las disposiciones adoptadas por medio de decreto legislativos únicamente pueden ser examinadas por la Corte Constitucional en sede de control abstracto de constitucionalidad / SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE UN NUEVO DECRETO LEGISLATIVO – Se torna imposible ordenar al Gobierno nacional expedir decretos el marco del Estado de excepción cuando el mismo no se encuentra vigente[L]o primero que destaca la Sala es que el decreto legislativo que estableció la medida que, en sentir del accionante, vulneró su derecho fundamental a la igualdad, fue dictada por el Gobierno nacional en ejercicio de las potestades extraordinarias que le confiere el artículo 215 de la Constitución y, en esa medida, contiene normas de carácter general, impersonal y abstracto, que no pueden ser cuestionadas a través de la acción de tutela. En segundo lugar, las disposiciones adoptadas por medio de decretos que gozan de tal naturaleza especial únicamente pueden ser examinadas por la Corte Constitucional, en sede de control abstracto de constitucionalidad, en los precisos términos establecidos en la norma citada y, adicionalmente, en el artículo 241 numeral 7º de la Constitución Política, de tal manera que la acción de tutela no es procedente para resolver una temática como la planteada por el accionante ni determinar la existencia de una posible discriminación, pues tal juicio material corresponde realizarlo a la Corporación citada en forma exclusiva y excluyente. En tercer lugar, en el caso concreto la posible desigualdad que podía derivarse de las exigencias contenidas en el numeral 6.3. del decreto legislativo objeto de análisis, fueron sometidas por la Corte Constitucional a un test estricto de igualdad, el cual dio como resultado que tal derecho fundamental no se vulneraba por las exigencias referidas, lo que quedó contenido en la sentencia C-430 de 2020, oportunidad en la que se examinaron ampliamente, a la luz de los valores y principios constitucionales, los preceptos que, a juicio del actor, vulneran su derecho a la igualdad. (…) La sentencia cuyos apartes se transcribieron por contener el test de igualdad que reclama el actor, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y su ratio decidendi es obligatoria para todos los jueces de la república, quienes no pueden apartarse de su contenido, máxime cuando resolvió exactamente el problema jurídico planteado por el accionante. El reconocimiento de esta figura jurídica constituye una razón adicional para estimar improcedente la acción de amparo. Finalmente, no es posible desconocer que el Decreto Legislativo 682 de 2020, en punto de la exención del impuesto del IVA sobre algunas mercancías que, efectivamente, incluyen computadores, los cuales en momentos de trabajo y educación por medios virtuales y a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones se convierten en elementos esenciales, fijó como fechas tres días correspondientes al año 2020 -19 de junio, 3 de julio y 19 de julio- que a la fecha de esta decisión ya transcurrieron y, por ende, se consolidaron las situaciones jurídicas derivadas de la norma, sin que le sea posible al juez de tutela dictar orden alguna en aras de salvaguardar el derecho del accionante, pues ella caería en el vacío, ante la carencia de objeto por sustracción de materia . (…) La Sala precisa que los decretos legislativos que desarrollan las medidas anunciadas en los decretos que declaran el Estado de emergencia económica, social y ecológica únicamente se pueden dictar en vigencia de los mismos, los cuales tienen una duración de treinta (30) días. En este caso el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 tan sólo estuvo en vigor hasta el 6 de junio de la misma anualidad, lo que torna imposible ordenar al Gobierno nacional expedir decretos el marco del Estado de excepción, cuando el mismo no se encuentra vigente, lo cual constituye una razón adicional para que se torne imperativo declarar la improcedencia de la acción de tutela en el caso concreto. La decisión en cuestión no es óbice para indicarle al accionante que el Gobierno nacional ha adoptado otras medidas para beneficiar a los estratos 1 y 2 a los cuales dice pertenecer, relacionadas con la exención del IVA para el servicio de internet o la devolución del impuesto en los eventos señalados por el legislador extraordinario, la financiación en materia de servicios públicos y otros, a la cuales le es posible acceder con la acreditación de los requisitos exigidos.

  • SENTENCIA nº 50001-23-33-000-2020-00953-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 25-02-2021

    ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / REQUISITO DE CONSTITUCIÓN EN RENUENCIA DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA – Cumplimiento respecto del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Acacías Meta / RECHAZO DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO – Respecto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC / INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE CONSTITUCIÓN EN RENUENCIA DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPECPara cumplir con el requisito de renuencia la parte actora solicitó al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Acacías, Meta – EPMSC ACACÍAS, el 21 de marzo de 2020, el cumplimiento del artículo 115 A de la Ley 65 de 1993, en relación con los términos para la entrega de encomiendas a los reclusos. El establecimiento carcelario EPMSC ACACÍAS respondió a los actores, que “…en la Resolución 2378 del 22 de noviembre de 2018 ‘por la cual se expide el Reglamento de Régimen Interno del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Acacias Meta’. Establece la forma en que se hace la recepción y entrega de paquetes por encomiendas, a continuación le suscribo el Art. 122 numeral 1L La recepción de paquetes por encomiendas se realizará los cinco primeros días hábiles de cada mes y en el horario de 08:00 a las 11:00 y de las 13:00 a las 16:00 horas; el cronograma de entrega a la población privada de la libertad estará a cargo del responsable del área, previo visto bueno del Comando de Vigilancia y Dirección del Establecimiento”. En consecuencia, se encuentra probado que la parte actora sí constituyó en renuencia al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Acacías, Meta – EPMSC ACACÍAS, respecto del artículo 115 A de la Ley 65 de 1993. Ahora, advierte la Sala que en relación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, no se acreditó el requisito de procedibilidad de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997, razón por la cual se rechazara la demanda respecto de esta entidad.IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO – Pretensión no solo exige el cumplimiento de una norma sino que también el análisis de un acto administrativo / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR EXISTENCIA DE OTROS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ACACIAS META – Corresponde al juez natural analizar que se encuentra conforme al ordenamiento jurídico y a las disposiciones en las que se fundamenta / RECEPCIÓN Y ENTREGA DE PAQUETES POR ENCOMIENDAS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTADLa Sala observa que la parte actora manifestó en el escrito de demanda que el artículo 122 de la Resolución No. 2378 de 2018, no cumple con las previsiones del artículo 115 A de la Ley 65 de 1993, toda vez que la “…mencionada Resolución 2378 de 22/11/2018 expedida por el INPEC en su artículo 122 que recepciona los paquetes, no se dejó escrito el horario puntual de la entrega de las encomiendas. Lo que genera un problema a la población reclusa para entrega de las encomiendas que nuestras familias envían de diferentes partes del país, en cuanto a que se recepcionan los primeros (5) cinco días de cada mes, pero no se establece o puntualiza la entrega de mencionadas (sic) encomiendas”. Mencionaron los accionantes que la Resolución 2378 de 2018, “…va en contravía de la Ley 65 de /93 (sic) y el art. 75 de la Ley 1709 de /14 (sic), que claramente consagra que la entrega de paquetes de encomiendas después de la recepción, se entregará al interno en el momento de la entrega de recibir los elementos enviados”; por tanto, estiman que el citado acto administrativo no cumple con los estándares contemplados en la Ley 65 de 1993. Los anteriores planteamientos fueron reiterados en el escrito de impugnación al resaltar que lo pretendido con este mecanismo constitucional, no es otra cosa que se le ordene a la Directora del Establecimiento Carcelario EPMSC ACACÍAS, que derogue y modifique el artículo 122 de la Resolución 2378 de 2018, atendiendo los parámetros previstos en el artículo 115 A de la Ley 65 de 1993. En este orden de ideas, el Tribunal Administrativo del Meta se centró en analizar de manera general que la norma invocada conlleva un mandato claro, expreso y exigible, que prevé que al momento de recibir paquetes se levante un acta en la que se relacionen los elementos enviados, sin tener en cuenta que los reproches de la parte actora van dirigidos justamente a que la Resolución 2738 de 2018, “Por la cual se expide el Reglamento de Régimen Interno del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Acacias Meta”, no atendió el artículo 115 A de la Ley 65 de 1993. En este orden de ideas, como los reparos de los accionantes se hacen contra un acto administrativo que se presume legal, para determinar si se incluyeron las previsiones del artículo 115 A de la Ley 65 de 1993, implica un estudio de fondo que no corresponde hacer a este juez constitucional a través de la acción de cumplimiento, toda vez que los argumentos expuestos deben ser conocidos por el juez natural, quien será el que establezca si le asiste razón a los demandantes con sus inconformidades o, al establecimiento carcelario demandado, a través del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En consonancia con lo anterior, recuerda la Sala que el fin último de la acción de cumplimiento es procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, en aquellos casos en que las autoridades públicas no dan estricto cumplimiento al deber jurídico o administrativo que les es exigible y que, la controversia propuesta en el caso de la referencia va más allá de exigir el cumplimiento de las disposiciones invocadas como incumplidas y en tal medida, requiere que el juez natural realice un análisis de fondo del acto administrativo que presuntamente no atendió las disposiciones previstas en el artículo 115 A de la Ley 63 de 1993. De esta manera, para la Sala la pretensión de la parte actora es improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, pues ésta dispone de otro mecanismo de defensa judicial, como se dijo en precedencia, para para obtener la modificación del acto administrativo contentivo del ‘Reglamento de Régimen Interno del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Acacias Meta’.

  • SENTENCIA nº 25000-23-41-000-2019-00945-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN QUINTA) del 25-02-2021

    ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO – Pretensión no solo exige el cumplimiento de una norma sino que también el análisis de legalidad de un acto administrativo / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR EXISTENCIA DE OTROS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / ESTUDIO DE LEGALIDAD / ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGO RECONOCIMIENTO MEDIANTE DOCUMENTO PÉTREO A ÁLVARO URIBE VÉLEZ – Pretensión implica un juicio de legalidad que corresponde resolver al juez de lo contencioso administrativo / RETIRO DE PLACA DE MÁRMOL INSTALADA EN EL CAPITOLIO NACIONALEn el presente asunto, el señor [B.P.] pretende que se ordene a la autoridad demandada dar cumplimiento al artículo 1º del Decreto 1678 de 1958 y, en consecuencia, se retire la placa de mármol, instalada en el Capitolio Nacional, en homenaje al entonces senador Álvaro Uribe Vélez. (…) advierte la Sala que resolver la pretensión de la parte actora conlleva a que se analice la legalidad del acto administrativo, que antecedió a la instalación de la placa de mármol, por medio del cual se otorgó el “RECONOCIMIENTO MEDIANTE DOCUMENTO PETREO” al entonces senador Álvaro Uribe Vélez. En efecto, dicha discusión escapa a la órbita de este juez constitucional, que a la hora de pronunciarse respecto del incumplimiento de un mandato debe tener establecido que se trata de una obligación clara, expresa y exigible, contenida en norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; es decir, su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico vigente y no la realización de un juicio de legalidad. En este sentido, para resolver la pretensión que propone la parte actora, debe analizarse si el acta de la Mesa Directiva del Senado de 19 de junio de 2019 se dictó o no de acuerdo con el ordenamiento legal, lo cual claramente implica un juicio de legalidad de dicho acto administrativo, lo que debe someterse al análisis del juez de lo contencioso a través del ejercicio del medio de control de simple nulidad. (…)por medio de memorial recibido a través de correo electrónico el 22 de octubre de 2020 , el impugnante informó sobre “la decisión proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia que abre investigación preliminar por violación al patrimonio público y por afectación a las instalaciones de una sede oficial por parte del expresidente del Senado, Ernesto Macías. Noticia aparecida el día de ayer en la revista semana. Son estos mismos hechos los que motivaron la acción de cumplimiento (…) para que sean tenidos en cuenta al momento de adoptar una decisión por parte de este despacho”. Lo anterior, da cuenta que incluso existen otros escenarios judiciales, en donde puede analizarse la responsabilidad penal por la posible incursión de una conducta típica, antijurídica y culpable, con ocasión de los mismos hechos, pero dicha información no trasciende a la conclusión que se está explicando en este trámite constitucional, se reitera, la presente acción no supera el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, lo que tampoco conlleva a una decisión de fondo en el asunto en el que pueda tener incidencia la circunstancia que expuso el actor. En conclusión, para esta Sala la acción de cumplimiento deviene improcedente porque los reparos que propone la parte demandante requieren pronunciarse respecto de la legalidad del acta de la Mesa Directiva del Senado de 19 de junio de 2019, cuya presunción de legalidad no puede ser desvirtuada por el juez constitucional por cuanto el ordenamiento jurídico prevé un juez natural y otros medios de control diferentes al de cumplimiento. Ahora bien, la causal de improcedencia de la acción de cumplimiento, opera siempre y cuando no estemos ante el escenario de un perjuicio irremediable, sin embargo, no debe obviarse que el mismo tiene que ser aducido y demostrado por la parte actora desde la propia demanda, el cual no se alegó ni sustentó, solo se advierte que el señor Buitrago Puentes indica que el presente asunto tiene importancia nacional, argumento que no trasciende de ser su apreciación subjetiva, y que no es suficiente para que se configure y aplique la mencionada excepción.

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