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  • Auto nº 11001-03-28-000-2019-00068-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 18 de Diciembre de 2019

    SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Se niega al no advertirse una manifiesta infracción de las normas enunciadas / CURUL POR DERECHO PROPIO - Beneficia al candidato con la segunda mayor votación / VOTO EN BLANCO - No tiene la connotación de candidato[L]as disposiciones precisan que la medida cautelar (i) se debe solicitar con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado -siempre que se encuentre en término para accionar- o en la misma demanda, pero en todo caso que sea específica y propia para la procedencia de la medida excepcional, o una expresa remisión a que el apoyo de la medida se soporta en el concepto de violación y (ii) al resolver se debe indicar si la violación de las disposiciones invocadas surge de la confrontación entre el acto demandado y las normas superiores alegadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. (…). La parte actora depreca la suspensión provisional del parágrafo 2º del artículo 2º de la Resolución 2276 de 11 de julio de 2019, expedida por el CNE, relacionado con la no aplicación de los efectos y del derecho que se contienen en el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018 a la segunda mayor votación frente al derecho del candidato con la segunda mayor votación a ocupar curul en el corporativo de elección popular. (…). [E]l Despacho anticipa que el decreto de la medida de suspensión será negado, a la luz de los siguientes planteamientos: (…). Como se advierte de la literalidad de las normas sustento de la medida cautelar, es claro que las primeras si bien tocan temas como el voto, las competencias del CNE, la conformación de Asambleas y Concejos, no hacen alusión alguna a la llamada figura de la “curul por derecho propio” que beneficia a quien obtiene la segunda mayor votación, luego de aquella que le dio el triunfo al elegido. (…). En este estadio del proceso no se advierte tensión entre las normas superiores invocadas y el aparte del acto judicializado, por cuanto es el contenido de la norma específica del tema de la “curul por derecho propio”, esto es, el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, se redacta a lo largo de todo su texto sobre la expresión o sustantivo de los “candidatos”, siendo la única expresión abierta la contenida en el inciso tres (…), lo cual no se puede descontextualizar o escindir del contexto que la norma posee en la mayoría de su texto con la palabra “candidatos”. Por contera, el dispositivo demandado en el aparte cuestionado, lo único que hizo fue materializar la palabra “candidatos”, la cual sí se encuentra prevista y se maneja en forma preponderante y reiterada en la norma de la Ley que la parte actora consideró violada (art. 25 Ley 1909 de 2018). En la misma línea, es innegable que la Sala Electoral de tiempo atrás ha considerado que el voto en blanco es una forma o manifestación de opinión de gran envergadura e importancia para las justas electorales y los principios democráticos, en tanto es el llamado voto de disenso o de inconformidad, pero no se la ha dado la connotación de candidato, sin que ello haya conllevado a un desconocimiento de su fuerza vinculante ni de su importancia democrática, pues ha sido objeto legal y constitucional de reconocimientos electorales, sin aún haber sido equiparado a la figura de un candidato. En este punto y como no se advierte por el Despacho un argumento de gran fortaleza hermenéutica para variar el predicamento de que el voto en blanco es una forma de manifestación electoral, más no en la connotación de equipararse a un candidato, no se advierte, por lo menos con la disertación de la postulación cautelar que se hayan vulnerado las normas invocadas. Finalmente, sobre si dentro del ámbito competencial del CNE podía expedir una norma indicando la inaplicabilidad de los efectos del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018 sobre el voto en blanco, no se vislumbra per se vulneración a norma superior, por cuanto como se evidencia lo que hizo fue materializar la exclusión generada por el legislador de conectar la figura de la “curul por derecho propio” a los candidatos y no a ninguna otra opción o figura democrática, que permitiera abrir el espectro del beneficio a quien obtiene la segunda votación más alta cuando no recae sobre la figura de un candidato. (…). Así las cosas, el Despacho no encuentra ciertamente que se pueda concluir que el CNE absorbió competencias propias del legislador estatutario al desmarcar del artículo 25 de la Ley 1909 de 2002 el voto en blanco, si el análisis se detiene en el concepto del vocablo “candidato” que sí se contiene en la norma superior sobre la curul por derecho propio. De manera que no se arroja decisión diferente que negar la solicitud cautelar, a la espera de la decisión definitiva que se adopta en la sentencia, luego de contar con toda la carga argumentativa que se predica del fallo.NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la fuerza ejecutiva y ejecutoria que tienen los actos administrativos una vez quedan en firme, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 13 de agosto de 2014, radicación. 2014 - 00057-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

  • Auto nº 11001-03-24-000-2014-00160-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 13 de Diciembre de 2019

    RECURSO DE REPOSICIÓN - Frente a decisión que reconoce como coadyuvante de las demandadas a una sociedad y corre traslado de sus excepciones / EXCEPCIONES PREVIAS PROPUESTAS POR EL COADYUVANTE - Se debe correr traslado de estas con el fin de garantizar el derecho a la defensa del demandante / RECURSO DE REPOSICIÓN - Se niega porque su prosperidad únicamente implica no correr traslado al demandanteEl Despacho procede a resolver el recurso de reposición presentado contra el auto del 2 de octubre de 2019. Sobre el particular debe señalarse que el accionante controvierte el traslado que el Despacho le corrió del escrito contentivo de la solicitud de coadyuvancia presentada por GASNOVA, debido a que en ella se presentan excepciones y se solicitan pruebas, pues considera que esa empresa, en su calidad de coadyuvante, no puede realizar los referidos actos procesales. Al respecto, el Despacho considera que tal como lo indica GASNOVA, aunque el demandante manifiesta atacar la orden explicada en el párrafo anterior, fundamenta el recurso planteando su inconformidad con la decisión de admitir las excepciones y las solicitudes probatorias presentadas por la empresa coadyuvante de las demandadas, aspectos respecto de los cuales, se aclara, la providencia recurrida no emitió decisión alguna. Ello debido a que es la audiencia inicial, la etapa procesal en la que se resuelven todos los aspectos relacionados con las excepciones previas y las peticiones probatorias presentadas por las partes y los terceros, incluyendo lo que corresponde a su procedencia formal. A lo que se añade que la prosperidad del recurso únicamente implicaría que al accionante no se le corriera traslado del memorial presentado por GASNOVA, decisión que no se compadecería con los derechos a la igualdad procesal y defensa aludidos en el proveído que se recurre. Corolario de lo expuesto es que el Despacho no repondrá el auto del 2 de octubre de 2019.

  • Auto nº 11001-03-24-000-2018-00207-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 13 de Diciembre de 2019

    RECURSO DE REPOSICIÓN - Frente a decisión que inadmite la demanda / INADMISIÓN DE LA DEMANDA - Para que se allegue prueba de la existencia y representación de la sociedad demandante / RECURSO DE REPOSICIÓN - Se adecúa a solicitud de aclaración de auto / ACLARACIÓN DE AUTO - Eventos de procedencia / SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE AUTO - Oportunidad para presentarla / ACLARACIÓN DE AUTO - Procede de oficio o a petición de parte dentro del término de su ejecutoria / SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE AUTO - Procede en el sentido de precisar que la demanda se inadmite por no cumplir el requisito establecido en el numeral 4 del artículo 166 del CPACA: prueba de la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privadoAnalizado el contenido y alcance del recurso interpuesto por la parte demandante, no se advierte inconformidad o desacuerdo con la decisión adoptada en el proveído recurrido, sino que su propósito es que se aclare la providencia que inadmitió la demanda, en razón a que, a su juicio, no hay claridad en cuál es el requisito que se debe cumplir para subsanar dicho escrito. […] [El] artículo 285 del Código General del Proceso, […] prohíbe a los jueces revocar o reformar sus providencias, de modo tal que, una vez proferidas, no puede hacer nuevos razonamientos o exponer puntos de vista para revisar total o parcialmente las consideraciones que fundamentan su decisión, ni mucho menos para modificar el sentido de ésta. Sin embargo, el estatuto procesal sí admite al juez aclarar aquellos conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda y que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o providencia respectiva o influyan en ella. […] Como antes se dijo, para que proceda la aclaración de una providencia se requiere que ésta contenga conceptos o frases que generen un verdadero motivo de duda, que se encuentren en la parte resolutiva o influyan en ella, lo cual no ocurre en este caso. En la providencia cuestionada se indicó que la parte actora omitió el deber de acompañar, junto con la demanda, un anexo necesario para su admisión, esto es, el documento que acreditara a la señora Elena Cebadera Miranda como directora del departamento de propiedad industrial de la sociedad demandante y, por ende, como persona facultada para conferir poder a la sociedad Cavelier Abogados, allegado con aquella, y se señaló que dicha situación constituía un incumplimiento del requisito previsto en el numeral 3 del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma ésta que prevé que con la demanda deberá acompañarse “El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título.” Examinada la solicitud elevada por la parte actora encuentra el Despacho que la cita de dicha disposición legal pudo ofrecer un motivo de duda en la providencia, en cuanto que la exigencia referida a que se acompañara como anexo de la demanda el documento que acredite la facultad para conferir poder al abogado que la interpuso no corresponde exactamente al requisito establecido en el numeral 3º del artículo 166 del CPACA, sino al previsto en el numeral 4º ibídem, relacionado con la prueba de la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privado. En este orden, se deberá aclarar la providencia de 15 de agosto de 2019, en el sentido de precisar que la demanda se inadmite por no cumplir el requisito establecido en el numeral 4 del artículo 166 del CPACA, habida cuenta que no se allegó el documento que acredite que la señora Elena Cebadera Miranda es la directora del departamento de propiedad industrial de la sociedad demandante y está facultada para conferir poder a la sociedad Cavelier Abogados, anexo que debe acompañar con la demanda.

  • Auto nº 11001-03-24-000-2019-00248-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 13 de Diciembre de 2019

    SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Respecto de los actos por medio de los cuales se adoptan medidas en relación con la fijación de la tarifa por el transporte de crudo por oleoductos y se establece la metodología para la fijación de tarifas por el transporte de crudo por oleoductos / COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - Para fijar las tarifas de transporte de petróleo por oleoductos / COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - Para revisar las tarifas de transporte de petróleo por oleoductos / COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - Para establecer la metodología para la fijación de las tarifas de transporte de petróleo por oleoductos / FIJACIÓN DE LA TARIFA DE TRANSPORTE DE PETRÓLEO POR OLEODUCTOS - Se hace en los términos en los que las partes hayan negociado y acordado / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Se niega al no vislumbrarse vulneración al ordenamiento superior[E]videncia el Despacho que los artículos 56 y 57 del Código de Petróleos facultan al Gobierno Nacional para fijar y revisar las tarifas de transporte de crudo por oleoductos, competencia que en concordancia con el artículo 212 del mismo estatuto, el numeral 10 del artículo 2 del Decreto 381 de 2012 y el numeral 30 del artículo 8 del Decreto 1617 de 2013, permiten concluir que es función del Ministerio de Minas y Energía y, en concreto, de la Dirección de Hidrocarburos de esa entidad, establecer la metodología, fijar y revisar las tarifas de transporte de crudo por oleoducto. […] [E]l Despacho no evidencia, en esta etapa del proceso, que los actos administrativos acusados asignen a la Cartera de Minas y Energía la facultad de fijar de forma unilateral las tarifas del servicio de transporte de crudo por oleoductos en la forma en que lo afirma el demandante. Por el contrario, al revisar lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución 31123 del 15 de mayo de 2019, se evidencia, con la información disponible en esta fase inicial del proceso, que la norma acusada condicionó la fijación de la tarifa al acuerdo entre las partes y, en ausencia de este, a lo señalado en el Código de Petróleos. […] Con fundamento en lo anterior, para el Despacho no existen, en esta etapa procesal, elementos de juicio que permitan arribar a la conclusión de que los actos administrativos acusados otorgaron al Ministerio de Minas y Energía la facultad para fijar unilateralmente las tarifas de transporte de crudo por oleoducto.SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Respecto de los actos por medio de los cuales se adoptan medidas en relación con la fijación de la tarifa por el transporte de crudo por oleoductos y se establece la metodología para la fijación de tarifas por el transporte de crudo por oleoductos / FIJACIÓN DE LA TARIFA DE TRANSPORTE DE PETRÓLEO POR OLEODUCTOS - Toda diferencia de hecho o de carácter técnico que llegue a surgir entre los interesados y el Gobierno y que no pueda arreglarse de forma amigable, será sometida al dictamen de peritos / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Se niega al no vislumbrarse vulneración al ordenamiento superiorEl demandante sostiene que al asignar al Ministerio de Minas y Energía la facultad de fijar unilateralmente la tarifa de transporte por oleoductos cuando no haya acuerdo entre los agentes, los actos acusados desconocen que el artículo 11 del Código de Petróleos dispuso frente a esa eventualidad que debía acudirse al dictamen de peritos. […] De la lectura de la norma se desprende que los peritos efectuarán el dictamen frente a las diferencias de hecho o de carácter técnico que surjan entre los interesados y el Gobierno, por lo que en esta instancia procesal, no se evidencia que las normas acusadas excluyan la posibilidad de efectuar el dictamen pericial cuando quiera que surjan las precitadas diferencias entre las partes. En este sentido, el artículo 5D de la Resolución 72146 de 2014 dispuso que “la Dirección de Hidrocarburos revisará y fijará la tarifa de conformidad con la metodología existente en la Resolución número 72146 de 2014, así como en lo señalado en el Código de Petróleos, en aquellos aspectos en los que no hubo acuerdo”. Con fundamento en lo anterior, se insiste que para el Despacho no es claro que el artículo 5D de la Resolución 72146 de 2014 excluya la aplicación del artículo 11 del Código de Petróleos, máxime cuando del contenido de esta última disposición se observa una remisión expresa al propio Estatuto de Petróleos. Razón para no acceder al cargo.SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Respecto de los actos por medio de los cuales se adoptan medidas en relación con la fijación de la tarifa por el transporte de crudo por oleoductos y se establece la metodología para la fijación de tarifas por el transporte de crudo por oleoductos / FIJACIÓN DE LA TARIFA DE TRANSPORTE DE PETRÓLEO POR OLEODUCTOS - Criterios, mayorías y porcentajes de representación establecidos por el Ministerio de Minas y Energía modifican un aspecto esencial del régimen legal de petróleos: Su determinación requiere un análisis de fondo / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Negada porque se debe realizar un estudio de fondo que no es propio de esta etapa procesalPara el demandante con la expedición del artículo 1 de la Resolución 31132 del 24 de mayo de 2019, el Ministerio de Minas y Energía excedió la potestad reglamentaria al establecer unos criterios, mayorías y porcentajes de representación, con lo cual, entró a definir el alcance del acuerdo y, con ello, modificó un aspecto esencial del régimen legal de petróleos. […] No obstante lo anterior, el Despacho observa que la solicitud de suspensión provisional, en este punto, versa sobre un aspecto de interpretación normativa que no es posible dilucidar en esta etapa inicial del proceso. Ello por cuanto para el demandante, “el acuerdo” al que se refieren los artículos 56 y 57 del Código de Petróleos supone la aprobación de todos los agentes que participan del proceso de fijación de tarifas de transporte de crudo por oleoducto, mientras que, las normas acusadas establecieron unos criterios para determinar las mayorías y los porcentajes de representación con el fin de fijar las mencionadas tarifas. Así las cosas, de la lectura de los artículos 56 y 57 del Código de Petróleos no es posible deducir, en esta etapa del proceso, que dichas disposiciones limiten el acuerdo para la fijación de las tarifas de transporte de crudo por oleoducto a la aprobación de todos los agentes. En el mismo sentido, el demandante tampoco brinda argumentos jurídicos que soporten la interpretación que pretende de la norma superior. En este orden de ideas, no es posible realizar la respectiva confrontación de los actos acusados con la norma superior, dado que, como quedó dicho, la controversia gira en torno al alcance de los artículos 56 y 57 del Código de Petróleos, lo que supone que el juez disponga de mejores elementos de juicio para determinar cuál es la interpretación jurídicamente razonable de la norma superior. Por lo anterior, este cargo no prospera.SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Respecto de los actos por medio del cual se adoptan medidas en relación con la fijación de la tarifa por el transporte de crudo por oleoductos y por medio del cual se establece la metodología para la fijación de tarifas por el transporte de crudo por oleoductos / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Requisito de sustentación de la solicitud / SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Negada al no advertirse sustentación que permita la comparación normativa para deducir la presunta violaciónPara el demandante la negociación de las tarifas con el esquema previsto en los actos administrativos acusados comporta un incremento artificial que genera que los transportadores se apropien sin justa causa de los recursos que serían destinados para las regalías. En este sentido, sostuvo que de continuar con las negociaciones se vulnerarían los artículos 1, 2, 121, 209 y 360 de la Constitución Política. Al respecto, observa el Despacho que en este punto, la solicitud de suspensión provisional se remitió al contenido de la demanda; sin embargo, revisados ambos escritos, evidencia el Despacho que el demandante no cumplió con la carga de confrontar las disposiciones acusadas con las normas superiores. En este sentido, ha sido criterio reiterado de esta Corporación señalar que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida como lo hace el actor respecto a este cargo, sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello. […] De acuerdo a lo anotado en la referida providencia, resulta necesario que el demandante en la solicitud de medida cautelar exponga los argumentos por los cuales considera que los actos acusados vulneran el orden jurídico superior, requisito que no se evidencia en el presente cargo, razón suficiente para denegarlo.MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD - Intervención de terceros / INTERVENCIÓN DE TERCEROS - Coadyuvancia en los procesos de nulidad / SOLICITUD DE COADYUVANCIA EN EL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD - Oportunidad / SOLICITUD DE COADYUVANCIA EN EL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD - ProcedeMediante memoriales radicados el día 19 de septiembre de 2019 en la Secretaría de la Sección Primera de ésta Corporación, las Sociedades Oleoducto Central S.A. y CENIT Logística y Transporte de Hidrocarburos S.A.S. solicitaron ser tenidas como coadyuvantes de la parte demandada. […] [E]videncia el Despacho que la demanda fue admitida el día 6 de septiembre de 2019 y, a la fecha, no se ha llevado a cabo audiencia inicial, lo que permite concluir que las solicitudes de coadyuvancia fueron presentadas dentro del término legal. Así las cosas, se reconocerán como coadyuvantes de la parte demandada a las sociedades Oleoducto Central S.A. - OCENSA y CENIT Logística y Transporte de Hidrocarburos S.A.S., tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.NOTA DE RELATORÍA: Ver auto Consejo de Estado, Sección Primera, de 21 de octubre de 2013, Radicación 11001 - 03-24-000-2012-00317-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.FUENTE FORMA: CÓDIGO DE PETRÓLEOS - ARTÍCULO 11 / CÓDIGO DE PETRÓLEOS - ARTÍCULO 56 / CÓDIGO DE PETRÓLEOS - ARTÍCULO 57 / DECRETO 1056 DE 1953 - ARTÍCULO 212 / DECRETO 381 DE 2012 - ARTÍCULO 2 / DECRETO 1617 DE 2013 - ARTÍCULO 8

  • Auto nº 11001-03-24-000-2019-00428-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 13 de Diciembre de 2019

    INADMISIÓN DE LA DEMANDA - Para que se aporten las copias adicionales de la demanda y sus anexos y se precise la razón por la cual el acto demandado carece de motivación / COPIA DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS - Deben allegarse en medio físico para que se surta la notificación / RECHAZO DE LA DEMANDA - Por no haber sido corregida dentro de la oportunidad legalmente establecida[R]evisado el contenido del escrito de subsanación, advierte el Despacho que respecto de la segunda de las inconsistencias que fue señalada en el auto del 31 de octubre de los corrientes, relacionada con que fuera indicada con claridad la razón por la cual se estima que el acto demandado carece de motivación, se observa que tal carga fue cumplida. […] Por otra parte, en cuanto a la primera razón esgrimida por el Despacho para inadmitir atinente a que fueran aportadas las copias de la demanda y sus anexos para efectos de surtir la notificación de la misma al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, encuentra el Despacho que pese a que en el escrito de subsanación el accionante manifiesta aportar las copias requeridas, y para el efecto adjunta con el correo electrónico de subsanación algunos archivos contentivos del texto de la demanda, lo cierto es que tal actuación no cumple con el deber que le impone el numeral 5 del artículo 166 del CPACA, por cuanto no se allegaron los documentos físicos requeridos para que se surta la notificación. Admitir lo contrario, esto es, la posibilidad de que se aporten por medio electrónico los traslados, equivaldría a trasladar a la Administración de Justicia las cargas que el ordenamiento jurídico le impone al ciudadano para su acceso, al tener que imprimir la demanda y sus anexos tantas veces como estén vinculados sujetos al proceso. En vista de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 169 del CPACA., dado que no se corrigió en debida forma el libelo introductorio, se procederá al rechazo de la misma.

  • Auto nº 05001-23-33-000-2015-02028-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 13 de Diciembre de 2019

    RECURSO DE SÚPLICA - Frente a decisión que resuelve un recurso de apelación / APELACIÓN - Frente al auto que la decide no procede ningún recurso / RECURSO DE SÚPLICA - Improcedente por no ser la decisión impugnada susceptible de ningún recurso / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIALa providencia de 24 de mayo de 2018 en contra de la cual se interpuso el recurso de súplica es una decisión proferida por la Sala de la Sección Primera, no por el magistrado ponente, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación del auto proferido en audiencia inicial por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia; razón por la cual se configura el presupuesto del numeral 4 del artículo 244 del CPACA, […], el cual establece que contra la decisión que desata el recurso de apelación no procede ningún recurso, por lo que en contra de dicha providencia no procede la súplica. En este sentido, se concluye que no se trata de una decisión dictada por el magistrado ponente y por su naturaleza no es apelable, por lo que se configura la regla de improcedencia de recursos en contra de dicha providencia. Así lo ha sostenido esta Corporación en reciente decisión de Sala Unitaria de esta Sección, que declaró improcedente el recurso de súplica interpuesto por la parte demandada en contra del auto de 18 de marzo de 2019, proferido también por Sala Unitaria, por medio del cual, al desatar el recurso de alzada, confirmó el auto de 27 de octubre de 2017, en el que el Tribunal no declaró probada la excepción previa de cosa juzgada. Por las anteriores razones, se declarará improcedente el recurso de súplica.NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Secciones Primera y Segunda, de 31 de mayo de 2019, Radicación 05001 - 23-33-000-2015-01969-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; y 15 de febrero de 2018, Radicación 11001-03-25-000-2015-00366-00(0740-15), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-03192-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 12 de Diciembre de 2019

    TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO POR INDEBIDA APLICACIÓN NORMATIVA - No configuración / RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA AUTO QUE INADMITE DEMANDA - Interposición extemporánea / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES[A]sí como lo [dispuso] (…) la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en la [providencia] que detalló con claridad los motivos que conllevaron al rechazo de la demanda acorde a lo consignado en el artículo 169, numeral 2 del CPACA, la explicación sobre el cómputo del término para subsanarla y los motivos que no permitían avalar la postura de la parte demandante de la suspensión del término de este trámite por la interposición del recurso de reposición - aunque fuera extemporáneo -, permiten a esta Sala concluir que no existe una vulneración de los derechos fundamentales de las actoras; contrario sensu lo pretendido con el mecanismo constitucional es subsanar los yerros procesales en los que incurrieron dentro del proceso ordinario, desdibujando la naturaleza y finalidad de la acción de tutela.

  • Auto nº 11001-03-28-000-2019-00061-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 12 de Diciembre de 2019

    SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Del acto de elección de la directora general de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía CORPORINOQUIA / CONSEJO DIRECTIVO DE CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL - Trámite de las recusaciones contra sus integrantes / SUSPENSIÓN PROVISIONAL - Se acoge la solicitud en tanto no se dio el trámite correspondiente a las recusaciones / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA[L]a parte actora expuso que la designación de la demandada incurre en: i) “violación directa de la Constitución y la ley por falta de competencia de los consejeros que participaron en la expedición del acto…” y ii) desconocimiento del trámite que se le debía dar a las recusaciones presentadas contra 11 miembros del consejo directivo…”. Todo para demostrar que la designada, no cumple con el requisito de experiencia profesional relacionada en temas de medio ambiente y recursos naturales y que se declaró la elección a pesar de que miembros del Consejo Directivo de la CAR estaban recusados. (…). Esta sección ya ha concluido que ante la falta de regulación del trámite de las recusaciones presentadas contra los integrantes del Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales tanto en la ley 99 de 1993 como en los estatutos de la respectiva CAR, es lo procedente acudir al previsto en el CPACA. (…). Comienza la Sala por abordar el asunto referido al trámite surtido con las recusaciones presentadas contra los miembros del Consejo Directivo de Coporinoquía en el curso del proceso eleccionario que finalizó con la designación de la demandada como Directora de dicha Corporación Autónoma. De acuerdo con la postura de la Sección es lo propio verificar si Coporinoquía tiene regulado dicho procedimiento, ya que la Ley 99 de 1993 no lo hizo. Al respecto, encuentra la Sala, de la revisión de los estatutos obtenidos de la página web oficial de la corporación autónoma que no regula este aspecto, lo que se corrobora incluso con el Acuerdo No. 200-3-2-19-004 del 25 de octubre de 2019, de Corporinoquía, “por medio del cual se resuelve la recusación presentada en contra de un miembro del Consejo Directivo”, dictado en el trámite administrativo que concluyó con el acto de designación que se pide suspender y que da cuenta que en lo referente al trámite que debe aplicarse a las recusaciones, esa Corporación Autónoma, acude al artículo 12 del CPACA. Así las cosas, no hay duda que es lo procedente revisar la actuación del Consejo Directivo a la luz del artículo 12 del CPACA. (…). Establecido lo anterior, resta a la Sala determinar si el número de recusaciones presentadas afecta el quórum requerido para su resolución, pues conforme la tesis de la Sala en caso de que así suceda, estas deberían ser remitidas a la Procuraduría General de la Nación. Para tal efecto, nuevamente se requiere acudir a los estatutos de Corporinoquía, el cual en su artículo 29 dispone que “el consejo directivo podrá reunirse, deliberar y adoptar decisiones válidamente, con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros”, esto será con un mínimo de 9 integrantes. En este orden de ideas, acudiendo al acta de 30 de octubre de 2019, en la que el Consejo Directivo de Corporinoquía se reunió para decidir lo pertinente a la elección de DORIS BERNAL CÁRDENAS y decidió las recusaciones, se advierte que (…) asistieron 15 miembros a la sesión, de los cuales 10 estaban recusados, quedando sin limitación para participar 5 consejeros. Así las cosas, (…), las recusaciones presentadas, en este preciso caso, afecta el quórum establecido por el estatuto de Corporinoquía, para que el Consejo Directivo pudiera reunirse, deliberar y adoptar decisiones válidas, como lo ordena su artículo 29. Lo anterior, sin lugar a dudas, al menos en esta instancia procesal, demuestra el yerro al que alude el demandante en su petición cautelar, pues claramente los miembros del Consejo Directivo no podían resolver las recusaciones, pues conforme a lo ya explicado, cuando dichas solicitudes afectan el quórum las mismas deben remitirse a la Procuraduría General de la Nación, para su resolución, y mientras tanto el procedimiento administrativo quedará suspendido, todo lo cual en este caso se omitió y lo cual conlleva a que esta Sala deba decretar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto de designación de la señora DORIS BERNAL CÁRDENAS como Directora General de Corporinoquía. Ahora, en cuanto a la presunta falta de requisitos de la demandada, en lo concerniente a la demostración de la experiencia relacionada, la Sala advierte que se trata de un cargo que debe ser materia de la sentencia que ponga fin al proceso, (…), lo que no corresponde decidir en esta precaria instancia del proceso, pues requiere del respectivo debate probatorio. En conclusión la Sala suspenderá los efectos jurídicos del Acuerdo No. 200-3-2-19-005 de 30 de octubre de 2019, “por medio del cual se designa al director general de la Corporación Autónoma Regional de La Orinoquía -Corporinoquía-, para el periodo 2020-2023”, por el yerro en que se incurrió en el trámite de las recusaciones, conforme lo ya explicado.NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al hecho de que ante la falta de regulación del trámite de las recusaciones presentadas contra los integrantes del Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, se debe acudir al previsto en el CPACA, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 23 de junio de 2016, radicación 11001 - 03-28-000-2016-00008-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Sobre las recusaciones presentadas contra los integrantes del Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales y el hecho de que aquellas se resuelven por el resto de los integrantes siempre y cuando no se afecte el quorum para decidir, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias de 9 de marzo de 2017, radicación 11001-03-28-000-2017-00007-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez y radicación 11001-03-28-000-2016-00082-00, C.P. Rocío Araújo Oñate.

  • Auto nº 11001-03-24-000-2019-00117-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Diciembre de 2019

    COADYUVANCIA - Desistimiento / COADYUVANCIA EN LOS PROCESOS DE SIMPLE NULIDAD - Presupuestos / DESISTIMIENTO DE ACTOS PROCESALES - Recursos, incidentes y excepciones: procedencia / DESISTIMIENTO DE ACTOS PROCESALES - Reglas / DESISTIMIENTO DE LA COADYUVANCIA - Procedente por no afectar las pretensiones de la demanda / CONDENA EN COSTAS - No procede por que no hubo oposición al desistimientoEl artículo 223 de la Ley 1437 de 2011 prevé en su segundo inciso que “El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales permitidos a la parte a la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta”. Por su parte, el artículo 316 del Código General del Proceso, aplicable en los asuntos contencioso administrativo por virtud de la remisión normativa del artículo 306 del CPACA, dispone que “Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas”. En este orden, en consideración a que la manifestación de la coadyuvante no afecta las pretensiones de la demanda, en tanto que solo atañe a su intervención en el proceso, el Despacho aceptará su desistimiento a la coadyuvancia de la acción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del C.G.P. Ahora bien, aunque esta última disposición prevé que el auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, en este caso no se impondrá dicha condena, por tratarse de una manifestación efectuada en el marco del medio de control de nulidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA.

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-04623-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 12 de Diciembre de 2019

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA TRÁMITE ADELANTADO DENTRO DE UN INCIDENTE DE DESACATO - Auto que se abstiene de iniciar el desacato[La Sala deberá determinar] [l]a presunta incursión en temeridad por parte de la demandante, señalada por SANITAS EPS en su contestación a este trámite constitucional; de superarse lo anterior [l]a procedencia de la acción de tutela contra providencias dictadas en su trámite y finalmente, [s]i con la providencia cuestionada proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito, se vulneró alguno de los derechos invocados por la tutelante. (…) [E]sta Sección determina que la [tutelante] no ha empleado el presente mecanismo constitucional para reiterar los argumentos que ya habían sido objeto de debate dentro de la primera acción de tutela. Contrario a lo expuesto por SANITAS EPS, lo que la actora pretende aquí es cuestionar al juez constitucional que se abstuvo de dar trámite a su solicitud de abrir incidente de desacato contra la mencionada entidad prestadora de salud al no acatar las órdenes impartidas el 18 de septiembre de 2019. (…) Con fundamento en el marco conceptual y jurisprudencial expuesto, se concluye que en este caso no existe identidad en el objeto y en el demandado (…), [razón por la que no podría predicarse temeridad alguna en la interposición de la presente acción]. (…) [De otra parte, frente al requisito general de procedibilidad de tutela contra decisiones del mismo trámite,] [l]a Sala no encuentra problema alguno frente a este requisito, pues lo que alega el tutelante es que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta debió dar trámite a su solicitud de abrir el incidente de desacato ante el presunto incumplimiento de SANITAS EPS con relación a la entrega de la autorización de servicios vigente, situación que encuadra en la subregla de procedencia [contenida en la sentencia SU 627 de 2015] (…) que, para el caso en concreto opera por presentarse una actuación con posterioridad a la sentencia y ocurrida en el trámite de incidente de desacato. (…) [A juicio de la Sala,] las pretensiones señaladas por la actora para dar apertura al incidente de desacato no se encontraban llamadas a prosperar, la primera de ellas, relacionada con la entrega de la autorización de servicios, por cuanto esta le había sido entregada previamente al trámite incidental; respecto de la segunda, esto es, el reconocimiento de viáticos, no era dable su apertura por cuanto esto no fue objeto de debate en aquel mecanismo constitucional, razón suficiente para que la Sala deniegue el amparo con relación a estas pretensiones.AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO[Ahora bien, frente a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, la Sala observa] que como quiera que el 5 de noviembre de 2019 la entidad demandada contestó el derecho de petición presentado por la actora, si bien este fue presentado extemporáneo y ante lo cual se hace un llamado de atención a la entidad para que en futuras ocasiones garantice las respuestas oportunas y así salvaguardar este derecho fundamental, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado por cuanto el derecho de petición ya fue contestado y enviado al correo electrónico de la tutelante.

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