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  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-02239-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA) del 04-06-2020

    MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL SANITARIO – Para evitar la propagación del CORONAVIRUS COVID 19 / UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC – Circular dirigida a los empleados sobre cumplimiento de la Circular conjunta 100-006 de 2020 / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – De la Circular 000027 de 2020 expedida por una autoridad del orden nacional / IMPROCEDENCIA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE LEGALIDAD DE CIRCULAR – Porque no tiene como propósito reglamentar un decreto legislativo expedido con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – No avoca conocimiento[S]e colige que la Circular nro. 000027 no tiene como propósito reglamentar un decreto legislativo expedido con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. Por el contrario, la finalidad de dicho acto es informar a las organizaciones sindicales que la instalación e inicio de la “mesa para discutir el pliego, se programará para el próximo 31 de mayo”; de conformidad con la Circular Conjunta nro. 100-006-2020 proferida por el Ministro de Trabajo y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública […] Pese a que el acto alude al Decreto 593 del 24 de abril de 2020, éste no es un decreto legislativo, puesto que las facultades invocadas para su expedición se circunscribieron, como allí mismo se indica, al “numeral 4 del artículo 189, artículos 303 y 315, de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016”, las cuales están relacionadas con las facultades del presidente para conservar y restablecer el orden público y las atribuciones de los alcaldes y gobernadores en ese sentido y, en todo caso, se itera que la mencionada circular fue expedida con el fin de comunicar cuándo se haría la instalación e iniciación de las negociaciones con las organizaciones sindicales. Asimismo, se hizo mención a la Resolución nro. 385 del 12 de marzo de 2020, “por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social; no obstante, las medidas previstas en tal resolución (nro. 385) no son desarrollo del decreto legislativo 417, el cual declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica. Por los motivos explicados, no es procedente el control inmediato de legalidad de la Circular 000027 del 29 de abril de 2020 y por ello no se avocará el conocimiento de este asunto.CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – ReglasEn consonancia con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, “Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia”, el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011 establece que las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, que será ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia ahí establecidas, y que las respectivas autoridades enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes ; de no efectuarse el envío, la autoridad judicial aprehenderá de oficio su conocimiento. […] En tal medida, el control inmediato de legalidad asignado a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en particular al Consejo de Estado, se efectúa respecto de los actos de carácter general dictados en ejercicio de la función administrativa que constituyan el desarrollo de los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción. En consecuencia y según lo previsto por el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, para la procedencia de este medio de control debe tratarse de: (i) actos generales expedidos en ejercicio de la función administrativa, y (ii) que desarrollen decretos legislativos, esto es, decretos con fuerza de ley expedidos por el Gobierno Nacional al amparo del decreto que declara el estado de excepción, sin que en ellos esté comprendido el mismo “decreto legislativo” que hace dicha declaratoria, pues el desarrollo inmediato de éste no se produce a través de actos administrativos generales.

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-02237-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 4) del 03-06-2020

    CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Factores de competencia / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - No avoca conocimiento de la circular 000024 del 3 de abril de 2020[E]l control inmediato de legalidad, asignado al Consejo de Estado, pende en forma concurrente, de tres clases de factores competenciales: un factor subjetivo de autoría, en tanto el acto a controlar debe ser expedido por una autoridad nacional; un factor de objeto, que recaiga sobre acto administrativo general y un factor de motivación o causa y es que provenga o devenga, del ejercicio de la “función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción” (art. 136 inc. 1° CPACA). (…). [E]l asunto que ha sido repartido a esta Sala Especial de Decisión y sobre el cual el Consejo de Estado debería ejercer el control inmediato de legalidad se focaliza en la circular 000024 del 3 de abril de 2020, lo que demuestra el cumplimiento del factor subjetivo, pues el acto de creación de la USPEC -Decreto 4150 de 2011 - señala que se trata de una autoridad del orden nacional. Al revisar el cumplimiento del factor de objeto, que recaiga sobre acto administrativo general, esta Sala Unitaria evidencia que el mismo no se cumple en el caso en estudio. (…). [E]l estudio del control inmediato de legalidad debe recaer en un acto administrativo de carácter general, condición incumplida por la referida circular 000024 de 3 de abril de 2020, pues, en realidad, no crea, modifica o extingue situación jurídica alguna, razón por la cual no es un acto administrativo propiamente dicho. En efecto, de su contenido se advierte que se dirige a los servidores públicos de la USPEC e indica la forma de garantizar la prestación del servicio durante el período de Semana Santa. (…). [S]e trata de una circular de carácter informativo que carece de la característica crear, modificar o extinguir alguna situación o de conllevar consecuencia jurídica a sus destinatarios. (…). [M]ás allá de la denominación que se le dé al acto, en todos los casos, lo que corresponde es identificar si contiene las características propias de un acto administrativo, como lo son que se trata de la manifestación unilateral de la administración por medio de la cual cree, modifique o extinga situaciones jurídicas con sus respectivos efectos en el ordenamiento. (…). [L]a circular 000024 de 3 de abril de 2020, (…), en modo alguno, regula situaciones generales y abstractas que deriven en consecuencias jurídicas, lo que demuestra el no cumplimiento del factor objeto -que se trate de un acto administrativo de carácter general- que requiere el control inmediato de legalidad, para su procedencia. (…). [E]l Despacho considera necesario aclarar que es viable que una Circular sea objeto de análisis de legalidad, incluso desde el medio de control de nulidad (antes nulidad simple), solo que debe cumplir con ciertos requerimientos o elementos en su esencia para dar viabilidad a dicho control abstracto. (…). Para la Sala Especial de Decisión, la Circular en revisión, como se explicó en precedencia, al reflejar tan solo decisiones anteriores y no adoptar autónomamente ningún juicio resolutorio y al contener simplemente meras instrucciones, sin buscar crear, extinguir o modificar alguna situación jurídica. (…). Queda claro entonces, que al Consejo de Estado no le compete avocar el conocimiento del asunto por vía del control inmediato de legalidad pues la circular 000024 de 3 de abril de 2020 no reúne los presupuestos para ser considerado un acto administrativo, por lo que no es enjuiciable mediante este medio de control.NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al carácter jurídico de las circulares administrativas, consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “B”, Rad. 08001-23-31-000-2010-00135-01, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-01166-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 4) del 03-06-2020

    CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Remite para acumulación[P]ara dar curso al auto de 28 de mayo de 2020 proferido por el Magistrado Ramiro Pazos Guerrero (Sala Doce), mediante el cual decidió decretar la acumulación de varios procesos, (…), el Despacho dando cumplimiento al artículo 150 del CGP, norma específica para el trámite de acumulación de procesos, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, (…) ENVÍESE el vocativo de la referencia al Despacho del Magistrado Pazos Guerrero.

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-02234-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA) del 02-06-2020

    MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL SANITARIO – Para evitar la propagación del coronavirus COVID 19 / SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE – Circular dirigida a las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, empresas de servicios públicos de transporte terrestre automotor especial, terminales de transporte terrestre, autoridades y organismos de tránsito y autoridades de transporte, y en la cual se imparten instrucciones relacionadas con la coordinación de despachos de vehículos para el transporte de pasajeros durante el período de aislamiento preventivo obligatorio / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Competencia / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Presupuestos de procedibilidad / CIRCULAR DE INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA COORDINACIÓN DE DESPACHOS DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS – No adopta medidas de carácter general / IMPROCEDENCIA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE LEGALIDAD DE CIRCULAR – Porque no adopta una medida de carácter general, no se expidió en el marco del estado de excepción ni como desarrollo de un decreto legislativo / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – No avoca conocimiento[E]l Despacho pone de relieve el hecho consistente en que la Circular Externa Número 0006 de 15 de mayo de 2020, expedida por el Superintendente de Transporte, no adopta ninguna medida general en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de decretos legislativo durante el estado de excepción. En efecto, se trata de una circular dirigida única y exclusivamente a las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera y a las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor especial, en cuanto a su operación se refiere. Aunado a lo anterior, el acto administrativo se fundamentó en lo dispuesto en el ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 4º del artículo 189, en los artículos 303 y 315 de la Carta Política, así como en el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, lo que significa que se sustentó en atribuciones relacionadas con la conservación del orden público y con la convivencia en todo el territorio nacional, por lo que no se expidió con base en el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional ni tampoco en algún decreto legislativo que lo desarrollara. Así las cosas, considera el despacho que se no cumplen los presupuestos para efectos de avocar el conocimiento del control de legalidad respecto del citado acto administrativo, en tanto no se configuran los requisitos de que tratan los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del CPACA.EMERGENCIA SANITARIA – Medidas / MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL SANITARIO – Para evitar la propagación del coronavirus COVID 19 / ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA – Declarado mediante Decreto 417 de 2020El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y ordenó, entre otras medidas, que los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces, tienen el deber de adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. El Presidente de la República, mediante el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, con sustento en las facultades que le confieren los artículos 215 de la Carta Política y la Ley 137 de 1994, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de dicho decreto. La declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica autoriza al Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, para dictar decretos con fuerza de ley con miras a “(…) fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, así como a mejorar la situación de los contagiados y evitar una mayor propagación del COVID-19 (…)”.

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-02201-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 4) del 02-06-2020

    CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Factores de competencia / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - No avoca conocimiento de la resolución No. 211 del 15 de abril de 2020[E]l control inmediato de legalidad, asignado al Consejo de Estado, pende en forma concurrente, de tres clases de factores competenciales: un factor subjetivo de autoría, en tanto el acto a controlar debe ser expedido por una autoridad nacional; un factor de objeto, que recaiga sobre acto administrativo general y un factor de motivación o causa y es que provenga o devenga, del ejercicio de la “función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción” (art. 136 inc. 1° CPACA). (…). [E]l asunto que ocupa la atención del Despacho y sobre el cual el Consejo de Estado debería ejercer el control inmediato de legalidad se focaliza en la resolución 211 de 15 de abril de 2020 suscrita por la Directora General (E) de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, “Por medio de la cual se justifica la contratación directa”. (…). Para el Despacho, aunque el referido acto administrativo resuelve sobre el uso de una modalidad de selección contractual, lo que conlleva su carácter general, y fue expedido por una autoridad nacional, no se cumple con el factor motivación o causa, comoquiera que no proviene del ejercicio de la “función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción” (art. 136 inc. 1° CPACA). (…). [S]u fundamento jurídico-normativo es incluso anterior al Decreto de Declaratoria de Emergencia, que fue expedido por el señor Presidente de la República el 17 de marzo de 2020 y versa en forma exclusiva sobre temas contractuales comunes. (…). [P]ara el Despacho es claro que la Resolución analizada, en su contenido, trata exclusivamente aspectos contractuales comunes u ordinarios, que en nada están en conexidad con la situación de excepción generada por la pandemia del COVID-19, siendo su única coincidencia el que resultó expedida durante el tiempo de anormalidad o de excepción y dentro del espectro temporal de la Declaratoria del Estado de Emergencia, menos aún se correlaciona con cualquiera de los Decretos Legislativos -desarrollos de éste-, de ahí que ninguna alusión a ellos se haya efectuado en la resolución 000211 de 15 de abril de 2020. Ello no obsta, para indicarle a la entidad, que la decisión de no avocar el control inmediato de legalidad no constituye aval o validación de la legalidad del acto que se ha observado por el Despacho y, por ende, recordarle el sumo cuidado que debe tener en una materia tan sensible como la contratación, en el entendido de que si bien la Declaratoria de Estado de Excepción da un margen de discrecionalidad y aúpa poderes extraordinarios en el ejecutivo y, en forma escalonada, en las autoridades administrativas que le siguen en el organigrama de la función pública, lo cierto es que el espectro de control constitucional, político y de legalidad, en modo alguno cede, por lo que si algún asunto se sale del cauce del derecho, independientemente de que el control inmediato de legalidad no sea susceptible de ejercerse por las razones expuestas, las actividades contra derecho generarán las consecuencias correspondientes, en el entendido que no se puede hacer uso de los poderes del estado de anormalidad para soslayar lo que debe ir conforme al bloque de legalidad. (…). [D]e conformidad con las consideraciones precedentes, el Consejo de Estado no avocará por vía del control inmediato de legalidad el conocimiento de la resolución 211 de 15 de abril de 2020 de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-02077-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA) del 02-06-2020

    MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL SANITARIO – Para evitar la propagación del coronavirus COVID 19 / AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR – Circular dirigida a los servidores públicos y contratistas de la entidad, mediante la cual establece directrices sobre el impuesto solidario COVID 19 / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Competencia / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – De la Circular 044 de 2020 expedida por una autoridad del orden nacional / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Presupuestos de procedibilidad / IMPROCEDENCIA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE LEGALIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO – Porque no contiene medidas de carácter general / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – No avoca conocimiento[E]l Despacho pone de relieve el hecho consistente en que si bien es cierto que la Circular No. 044 de 30 de abril de 2020, expedida por la presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, tiene como fundamento lo dispuesto en el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, a través del cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, también lo es que la misma: (i) no contiene una decisión susceptible de control ante la jurisdicción contenciosa administrativa, al tenor de lo dispuesto en los artículos 104 y siguientes del CPACA, y (Ii) su contenido no guarda relación con una medida de carácter general. En efecto, el Despacho advierte que se trata de una circular informativa sobre la creación del impuesto solidario por el Covid -19, en la que simplemente se transcribe el contenido del Decreto Legislativo 568 de 15 de abril de 2020, en lo atinente a los sujetos pasivos, el hecho generador, la base gravable y la tarifa para el recaudo del tributo, sin que en ella se haya adoptado decisión alguna. Sumado a lo anterior, la circular no contiene una medida de carácter general, en tanto se encuentra dirigida única y exclusivamente a los servidores públicos y contratistas de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, tal y como se evidencia del epígrafe de la misma, en donde textualmente se indica: “PARA: Servidores públicos, contratistas”. Así las cosas, considera el despacho que se no cumplen los presupuestos para efectos de avocar el conocimiento del control de legalidad respecto de la Circular No. 044 de 30 de abril de 2020, en tanto no se configuran los requisitos de que tratan los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del CPACA.EMERGENCIA SANITARIA – Medidas / MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL SANITARIO – Para evitar la propagación del coronavirus COVID 19 / ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA – Declarado mediante Decreto 417 de 2020El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y ordenó, entre otras medidas, que los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces, tienen el deber de adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. El Presidente de la República, mediante el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, con sustento en las facultades que le confieren los artículos 215 de la Carta Política y la Ley 137 de 1994, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de dicho decreto. La declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica autoriza al Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, para dictar decretos con fuerza de ley con miras a “(…) fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, así como a mejorar la situación de los contagiados y evitar una mayor propagación del COVID-19 (…)”.

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-02221-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA) del 02-06-2020

    MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL SANITARIO – Para evitar la propagación del CORONAVIRUS COVID 19 / UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA DE LA POLICÍA NACIONAL – Resolución por la cual se declara Urgencia Manifiesta para la adquisición de insumos, elementos de protección personal, equipos, prestación de servicios de salud, adición de contratos y demás contratos necesarios para afrontar la pandemia COVID 19 / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Competencia / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – De la Resolución 174 de 2020, acto de carácter general, expedida por una autoridad del orden nacional, en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de un decreto legislativo / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Avoca conocimiento[L]a Resolución 174 de 31 de marzo de 2020 es un acto de carácter general dictado por una autoridad nacional en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo del Decreto Legislativo 440 de 20 de marzo de 2020, expedido durante el Estado de Excepción, por lo cual esta Corporación avocará el conocimiento del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, a efectos de efectuar el control inmediato de legalidad de dicho acto. Se pone de relieve que, en sesión virtual número 10 llevada a cabo el 1º de abril del año en curso, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado aprobó “asignar los controles inmediatos de legalidad a las salas especiales de decisión, de conformidad, entre otros, con los artículos 107-4, 185-1 y 111-8 del CPACA y 23, 29-3 y 42 del Acuerdo 080 de 2019”. Por ende, el conocimiento del control de legalidad que nos ocupa corresponde a la Sala 18 Especial de Decisión, en la cual el Consejero Ponente que suscribe esta decisión actúa como presidente.CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – ReglasEn armonía con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, “Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia”, el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011 establece que las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento. En el artículo 185 del ibídem se establece el trámite procesal que debe seguir el referido medio de control.

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-02077-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA) del 02-06-2020

    MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL SANITARIO – Para evitar la propagación del coronavirus COVID 19 / UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC – Resolución por la cual se transfiere al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, el reconocimiento y contabilización del gasto, por concepto de mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios a nivel Nacional / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Competencia / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – De la Resolución 000235 de 2020 expedida por una autoridad del orden nacional / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Presupuestos de procedibilidad / IMPROCEDENCIA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE LEGALIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO – Porque no adopta una medida de carácter general, no se expidió en el marco del estado de excepción ni como desarrollo de un decreto legislativo / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – No avoca conocimientoEn cuanto al requisito atinente a que la Resolución Número 000235 de 30 abril de 2020 fuese expedida como desarrollo de un estado de excepción, el Despacho pone de relieve el hecho consistente en que la misma se fundamentó en los artículos 113 de la Constitución Política, 6º de la Ley 489 de 1998, así como en el artículo 3º de la Ley 610 de 2000, todas ellas relativas a la gestión fiscal. Es así como el Despacho resalta que el acto administrativo no se expidió en el marco del estado de excepción al que hace referencia el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, ni tampoco como desarrollo de un decreto legislativo dictado al amparo del mismo, razón por la cual no puede ser susceptible del control inmediato de legalidad. Aunado a lo anterior, resulta evidente que tampoco se trata una medida de carácter general, en tanto con ella se pretende corregir imprecisiones de orden contable y presupuestal entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, con ocasión del mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional, actividades realizadas durante los años 2018 y 2019. Así las cosas, considera el despacho que se no cumplen los presupuestos para efectos de avocar el conocimiento del control de legalidad respecto del citado acto administrativo, en tanto no se configuran los requisitos de que tratan los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 del CPACA.EMERGENCIA SANITARIA – Medidas / MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL SANITARIO – Para evitar la propagación del coronavirus COVID 19 / ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA – Declarado mediante Decreto 417 de 2020El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y ordenó, entre otras medidas, que los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces, tienen el deber de adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. El Presidente de la República, mediante el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, con sustento en las facultades que le confieren los artículos 215 de la Carta Política y la Ley 137 de 1994, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de dicho decreto. La declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica autoriza al Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, para dictar decretos con fuerza de ley con miras a “(…) fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, así como a mejorar la situación de los contagiados y evitar una mayor propagación del COVID-19 (…)”.

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-02229-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 4) del 02-06-2020

    CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD – Factores de competencia / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - No avoca conocimiento de la circular 038 del 28 de abril de 2020[E]l control inmediato de legalidad, asignado al Consejo de Estado, pende en forma concurrente, de tres clases de factores competenciales: un factor subjetivo de autoría, en tanto el acto a controlar debe ser expedido por una autoridad nacional; un factor de objeto, que recaiga sobre acto administrativo general y un factor de motivación o causa y es que provenga o devenga, del ejercicio de la “función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción” (art. 136 inc. 1° CPACA). (…). [E]l asunto que ha sido repartido a esta Sala Especial de Decisión y sobre el cual el Consejo de Estado debería ejercer el control inmediato de legalidad se focaliza en la circular 038 de 28 de abril de 2020, la cual fue expedida por la Agencia de Desarrollo Rural, (…), se trata de una “…agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, (…)”, lo que demuestra el cumplimiento del factor subjetivo, al tratarse de una autoridad del orden nacional. Ahora bien, dentro de la motivación o propósito de la resolución en conocimiento se advierte que tiene como fundamento los Decretos 417 y (…) el (…) "Decreto 491 de 2020 Emergencia Sanitaria COVID-19". (…). En este punto, advierte el Despacho que no está acreditado el factor objetivo necesario para avocar el conocimiento del control inmediato de legalidad de la circular 038 de 28 de abril de 2020, pues no se trata de un acto administrativo. (…). [E]l estudio del control inmediato de legalidad debe recaer en un acto administrativo de carácter general, condición incumplida por la circular 038 de 28 de abril de 2020, pues, (…) se trata de una circular de carácter informativo que carece de la característica crear, modificar o extinguir alguna situación o de conllevar consecuencia jurídica a sus destinatarios. (…). [M]ás allá de la denominación que se le dé al acto, en todos los casos, lo que corresponde es identificar si contiene las características propias de un acto administrativo, como lo son que se trata de la manifestación unilateral de la administración por medio de la cual cree, modifique o extinga situaciones jurídicas con sus respectivos efectos en el ordenamiento. [L]a circular 038 de 28 de abril de 2020, (…), en modo alguno, regula situaciones generales y abstractas que deriven en consecuencias jurídicas, lo que demuestra el no cumplimiento del factor objeto -que se trate de un acto administrativo de carácter general- que requiere el control inmediato de legalidad, para su procedencia. (…). Para la Sala Especial de Decisión, la Circular en revisión, como se explicó en precedencia, al reflejar tan solo decisiones anteriores y no adoptar autónomamente ningún juicio resolutorio y al contener simplemente meras instrucciones, sin buscar crear, extinguir o modificar alguna situación jurídica, (…), dan cuenta de que se trata de conductas y actividades de ejecución y de simple verificación. (…). Queda claro entonces, que al Consejo de Estado no le compete avocar el conocimiento del asunto por vía del control inmediato de legalidad pues la circular 038 de 28 de abril de 2020 no reúne los presupuestos para ser considerado un acto administrativo, por lo que no es enjuiciable mediante este medio de control.NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al carácter jurídico de las circulares administrativas, consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “B”, radicación 08001-23-31-000-2010-00135-01, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

  • AUTO nº 11001-03-15-000-2020-02189-00 de Consejo de Estado (SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) del 01-06-2020

    CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - No avoca conocimientoCONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Competencia / CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Actos sobre los cuales recae / ESTADO DE EXCEPCIÓN - Control de los actos administrativos a través de los cuales se concretaEl artículo 136 de la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” prevé que el Consejo de Estado efectuará un control inmediato de legalidad sobre las medidas de carácter general emanadas de autoridades nacionales, que sean expedidas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción.CIRCULAR 01-3-2020-000085 DEL 6 DE MAYO DE 2020 - No procede control automático de legalidad / IMPROCEDENCIA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE LEGALIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO - Porque no desarrolla los decretos legislativos expedidos en el marco del estado de excepciónEn el caso particular, advierte el Despacho que la Circular n. º 01-3-2020-000085 del 6 de mayo de 2020 no es objeto del control inmediato de legalidad, por las siguientes razones: i) El acto es de contenido general y fue expedido por una autoridad del orden nacional; sin embargo, no desarrolla los decretos legislativos expedidos en el marco del respectivo estado de excepción. ii) Si bien el acto sostiene que en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se hace necesario implementar cambios en el modelo de formación técnica y profesional, lo cierto es que aquel no guarda identidad material con los móviles para la expedición de los decretos legislativos proferidos en el marco del estado de excepción, y tampoco desarrolla su contenido, en cuanto se limita a fijar unas pautas para la oferta y publicidad de programas de formación.CIRCULAR 01-3-2020-000085 DEL 6 DE MAYO DE 2020 - Puede ser objeto de los medios de control que sean procedentes / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO JUDICIAL - Se levantó para los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad y de nulidad simple contra los actos administrativos que hayan sido expedidos con posterioridad a la declaratoria de la emergencia sanitariaLo anterior no significa que la Circular n.º 01-3-2020-000085 del 6 de mayo de 2020 no pueda ser objeto de control por parte de esta Jurisdicción a través de los medios de control que sean procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del CPACA, en concordancia con los artículos 135 y 137 ibídem. En efecto, mediante Acuerdos n.º PCSJA20-11546 del 25 de abril y PCSJA20-11549 del 7 de mayo de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura levantó la suspensión de términos para los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad y de nulidad simple contra los actos administrativos que hayan sido expedidos con posterioridad a la declaratoria de la emergencia sanitaria adoptada por el Ministerio de Salud.MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / ACCESO A MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL PROCESO / USO DE NUEVAS TECNOLOGÍASEs importante precisar que el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011 determina que todas las actuaciones susceptibles de surtirse de forma escrita se podrán realizar a través de medios electrónicos, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta. Además, mediante Decreto legislativo n.º 491 del 28 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional estableció que todas las autoridades velarán porque se presten los servicios a su cargo utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, en aras de preservar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

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