Consejo de Estado - Jurisprudencia
      • Consejo de Estado

Últimos documentos

  • Auto nº 11001-03-28-000-2019-00088-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 11 de Marzo de 2020

    SOLICITUD DE COADYUVANCIA - Se acepta al encontrarse en el momento procesal pertinente / TERMINACIÓN DEL PROCESO POR ABANDONO - Se niega la solicitud de terminación y archivo del proceso al haberse acreditado la notificación personal del auto admisorio al demandadoEl señor Johann Wolfgnang Patiño Cárdenas mediante escrito (…), manifestó su intención de ser tenido como coadyuvante dentro de este proceso y además, solicitó que se archive el expediente de conformidad con lo establecido en el literal g) del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011 en la medida en que la demandante no cumplió con la carga de acreditar las publicaciones de prensa requeridas para surtir la notificación del auto admisorio de la demanda. Sobre la oportunidad de la intervención de coadyuvantes en materia electoral, el artículo 228 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone: “En los procesos electorales cualquier persona puede pedir que se le tenga como impugnador o coadyuvante. Su intervención solo se admitirá hasta el día inmediatamente anterior a la fecha de celebración de la audiencia inicial…” En ese orden de ideas, como la referida solicitud fue presentada de manera previa a la admisión de la demanda es claro que resulta oportuna y por tanto, puede ser tenida en cuenta. (…). Conforme con la norma [artículo 277 de la Ley 1437 de 2011], en los casos en que se demande la nulidad de un acto de elección por las causales 5 y 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, como ocurre en este caso, el auto admisorio de la demanda debe notificarse personalmente al demandado en la dirección suministrada por el demandante. Sólo en el evento en que no se pueda hacer la notificación personal de la providencia en la dirección informada en la demanda o cuando se manifieste que se ignora dicho dato, se debe proceder a la notificación por aviso. (…). En este caso, se advierte que el auto admisorio de la demanda fue notificado personalmente al demandado (…) el 31 de enero de 2020, es decir, dentro de los 2 días siguientes a la expedición de la providencia que data del 30 de enero de 2020. (…). Además, dicha notificación resultó exitosa, toda vez que el demandado contestó la demanda dentro del término legal (…). En tales condiciones, no hay lugar a declarar la terminación del presente proceso por abandono ni a ordenar su archivo.

  • Sentencia nº 11001-03-26-000-2016-00110-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 10 de Marzo de 2020

    ACCIÓN DE REPETICIÓN / AUTO QUE DECIDE RECURSO DE REPOSICIÓN / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / EFICACIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / AUTO QUE NIEGA LA NOTIFICACIÓN / AUTO QUE NIEGA LA NULIDAD PROCESALEn virtud de lo previsto en el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la reposición procede contra los autos no susceptibles de apelación o de súplica. (…) [C]omo el auto que negó decretar la nulidad formulada por la Universidad Popular del Cesar no corresponde a una providencia que deba cuestionarse a través de la apelación o de la súplica, se concluye que la reposición corresponde al mecanismo idóneo para solicitar su modificación o revocatoria.ACCIÓN DE REPETICIÓN / AUTO QUE DECIDE RECURSO DE REPOSICIÓN / TÉRMINO PARA LA REFORMA DE LA DEMANDA / FIJACIÓN EN LISTA - Términos independientes / TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES - No interrumpe el término para reformar la demanda[M]ientras corrió el término para reformar la demanda, también se fijó el lista las excepciones formuladas por el demandado; sin embargo, dado que ambos términos son independientes, el traslado de las excepciones no suspendió ni interrumpió el término para reformar la demanda, esto es, la entidad demandante podía, si a bien lo tenía, reformar la demanda y, además, pronunciarse sobre las excepciones propuestas por el demandado.ACCIÓN DE REPETICIÓN / AUTO QUE DECIDE RECURSO DE REPOSICIÓN / OPORTUNIDAD DE LA NULIDAD PROCESAL - Nulidad por omisión en la solicitud, decreto y práctica de pruebas / NEGACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓNEn consideración a que la Universidad Popular del Cesar, efectivamente, tuvo la oportunidad de reformar la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 173 del CPACA, el Despacho concluye que la causal de nulidad establecida en el numeral 5º del artículo 133, referente a la omisión de “las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas”, no se configuró en el presente asunto y, en consecuencia, no se repondrá el auto recurrido.

  • Auto nº 11001-03-28-000-2020-00051-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 10 de Marzo de 2020

    RECHAZO DE LA DEMANDA - Por haber operado el fenómeno de la caducidad[C]omo la demanda presentada busca que se declare la nulidad de la elección del señor Enrique Cabrales Baquero como representante a la Cámara por la Circunscripción de Bogotá DC para el periodo 2018-2022 y se restaure el orden jurídico, es claro que tales pretensiones son propias del medio de control de nulidad electoral. (…). De acuerdo con lo establecido en la norma [literal a) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011], el término de caducidad en materia electoral es de 30 días, contado a partir de la audiencia o publicación de la elección, según corresponda. (…). [S]e tiene que como el acto de elección del señor Enrique Cabrales Baquero, ahora demandado, data del 10 de abril de 2019, el término de 30 días legalmente establecido para demandarlo estaría dado desde el 11 de abril hasta el 30 de mayo de 2019. Por lo tanto, como la demanda de la referencia fue radicada el 2 de marzo de 2020 (…), es claro que fue presentada fuera del término de caducidad. (…). En consecuencia, al haber sido radicada la demanda luego de que venció el término de caducidad, ésta debe ser rechazada.

  • Auto nº 08001-23-33-000-2015-00690 01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 10 de Marzo de 2020

    AUTO DE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO - ConfirmaAPLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE ULTRACTIVIDADAl proceso de la referencia le son aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda —13 de noviembre de 2015—, correspondientes al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y al Código General del Proceso (CGP), en virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 306 del CPACA.CAUSACIÓN DE INTERESES / LIQUIDACIÓN DE INTERESES / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPOLos procesos ejecutivos en los que el título de recaudo sea una sentencia cuyo procedimiento se haya gobernado por el CCA, pero que la presentación de la demanda se haya efectuado en vigencia del CPACA, se adelantan con las normas previstas en este último de conformidad con la aplicación inmediata de las normas procesales. (…) No obstante lo anterior, el término de exigibilidad de la obligación, así como el cálculo de intereses, en el mismo supuesto, se rige por las normas del CCA, como lo ha reconocido la Sección Tercera. (…) Los intereses moratorios previstos en la Ley 80 de 1993 no son aplicables a la ejecución de sentencias originadas en una controversia contractual. Lo anterior habida consideración de que los primeros rigen el retardo en el cumplimiento de las obligaciones en la ejecución contractual, al tiempo que la sentencia es un título autónomo que se encuentra desligado del contrato, por lo que en dichos casos deberá acudirse a las normas para la ejecución de condenas./ AUTO QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO / INTERESES / LIQUIDACION DEL CREDITO - Dicho acto procesal debe guardar correspondencia con el mandamiento de pagoLa liquidación del crédito es la operación mediante la cual el interesado presenta el balance de la deuda en los términos ordenados por el mandamiento de pago. (…) En ese sentido, el contenido del mandamiento ejecutivo determina los términos a ser tenidos en cuenta al momento de realizar la referida operación; de ahí que la jurisprudencia, en atención a lo dispuesto en la ley, haya resaltado la necesaria correspondencia entre ambos momentos. NOTA DE RELATORÍA: Frente al concepto de la liquidación del crédito y la metodología para su cálculo consultar Auto de 2 de agosto de 2006, exp. 28994. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M. P. HERNÁN RUÍZ BERMÚDEZAUTO QUE NIEGA LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / LIMITES DE LA APELACIÓN / ALCANCE DE LA JUSTICIA ROGADA / APELANTE ÚNICO / / LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO - Su procedencia y cálculo de interés únicamente si se solicitó en la demanda y consecuentemente se libró mandamiento de pago[E]stá acreditado que, tanto en el primer Auto que libró mandamiento de pago (párrafo 2), como en el que lo adicionó (párrafo 4), el juez de primera instancia solo se refirió a “las sumas íntegras indicadas en el laudo arbitral” y al monto de 10 SMMLV —costas del recurso extraordinario de anulación— sin hacer ninguna mención respecto de los intereses que pudieran causarse sobre los anteriores valores. (…)En ese sentido resulta claro que, en la oportunidad debida, el ejecutante no manifestó inconformidad alguna respecto de la omisión del Tribunal de pronunciarse respecto de las pretensiones sobre intereses (segunda y cuarta de la demanda ejecutiva). (…) Por las razones expuestas, efectuar la liquidación del crédito en esta sede atentaría contra la condición de apelante único del ejecutante, pues implicaría negar cualquier reconocimiento por concepto de intereses por haberse omitido su inclusión en el mandamiento de pago. En tal sentido se impone confirmar la decisión de 13 de agosto de 2019.

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-03079-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 10 de Marzo de 2020

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / INEXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL - Trámite del medio de control de nulidad electoral fue agotado / DERECHO FUNDAMENTAL A LA OPOSICIÓN POLÍTICA - Derecho fundamental autónomoEn este especialísimo caso y de manera excepcional se considera necesario hacer un pronunciamiento de fondo porque se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, a saber: (i) porque se trata de la hermenéutica propia de las normas constitucionales, (ii) porque la acción de tutela presentada ha solicitado la protección del ejercicio de la oposición que en el ordenamiento jurídico colombiano ha sido elevado al rango de un «derecho fundamental autónomo» que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas. Por otra parte, es importante recordar que el medio de control de nulidad electoral se tramita en única instancia, tal y como indica el ordinal 3.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, de allí que la ciudadana Ángela María Robledo Gómez no dispone de otro mecanismo judicial idóneo, razón que fortalece la necesidad de intervención excepcional del juez de tutela. (…) La naturaleza «autónoma» del derecho de la oposición es precisamente el punto de realce o plus de su fundamentalidad, entre otras razones, porque: (i) No depende de ningún otro derecho (conexidad, simultaneidad, etc.). (ii) Es singular porque es único, diferente. (iii) Es novedoso porque es de reciente data, a partir de la Ley 1909 de 2018. (iv) Es integral, pleno o completo y por tanto minimiza cualquier intervención o confluencia con otras normas que desvirtúen su esencia con el pretexto de llenar vacíos. (v) Prima facie, no es permeable a otras regulaciones constitucionales o legales de carácter restrictivo. (vi) Tiene un titular claramente identificado. (vii) Un objeto de protección delimitado. (viii) La protección es por vía directa lo que incluye la tutela. Este marco autoriza al juez de tutela para analizar el caso con los parámetros antes indicados puesto que se trata de un derecho fundamental autónomo que «goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas».ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL - Sentencia de única instancia que declaró la nulidad electoral / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA OPOSICIÓN POLÍTICA / DOBLE MILITANCIA - Norma que la contempló no previó la transversalidad ni singularidad de la figura / APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PONDERACIÓN - Derecho fundamental a la oposición política versus prohibición de doble militancia / DERECHO FUNDAMENTAL A LA OPOSICIÓN POLÍTICA - Primacía dentro del casoLa sentencia de nulidad electoral proferida el 25 de abril de 2019 por la Sección Quinta del Consejo de Estado se fundamenta esencialmente en que en el acto legislativo de 2015 guardó silencio respecto de la aplicación del régimen de doble militancia. Para ello puntualizó dos razones: (i) El derecho personal que tiene el candidato a la curul en el senado en virtud del artículo 112, superior, no puede «tenerse como excepción al régimen de la doble militancia, dado que las normas constitucional y legal no establecieron ninguna limitación en este sentido». (ii) El Acto Legislativo 2 de 2015 no incluyó modificación al régimen de la doble militancia, «por lo cual es claro que también es aplicable a los candidatos a estos cargos públicos». Es evidente que la sentencia de nulidad electoral cuestionada presenta una interpretación sistemática de las normas constitucionales bajo el supuesto de que, por un lado, el silencio implica un vacío normativo el cual debe llenarse y, del otro, que las normas constitucionales no tienen jerarquías formales en su interior. Al respecto el juez de tutela considera que si bien es cierto no existen jerarquías formales, sí es verdad que se han construido jerarquías interpretativas o axiológicas, en las que la ponderación resulta el ejercicio hermenéutico más útil para resolver casos difíciles como el que nos ocupa. Para tal efecto, lo primero que debemos señalar es que en la Constitución Política de Colombia no hay un monismo sino pluralismo de fines. Por ello, no podría decirse que los fines perseguidos por las normas que prohíben la doble militancia es absolutamente transversal o aplicable a una institución singular como la que corresponde a la curul prevista en el artículo 112, superior. De allí que sea necesario realizar la ponderación o balanceo de valores, principios e intereses que en un momento determinado pueden resultar contrapuestos. En este caso se aborda directamente la ponderación en sentido estricto puesto que se trata de normas constitucionales, en las que es necesario determinar el mayor peso de los valores que en este caso resultaron en contraposición, a saber: (i) La prohibición de la doble militancia que tiene como principal valor la protección de la confianza de la ciudadanía depositada en las personas que se postulan bajo las banderas de un partido o movimiento político determinado. Por esta razón se ha dicho que se expresa en dos garantías: (1) Protege y fortalece el régimen de bancadas en las corporaciones públicas; (2) garantiza la vigencia del voto programático y la imposición del programa de gobierno por mandato electoral a alcaldes y gobernadores. (ii) El derecho fundamental autónomo de la oposición del cual se deriva el «derecho personal» a ocupar una curul por obtener la segunda votación en las elecciones presidenciales, que tiene implícito el valor de la democracia participativa y pluralista. Al hacer el ejercicio de ponderación para este juez de tutela, el resultado de la ecuación es favorable al amparo del «derecho fundamental autónomo» y por tanto debe retroceder la prohibición de la doble militancia.

  • Auto nº 25000-23-36-000-2020-00103-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 9 de Marzo de 2020

    ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS / SOLICITUD DE LIBERTAD PROVISIONAL POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS / AUDIENCIA PRELIMINAR PARA RESOLVER SOBRE LA LIBERTAD PROVISIONAL - No se llevó a cabo por fuerza mayor / AUDIENCIA PRELIMINAR PARA RESOLVER SOBRE LA LIBERTAD PROVISIONAL - Se fijó nueva fecha para su realización / COMPETENCIA DEL JUEZ NATURAL - Para resolver sobre la libertad del accionante / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTADEn el caso sub examine, [el Actor] alega que no ha sido posible obtener su libertad a través del procedimiento penal ordinario en la medida en que los operadores judiciales han impedido que se realice la audiencia preliminar de libertad por vencimiento de términos. (…) El Despacho, al analizar los medios de convicción allegados al proceso, encuentra que los motivos por los que no se ha realizado la referida audiencia no han sido, en ningún caso, atribuibles a las autoridades judiciales. Esto, toda vez que, la audiencia programada para el 27 de junio de 2019 fue cancelada por el desistimiento del propio imputado; y, aquella prevista para el 26 de febrero de 2020, fue postergada ante la imposibilidad del procesado de asistir por un motivo de fuerza mayor. De hecho, el Juzgado Catorce Penal Municipal de Control de Garantías volvió a programar la diligencia para el pasado 6 de marzo de 2020 a las 3:00 pm; es decir, mientras el presente trámite constitucional se tramitaba, lo que evidencia la intención de la referida autoridad de que efectivamente se lleve a cabo. Así las cosas, en el caso concreto, [el Actor] ya está haciendo uso de los mecanismos que le ofrece el procedimiento penal para solicitar su libertad; y el Despacho no encontró demostrado que la decisión sobre la solicitud de libertad se hubiera proferido como consecuencia del actuar irrazonable o arbitrario de los jueces ordinarios, en un claro flagrante desconocimiento del orden jurídico. Por tanto, no resulta procedente que el juez de tutela intervenga en la decisión que corresponde adoptar al juez natural.

  • Auto nº 11001-03-28-000-2019-00061-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 6 de Marzo de 2020

    ACUMULACIÓN DE PROCESOS - Procede al encontrarse reunidos los presupuestos legales para elloEl artículo 282 del CPACA dispone los requisitos que hacen procedente la acumulación de procesos de nulidad electoral, figura procesal que en forma específica es regulada dentro del procedimiento especial y propio de dicho medio de control, por lo que valga aclarar que para los restantes procesos contencioso administrativos hay que remitirse a las normas del Código General del Proceso en sus artículos 148 y siguientes, en virtud de lo ordenando por el artículo 306 del CPACA. (…). [E]l artículo 282 del CPACA impone al operador de la nulidad electoral que debe fallar en una sola sentencia los procesos que se incoen contra el acto de designación, cuando la demanda se fundamente en hechos constitutivos de causales subjetivas, es decir, aquellos atinentes a vicios o falta de requisitos y de calidades del elegido o nombrado o por incurrir en inhabilidades siempre y cuando se refieran a un mismo demandado (inc. 2, art. 282). Lo mismo se predica de aquellas fundadas en las denominadas causales objetivas, relacionadas con irregularidades en el trámite eleccionario. (…). Conviene acotar que el artículo 281 ejusdem establece la Improcedencia de la acumulación de causales de nulidad objetivas y subjetivas. Sin embargo, también se debe advertir que tal restricción opera respecto de las elecciones por voto popular, de suerte que no tiene cabida en procesos como el de la referencia, en los que la designación la define un cuerpo colegiado. (…). Dentro de ese contexto, observa el Despacho que en los procesos radicados con los números 11001-03-28-000-2019-00061-00, 11001-03-28-000-2019-00062-00 y 11001-03-28-000-2019-00089-00 se pretende la NULIDAD del Acuerdo 200-3-2-19-005- del 30 de octubre del año 2019, por medio del cual el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia -Corporinoquia-, designó a DORIS BERNAL CÁRDENAS como directora general de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía para el período 2020-2023. Las demandas se contraen a aspectos que gravitan en torno al cumplimiento del requisito de experiencia por parte de la demandada, el trámite de recusaciones y conflictos de intereses planteados en el curso del proceso de elección, así como la presunta injerencia del entonces gobernador del Casanare para favorecerla. Se trata de causales objetivas y subjetivas, que, como se evidenció, pueden ser tramitadas bajo la misma cuerda procesal, razón por la cual se decretará su acumulación.NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la posibilidad de acumular procesos por causales subjetivas con causales objetivas en las demandas contra actos de nombramiento y de elección por cuerpos colegiados, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 19 de septiembre de 2013, radicación 11001 - 03-28-000-2012-00051-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

  • Auto nº 08001-23-33-000-2016-00678-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 6 de Marzo de 2020

    AUTO QUE DECLARA NO PROBADA LAS EXCEPCIONES DE LA DEMANDAAPLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE ULTRACTIVIDADAl presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA, en consideración a lo establecido en el artículo 308 de dicha normativa, dado que la demanda se presentó el 5 de abril de 2016; así mismo, son aplicables las normas del Código General del Proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 306 del CPACA , en consonancia con la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado proferida en relación con la vigencia de la Ley 1564 de 2012, contentiva del Código General del Proceso .AUTO QUE DECIDE EXCEPCIONES PROCESALES / AUTO QUE RESUELVE EXCEPCIONES / AUTO QUE DECLARA NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE LA DEMANDA / APELACIÓN DEL AUTO EN AUDIENCIA INICIAL / APELACIÓN DEL AUTO / PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DEL AUTO / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓNLa decisión impugnada es pasible del recurso de apelación, según lo dispuesto en el numeral sexto del artículo 180 del CPACA, toda vez que a través de esta se resolvieron las excepciones de falta de legitimación en la causa e inepta demanda, propuestas por las entidades demandadas; adicionalmente, dicho recurso se interpuso y sustentó de manera oportuna, conforme lo señala el artículo 244 ibídem, por lo que el Despacho procederá a resolver la controversia en atención a la competencia que le asignan los artículos 125, 150 y 243 de la referida normativa.CONCEPTO DE EXCEPCIONES PROCESALES / CLASES DE EXCEPCIONES / EXCEPCIONES PREVIAS - Concepto / EXCEPCIONES DE FONDO - . Concepto / CLASES DE EXCEPCIONES DE FONDO / EXCEPCIONES MIXTAS[L]as excepciones son medios de defensa dispuestos por el ordenamiento a favor de los demandados, ya que tienden, o bien a enderezar el procedimiento para evitar nulidades en el mismo, caso en el cual corresponden a impedimentos procesales que no atacan directamente a las pretensiones, o bien a desvirtuar las pretensiones elevadas en su contra por el demandante, en forma definitiva o temporal, caso en el cual constituyen un verdadero ataque a la cuestión de fondo(…) Las excepciones que tienen el carácter de previas buscan el saneamiento del tránsito procesal, para efectos de llevar a buen término el proceso; por su parte, las perentorias se presentan cuando el demandado esgrime hechos distintos de los propuestos por la parte actora y que se dirigen a desconocer o atacar la existencia del derecho reclamado , estas pueden ser definitivas o temporales, ello en consideración a que pueden estar constituidas por situaciones fácticas que i) desvirtúan las pretensiones, al ser demostrativas de la inexistencia del derecho alegado por el demandante, bien sea porque el mismo nunca surgió a su favor o porque, habiendo existido, se extinguió, o ii) son demostrativas de que la reclamación del derecho resulta inoportuna, por estar sujeta a un plazo o condición que no se haya cumplido . (…) las denominadas excepciones mixtas consisten en hechos encaminados directamente a desvirtuar las pretensiones; no obstante, su distinción tiene relación en que son decididas de forma previa. (…) a la luz de la tipología que sobre las excepciones se narró previamente, el legislador estableció en el actual procedimiento contencioso administrativo la resolución de las excepciones en dos etapas distintas. Las de carácter previo y mixto deben ser resueltas en el trámite de la audiencia inicial, mientras que las perentorias deben serlo, como es natural, al momento de proferir una decisión de fondo en la litis (…) las excepciones de fondo deben ser resueltas en el respectivo fallo de instancia. (…) el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 estableció que el juez o magistrado ponente, en la audiencia inicial, podría resolver sobre las excepciones “previas” y las mixtas referidas únicamente a las de cosa juzgada, caducidad, transacción conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva y, en esa medida, dado que en lo relacionado con la determinación de las excepciones previas no existe una regulación en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se debe dar aplicación al artículo 100 del Código General del Proceso, en virtud de lo que ordena el artículo 306 del referido estatuto administrativo . (…) no cabe duda alguna de que las excepciones contempladas en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 100 del Código General del Proceso son de carácter taxativo, pues el legislador determinó de forma expresa y clara sobre qué tipo y cuáles de ellas podía pronunciarse el juez o magistrado sustanciador para ser resueltas en la audiencia inicial.INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / TAXATIVIDAD DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS / NO CONSTITUYE CAUSAL TAXATIVA[L]a denominada “ineptitud de la demanda por indebida escogencia del medio de control”, no constituye ninguna de las excepciones previas o mixtas a las que hace alusión el numeral 6 del artículo 180 del CPACA, esto es, las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa, prescripción extintiva, ni las enlistadas en el artículo 100 del CGP. (…) En efecto, en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se descartó la configuración de la indebida escogencia de la acción como uno de los supuestos que daba lugar a la ineptitud de la demanda y, con ello, a un fallo inhibitorio, porque se consideró que la acción era solo una y el medio de control debía adecuarse. (…) De acuerdo con lo expuesto, es dable afirmar que la indebida escogencia del medio de control no es un asunto que encuadre dentro de la excepción previa de ineptitud de la demanda, así como tampoco corresponde a ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 180 del CPACA, por lo que lo resuelto por el Tribunal Administrativo del Atlántico no era pasible de ser controvertido por vía del recurso de apelación y tampoco resultaba procedente en virtud de lo dispuesto en el artículo 243 del CPACA, en tanto la decisión adoptada no tiene naturaleza apelable.

  • Sentencia nº 50001-23-31-000-2008-00213-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Marzo de 2020

    ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL / LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIALa Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008 , de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar auto del 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001 - 03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCESO PENAL / SENTENCIA ABSOLUTORIA / DETENCIÓN PREVENTIVA / MEDIDA DE ASEGURAMIENTOEn los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada -lo último que ocurra-.NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencias del 14 de febrero de 2002; Exp. 13622 y del 11 de agosto de 2011; Exp. 21801; C.P. Hernán Andrade Rincón.LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL - Se define en la sentencia / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / PRESUPUESTO PROCESAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVALa legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación. (…) La legitimación material de la demandada, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita determinar si existió o no una participación efectiva en la producción del daño antijurídico alegado por los demandantes.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD / JUEZ DE DAÑOSDe conformidad con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se deba determinar en cada caso si existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido. Por último, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-072 de 2018, señaló que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996- establecía un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, entonces, el juez será el que, en cada caso, deberá realizar un análisis para determinar si la privación de la libertad fue apropiada, razonable y/o proporcionada. (…) [E]l hecho de que una persona resulte privada de la libertad en el marco de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria no resulta suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial al Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración.NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencias de la Corte Constitucional, SU 072 del 5 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas y C - 037 de 1996; M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN PREVIA / INVESTIGACIÓN INTEGRAL / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / INDICIO GRAVE / INDICIOS GRAVES / FALLA DEL SERVICIO / HURTO / INFORME DE POLICÍA / VALOR PROBATORIO DEL INFORME DE POLICÍA / EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FACULTAD DE DELEGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / FALLA DEL SERVICIO EN EL PROCESO PENAL[D]ada la carencia probatoria, a la luz del citado artículo 322 de la Ley 600 de 2000, la Fiscalía tenía el deber de iniciar una investigación previa, con el fin de establecer si se reunían los requisitos para iniciar la acción penal en contra de (…) por su posible participación en los delitos que le fueron puestos en conocimiento; no obstante, el órgano investigador omitió la necesidad de agotar esa etapa y, en su lugar, la vinculó a la instrucción y ordenó su captura con base en el único elemento recaudado hasta ese momento; un informe de policía que, de forma muy somera, daba cuenta de su supuesta colaboración con una banda delincuencial. Además, la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de la señora (…) y obvió la disposición del Código de Procedimiento Penal, el cual establecía que el decreto de esa medida debía obedecer a la existencia de, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad del investigado, derivados de las pruebas legalmente recaudadas, pues, además de que el informe de policía no es un medio de prueba admisible, de la información en él contenida no se podía inferir una conducta que comprometiera la responsabilidad penal de la investigada, ni siquiera de forma indiciaria. (…) En ese orden de ideas, a juicio de la Sala, la actuación desplegada por la Fiscalía General de la Nación fue deficiente, dado que: i) se basó en un informe de policía, pese a que no era susceptible de valoración probatoria; ii) sustentó la medida de aseguramiento exclusivamente en el referido informe y iii) no agotó las actividades de investigación necesarias para esclarecer si efectivamente la señora (…) pertenecía o prestaba colaboración a una banda delincuencial dedicada principalmente al hurto (…) Es claro entonces que el ente acusador incurrió en una falla en el servicio de la administración de justicia e infringió sus deberes funcionales en el ejercicio de la acción penal, omisión que fue determinante en la generación del daño por el cual se reclama reparación y que impone la necesidad de efectuar un juicio de reproche sobre su actuaciónNOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de los informes de policía, consultar sentencia del 2 de julio de 2019, Exp: 47330, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre la responsabilidad del Estado por falla del servicio de la Fiscalía General de la Nación en casos de privación injusta de la libertad, consultar sentencias de 29 de noviembre de 2018, Exp. 61233; de 14 de febrero de 2019, Exp. 54820, de 14 de marzo de 2019, Exp. 62503, de 12 de diciembre de 2019, Exp. 49251 y de 23 de agosto de 2010, Exp. 40060, C.P. Enrique Gil BoteroINDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PERJUICIO MATERIAL / LUCRO CESANTE / LUCRO CESANTE CIERTO / PERJUICIO HIPOTÉTICO - No es reparable / PERJUICIO EVENTUAL - No es reparable / REITERACIÓN JURISPRUDENCIALDe conformidad con la jurisprudencia reiterada y unificada de esta Sección, el perjuicio material a indemnizar, en la modalidad de lucro cesante, debe ser cierto y, por ende, edificarse en situaciones reales, existentes al momento de ocurrencia del evento dañino, toda vez que el perjuicio eventual o hipotético, por no corresponder a la prolongación real y directa del estado de cosas producido por el daño, no es susceptible de reparación.NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencias de: i) 4 de diciembre de 2006, radicación: 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; ii) 12 de febrero de 2014, radicación: 31583, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, y iii) de 29 de mayo de 2014, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicación: 35930, de 28 de agosto de 2014, C.P. Hernán Andrade Rincón (E), radicación: 36149.APLICACIÓN DE SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PERJUICIO MATERIAL / LUCRO CESANTE / AUSENCIA DE PRUEBA / ACTIVIDAD PRODUCTIVA - No acreditada / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO OFICIOSO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / TASACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL - Conforme lo acreditado dentro del procesoBajo este criterio de unificación, la Subsección revocará el reconocimiento hecho en la sentencia de primera instancia por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, en atención a que no halla en el expediente ninguna prueba que acredite que la señora (…), para el momento de su captura, desempeñara una labor productiva y que, como consecuencia de la privación de la libertad de que fue víctima, dejó de percibir ingresos económicos.NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de unificación de la Sección Tercera del 18 de julio de 2019, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, Exp: 44572.

  • Sentencia nº 52001-23-31-000-2006-01805-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Marzo de 2020

    ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONALA la Sala, en virtud de lo normado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el reglamento interno de la Corporación, se le asignó el conocimiento en segunda instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa promovidos en vigencia del Decreto 1 de 1984, cuya causa petendi sea: i) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación injusta de la libertad.NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar providencia del 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001 - 03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ERROR JURISDICCIONAL / PROVIDENCIAS DE OTROS DESPACHOS JUDICIALES / JUZGADO CIVIL MUNICIPAL / AUTO QUE TERMINA EL PROCESO / PROCESO EJECUTIVO / PROVIDENCIA JUDICIAL / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / AUSENCIA DE PRUEBA - Sobre la fecha de ejecutoria, se toma la fecha de expedición de la providencia / FECHA INCIERTALa Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que en este tipo de procesos “(…) el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el error judicial” y que agote la instancia. (…) Si bien no obra la constancia de ejecutoria de la anterior providencia, no es menos cierto que, aun tomando el día siguiente al de su expedición como referencia, ha de concluirse que la demanda se presentó oportunamente.NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 26 de noviembre de 2015; Exp. 08001 - 23-31-000-2009-00193-01(38833), reiterada en sentencia del 30 de agosto de 2017; Exp. 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435), de 13 de junio de 2016, Exp. 76001-23-31-000-2004-04636-01(37392); de 24 de octubre de 2016, Exp. 25000-23-26-000-2006-00818-01(38159); de 22 de febrero de 2017, Exp. 05001-23-33-000-2016-01685-01(58052); estas dos últimas con ponencia del C.P. Hernán Andrade Rincón, entre muchas otras.LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE HECHO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LETIGIMACIÓN EN LA CAUSA MATERIAL POR PASIVA - Se decide en la sentenciaLa legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. (…) Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADOEl primer elemento que se debe observar en el análisis de la responsabilidad estatal es la existencia del daño, toda vez que la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado que “sin daño no hay responsabilidad” y solo ante su acreditación es dable estudiar la imputación al Estado, daño que, además, debe ser antijurídico, elemento necesario de la responsabilidad.NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 16516 MP. Enrique Gil Botero y del 6 de junio de 2012, Exp. 24633, M.P. Hernán Andrade Rincón, ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, Exp. 28.389, M.P. Hernán Andrade Rincón, de 20 de noviembre de 2017, Exp. No 38824, de 10 de noviembre de 2017; de 23 de octubre de 2017; Exp. 42121, de 14 de septiembre de 2017, Exp. 44260 del 19 de julio de 2017, No 43.447 y del 26 de abril de 2017, Exp. 39321.ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ERROR JURISDICCIONAL / PROVIDENCIAS DE OTROS DESPACHOS JUDICIALES / JUZGADO CIVIL MUNICIPAL / AUTO QUE TERMINA EL PROCESO / PROCESO EJECUTIVO / PROVIDENCIA JUDICIAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / AUSENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN - No se acredito el detrimento patrimonial / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / TÍTULO VALOR / PAGO DE IMPORTE DEL TÍTULO VALORRevisado el expediente, la Sala concluye que no se probó el daño que le causó al demandante la decisión del 30 de junio de 2005, por medio de la cual se terminó el proceso por pago total de la obligación. En efecto, el demandante no demostró que esa decisión le haya generado un detrimento patrimonial. (…) Así las cosas, al no haber tenido que pagar el importe del título valor con ocasión del proceso ejecutivo en el que se alega el error judicial, se concluye que no se le causó daño alguno a su patrimonio con la decisión adoptada por el juzgado. (…) [E]ra una carga procesal de la parte actora demostrar el daño que le habría causado la decisión del 30 de junio de 2005, que habría consistido en que tuvo que pagar dos veces el importe del título valor. Empero, como no cumplió con dicha carga, la consecuencia de su falencia no puede ser otra que la negación de las súplicas de la demandaNOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 14 de junio de 2019, Exp. 48213.ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ERROR JURISDICCIONAL / PROVIDENCIAS DE OTROS DESPACHOS JUDICIALES / JUZGADO CIVIL MUNICIPAL / AUTO QUE TERMINA EL PROCESO / PROCESO EJECUTIVO / PROVIDENCIA JUDICIAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / AUSENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN / TÍTULO VALOR / PAGO DE IMPORTE DEL TÍTULO VALOR / TERMINACIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO POR PAGO DE LA OBLIGACIÓN - Decisión amparada en la leyEn todo caso, la Sala observa que la decisión adoptada por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pasto se ajusta a las normas que estaban vigentes para el momento de los hechos (…) [L]e correspondía al juez, una vez se le puso de presente el acuerdo al que llegó la ejecutante con uno de los deudores solidarios, terminar el proceso, sin que sea predicable que resolviera de manera previa las excepciones de mérito propuestas en contra del mandamiento de pago.

Documentos destacados