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  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-04041-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 31 de Octubre de 2019

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ - No se interpuso en un término razonable[E]l demandante afirmó en su escrito de impugnación ser una persona de la tercera edad, para la Sala es claro que tal condición no constituye un impedimento para la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable y que por consiguiente se deba flexibilizar el término de los 6 meses. De igual manera, la Sala considera que las circunstancias que originaron en el actor el desinterés y desmotivación para seguir con las acciones necesarias para obtener su reconocimiento pensional, tampoco son un obstáculo para la presentación de la acción de tutela en el menor tiempo posible. Asimismo, es preciso tener en cuenta que en el caso de análisis el tutelante actúa a través de apoderado judicial, que como profesional tiene la obligación de desplegar todas las actuaciones tendientes a la protección de los derechos de su poderdante de manera oportuna y eficaz, sin que su proceder poco diligente justifique la dilación en la presentación de la acción de tutela. En consecuencia, la tardanza en el ejercicio de la acción no tuvo su origen en una justa causa que permita explicar la inactividad del señor Silvio Enrique Paternina Carreño, por lo que la solicitud de amparo no es procedente. En atención a lo expuesto, la Sala considera que en el caso en estudio no se cumplió el requisito adjetivo de inmediatez exigible en las acciones de tutela contra providencia judicial y, en consecuencia, confirmará la improcedencia del amparo solicitado proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado.

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-04316-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 31 de Octubre de 2019

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existe otro medio de defensa judicial, idóneo y eficaz / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Medio de defensa judicial, idóneo y eficaz por existir nulidad originada en la sentenciaCorresponde a la Sala determinar si los derechos fundamentales de la parte actora han sido vulnerados con ocasión de la sentencia de segunda instancia del 6 de junio de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de la acción de reparación directa. {…]. La parte demandante considera que el fallo de segunda instancia atacado desconoció el principio de congruencia de la sentencia, toda vez que el problema jurídico allí abordado y resuelto, no guardaba relación alguna con el fundamento de la alzada. […]. [E]sta Sala, investida como juez constitucional, no es competente para determinar si el proveído bajo cuestionamiento adolece de incongruencia, ya que tal análisis corresponde al juez natural en instancias del recurso extraordinario de revisión. Por lo tanto, la Sala advierte que la demanda de tutela no supera el requisito de subsidiariedad, toda vez que de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós Especial de Decisión de esta Corporación, la incongruencia da lugar a la nulidad originada en la sentencia, que es una de las causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los términos del numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. […]. En razón de lo expuesto, el cargo de la demanda, relacionado con la incongruencia de la sentencia no supera el requisito de subsidiariedad, comoquiera que en tal caso procede el recurso extraordinario de revisión y, por lo tanto, la Sala se abstendrá de su estudio y declarará improcedente la solitud de amparo. Así mismo, si bien la parte actora planteó otro cargo, en el que cuestiona la indebida valoración probatoria hecha por el Tribunal demandado para concluir que no se demostró el nexo de causalidad entre el daño y la omisión que en la demanda de reparación directa se atribuyó a la entidad demandada, no debe perderse de vista que el análisis del juez constitucional frente a dicho planteamiento está condicionado a las resultas del recurso extraordinario de revisión. Lo anterior en la medida que la eventual prosperidad de la causal de revisión de que se trata, con la consecuente infirmación de la sentencia cuestionada, daría lugar a que el colegiado ordinario se pronuncie únicamente acerca de la eximente de responsabilidad por la cual se negaron las pretensiones en la primera instancia de la reparación directa, sin contemplar el análisis probatorio del nexo de causalidad, por lo que no corresponde al juez de tutela, so pena de una decisión inocua, descender al análisis del defecto fáctico en cuestión, hasta tanto el juez extraordinario defina la juridicidad del fallo atacado. En esas condiciones, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado en la acción de tutela de la referencia.

  • Sentencia nº 20001-23-33-000-2019-00262-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 31 de Octubre de 2019

    IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS GENERAL DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA Y SUBSIDIARIEDAD / AUSENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLEDentro de las pretensiones elevadas, la parte accionante alegó una presunta desobediencia de la sentencia del 16 de mayo del 2019, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Valledupar, dentro de la acción de cumplimiento, radicada con el [número] (…) 2018-00414-00. Revisada la copia allegada (…) con la solicitud de amparo, se observa que el único demandante allí reseñado fue el ciudadano [M.K.K.]. Ahora bien, de encontrarse en firme la referida providencia, sería el señor [M.K.K.] quien esté legitimado para entablar el correspondiente incidente desacato, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 393 de 1997 y no la señora [I.R.C.M.], motivo por el cual, la Sala declarará su falta de legitimación en la causa por activa, respecto a la mencionada solicitud. (…) [Ahora bien,] corresponde a la Sala determinar si [el juez a quo acertó al declarar] improcedente el amparo solicitado, al considerar que la parte actora cuenta con otro medio de defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales. (…) [Frente a este planteamiento la Sala,] declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto de algunas de las solicitudes elevadas por el peticionario, en la medida en que existen en el ordenamiento jurídico otros medios de defensa judicial para someter a un juicio estricto de legalidad las presuntas modificaciones de los decretos relativos a las normas de tránsito y transporte en motocicletas «que prohíben el mototaxismo». En atención a que frente a las demás decisiones administrativas que pudieran resultar luego de llevar a cabo los procedimientos administrativos por infracciones de tránsito, entre otros asuntos. También están previstos los medios de control consagrados en el CPACA. (…) Asimismo, porque en relación con las peticiones orientadas al cumplimiento de normas con fuerza material de Ley y actos administrativos, se prevé la acción de cumplimiento. Y porque, con el fin de hacer cumplir la medida cautelar decretada en el proceso de simple nulidad (…), la parte actora contó con la posibilidad de intervenir [como] tercero en el trámite [de dicho proceso] (…), en el marco del cual, está previsto el incidente de desacato para hacer cumplir las medidas cautelares.ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALESLa parte actora solicitó que se den inicio a las investigaciones administrativas de la Superintendencia de Puerto y Transporte contra la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar. De igual manera, pretende que la Procuraduría General de la Nación imponga las sanciones disciplinarias frente a los agentes de tránsito que se hubieran extralimitado en el ejercicio de sus funciones. Frente a las precitadas pretensiones, la Sala observa que la parte actora puede elevar la queja respectiva ante la autoridad correspondiente para que se den inicio a las averiguaciones administrativas pertinentes, pues no es la acción de amparo el medio para activar dichas actuaciones. (…) Así las cosas, la Sala negará tales solicitudes. (…) La Sala observa que la parte actora no ha elevado algún escrito en ejercicio del derecho de petición para acceder a la información y documentación que pretende se ordene se le suministre a través de este mecanismo constitucional. Por lo que, frente a este aspecto no se puede predicar una vulneración del derecho fundamental por parte de la administración municipal de Valledupar, por lo que en tal sentido, esta pretensión se negará. (…) En consecuencia, se modificará el fallo impugnado para, declarar la falta de legitimación en la causa del actor para solicitar el acatamiento de la sentencia del 16 de mayo del 2019 (…), en la medida en que no aportó al proceso de tutela algún medio de convicción que permita concluir que fue parte del mencionado proceso, ni demostró la situación particular y concreta vulneradora que afirma puede generarse en su caso por cuenta del desobedecimiento de la sentencia de cumplimiento. Así mismo, se declarará la improcedencia de la acción de tutela, pues la parte actora cuenta con otro medio de defensa judicial para la defensa de sus derechos fundamentales y, a su vez, se negarán las pretensiones relativas a las investigaciones administrativas, así como frente a las solicitudes de información y documentos.

  • Sentencia nº 25000-23-41-000-2019-00624-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 31 de Octubre de 2019

    ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - Recuperación del cuerpo de aguas / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - La disposición no contiene un mandato imperativo e inobjetable a su cargoComparte la Sala la conclusión a la cual llegó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca según la cual la medida preventiva fue materializada por la funcionaria encargada de su ejecución, por lo cual no está demostrado el incumplimiento de la Resolución DRSC 0460 de 2017 en cuanto a este primer aspecto. (…) En lo que corresponde a la recuperación del cuerpo de aguas, puede verse que en el numeral 3º de dicho acto de trámite, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca advirtió a los particulares que deberán llevar a cabo las obras requeridas para la restauración del estado original que tenía el cauce. (…) Subraya la Sala, al igual que lo hizo el a quo, que la disposición no contiene un mandato imperativo e inobjetable a cargo de la CAR, puesto que es claro que la obligación de adelantar los trabajos para la recuperación del cauce está a cargo de los particulares que ocupan el predio donde fueron adelantadas las actividades que lo afectaron. (…) Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que si bien es cierto que la Corporación Autónoma Regional ordenó la ejecución de obras con ese propósito, también lo es que no señaló qué tipo de actividades eran procedentes desde el punto de vista técnico para la restauración del cauce al estado original. (…) Esta circunstancia llevó a que en desarrollo del procedimiento seguido por los hechos que originaron la medida preventiva, la CAR expidiera posteriormente el Auto DRSC 2088 de julio 18 de 2019, mediante el cual ordenó la práctica de varias diligencias administrativas y pruebas tendientes a establecer los parámetros técnicos exigidos para el cumplimiento del deber de recuperación del cauce del humedal, como incluso fue solicitado por el apoderado de los particulares a quienes les fue impartida dicha orden en la Resolución DRSC 0460 de 2017. (…) Reitera la Sala que la ejecución de las obras de recuperación del cauce del cuerpo de aguas quedó sujeta al establecimiento de los parámetros técnicos exigidos para tales efectos, como lo determinó expresamente la Corporación Autónoma Regional mediante Auto DRSC 2088 de 2019, que es posterior al requerimiento hecho mediante el auto DRSC 1338 de 2018 cuya eficacia persigue la parte actora. (…) En lo que corresponde a la suspensión de actividades en el predio, advierte la Sala que luego de la materialización de la medida preventiva, el acatamiento posterior de la orden está a cargo de los particulares a quienes estuvo dirigida, por lo cual no puede predicarse inobservancia por parte de la entidad demandada. (…) En este sentido, la Sala también comparte la posición asumida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca según la cual los artículos 89 y 90 de la Ley 1437 de 2011 no son aplicables para la imposición de multas que pudiera hacer la Corporación Autónoma Regional en caso del incumplimiento de la medida preventiva. (…) La actuación que adelanta el organismo por las actividades desplegadas en el predio El Darién, incluyendo los aspectos relacionados con la medida preventiva, está regulada especialmente por las disposiciones de la Ley 1333 de 2009, mediante la cual fue establecido el procedimiento sancionatorio ambiental. (…) Las sanciones principales y accesorias que la autoridad administrativa puede imponer a los responsables de la infracción de las normas ambientales, entre las que figura la multa diaria hasta por cinco mil salarios mínimos legales mensuales, están contempladas en el artículo 40 de la citada ley, cuyo cumplimiento no fue solicitado por la parte actora en ejercicio de la acción constitucional.

  • Sentencia nº 66001-23-33-000-2019-00538-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 31 de Octubre de 2019

    ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - Accede / INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO - En el que participen vehículos no asegurados con póliza SOAT / RECLAMACIÓN ANTE EL ADRES - En concurrencia con la firma auditora / CONTRATO DE AUDITORÍA - Le corresponde a la Unión Temporal Auditores de Salud concluir los procesos y reclamaciones que no se hubiesen culminado con el anterior contratista / INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO - Incumplimiento del término para resolver reclamación[L]a parte actora pretende que se cumpla el término de dos (2) meses para resolver la reclamación presentada de conformidad con lo establecido en los artículos 2.6.1.4.3.12 del Decreto 0780 de 2016 y 17 de la Resolución No. 1645 de 3 de mayo de 2016, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para mayor claridad debe precisarse que la reclamación de la parte actora deviene de la muerte del señor [F.A.G.S.] producto de un accidente de tránsito. (…) Así las cosas, cuando el automotor involucrado en el accidente no cuenta con SOAT los afectados acuden para el reconocimiento de indemnizaciones a la Subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía hoy ADRES, como la propia accionada lo manifestó en la contestación de la demanda (…)si bien existe obligación legal para la ADRES de recibir, tramitar y decidir las reclamaciones derivadas de “[…] eventos catastróficos de origen natural o de accidente de tránsito en que participen vehículos no identificados o no asegurados con póliza SOAT […]”, lo cierto es que también por mandato legal deberá contratar una firma auditora para llevar a cabo dichas actuaciones. Lo mencionado no equivale a que la ADRES ya no tenga la obligación de tramitar y decidir las reclamaciones sino que la misma será compartida con la firma auditora que se contrate para tal finalidad. La anterior conclusión obliga a la Sala a pronunciarse respecto del contrato suscrito por la ADRES para tal finalidad, al respecto debe recordarse que según la contestación de la demanda las reclamaciones presentadas hasta el 17 de diciembre de 2017 estarían a cargo de la Unión Temporal FOSYGA 2014, en virtud del contrato 043 de 2013. Ahora, las reclamaciones radicadas con posterioridad estarán a cargo de la Unión Temporal Auditores de Salud, de conformidad con el contrato No. 080 de 2018 suscrito con ADRES, en el cual expresamente consta: “[…] Clausula Tercera: derechos y obligaciones del contratista […] Obligaciones específicas: 4. Continuar y concluir los procesos de auditoría integral respecto de las solicitudes de recobros por servicios y tecnologías no cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, y las reclamaciones, que por cualquier motivo no hubiesen culminado el trámite correspondiente con la anterior firma contratada […]”. En conclusión, el deber de atender la reclamación de la parte accionante recae de manera concurrente primero en ADRES porque tiene la función legalmente asignada pero también recae en la Unión Temporal Auditores de Salud, pues su contrato deviene de un imperativo también legal (…) La Sala debe manifestar que en este caso la reclamación que se encuentra sin respuesta fue radicada el 31 de mayo de 2019, lo cual no fue rebatido por las accionadas, por tanto, el término de dos meses para resolverse feneció el 31 de julio del mismo año, esto en razón a que de conformidad con el artículo 17 de la Resolución No. 1645 de 2016, la auditoria se debe realizar “[…] dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del periodo de radicación (…) por tanto, el mandato es plenamente exigible

  • Sentencia nº 08001-23-33-000-2019-00220-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 31 de Octubre de 2019

    ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - Niega / INEXISTENCIA DE UN MANDATO IMPERATIVO E INOBJETABLE - Frente a la UARIV / SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA - La norma dispone la obligación de agendar cita para presentar la solicitud a cargo del interesado[L]a parte actora pretende que se le ordene a la entidad accionada “[…] que me agende una cita para el diligenciamiento del formulario para el desembolso de la indemnización administrativa individual que me corresponde como víctima del conflicto armado en Colombia, conforme las reglas del artículo 9º de la Resolución 01958 del 6 de junio de 2018 […]”. Al respecto, se advierte que en atención a lo previsto en la norma invocada, ésta establece los pasos que deben seguirse para la solicitud de indemnización administrativa por parte de las víctimas en Colombia, frente a lo cual señala que el interesado debe agendar una cita, y cuando la obtenga la entidad informará acerca del procedimiento que se debe surtir y los documentos que se deben presentar en cada caso; adicionalmente, indica que para agendar la cita se puede acudir a cualquiera de los canales de atención que disponga para el efecto la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Así, la norma dispone la obligación que tiene el interesado de acudir a los medios de atención de que dispone la entidad para solicitar el agendamiento de la cita, es decir que el deber lo tiene la accionante de dirigirse a los diferentes medios de que dispone la entidad para solicitar la cita, por tanto corresponde al interesado, en este caso la accionante hacerlo. En consecuencia, se evidencia inexistencia de un mandato imperativo e inobjetable frente a la UARIV

  • Sentencia nº 27001-23-33-000-2019-00012-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 31 de Octubre de 2019

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTUACIONES DEL PROCESO DE TUTELA DIFERENTES A LA SENTENCIA - Procedencia por ser una actuación acaecida con anterioridad a la sentencia / NOTIFICACIÓN DE AUTO ADMISORIO DE ACCIÓN DE TUTELA - Se omitió vincular y notificar a terceros que serían afectados por la demanda de tutela / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIALa [actora] consideró que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso porque no la vinculó a la acción de tutela identificada con el radicado Nº. 27001-33-33-001-2018-00257-00 promovida por la señora [M.A.A.M.] en contra de la Administradora de Pensiones - COLPENSIONES (…) En el caso particular, tenemos los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 (…)De las normas expuestas, se evidencia que el Juzgado 1º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó no cumplió con su deber de vincular y notificar en debida forma a la [actora], pues era claro que a ella le asistía interés directo en la decisión que se tomara en el proceso de tutela identificado con el radicado Nº. 27001-33-33-001-2018-00257-00 promovido por la señora [M.A.A.M.] en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES-, esto con ocasión a que el objeto de la litis era su pensión de sobrevivientes. Así las cosas, considera esta Sala de Sección que le asiste razón a la accionante en los argumentos esgrimidos en la presente tutela, por cuanto la actuación adelantada por el Juzgado 1º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó, vulneró su derecho fundamental al debido proceso, en la medida en que omitió las acciones contempladas en las normas procesales, es decir, la vinculación al proceso de tutela identificado con el radicado Nº. 27001-33-33-001-2018-00257-00 y posterior notificación de la sentencia de 13 de julio de 2018, para efectos de permitirle ejercer de manera efectiva sus derechos

  • Sentencia nº 05001-23-33-000-2019-02096-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 31 de Octubre de 2019

    ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE CONSTITUCIÓN EN RENUENCIAObserva la Sala que, en las pretensiones de la demanda, la actora solicitó el cumplimiento general de la Resolución 000792 de 2013, expedida por el Ministerio de Transporte, pues no incluyó la enunciación de ninguno de sus tres artículos ni de los numerales de su anexo técnico. No obstante, en el mismo texto de la demanda y en la impugnación, aseguró que las disposiciones cuyo cumplimiento solicita corresponden concretamente al artículo 3 de dicho acto administrativo y adicionalmente advirtió el desconocimiento de la obligación contenida en el artículo 1 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 1383 de 2010. En el escrito radicado el 27 de febrero del presente año ante el Ministerio de Transporte para la constitución de la renuencia, la actora también invocó genéricamente el cumplimiento de la Resolución 000792 de 2013 para efectos de la desconexión de las empresas que ofrecen servicios tecnológicos sin estar homologadas, la desconexión del RUNT de la sociedad Inversión Comercial y Servicios y la prohibición a la concesión de ofrecer servicios a organismos de tránsito para diferentes tipos de procesos relacionados con la materia, como lo hizo posteriormente en las pretensiones de la demanda. Advierte la Sala que el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción no fue debidamente agotado por la actora, ya que en el memorial respectivo no requirió expresamente al Ministerio de Transporte, previamente al ejercicio de la acción, el efectivo cumplimiento del artículo 3 de la Resolución 000792 de 2013 ni el artículo 1 de la Ley 769 de 2002. Es claro, entonces, que con la petición tramitada ante el organismo el 27 de febrero de 2019, la cartera de Transporte no fue constituida en renuencia en debida forma respecto de las normas que posteriormente invocó en la demanda como posiblemente incumplidas en materia del manejo del Registro Único Nacional de Tránsito. Así, la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia será revocada y, en su lugar, se rechazará la demanda, que es lo que corresponde en los casos en que la parte actora no acredita en legal forma el agotamiento del requisito de procedibilidad.

  • Auto nº 11001-03-28-000-2019-00050-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 31 de Octubre de 2019

    IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO - Por tener interés en el proceso y vínculo de amistad con alguna de las partes / IMPEDIMENTO - Se declara fundado / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIALas causales invocadas por el consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, para apartarse del conocimiento del caso concreto, se encuentran contenidas en los numerales 1 y 9 del artículo 141 del CGP. (…). El consejero consideró que su ánimo de juzgador se encontraría afectado en su objetividad e imparcialidad, propias al ejercicio de la función judicial, por la amistad íntima que lo une con el señor Juan Antonio Nieto Escalante, quien (por ser el siguiente nombre en la plancha) resultaría elegido en caso de prosperar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral de la referencia. (…). Teniendo en cuenta lo anterior, esta sala considera que el impedimento manifestado por el citado consejero de Estado se encuentra fundamentado, por cuanto no se podría garantizar el valor imparcialidad del juez si el magistrado en cuestión continúa conociendo de la legalidad del acto referido, habiéndose acreditado las condiciones de la causal establecida en el artículo 141.9. A lo anterior se suma que, una vez determinada la amistad íntima, es imperioso concluir que le asistiría interés al consejero en el resultado del proceso, por lo que se configuró, además, la causal establecida en el numeral 141.1. En consecuencia, se impone declarar fundado el impedimento manifestado. De ahí que sea necesario separar al consejero del conocimiento del presente asunto, como una garantía de imparcialidad.NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la causal de impedimento por amistad íntima, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 26 de enero de 2016, radicación 11001 - 03-15-000-2015-02504-00, C.P. Guillermo Sánchez Luque; En relación con la misma causal y el hecho de que basta la sola afirmación para que se configure, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 28 de agosto de 2013, radicación 11001-03-28-000-2012-00059-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

  • Sentencia nº 66001-23-33-000-2019-00527-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 31 de Octubre de 2019

    ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO  /  DEBER DE ATENDER RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE RIESGOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO  - Recae de manera concurrente en la ADRES y la firma auditora /  REALIZACIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL A RECLAMACIÓN  - Exigible a la Unión Temporal Auditores de Salud en virtud del contrato de consultoría /  INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PARA RESOLVER RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS[E]l actor pretende el cumplimiento del artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 0780 de 2016 y del artículo diecisiete (17) de la Resolución 1645 de 2016 expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior para que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la Unión Temporal Auditores de Salud concluyan la auditoría integral de la reclamación que tramitó para la indemnización por la muerte y los gastos funerarios del señor Luis Antonio Mejía Bolaño a cargo de la denominada Subcuenta ECAT. (…) es claro para la Sala que la obligación de resolver las citadas reclamaciones está actualmente a cargo de ADRES. (…) y también a la Unión Temporal Auditores de Salud (…) que la reclamación fue radicada el 31 de mayo de 2019 (…) por lo cual el término de dos meses para resolver venció el 31 de julio del año en curso, dado que según el artículo diecisiete (17) de la Resolución 1645 de 2016 la auditoría se debe realizar “[…] dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del periodo de radicación […]”, mientras el artículo 14 señaló que “La fecha de cierre del periodo de radicación para el caso de reclamaciones de primera vez, presentadas por personas jurídicas, será el día quince (15) calendario de cada mes […]. En el caso de reclamaciones presentadas por personas naturales, la fecha de cierre será el último día calendario de cada mes”, lo cual hace que el mandato sea plenamente exigible. (…) la petición de la actora no fue atendida en el término previsto de dos meses (…). Así, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Risaralda será confirmada.

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