Consejo de Estado - Jurisprudencia
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Últimos documentos

  • Auto nº 11001 03 15 000 2019 01604 00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Primera, de 15 de Mayo de 2019
  • Auto nº 11001-03-28-000-2018-00080-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Quinta, de 3 de Mayo de 2019

    ADICIÓN A LA SENTENCIA - Se rechaza por extemporáneaEl artículo 287 del C.G.P dispone que las partes pueden solicitar la adición de la sentencia dentro del término de ejecutoria del fallo que se pretenda adicionar. (…). [E]l fallo cuya adición se solicita fue notificado personalmente, según lo dispuesto en el artículo 289 del CPACA, a la señora Nesly Edilma Rey (…) el día 12 de abril de 2019. En tanto, (…), la solicitud de adición se radicó el 25 de abril del año en curso, esto es, por fuera del término concedido por la ley. Así las cosas, no cabe duda que la petición (…) es extemporánea; especialmente, si se tiene en cuenta que: i) según el artículo 302 del C.G.P., las providencias proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas a los 3 días siguientes de su notificación; ii) de acuerdo a lo reglado en el artículo 287 del C.G.P la adición debe interponerse dentro de la ejecutoria y iii) la notificación personal a la demandante se surtió el 12 de abril de 2019. En otras palabras, la demandante tenía hasta el 24 de ese mismo mes y año para solicitar la adición de la sentencia. Sin embargo, como la petición en ese sentido se radicó solo hasta el 25 de abril de 2019, esta se entiende extemporánea. (…). La petición de adición elevada la demandante será rechazada por no presentarse dentro de la oportunidad que la ley previó para el efecto.

  • Auto nº 11001-03-28-000-2018-00623-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Quinta, de 2 de Mayo de 2019

    RECURSO DE SÚPLICA - Interpuesto por tercero interviniente / TERCEROS INTERVINIENTES - Límites de su intervención en el proceso electoral / COADYUVANCIA - Posición jurisprudencial respecto de los límites / TERCEROS INTERVINIENTES - Coadyuvante solo puede realizar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda / RECURSO DE SÚPLICA - Se confirma la decisión[E]n el proceso de nulidad electoral está permitida la participación de terceros, pero ésta se encuentra limitada: (i) sólo aquellas actuaciones permitidas a la parte a la que adhiere, (ii) no se deben oponer a los que realice la parte que coadyuva y (iii) no deben implicar disposición del derecho en litigio. (…). Con anterioridad la Sala Jurisdiccional, ha considerado improcedente que un coadyuvante asuma posturas que son propias de la parte a la cual adhiere y, por tanto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 223 y 228 de la Ley 1437 de 2011 y 71 del C.G.P., al coadyuvante solo le es dable nutrir argumentativamente al sujeto procesal que apoya. Posteriormente, esta Corporación expuso la particularidad de la intervención de los coadyuvantes respecto de la naturaleza especial del proceso electoral exponiendo que los terceros “solo puede realizar los actos procesales permitidos a la parte a que ayuda en cuanto no estén en oposición con los de ésta y siempre que no implique disposición del derecho en litigio”. Ahora bien, esta misma Sala de Decisión también ha definido que la intervención del tercero en el proceso electoral no puede estar dirigida a adicionar argumentos o cargos nuevos, al explicar que su labor solo consiste en contribuir o ayudar a la parte principal sin que ello le permita hacer modificación alguna. (…). De lo anterior se concluye que el escrito de coadyuvancia plantea unas circunstancias diferentes a las expuestas por el accionante en su escrito inicial, las cuales se refieren a la modificación del reglamento que permitía la movilidad interna dentro de la Corporación a efectos de llenar las vacantes dejadas por los magistrados principales de la Jurisdicción Especial para la Paz. Respecto de esta situación se torna procedente analizar si estos nuevos planteamientos constituyen o no una argumentación adicional a los expuestos por el demandante en el libelo introductorio. (…). Así las cosas, (…) es dable concluir que el escrito de intervención de la coadyuvante, no solo adicionó hechos nuevos sino que en el acápite del concepto de violación incluyó unos argumentos relativos a la modificación del reglamento y la variación de la vacante objeto del sorteo, los cuales no fueron previstos por el actor en su libelo introductorio, de forma tal que excedió los límites disponen los artículos 223 y 228 de la Ley 1437 de 2011 y 71 del C.G.P. (…). Conforme a lo expuesto en precedencia se concluye que la coadyuvante no se encontraba legitimada para adicionar hechos o cargos nuevos diferentes a los planteados por la parte actora en su libelo introductorio, (…) y en tal virtud le asiste razón al magistrado ponente en rechazar estos planteamientos, como en efecto se hizo en la audiencia inicial. Esta situación conlleva a que no haya lugar a proferir pronunciamiento respecto de la excepción de “caducidad de la acción en relación con los cargos planteados por la coadyuvante, no planteados en la demanda” y en tal virtud, los argumentos planteados por la impugnante no tienen vocación de prosperidad y hay lugar a confirmar lo decidido por el Magistrado director del proceso.NOTA DE RELATORÍA: Con respecto a la intervención de los coadyuvantes, consultar, entre otros: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 27 de marzo de 2014, radicación 54001 - 23-31-000-2012-00001-03, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, auto de 24 de agosto de 2016 radicación 73001-23-33-000-2016-00079-03, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

  • Sentencia nº 66001-23-33-000-2019-00167-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Quinta, de 2 de Mayo de 2019

    ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - Accede / INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO - En el que participen vehículos no asegurados con póliza SOAT / RECLAMACIÓN ANTE EL ADRES - En concurrencia con la firma auditora / CONTRATO DE AUDITORÍA - Le corresponde a la Unión Temporal Auditores de Salud concluir los procesos y reclamaciones que no se hubiesen culminado con el anterior contratista / INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO - Incumplimiento del término para resolver reclamaciónLa parte demandante busca el cumplimiento del artículo 2.6.1.4.3.12 del Decreto 780 de 2016 y del artículo (…) [17] de la Resolución 1645 de 2016, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior para que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud concluya la auditoría integral de la reclamación que tramitó para la indemnización por la muerte y los gastos funerarios del señor [A.R.G.R] (…) [C]cuando el vehículo involucrado en el accidente no cuenta con SOAT los afectados acuden para el reconocimiento de indemnizaciones a la Subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía, hoy ADRES, como la accionada lo manifestó al contestar la demanda. Entonces, lo cierto es que la reclamación presentada por la parte actora debe ser resuelta por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) (…) [Sin embargo] Aunque existe obligación legal para ADRES de recibir, tramitar y decidir las reclamaciones derivadas de “[…] eventos catastróficos de origen natural o de accidente de tránsito en que participen vehículos no identificados o no asegurados con póliza SOAT”, por mandato legal deberá contratar una firma auditora para llevar a cabo esas actuaciones. Esto no equivale a que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ya no tenga la obligación de tramitar y decidir las reclamaciones sino que la misma será compartida con la firma auditora que sea contratada para dicha finalidad. Advierte la Sala que al contestar la demanda, ADRES manifestó que suscribió el contrato de consultoría 043 de 2013 con la Unión Temporal FOSYGA 2014, que tuvo a cargo el trámite de las reclamaciones radicadas durante la vigencia de 2017. Las solicitudes radicadas con posterioridad están a cargo de la Unión Temporal Auditores de Salud en virtud del contrato 080 de 2018 suscrito con ADRES, como lo estableció la cláusula tercera que contempló la continuación y conclusión de la auditoría integral de las reclamaciones La Sala debe manifestar que en este caso la reclamación que se encuentra sin respuesta fue radicada el 31 de noviembre de 2018, lo cual no fue rebatido por las accionadas, por tanto, el término de dos meses para resolverse feneció el 31 de enero de 2019, esto en razón de que de conformidad con el artículo 17 de la Resolución No. 1645 de 2016, la auditoria se debe realizar “…dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del periodo de radicación…” (…) En el caso de reclamaciones presentadas por personas naturales, la fecha de cierre será el último día calendario de cada mes”; por tanto, el mandato es plenamente exigible. Entonces, es claro que el deber de atender la reclamación de la parte actora, actualmente, corresponde en forma concurrente a ADRES y la Unión Temporal Auditores de Salud, puesto que de la Ley y su contrato deviene el imperativo exigible de realizar la respectiva auditoria

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-01289-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Quinta, de 2 de Mayo de 2019

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que niega pretensiones de la demanda / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reliquidación de pensión de jubilación / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Establecido por la Corte Constitucional / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PENSIONAL - No es un aspecto sujeto al régimen de transición / CÁLCULO DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN PARA BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN - Promedio de los factores salariales cotizados durante los últimos diez años de servicio / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES[L]a regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que reiteró en la SU-230 de 2015, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018, cuya posición prima frente a las de las demás Altas Cortes, por ser el órgano encargado de la guarda de la Constitución, consiste en que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, a quienes son beneficiarios del régimen de transición establecido en la mencionada ley se les calculará el IBL con base en lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los factores salariales sobre los cuales se cotizó durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo si este fuere superior (artículo 36) o inferior (artículo 21). De lo anterior se desprende, que al ser esta la posición de la Corte Constitucional, expuesta en el marco de un análisis de constitucionalidad, debe ser este el precedente aplicable (…) Por su parte, la [actora], se encuentra inmersa en el régimen de transición pensional, aspecto que no fue objeto de debate, y que como consecuencia supone que el cálculo de su pensión se realice con el promedio de los factores salariales cotizados durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo si este fuere superior o inferior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 (…) En ese orden, la autoridad judicial accionada no desconoció el precedente aplicable al caso, de conformidad con la regla establecida por la Corte Constitucional y, en consecuencia, no se configuró el defecto alegado por la [actora]. NOTA DE RELATORÍA: Es necesario precisar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2018, exp. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. César Palomino Cortés, sentó jurisprudencia y fijó las reglas y subreglas sobre: i) el ingreso base de liquidación establecido para el régimen de transición de las personas que cuentan con un régimen pensional especial y ii) de los factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de liquidación.

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-01338-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Quinta, de 2 de Mayo de 2019

    ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que niega pretensiones de la demanda / ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO - De acto administrativo que concede licencia de construcción / REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Incumplimiento de carga argumentativa por parte del actor / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO[S]i bien el tutelante en su escrito de solicitud refirió que en la decisión cuestionada se incurrió en defecto sustantivo, lo cierto es que de sus argumentos no se desprende cuál es la norma desconocida o inaplicada, que diera sustento a la configuración de dicho yerro alegado, y de modo que ello tuviera la vocación de hallar irrazonable la decisión cuestionada, contenida en la sentencia del 23 de noviembre de 2018, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento para el caso concreto (…) [C]uando se trata de tutelas ejercidas contra providencias judiciales, la parte tutelante no puede limitar su intervención a la simple manifestación de la manera en que la realizó el actor, sino que por el contrario, debe observar una carga mínima que soporte los motivos de su solicitud, indispensable para que el juez constitucional conozca sus razones, tenga los elementos necesarios para revisar los problemas jurídicos que sugiere la tutela y, así, se adentre en el estudio que la misma requiere. Lo anterior se debe a que la acción constitucional contra providencia judicial no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural (…) De esta manera, como la parte actora no expuso el motivo de inconformidad respecto del fallo de primera instancia, resulta claro para esta Sala de Decisión, que no cumplió con la carga mínima argumentativa que le correspondía, y por tal razón, no es posible entrar a realizar un estudio oficioso de la presente acción de tutela (…) Por las consideraciones expuestas en el presente proveído, no se accederá al amparo solicitado, toda vez que esta Sala de decisión no tiene elementos para hacer un estudio de fondo en relación con la supuesta vulneración alegada por el actor, en razón a que su escrito de solicitud no contiene cargo alguno que estudiar de fondo.

  • Sentencia nº 17001-23-33-000-2019-00025-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Quinta, de 2 de Mayo de 2019

    ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / RECHAZO DE LA DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE CONSTITUCIÓN EN RENUENCIA - Respecto del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 al no solicitar su cumplimiento a la entidad demandada[L]a Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar que constituyó en renuencia a la Universidad Nacional de Colombia, antes de instaurar la demanda (…) Para cumplir con el requisito de renuencia a la Universidad Nacional de Colombia, el accionante el 26 de septiembre de 2018, solicitó al rector el cumplimiento del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, desconocido (…) para que se tomen las correcciones del caso y se expidan los actos administrativos pertinentes “…con el fin de subsanar este vacío normativo que reitero está afectando la vida laboral de más de 2500 empleados con este derecho preferencial”. El rector (E) de la Universidad accionada, respondió (…) al [actor] (…) En consecuencia, se encuentra probado que la parte accionante sí constituyó en renuencia a la Universidad Nacional de Colombia, pero solo respecto del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, toda vez que fue la única norma que se solicitó en el escrito de renuencia. En efecto, se encontró que el artículo 3 numeral 2 de la Ley 909 de 2004, si bien fue solicitado en la demanda, no se mencionó en el escrito de renuencia, como norma incumplida (…) En consecuencia, la Sala rechazará la acción respecto de esta disposición, según lo previsto en el artículo 12 de la Ley 393 de 1997 que señala que "En caso de que no se aporte la prueba del cumplimiento del requisito de procedibilidad de que trata el inciso segundo del artículo 8, salvo que se trate de la excepción allí contemplada, el rechazo procederá de plano".IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO - Por incumplimiento del requisito de subsidiariedad / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Medio judicial idóneo para controvertir la legalidad de actos administrativos / SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO - Que establece el procedimiento de selección de personal administrativo para la provisión transitoria de empleos vacantes de carrera administrativa en la modalidad de encargos y nombramientos provisionalesLa Sala advierte que según se acredita en el expediente, la parte actora pretende a través de este mecanismo constitucional se le ordene al ente universitario accionado que modifique el “Procedimiento Selección de Personal Administrativo para Provisión Transitoria de Empleos vacantes de Carrera Administrativa en la Modalidad de Encargos y Nombramientos Provisionales, Código: U.PR.08.007.017”, solicitud que fue negada el 28 de febrero y 27 de septiembre de 2018 decisiones que constituyen actos administrativos susceptibles de demanda de nulidad, a través de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho (…) mediante las cuales el accionante puede cuestionar la legalidad o inconformidad de lo establecido en el acto administrativo objeto de esta acción constitucional, que a su juicio desconoce el contenido del artículo 24 de la Ley 909 de 2004 cuyo cumplimiento se pretende con el proceso de la referencia. En este orden de ideas, corresponde al juez natural, determinar si le asiste razón al accionante con sus inconformidades o, a la entidad, pues se trata de un asunto de fondo que no debe ser resuelto a través de la acción de cumplimiento, por cuanto, no depende solamente de la observancia de una ley o acto administrativo (…) De esta manera, para la Sala la petición del [actor] es improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, pues éste dispone de otro mecanismo de defensa judicial.

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-00151-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Quinta, de 2 de Mayo de 2019

    IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR LA FALTA DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / REQUISITO DE INMEDIATEZ - Término estricto y riguroso tratándose de tutela contra providencia judicial / INTERPOSICIÓN TARDÍA E INJUSTIFICADA DE LA ACCIÓN DE TUTELA - Superó los seis meses a partir de la ejecutoria de la providencia tutelada[E]l lapso prudencial para iniciar la acción de tutela contra providencia judicial, debe contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que se censura, en el caso concreto, a partir del 30 de abril de 2018 y no, como lo entendió el a quo, desde la desfijación del edicto, sin embargo aun teniendo como fecha de inicio, la anterior, la presentación de la acción de tutela el 17 de enero de 2019, tuvo lugar pasados los 6 meses que esta Corporación ha tenido como prudenciales para acudir a la protección de los derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por autoridades judiciales, sin que exista ninguna justificación válida en la tardanza para acudir al juez constitucional. Si bien, señala la parte accionante, que no se analizaron las particularidades que envolvieron la presentación de la acción de tutela, dejando de lado que i) la notificación de la sentencia de segunda instancia se efectuó en el mes de septiembre a través de una valla publicada en el sector ii) la mayoría de actores no fueron vinculados como terceros en la acción popular y, iii) las especiales condiciones económicas en las que viven que imposibilitan reubicarse por sus propios medios en otro sector, aspectos que deben ser tenidos en consideración para iniciar el cómputo de la inmediatez. Para la Sala, las anteriores justificaciones no tienen la entidad de modificar la sentencia de primera instancia por cuanto de las actuaciones verificadas en la acción popular, allegada en préstamo, se advierte que los actores intervinieron en la acción constitucional, propusieron recursos y alegaron de conclusión. De otra parte, también se pudo verificar que el municipio dispuso un funcionario para que fijara aviso en cada una de las viviendas del sector con el fin de notificar la existencia de la acción y de considerarlo, se hicieran parte en el trámite, por lo que no puede aceptarse la ausencia de conocimiento en la existencia del proceso o de la sentencia como justificante de la inactividad, pues al ser parte en el mismo tenían el deber de verificar las actuaciones surtidas al interior del mismo. (...) no le asiste razón a los impugnantes, pues por un lado, el lapso de más de 6 meses no es un término que la Sala considere razonable y, por otro lado, los argumentos expuestos como justificante de la tardanza en la presentación de la acción constitucional no constituyen una excusa válida para aceptar el tiempo transcurrido entre la ejecutoria de la decisión acusada y la presentación de la petición de amparo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el requisito de inmediatez, consultar la sentencia de 5 del agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, de esta Corporación.

  • Sentencia nº 11001-03-15-000-2019-01029-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Quinta, de 2 de Mayo de 2019

    IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Mecanismo judicial idóneo para la revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público[A]lgunas de las controversias generadas con ocasión a la no aplicación de la referida providencia de unificación, y por ende, que presuntamente implicaron el reconocimiento de pensiones excediendo lo dispuesto en la ley, deben ventilarse mediante el recurso extraordinario de revisión, que constituye el mecanismo idóneo y eficaz para tal efecto, en atención a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. (...) la [actora] por el interés directo que le asiste respecto del monto en que se viene reconociendo la pensión de la señora [M.S.G.M.] en virtud de las decisiones judiciales cuestionadas en esta oportunidad, estaría legitimada para ejercer el recurso extraordinario de revisión por las causales establecidas en la Ley 797 de 2003.

  • Sentencia nº 11001-03-28-000-2018-00129-00 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Quinta, de 2 de Mayo de 2019

    MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL - Contra acto de elección de Senadores de la República / INSCRIPCIÓN POR COALICIÓN - Aplicación del precedente judicial / PRECEDENTE JUDICIAL - Concepto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIAComo es del conocimiento de la Sala y de los sujetos procesales, el tema de la inscripción de candidatos por parte de coaliciones para las corporaciones de elección popular es un asunto que en oportunidad anterior tuvo la Sección Quinta que decidir, se hace referencia a la sentencia de fecha reciente de 13 de diciembre de 2018, dentro del radicado de nulidad electoral 11001-03-28-000-2018-00019-00, actor: Isnardo Jaimes Jaimes, con ponencia de la Magistrada Rocío Araujo Oñate y en la que precisamente versaba sobre curules parlamentarias, pero para Cámara de Representantes por el Departamento de Santander, resulta ese antecedente de obligatoria observancia, en tanto en éste se asumió dentro de las generalidades, teleología y hermenéutica el mismo cuestionamiento que se presenta en el proceso de la referencia, siendo la posición actual de la Sala en su quórum mayoritario y, en disidencia el Magistrado Yepes Barreiro. (…). Es claro entonces que bajo los métodos hermenéuticos utilizados para desentrañar el alcance del contenido del inciso último del artículo 262, la consideración que hoy se aplica a este caso concreto, por coincidir en su argumento, es que se valida el derecho a la presentación de candidatos por coalición era de aplicación directa de la Constitución Política, no encontrando recibo la censura de los actores sobre la necesaria reserva de ley. Estos argumentos retomados del antecedente sirven para despachar en forma desfavorable las censuras que convergen en el mismo argumento fáctico de la reserva de ley y que en la postulación que sustenta la demanda en la violación del artículo 262 superior y del artículo 29 de la Ley 1495 de 2011, en la transgresión a los principios electorales de imparcialidad, capacidad electoral de los artículos 1º y 2º del Código Electoral; violación del artículo 263 constitucional y del principio de proporcionalidad (arts. 1º y 7º del Código Electoral), en tanto la desventaja electoral que glosó el actor al no haber establecido los lineamientos de la coalición dentro de los grupos minoritarios, lo cual carece de soporte y prueba, si precisamente la RNEC expidió la Circular 152 de 2018 para ampliar el espectro de beneficiados siendo por demás inclusivo y de aplicación total o absoluta. Finalmente tampoco se encuentra transgresión al artículo 13 de igualdad y 40 del derecho político, por cuanto la imputación fue encuadrada en la reserva de ley, que como ya se vio no es del caso. (…). Todo lo anterior, lleva a aseverar conforme con lo decantado por la Sala en el antecedente, cuyos planteamientos coincidieron en parte con lo incoado en esta oportunidad, tesis decantada que se advierte vigente sin mella para ser rectificada o revaluada, que no encontraron eco las censuras de violación de normas superiores ni de expedición irregular, como tampoco el derecho a la igualdad y, en consecuencia, en este punto se negarán las pretensiones de nulidad electoral contra los Senadores AÍDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL, GUSTAVO BOLÍVAR MORENO y JONATAN TAMAYO PÉREZ.NOTA DE RELATORÍA: Con respecto a la inscripción de candidatos por parte de coaliciones para las corporaciones de elección popular, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de diciembre de 2018, radicación 11001 - 03-28-000-2018-00019-00, C.P. Rocío Araujo Oñate. En cuanto al precedente judicial, respecto del cual la Sala acogió la acepción de la Corte Constitucional, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de febrero de 2016, radicación 11001-03-15-000-2014-01312-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL - Contra acto de elección de Senadores de la República / NULIDAD ELECTORAL - Lo alegado no constituye causal de inhabilidad[P]ara la Sala, la censura focalizada contra el Senador LÓPEZ PEÑA, al postularse por aspectos de la supuesta indebida notificación empieza un periplo sin visos de prosperidad anulatoria contra el acto declaratorio de elección. (…). En efecto, el demandante yerra conceptualmente en atribuir en su libelo demandatorio un evento constitutivo de inhabilidad sobre el Senador que lo hace devenir de la falta de firmeza o ejecutoria de la inscripción al no haberse notificado en debida forma la denegatoria de revocatoria de la inscripción. (…). [E]l actor indicó que el hecho inhabilitante es la falta de firmeza debido a la indebida notificación de la decisión que negó la revocatoria de la inscripción del entonces candidato JOSÉ RITTER LÓPEZ PEÑA, la cual en realidad no es propia de causal alguna legal o constitucional de inhabilidad, que por lo demás no fue invocada por el accionante, con lo cual se afirma que incumplió con su carga argumentativa en cuanto hace a la mentada inhabilidad. (…). En síntesis, la falta de las calidades y requisitos dentro de la concepción de condiciones de elegibilidad determinan quién puede o no ocupar el cargo, a diferencia de las prohibiciones (mandato de no hacer), mientras que las inhabilidades entendidas como obstáculos o impedimentos legales o constitucionales para acceder a la dignidad respectiva. Se diría entonces que las calidades y requisitos constituyen la arista positiva o de acción que el aspirante debe acreditar, mientras que las prohibiciones e inhabilidades responden a una arista negativa y es lo que no debe hacer o en lo que no debe recaer, en tanto el legislador consideró afectan en forma importante la transparencia del ejercicio de funciones. Así las cosas, la censura del caso que ocupa la atención de la Sala se hace recaer en un aspecto procedimental contencioso administrativo que impactó, a juicio, del actor en el debido proceso y que a su vez, dada la omisión en la que se incurrió, impidió que el hoy Senador cumpliera con los requisitos a acreditar para postularse, en tanto su candidatura no se materializó al resultar indebidamente inscrito, pues no se notificó una decisión precedente o anterior como lo fue la negativa a la revocatoria de la inscripción, sin que sea viable a partir del predicamento expuesto reputar que se trata de un hecho constitutivo de inhabilidad, como se lee en la demanda.NOTA DE RELATORÍA: Con respecto a la constitucionalidad de la mera comunicación a terceros en las actuaciones administrativas, ver: Corte Constitucional, sentencia de 4 de junio de 2014, exp. C - 341, M.P. Mauricio González Cuervo.

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