Sentencia nº 85001-23-31-000-2009-00066-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 8 de Noviembre de 2016
| Fecha | 08 Noviembre 2016 |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
REPARACION DIRECTA - Condena
PRELACIÓN DE FALLO - Privación injusta de la libertad / PRELACIÓN DE FALLO - Casos que entrañen solo la reiteración de jurisprudencia / PRELACIÓN DE FALLO - Procedencia
En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para proferir fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en el orden cronológico en que pasaron los expedientes al Despacho. No obstante, la Ley 1285 de 2009, en el artículo 16, permite decidir, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de la jurisprudencia”.
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTICULO 18 / LEY 1285 DE 2009 - ARTICULO 16
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Posición jurisprudencial / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Régimen aplicable. Presupuestos
En cuanto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 –anterior Código de Procedimiento Penal– y de la Ley 270 de 1996. Bajo este escenario, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone la declaración de ésta en todos los eventos en los cuales quien ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación en su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió o iii) la conducta era atípica. De igual forma, la posición mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado contempla la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva en aquellos eventos en los cuales se aplica, dentro del proceso penal respectivo, el principio universal de in dubio pro reo. Así, pues, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e, incluso, así se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que, si se da alguna de las causales recién mencionadas o se estructura una falla en el servicio, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados, siempre que quien demande no tenga el deber jurídico de soportarlos.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 90 / LEY 270 DE 1996 / DECRETO 2700 DE 1991 – ARTICULO 414
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Bogotá D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 85001-23-31-000-2009-00066-01(38810)A
Actor: MAURICIO ESTEBAN CHAPARRO BARRERA Y OTROS
Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Se decide el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia del 15 de abril de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo de Casanare, que negó las pretensiones de la demanda.
-
El 19 de mayo de 2009, los señores M.E.C.B., S.Y.A.M. (quienes actúan en nombre propio y en representación de su hijo menor A.E.C.A., D.C.M., G.A.B. de Chaparro, M.I., C.A., G.P., M.E., Blanca Cecilia y C. delP.C.B., por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron que se declarara la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el primero de ellos, del 7 de diciembre de 2000 al 6 de mayo de 2002.
Según los hechos de la demanda, el señor M.E.C.B. fue objeto de medida de aseguramiento de detención preventiva (la cual posteriormente fue sustituida por detención domiciliaria) y resolución de acusación por parte de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que en su condición de Secretario de Obras Públicas del departamento de Casanare suscribió varios contratos para la conexión de la línea eléctrica “… 115 KV de Chivor – Aguaclara”[1], los cuales presuntamente se celebraron sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales; no obstante, el 12 de julio de 2007, el Juzgado Primero Penal del Circuito del Distrito Judicial de Yopal dictó sentencia absolutoria, por encontrar que su comportamiento no se enmarcaba en ningún tipo legal y, por ende, no era “… susceptible de sanción alguna en el ámbito del derecho”[2], es decir, su conducta era atípica.
Como pretensiones de condena, se solicitó el pago de 200 SMLMV en favor del señor M.E.C.B., por concepto de perjuicios morales, y 100 SMLMV, por el mismo concepto, para cada uno de los otros demandantes. También se pidió el pago de 100 SMLMV en favor del señor C.B., por concepto de “daño a la vida de relación”[3], y el pago de los perjuicios materiales que resulten probados (fls. 4 a 19, c. 1).
-
Admitida la demanda, la Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones formuladas en ella y, en cuanto a los hechos, manifestó atenerse a lo que resultara probado. Arguyó que la medida de aseguramiento fue razonable y necesaria, teniendo en cuenta que se cumplieron los requisitos señalados en la ley para su procedencia, a lo cual agregó que su actuación no podía considerarse irregular, pues se soportó en pruebas legalmente recaudadas y en cumplimiento estricto de las obligaciones que la Constitución y la ley le imponen, cuales son las de investigar los delitos, acusar a los presuntos infractores de la ley y asegurar la comparecencia de los mismos al proceso penal.
Dijo que la preclusión de la investigación o la sentencia absolutoria a favor del sindicado no genera, per se, derecho a reclamar indemnización, pues, de ser así, ello implicaría desconocer la naturaleza y esencia de la función jurisdiccional y de la potestad punitiva del Estado.
Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) “FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR”[4], pues, en su criterio, la detención estuvo ajustada a derecho, ii) “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA”[5], con fundamento en que el daño se deriva de la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía en cumplimiento de un deber legal contenido en el Código de Procedimiento Penal, lo que constituye un daño derivado del hecho propio del legislador y iii) “CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA”[6], como quiera que la vinculación del señor C.B. al proceso penal obedeció a su falta de diligencia y cuidado como funcionario público encargado de contratar (fls. 160 a 169, c. 1).
-
Vencido el período probatorio, se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al representante del Ministerio Público, para que rindiera concepto (auto del 12 de noviembre de 2009, fl. 202 c.1).
3.1 En el término del traslado para presentar alegatos de conclusión, el extremo demandante se limitó a cuestionar cada una de los excepciones propuestas por la demandada y expresó que, cuando asumió el cargo de Secretario de Obras Públicas del departamento de Casanare, ya se había realizado la contratación y trazado las directrices –por parte de la oficina jurídica– que regirían el procedimiento contractual.
Agregó que en el presente asunto se debe aplicar el régimen de responsabilidad objetiva, por aplicación del artículo 414 del antiguo Código de Procedimiento Penal, pues, en su criterio, se le imputaron hechos que jamás cometió.
3.2 Por su parte, la Fiscalía General de la Nación solicitó negar las pretensiones de la demanda, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en su contestación y agregó que el señor M.E.C.B. estaba en la obligación de soportar la medida de aseguramiento, pues, según ella, el proceso contractual para la conexión de la línea eléctrica “… 115 KV de Chivor – Aguaclara” fue irregular y no se ajustó al proceso de selección objetiva; además, afirmó que incurrió en fraccionamiento del objeto contractual (propiciando así múltiples adjudicaciones) circunstancia que justificó la medida de detención preventiva y la acusación penal en su contra (fls. 203 a 211, c. 1).
-
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 15 de abril de 2010, el Tribunal Administrativo de Casanare negó las pretensiones de la demanda, dada la ausencia probatoria que –en su criterio– caracteriza el presente asunto, teniendo en cuenta que no se trasladó el proceso penal seguido en contra del señor C.B.; con todo, agregó que, en caso de contarse con el mismo...
-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba