Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-01156-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 25 de Octubre de 2017
| Fecha | 25 Octubre 2017 |
| Emisor | SECCIÓN QUINTA |
| Tipo de documento | Sentencia |
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedente por incumplir el requisito de inmediatez y subsidiariedad / INMEDIATEZ - Seis (6) meses es el término razonable para interponer la acción de tutela contra providencia judicial / SUBSIDIARIEDAD - Omisión en el agotamiento de otros medios de defensa judicial / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Medio idóneo para cuestionar la decisión judicial que se considera abuso del derecho y resulta lesiva para el tesoro público / PERJUICIO IRREMEDIABLE - Inexistencia
[D]ebe indicarse que la tesis de flexibilización del requisito de inmediatez solo es aplicable en aquellos eventos en que la UGPP, como sucesora procesal de CAJANAL, no tuvo posibilidad de conocer oportunamente las decisiones judiciales o no pudo ejercer una defensa técnica adecuada, en virtud del estado de cosas inconstitucional. De manera que, se advierte que la providencia de segunda instancia proferida el 28 de abril de 2016, se notificó por estado electrónico N. 72 de mayo 2 de 2016, mientras que la radicación de la tutela se efectuó el 3 de mayo de 2017, es decir la tutelante dejó transcurrir 1 año después de que la UGPP tuvo conocimiento de la decisión. Adicionalmente, debe señalarse que la UGPP cuenta con el recurso extraordinario de revisión establecido en el artículo 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, para controvertir la decisión judicial con la que, a su juicio, se incurrió en un abuso del derecho, al ordenar la reliquidación de una pensión que excede la cuantía que por ley corresponde y de la cual dependen los actos administrativos que la misma entidad demandante cuestiona con esta tutela. Asimismo, debe precisarse que de conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, el término para interponer el recurso extraordinario de revisión para los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es de 5 años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o «… en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio». (…). En consecuencia, se confirmará la improcedencia de la solicitud de amparo por cuanto no cumple con los presupuestos de la inmediatez y subsidiariedad, ya que por un lado, no acudió de forma oportuna a esta sede constitucional y, por otro, la parte actora cuenta con un mecanismo de defensa para cuestionar las providencias que a su juicio, incurre en un abuso del derecho y resulta lesiva para el tesoro público.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 248 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 251 / LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 20
NOTA DE RELATORÍA: Respecto al recurso extraordinario de revisión, ver: Consejo de Estado, sentencia de 16 de marzo de 2017, EXP. 11001-03-15-000-2016-02774-01, C.P. (E): L.J.B.B.. En cuanto a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de un abuso del derecho, ver: Corte Constitucional, sentencia T-363 de 1998, M.P.F.M.D. y sentencia T-300 de 2014, M.P.L.G.G.P..
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: C.E.M. RUBIO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-01156-01(AC)
Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ y OTRO
Decide la Sala la impugnación presentada por el señor S.R.L., en calidad de Subdirector de Defensa Judicial Pensional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante (UGPP), contra el fallo del 24 de agosto de 2017 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de tutela.
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La petición de amparo
La parte actora promovió acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante escrito recibido el 3 de mayo de 2017 en la Oficina de Correspondencia de esta Corporación, a fin de que le fueran amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Consideró vulnerados sus derechos con las decisiones adoptadas el 4 de marzo de 2015 y 28 de abril de 2016, por las autoridades judiciales demandadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró la señora G.T.C.A., que ordenaron a la UGPP reliquidar la pensión de la demandante, con inclusión de los factores salariales devengados durante su último año de servicios.
En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
Primero. Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, sean amparados los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, en atención al desconocimiento de los principios generales de la Seguridad Social.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior:
a. Dejar sin efectos:
Los fallos proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro de la acción contenciosa administrativa No. 2013-00266 promovida por la señora G.T.C.A. contra la UGPP.
En razón a que aquellos contrarían los postulados legales – Ley 100 de 1993 y jurisprudenciales- Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, T-078 de 2013, SU 230 de 2015 y SU 427 de 2016 que fundamentan el régimen de transición y que generan un absoluto detrimento a la sostenibilidad financiera del sistema pensional por la evidente irregularidad sustancial en las órdenes impartidas.
b. Se sirva ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, dictar nueva sentencia ajustada a derecho disponiendo reliquidar la pensión de vejez de la señora G.T.C.A., aplicando el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, respetando el régimen anterior pero teniendo en cuenta como IBL los últimos 10 años conforme al inciso 3 de la referida norma y con los factores salariales del Decreto 1158 de 1994.
c. Se DEJE sin efectos la Resolución Nº 46819 del 13 de diciembre de 2016 con la cual se dio cumplimiento a los fallos controvertidos dictados en el proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2013-00266
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Sostuvo la accionante que mediante Resolución Nº 16322 del 6 de octubre de 2010, CAJANAL reconoció en favor de la señora G.T.C.A., pensión de vejez en cuantía de $580.390, efectiva a partir del 1º de enero de 2009, condicionado su pago a que demuestre su retiro definitivo.
Señaló que el monto pensional fue liquidado teniendo en cuenta el 75% del promedio devengado entre el 1º de enero de 1999 y el 30 de diciembre de 2008, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Indicó que posteriormente mediante Resolución Nº 9252 de febrero 27 de 2013, la UGPP negó una solicitud de reliquidación presentada por la señora G.T.C.A., quien pretendía se liquidara el monto conforme al 75% del promedio devengado durante el último año de servicio. Esta decisión fue confirmada mediante Resolución Nº 021099 de mayo 8 de 2013.
Manifestó que contra los actos administrativos mencionados, la señora C.A. promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que en primera instancia resolvió el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja, el cual a través de providencia de marzo 4 de 2015, declaró la nulidad de las Resoluciones Nº. 9252 de febrero 27 de 2013 y Nº 021099 de mayo 8 de 2013. Además ordenó a la UGPP “reliquidar la pensión de la demandante, teniendo en cuenta la base de liquidación, además de los factores ya incluidos, los auxilios de transporte, de alimentación y las primas de vacaciones, de servicio y de navidad, devengados durante el último año de servicios a partir del 12 de enero de 2011”.
Expresó que dicha decisión fue apelada por la UGPP, por cuanto se estaba desconociendo el alcance del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al incluir aspectos que no hacen parte del régimen de transición. El recurso fue decidido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de abril 28 de 2016, en la cual modificó parcialmente el fallo atacado y ordenó a la UGPP realizar al pensionado los descuentos que no se hubieran efectuado al Sistema General de Pensiones, durante los últimos 5 años de vida laboral
Mencionó que en cumplimiento de lo anterior, la UGPP expidió la Resolución Nº 46819 de diciembre 13 de 2016, donde se liquidó la pensión de la señora G.T.C.A. con el promedio del 75% de lo devengado en el último año de servicio, elevando su cuantía a la suma de $909.856, efectiva a partir de enero 12 de 2011.
Agregó que contra el citado acto administrativo, la beneficiaria de la pensión presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones Nº 4717 de febrero 9 de 2017 y Nº 1874 de marzo 16 de la misma anualidad, las cuales confirmaron en todas y cada una de las partes la Resolución Nº 46819 de diciembre 13 de 2016, teniendo en cuenta que la señora C.A. no realizó aportes sobre factores salariales diferentes a los consagrados en el Decreto 1158 de 1994.
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Sustento de la vulneración
Aseveró que las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá desconocieron el precedente de la Corte Constitucional plasmado en las sentencias C - 168 de 1995, C -258 de 2015, T - 078 de 2013, SU 230 de 2015 y SU 427 de 2016, que fijaron el alcance del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en torno a los aspectos del régimen de transición pensional.
Sostuvo que las sentencias mencionadas incurrieron en defecto sustantivo, puesto que el ingreso base de liquidación debía liquidarse con las disposiciones de la Ley 100 de...
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