Sentencia nº 85001-23-31-000-2005-00660-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Diciembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 761853529

Sentencia nº 85001-23-31-000-2005-00660-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Diciembre de 2018

Ponente:JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Fecha de Resolución:14 de Diciembre de 2018
Emisor:SECCIÓN TERCERA
RESUMEN

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO A LA PROPIEDAD, A LA POSESIÓN O A LA TENENCIA POR PARTE DEL ESTADO / DAÑO CAUSADO POR OCUPACIÓN DE BIEN INMUEBLE / OCUPACIÓN PERMANENTE POR OBRA PÚBLICA / VIOLACIÓN DE LA POSESIÓN - Configurado / DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL - Configurado / FALLA DEL SERVICIO - ConfiguradaEl Departamento de Casanare y la Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales (Conalde) celebraron un contrato para la construcción del alcantarillado pluvial del municipio de Monterrey (Casanare). El señor Hildefonso Contreras reclama los perjuicios que alega haber padecido porque, con ocasión de la obra, se produjo la ocupación permanente de un predio de su propiedad (…) [L]a omisión, por parte del Departamento del Casanare, de los procedimientos establecidos para constituir las servidumbres requeridas o, en su caso, adquirir o expropiar la franja del predio La Vega (antes El Refugio) que fue ocupada para la ejecución del 470 de 2002, sumado a la destrucción de la franja de la vía de acceso a dicho predio que se encontraba pavimentada, sin su reparación, llevan a esta Sala a imputar a Departamento del Casanare la responsabilidad por el daño antijurídico irrogado al demandante, bajo el régimen de falla del servicio, por la omisión de los deberes derivados del artículo 58 constitucional y 22 de la CADH, y del principio de planeación, conforme al artículo 25.7 de le Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia (…) Para la Sala, la ocupación con carácter permanente al predio La Vega (antes El Refugio) que se produjo en el desarrollo de las obras públicas del alcantarillado de Monterrey, constituye un claro menoscabo a la posesión que el señor Contreras ejercía sobre el predio La Vega; posesión que constituye un interés legítimamente tutelado, conforme a lo razonado previamente en esta providencia y lo reconocido en la jurisprudencia de esta Corporación. Esta afectación no resulta atribuible a la víctima, ya que -como se demostró- esta no autorizó la ejecución de las obras mencionadas (…) Esta Subsección considera pertinente añadir que la omisión del análisis de las autorizaciones necesarias para evaluar la conveniencia o inconveniencia del objeto contractual, en la etapa previa al proceso de selección del contratista o a la firma del contrato, representa un desconocimiento del deber de planeación en cabeza de la entidad estatal, de conformidad con el artículo 25.7 de le Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia de la Sala (…) [E]ncuentra este Colegiado que el objeto del contrato 470 de 2002, en cuya ejecución la actora afirma que se produjo el daño antijurídico cuya reparación demanda, se limitó a la construcción del alcantarillado pluvial del municipio de Monterrey, es decir, al alcantarillado de la aguas lluvias. Aparte, la Sala observa que en los términos de referencia del referido contrato se incluyeron únicamente sumideros de aguas lluvias, mas no de aguas residuales. Así pues, con base en el contrato 470 de 2002, la Sala imputará al departamento del Casanare únicamente la responsabilidad por los daños antijurídicos sufridos por Hidelfonso Contreras como consecuencia del vertimiento de aguas pluviales en el predio sobre el cual ejercía posesión. No se presentaron elementos de convicción con base en los cuales se pueda establecerse el origen de las aguas residuales vertidas en el mismo previo. Por lo tanto, no es posible definir la imputación de los daños ocasionados con tales vertimientos.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO POR OCUPACIÓN PERMANENTE DE BIEN INMUEBLE / DERECHO A LA POSESIÓN - Presupuestos / AFECTACIÓN AL DERECHO DE POSESIÓN / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE / OMISIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA Y DE EXPROPIACIÓNEl artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así pues, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) la imputación de responsabilidad por el daño al Estado, por la acción u omisión de autoridades públicas (…) Como lo ha reiterado la jurisprudencia contencioso-administrativa colombiana, se produce un daño antijurídico cuando se menoscaba o vulnera un interés jurídicamente tutelado que la víctima no tiene el deber de soportar. Así pues, para verificar si en el sub judice se produjo un daño antijurídico, corresponde a esta Subsección juzgar, en primer lugar si, con las obras del alcantarillado del municipio de Monterrey (Casanare) se afectó un interés jurídico en cabeza del actor y, tras ello, si el mismo no tenía el deber jurídico de soportarlo; deber que puede ser establecido por el legislador, siempre que ello no suponga una vulneración de la Constitución. Con el fin de determinar la afectación de un interés tutelado por el ordenamiento jurídico, en eventos de responsabilidad por ocupación permanente, es requisito necesario que la parte demandante demuestre fehacientemente que dicha ocupación existió y que se produjo en un predio respecto al que pruebe la calidad de dueño, poseedor, usufructuario, habitador, usuario o tenedor, pues la Corporación -con fundamento en el artículo 2342 del Código Civil- aceptó no solo la presencia en la... (ver resumen completo)


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