Auto nº 11001-03-06-000-2019-00076-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 12 de Noviembre de 2019
| Sentido del fallo | NO APLICA |
| Normativa aplicada | LEY 734 DE 2011 – ARTÍCULO 112 / LEY 734 DE 2011 – ARTÍCULO 39 / CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA – ARTÍCULO 99 / CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA – ARTÍCULO 100 / LEY 1878 DE 2018 – ARTÍCULO 3 PARÁGRAFO 3 / CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA – ARTÍCULO 99 / CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA – ARTÍCULO 100 / LEY 1878 DE 2018 – ARTÍCULO 3 / CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA – ARTÍCULO 96 / CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA – ARTÍCULO 103 / LEY 489 DE 1998 ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 113 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 209 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 3 / LEY 1098 DE 2006 – ARTÍCULO 107 / LEY 1098 DE 2006 – ARTÍCULO 108 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 39 / LEY 1098 DDE 2006 – ARTÍCULO 52 / LEY 1878 DE 2018 – ARTÍCULO 1 / LEY 640 DE 2001 – ARTÍCULO 37 / LEY 1878 DE 2018 – ARTÍCULO 13 PARÁGRAFO 3 / LEY 4 DE 1913 – ARTÍCULO 53 / LEY 1098 DE 2006 – ARTÍCULO 100 / LEY 1878 DE 2018 / LEY 1878 DE 2018 – ARTÍCULO 6 / LEY 1955 DE 2019 – ARTÍCULO 208 / LEY 1098 DE 2006 / LEY 1955 DE 2019 – ARTÍCULO 208 |
| Emisor | Sala de Consulta y Servicio Civil |
| Número de expediente | 11001-03-06-000-2019-00076-00 |
| Fecha | 12 Noviembre 2019 |
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS – Entre el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) - Regional Antioquia Defensoría de
Familia Centro Zonal Suroriental de Medellín y el Juzgado Cuarto de Familia
en Oralidad de Medellín / SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL – Competencia
general en los conflictos de competencias administrativos
La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento
administrativo». Su Título II se ocupa del «Procedimiento Administrativo
General» cuyas «reglas generales» están contenidas en el Capítulo I (...)
Con base en el artículo 39 (…) [E]n armonía con el numeral 10 del artículo
112, la S. ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los
conflictos de competencia administrativa, a saber: (i) que se trate de una
actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta; (ii) que,
simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia
para conocer de la actuación administrativa particular; y, (iii) que una de
las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea
del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la
jurisdicción de un solo tribunal administrativo. (…) Por lo anterior, como
regla general, los conflictos de competencias entre las autoridades que
adelantan las actuaciones administrativas reguladas en el Libro Primero del
Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) son de
conocimiento de la S.. Solo se exceptúan de esta competencia los
conflictos regulados por la norma especial incorporada por el parágrafo 3
del artículo 3 de la Ley 1878 de 2018, que reguló el procedimiento de que
tratan los artículo 99 y 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia,
sin perjuicio de la jurisdicción territorial del juez de familia, como se
explicará adelante
FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2011 – ARTÍCULO 112 / LEY 734 DE 2011 – ARTÍCULO
39 / CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA – ARTÍCULO 99 / CÓDIGO DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA – ARTÍCULO 100 / LEY 1878 DE 2018 – ARTÍCULO 3
PARÁGRAFO 3
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL - Competencia general de la S. para
dirimir los conflictos de competencia que se susciten en actuaciones
administrativas reguladas por la Ley 1098 de 2006 / JUEZ DE FAMILIA –
Competencia para dirimir conflictos de competencia administrativos /
COMPETENCIA DE JUEZ DE FAMILIA EN MATERIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA
ADMINISTRATIVO - Alcance
[E]l artículo 3 de la Ley 1878, que modificó el artículo 99 de la Ley 1098
de 2006, confirió a los jueces de familia la función de dirimir los
conflictos de competencia que puedan presentarse en el trámite regulado por
dicha norma, sobre ese punto ya no hay vacío, sino norma especial de
aplicación prevalente. El artículo 99 del Código regula la «iniciación de
la actuación administrativa», cuyo trámite se consagra de forma inicial en
este artículo y continúa desarrollándose en el artículo 100 de la misma
normativa, por lo que, debe entenderse que el parágrafo del artículo 3 de
la Ley 1878 cobija ambos artículos. Significa, entonces, que los conflictos
de competencia que se susciten desde el «conocimiento de la presunta
amenaza o vulneración de los derechos» hasta la definición de la situación
jurídica «declarando en situación de vulneración de derechos o
adoptabilidad al niño, niña o adolescente», regulado en los artículos 99 y
100 del Código de la Infancia y la Adolescencia, son competencia del juez
de familia. Lo anterior, sin perjuicio de que por cambios de lugar de
domicilio del menor se llegaren a exceder las limitaciones de jurisdicción
territorial del juez de familia, caso en el cual la competencia recaería en
el tribunal de lo contencioso administrativo respectivo o en la S. de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, según el caso
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA – ARTÍCULO 99 /
CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA – ARTÍCULO 100 / LEY 1878 DE 2018 –
ARTÍCULO 3
MEDIDAS DE PROTECCIÓN – Trámite de seguimiento y modificación
La comparación de los artículos 96 y 103 del Código de la Infancia y la
Adolescencia permiten llegar a la conclusión de que la función de
seguimiento está a cargo de los defensores de familia, comisarios de
familia, inspectores de policía o jueces de familia, según el caso, con la
colaboración de los coordinadores de los centros zonales del ICBF. En
ejercicio de dicha función, les corresponde (i) evaluar la eficacia de
tales medidas para garantizar los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y (ii) establecer cuál de las medidas enunciadas en la norma
debe ser la medida de restablecimiento definitiva. Todas las autoridades
mencionadas tienen el deber de colaborar activa y positivamente en el
desarrollo de esta importante tarea, en cumplimiento de los principios de
colaboración y coordinación previstos en los artículos 113 y 209 de la
Constitución Política, 6 de la Ley 489 de 1998 y 3 del CPACA (Ley 1437 de
2011)
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA – ARTÍCULO 96 /
CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA – ARTÍCULO 103 / LEY 489 DE 1998
ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 113 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA –
ARTÍCULO 209 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 3
CUSTODIA, VISITAS, ALIMENTOS Y DECLARATORIA DE ADOPTABILIDAD – Competencia
de los defensores de familia y comisarios de familia
Respecto de los trámites sobre custodia, visitas y alimentos, destaca la
S.: El artículo 31 de la Ley 640 de 2001 asigna competencia a los
defensores de familia y a los comisarios de familia para adelantar
conciliaciones extrajudiciales en diversos asuntos de familia, entre ellos,
la custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los niños,
niñas y adolescentes y la fijación de la cuota alimentaria. El artículo 1
de la Ley 1878 de 2018, al modificar el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006,
para precisar el trámite de «verificación de la garantía de derechos»,
adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual «Si dentro de la
verificación de la garantía de derechos se determina que es un asunto
susceptible de conciliación, se tramitará conforme la ley vigente en esta
materia; […]». En criterio de la S., esta norma remite a las reglas
legales sobre la conciliación y no al asunto conciliable. Advierte la S.
que como las normas en cita no contemplan disposiciones especiales en
materia de conflictos de competencia que puedan presentarse en el trámite
administrativo de estas actuaciones especiales, por lo que la S. continúa
con la función de dirimir los que le sean propuestos, de acuerdo con el
artículo 39 de la Ley 1437 de 2011. Igualmente, en lo que respecta a la
denominada «declaratoria de adoptabilidad»: los artículos 7 y 8 de la Ley
1878 de 2018, modificatorios de los artículos 107 y 108 de la Ley 1098 de
2006, tampoco se refieren a eventuales conflictos de competencias
administrativas, por lo que la S. entiende que, de presentarse, serán de
su competencia
FUENTE FORMAL: LEY 1098 DE 2006 – ARTÍCULO 107 / LEY 1098 DE 2006 –
ARTÍCULO 108 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 39 / LEY 1098 DDE 2006 –
ARTÍCULO 52 / LEY 1878 DE 2018 – ARTÍCULO 1 / LEY 640 DE 2001 – ARTÍCULO 37
LEY 1878 DE 2018 – Vigencia
[S]i se le da un efecto útil al artículo 13 de la Ley 1878 de 2018, en el
sentido de que la expresión «a partir de la expedición» de esa ley debe
entenderse como el inicio de su vigencia, esto es, que el legislador fijó
la fecha de su promulgación como el día en que debía «principiar a regir»
(art. 53, Ley 4 de 1913), necesariamente deberá concluirse que si la Ley
1878 fue publicada en el Diario Oficial 50.471 del 9 de enero de 2018, esta
comenzó a regir en esa fecha, y, por lo mismo, desde ese momento comienza a
regular las situaciones por ella previstas, en lo que se conoce como efecto
general inmediato de la ley. Así las cosas, a los procesos administrativos
de restablecimiento de derechos que se inicien a partir del 9 de enero de
2018 se les aplicará, en su integridad, la Ley 1878 de 2018, incluida la
regla especial de definición de los conflictos de competencia asignada por
el parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 1878 de 2018 al juez de familia
FUENTE FORMAL: LEY 1878 DE 2018 – ARTÍCULO 13 PARÁGRAFO 3 / LEY 4 DE 1913 –
ARTÍCULO 53
LEY 1878 DE 2018 – Reglas de transición previstas en el artículo 13
Los procesos en los que aún no se hubiera definido la situación jurídica
establecida en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, deberán ser fallados
conforme a la legislación vigente al momento de su apertura; es decir,
situaciones nacidas al amparo de la ley antigua continuarán rigiéndose por
ella y no por la ley nueva. (…) En los procesos en curso para el 9 de enero
de 2018 «que se encuentran con declaratoria en situación de vulneración de
derechos», se aplicará la Ley 1878 de 2018, en lo relativo al «seguimiento
de las medidas». En el marco legal descrito, la S. procede a analizar su
competencia y fundamentar la decisión sobre el presunto conflicto de
competencias administrativas cuya solución le ha sido demandada
FUENTE FORMAL: LEY 1098 DE 2006 – ARTÍCULO 100 / LEY 1878 DE 2018
PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS – En favor de los
niños, niñas y adolescentes / MEDIDA DE PROTECCIÓN Y AUTORIDAD COMPETENTE
PARA ORDENARLA – Modificación / MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO – Procedencia
de su modificación
Las medidas de restablecimiento se pueden modificar «cuando esté demostrada
la alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas», para lo cual
la autoridad administrativa deberá analizar cada caso según sus
circunstancias particulares y los informes técnicos interdisciplinarios que
le presente el coordinador del Centro Zonal del ICBF. (…) La autoridad
competente para modificar las medidas de restablecimiento es aquella que
tiene la competencia del proceso administrativo de...
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