Auto nº 11001-03-06-000-2019-00159-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 12 de Diciembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 841380904

Auto nº 11001-03-06-000-2019-00159-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 12 de Diciembre de 2019

Ponente:ÓSCAR DARÍO AMAYA NAVAS
Fecha de Resolución:12 de Diciembre de 2019
Emisor:Sala de Consulta y Servicio Civil
RESUMEN

CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIAS - Entre la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República / COMPETENCIA DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA DIRIMIR CONFLICTOS DE COMPETENCIA QUE SE SUSCITEN ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA COMISIÓN DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA - Se extiende a los conflictos negativos de competencia / SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL - Competencia residual para dirimir conflictos de competencia entre dos autoridades administrativasEl artículo 23 de la Ley 1828 de 2017, «por medio de la cual se expide el Código de Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan otras disposiciones», regula de manera especial los conflictos de competencia que se susciten entre la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista. (…), la Sala observa que la norma no hizo mención alguna a los conflictos positivos de competencia. El legislador otorgó únicamente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la competencia para dirimir los conflictos negativos de competencia que se presenten entre estas dos autoridades. (…) Al no existir en el caso que se analiza, una norma especial y concreta que le atribuya a una autoridad la competencia específica para dirimir los conflictos positivos de competencia, le corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil resolverlos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 (numeral 10) de la Ley 1437 de 2011SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL - Elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativosCon base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: (i) que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta; (ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular; y (iii) que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativoNOTA DE RELATORÍA: Sobre la legitimidad para promover conflictos de competencia ver Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 13 de agosto de 2013. Radiación número: Conflicto de competencia No. 11001 - 03-06-000-2013-00376-00. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio... (ver resumen completo)

 
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CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIAS – Entre la S. Disciplinaria de la

Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Ética y Estatuto del

Congresista del Senado de la República / COMPETENCIA DE LA SALA PENAL DE LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA DIRIMIR CONFLICTOS DE COMPETENCIA QUE SE

SUSCITEN ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA COMISIÓN DE ÉTICA

Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA – Se extiende a los conflictos negativos de

competencia / SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL – Competencia residual para

dirimir conflictos de competencia entre dos autoridades administrativas

El artículo 23 de la Ley 1828 de 2017, «por medio de la cual se expide el

Código de Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan otras

disposiciones», regula de manera especial los conflictos de competencia que

se susciten entre la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de

Ética y Estatuto del Congresista. (…), la S. observa que la norma no hizo

mención alguna a los conflictos positivos de competencia. El legislador

otorgó únicamente a la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia la

competencia para dirimir los conflictos negativos de competencia que se

presenten entre estas dos autoridades. (…) A. no existir en el caso que se

analiza, una norma especial y concreta que le atribuya a una autoridad la

competencia específica para dirimir los conflictos positivos de

competencia, le corresponde a la S. de Consulta y Servicio Civil

resolverlos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 (numeral

10) de la Ley 1437 de 2011

FUENTE FORMAL: LEY 1828 DE 2017 – ARTÍCULO 23 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO

39 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 112 NUMERAL 10

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL – Elementos que la habilitan para dirimir

los conflictos de competencias administrativos

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del

artículo 112, la S. ha precisado los elementos que la habilitan para

dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: (i) que se

trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta;

(ii) que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen

competencia para conocer de la actuación administrativa particular; y (iii)

que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia

administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén

sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 39 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO

112 NUMERAL 10

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la legitimidad para promover conflictos de

competencia ver Consejo de Estado. S. de Consulta y Servicio Civil.

Decisión del 13 de agosto de 2013. Radiación número: Conflicto de

competencia No. 11001-03-06-000-2013-00376-00. Consejo de Estado. S. de

Consulta y Servicio Civil. Decisión del 16 de octubre de 2018. Radicación

número: 11001-03-06-000-2018-00099-00(C) del 16 de octubre de 2018

CONGRESISTAS – Régimen disciplinario / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN –

Carece de competencia para investigar disciplinariamente a los congresistas

por sus votos y opiniones

[E]l ordenamiento jurídico colombiano incorpora un conjunto de

disposiciones especiales de orden constitucional en relación con los

senadores y representantes. Así, pueden señalarse las siguientes: i) el

fuero penal, ii) la inviolabilidad por votos y opiniones, y iii) la pérdida

de investidura. A lo anterior debe agregarse, iv) la existencia de un

régimen disciplinario especial para los congresistas, por medio del cual se

pretende evitar la intromisión de otras autoridades en el ejercicio de sus

funciones para garantizar su autonomía e independencia, y de esta manera,

salvaguardar el equilibrio de poderes y el correcto funcionamiento del

Estado. El régimen disciplinario de los congresistas involucra la

consideración de normas constitucionales y legales. (…) Una de las

manifestaciones más importantes de la independencia y autonomía del Poder

Legislativo se encuentra en el artículo 185 de la Constitución Política, el

cual señala que: «Los congresistas serán inviolables por las opiniones y

los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas

disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo». (…) [E]n virtud de

la expresión «sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el

reglamento respectivo», se ha concluido que los votos y opiniones de los

legisladores pueden dar lugar, en todo caso, a responsabilidad

disciplinaria, la cual debe ser definida dentro de la corporación. (…)

Finalmente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 185, así como la

garantía de independencia y autonomía del poder legislativo, derivada del

principio de separación de poderes consagrado en el artículo 113 de la

Constitución Política, el P. General de la Nación no tiene

competentica para investigar disciplinariamente a los congresistas por sus

votos y opiniones

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICAARTÍCULO 185 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA

– ARTÍCULO 277 NUMERAL 6 / LEY 1828 DE 2017 – ARTÍCULO 7

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la importancia de que los congresistas cuenten con

un régimen disciplinario propio con miras a garantizar su autonomía e

independencia ver Corte Constitucional. Sentencia del 17 de octubre de

2013, SU-712/13

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN – Potestad disciplinaria sobre los

servidores públicos /

El numeral 6º del artículo 277 de la Constitución Política consagra

expresamente la potestad disciplinaria del P. General de la Nación

sobre los servidores públicos, incluidos los elegidos por votación popular

(…) Los congresistas son servidores públicos de elección popular, razón por

la cual son sujetos disciplinables del P. General de la Nación. (…)

La Ley 5ª de 1992 establece un conjunto de deberes, faltas y sanciones a

las que se encuentran sujetos los congresistas. Igualmente, otorga a la

Comisión de Ética y Estatuto del Congresista la competencia para imponer

estas últimas. Adicionalmente, la Ley 5ª de 1992, a través de su artículo

266, reconoció la competencia del P. General de la Nación para

ejercer la vigilancia sobre la conducta oficial de los senadores y

representantes (…) la Comisión es competente para conocer del conflicto de

interés y de las violaciones al régimen de incompatibilidades e

inhabilidades de los Congresistas. Esta es una de las causales de pérdida

de investidura (art. 183 – 1 Constitución Política y art. 296 Ley 5 de

1992), la cual puede ser demandada por la Mesa Directiva de la Cámara

respectiva ante el Consejo de Estado. Asimismo, conoce del comportamiento

indecoroso, irregular o inmoral que pueda afectar a alguno de los miembros

de las Cámaras en su gestión pública, de conformidad con el Código de Ética

y Disciplinario expedido por el Congreso.

La Comisión ejerce su función disciplinaria con fundamento en la Ley 1828

de 2017

FUENTE FORMAL: LEY 1828 DE 2017 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 183

NUMERAL 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICAARTÍCULO 277 NUMERAL 6 / CONSTITUCIÓN

POLÍTICA – ARTÍCULO 296 / LEY 5 DE 1992 – ARTÍCULO 266

CONGRESISTA – Autoridad competente para investigarlo disciplinariamente /

FUNCIÓN CONGRESIONAL DE LA CONDUCTA A INVESTIGAR – Determina autoridad

competente para llevar a cabo proceso disciplinario / CÓDIGO DE ÉTICA

DISCIPLINARIO DEL CONGRESISTA – Finalidad

Por las conductas que realicen, los congresistas están sujetos a distintos

tipos de responsabilidad. Así, pueden ser objeto de sanción penal o de la

pérdida de su investidura. A lo anterior, debe sumarse la responsabilidad

disciplinaria, la cual, con la expedición de la Ley 1828 de 2017, requiere

determinar si la conducta a investigar corresponde a una actividad que

afecta la función congresional. De dicha calificación, dependerá la

autoridad competente para llevar a cabo el correspondiente proceso

disciplinario (…) El artículo 3º de la Ley 1828 de 2017 establece la

competencia disciplinaria teniendo en cuenta si la conducta a investigar

respecta a la función congresional. Si es así, la investigación

disciplinaria debe adelantarse por la Comisión de Ética y Estatuto del

Congresista. Por el contrario, si la conducta no respecta a la función

congresional, la competencia disciplinaria recae en la Procuraduría General

de la Nación. Para definir qué debe entenderse por "función congresional",

y, además, superar situaciones o zonas de penumbra en las cuales no resulta

fácil identificar si la conducta desplegada por un senador o representante

debe ser investigada por la Comisión o por el P. General de la

Nación, debe acudirse a una interpretación sistemática de las Leyes 5ª de

1992 (sin perjuicio de otras normas que establezcan funciones a los

congresistas) y 1828 de 2017 (…) [E]l artículo 1º de la Ley 1828 de 2017,

al referirse a la finalidad perseguida por el Código de Ética y

Disciplinario del Congresista, consagra que este tiene como propósito

servir de marco normativo de la responsabilidad ética y disciplinaria de

los congresistas, ante la ocurrencia de conductas indecorosas, irregulares

o inmorales en que incurran en el ejercicio de su función o con ocasión de

la misma (…) se afecta la "función congresional" cuando un congresista, en

ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, desconoce los

deberes, prohibiciones y conductas consagradas en la Ley 1828 de 2017. (…)

De otra parte, la distribución de competencias realizada por los artículos

3º y 10 de la Ley 1828 de 2017 debe interpretarse de forma sistemática con

los artículos 113, 185 y 277 de la Constitución Nacional. A la luz de estas

disposiciones es posible identificar los siguientes ámbitos de competencia

disciplinaria respecto de senadores y representantes, los cuales toman en

cuenta la naturaleza de la conducta a investigar: a) Conducta

correspondiente a un voto u opinión. b) Conducta que atenta contra la

función congresional. c) Conducta que no atenta contra la función

co...

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