Sentencia nº 25000-23-26-000-2006-01957-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 20 de Febrero de 2020 - Jurisprudencia - VLEX 844452099

Sentencia nº 25000-23-26-000-2006-01957-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 20 de Febrero de 2020

Ponente:MARÍA ADRIANA MARÍN
Fecha de Resolución:20 de Febrero de 2020
Emisor:SECCIÓN TERCERA
RESUMEN

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTASÍNTESIS DEL CASO: El 26 de diciembre de 1997, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá celebró con el consorcio R y M Construcciones Ltda. - Mario Germán García García - Construcciones AP Cía. Ltda., el contrato de obra N° SF-1-01-7000-0554-97, con el objeto de adelantar “las obras de adecuación de la Calle 13 de Bosa”.(…) Las partes suscribieron el acta de inicio de la obra el 26 de mayo de 1998 y liquidaron bilateralmente el contrato el 6 de julio de 2000. En esta oportunidad, El interventor dejó constancia de que el contrato había sido ejecutado “con la calidad, cantidad y oportunidad contratada”. (…) El 16 de junio de 2003, el señor Hernando Contreras Sarmiento, en su condición de edil de la Junta Administradora Local de Bosa, le solicitó al Instituto de Desarrollo Urbano que efectuara un seguimiento a las pólizas de garantía constituidas para la construcción de la Calle 13 de Bosa “sector de Franja Seca”, puesto que se habían detectado hundimientos del asfalto debido al tráfico pesado que por allí transitaba, dados los procesos de urbanización que se estaban adelantando. En abril de 2004, la firma interventora del contrato SF-1-01-7000-0554-97 señaló que el consorcio contratista no había ejecutado los arreglos a los que se había comprometido y recomendó hacer efectiva la póliza N° 1151495. Acompañó su comunicación con un nuevo registro fotográfico de la vía intervenida, que contenía imágenes y referencias de los daños encontrados en el asfalto, en 107 puntos de la denominada “Calle 13 de Bosa”, de los cuales, solo 11 presentaron coincidencias con el informe del IDU. Según la interventoría, la reparación de las fallas encontradas en 2004 tendría un costo de $256’000.000. Esta cifra fue corroborada por la EAAB al reclamar el pago del siniestro ante la compañía Confianza S.A., en un documento que denominó “decisión N° 004” del 3 de marzo de 2005, en el cual declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra, con el propósito de constituir el aviso de siniestro a la aseguradora.ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA / EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITOLa Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada el 14 de octubre de 2011, puesto que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo -vigente en la fecha de interposición de la demanda- estableció que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias y... (ver resumen completo)

 
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ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA

PÚBLICA / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DE LA

OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

SÍNTESIS DEL CASO: El 26 de diciembre de 1997, la Empresa de Acueducto y

Alcantarillado de Bogotá celebró con el consorcio R y M Construcciones

L.. – M.G.G.G. – Construcciones AP Cía. L.., el

contrato de obra N° SF-1-01-7000-0554-97, con el objeto de adelantar "las

obras de adecuación de la Calle 13 de B..(…) Las partes suscribieron el

acta de inicio de la obra el 26 de mayo de 1998 y liquidaron bilateralmente

el contrato el 6 de julio de 2000. En esta oportunidad, El interventor dejó

constancia de que el contrato había sido ejecutado "con la calidad,

cantidad y oportunidad contratada". (…) El 16 de junio de 2003, el señor

H.C.S., en su condición de edil de la Junta

Administradora Local de B., le solicitó al Instituto de Desarrollo Urbano

que efectuara un seguimiento a las pólizas de garantía constituidas para la

construcción de la Calle 13 de B. "sector de Franja Seca", puesto que se

habían detectado hundimientos del asfalto debido al tráfico pesado que por

allí transitaba, dados los procesos de urbanización que se estaban

adelantando. En abril de 2004, la firma interventora del contrato SF-1-01-

7000-0554-97 señaló que el consorcio contratista no había ejecutado los

arreglos a los que se había comprometido y recomendó hacer efectiva la

póliza N° 1151495. Acompañó su comunicación con un nuevo registro

fotográfico de la vía intervenida, que contenía imágenes y referencias de

los daños encontrados en el asfalto, en 107 puntos de la denominada "Calle

13 de B., de los cuales, solo 11 presentaron coincidencias con el

informe del IDU. Según la interventoría, la reparación de las fallas

encontradas en 2004 tendría un costo de $256'000.000. Esta cifra fue

corroborada por la EAAB al reclamar el pago del siniestro ante la compañía

Confianza S.A., en un documento que denominó "decisión N° 004" del 3 de

marzo de 2005, en el cual declaró la ocurrencia del siniestro de

estabilidad de la obra, con el propósito de constituir el aviso de

siniestro a la aseguradora.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO

EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA / EMPRESA DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL

DISTRITO

La S. es competente para conocer del presente asunto en segunda

instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte

actora contra la sentencia dictada el 14 de octubre de 2011, puesto que el

artículo 82 del Código Contencioso Administrativo –vigente en la fecha de

interposición de la demanda- estableció que la Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias

y litigios originados en la actividad de las entidades públicas. En efecto,

en esta oportunidad se somete a consideración de la S. el alegado

incumplimiento, por parte de las sociedades demandadas, respecto del

contrato de obra N° SF-1-01-7000-0554-97 del 29 de diciembre de 1997, en el

cual fungió como entidad contratante la Empresa de Acueducto y

Alcantarillado de Bogotá –EAAB S.A. E.S.P.-, empresa industrial y comercial

del Estado, del orden distrital y, por tanto, entidad de naturaleza

pública, de acuerdo con lo dispuesto en la L. 489 de 1998. Ahora, la

actuación que en esta sentencia habrá de resolverse ostenta vocación de

doble instancia, puesto que la cuantía fijada en la demanda es superior a

los 500 S.M.L.M.V. ($190'750.000) establecidos en el artículo 132 – numeral

5 del C.C.A.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 82 / CÓDIGO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5 / LEY 489 DE 1998

NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA / UNIÓN TEMPORAL / CONSORCIO / MIEMBROS DE LA

UNIÓN TEMPORAL / MIEMBROS DEL CONSORCIO - Notificación individual a cada

uno de sus integrantes / REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO / RESPONSABILIDAD

SOLIDARIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO / LITISCONSORCIO NECESARIO /

INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO

La S. advierte que, para efectos procesales, es procedente la

notificación de la demanda a cada uno de los integrantes del consorcio o de

la unión temporal, de manera individual, en la medida en que ninguna de

esas dos figuras goza de personería jurídica, por lo cual, cuando el

consorcio es el demandado, tiene cabida la vinculación de cada uno de sus

integrantes mediante notificación personal. Más aun, ello garantiza a los

integrantes de tal agrupación el derecho al debido proceso. Adicionalmente,

en el acto de conformación del consorcio se señaló que la responsabilidad

de sus miembros sería solidaria, de manera que, si sus integrantes están

convencionalmente llamados a responder por las obligaciones contractuales

ya señaladas, la garantía de su legal vinculación al proceso se cumple

necesariamente con la aludida notificación.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO

DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

De conformidad con el artículo 136, numeral 10, del C.C.A., modificado por

el artículo 44 de la L. 446 de 1998, en las acciones relativas a

contratos, el término de caducidad de dos años allí establecido comienza a

correr desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de

derecho que les sirvan de fundamento. Si bien, la misma norma hace

previsiones específicas para contabilizar la caducidad en los contratos que

requieren liquidación, lo cierto es que, en casos como el que hoy juzga la

S., debe aplicarse la regla general aludida, toda vez que el evento que

motivó la demanda se produjo después de la liquidación del contrato materia

de controversia.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10

/ LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44

PROBLEMA JURÍDICO: En el presente asunto, le corresponde a la S.

determinar si el consorcio ejecutor del contrato N° SF-1-01-7000-0554-97

del 26 de diciembre de 1997 incumplió con su obligación contractual de

garantizar la estabilidad de las obras que fueron objeto de dicho negocio

jurídico y, si tal incumplimiento, de llegar a demostrarse, también le es

patrimonialmente exigible a la compañía de seguros Confianza S.A., en

virtud de la póliza de estabilidad de obra N° 1151495 de 2000 –con

certificado de modificación N° 1152043 del mismo año-.

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO / CONTRATO

ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL /

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO POR ENTIDAD DISTRITAL / EMPRESA DE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

De conformidad con el artículo 32 de la L. 142 de 1994, los actos de las

empresas de servicios públicos domiciliarios –aun aquellas que sean

estatales- se rigen únicamente por las normas del derecho privado.

Asimismo, para la época de celebración del contrato N° SF-1-01-7000-0554-97

de 1997, el artículo 31 de la L. 142 de 1994 establecía que los contratos

celebrados por las entidades estatales prestadoras de servicios públicos

domiciliarios, que tuvieran por objeto la prestación de estos, se regirían

por el parágrafo 1 del artículo 32 de la L. 80 de 1993, aplicando, con

todo, las salvedades legales establecidas en el mismo estatuto de servicios

públicos. A su vez, el parágrafo 1 del artículo 32 de la L. 80 de 1993

establecía que los contratos allí mencionados no estarían sujetos a las

disposiciones del Estatuto General de Contratación Administrativa sino a

las leyes que les fueran aplicables. (…) al contrato de obra celebrado por

la EAAB, incluso en lo relativo a las obligaciones postcontractuales

surgidas de ese mismo negocio jurídico, se les aplica la normativa de

derecho privado, en particular, las disposiciones del Código Civil

relativas al deber de garantizar la estabilidad de la obra o construcción

contratada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen jurídico de los contratos

celebrados por entidades públicas y privadas, prestadoras de servicios

públicos domiciliarios, consultar sentencia de 8 de junio de 2018, Exp.

25000-23-26-000-1999-01988- 01(38120), C.J.E.R.N..

FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31 / LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO

32 PARÁGRAFO 1 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 PARÁGRAFO 1 / CÓDIGO CIVIL

CONCEPTO DE CONTRATO DE SEGURO / PARTES DEL CONTRATO DE SEGURO / GARANTÍA

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍA CON EL CONTRATO DE SEGURO /

DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Constituidas xxx garantías a través de la figura del seguro, la primera

remisión normativa conduce a los artículos 1036, 1037 y 1083 del Código de

Comercio, a la luz de los cuales, el seguro puede definirse como un

contrato en virtud del cual, el tomador, obrando por cuenta propia o ajena,

traslada a un asegurador los riesgos que puedan afectar uno o más elementos

del patrimonio del asegurado. El asegurador, por su parte, asume el riesgo

en virtud del contrato, obligándose condicionalmente a su cobertura

mediante el pago de una indemnización, en caso de que el riesgo se

materialice. La garantía prestada mediante el seguro se orienta, por

consiguiente, a evitar que el asegurado –en este caso, la empresa pública

contratante- resulte afectado por el daño originado en la concreción del

riesgo. Así, aunque a las garantías que afianzan los contratos del Estado

que se gobiernan por el derecho privado no les son aplicables las normas

del Estatuto General de Contratación Administrativa, en todo caso, las

mismas terminan operando como salvaguarda del patrimonio público, en cabeza

de la entidad estatal contratante, dado su carácter indemnizatorio a favor

de la administración, acreedora y asegurada. Habida cuenta de lo anterior,

es palmario que la...

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