Auto nº 11001-03-06-000-2019-00057-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 12 de Diciembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 844452254

Auto nº 11001-03-06-000-2019-00057-00 de Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, de 12 de Diciembre de 2019

Ponente:ÁLVARO NAMÉN VARGAS
Fecha de Resolución:12 de Diciembre de 2019
Emisor:Sala de Consulta y Servicio Civil
RESUMEN

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS - Entre la Defensoría de Familia del Centro Zonal Galán del ICBF Regional Tolima y el Juzgado Primero de Familia de Ibagué / PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES - Fundamentos constitucionales y desarrollo legalEl artículo 44 de la Constitución Política de 1991 elevó a rango constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás (…) Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098 de 2006) (…) La Ley 1878 de 2018 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) (…) La Ley 1955 de 2019, modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018. (…) El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de manera definitiva la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. (…) El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modificó las reglas de competencia establecidas en el artículo 3 de la Ley 1878 de 2018, ni en la Ley 1098 de 2006. (…) El marco legal (…) trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa. Este se desarrolla a través de tres fases o etapas: (i) la verificación de los derechos (art. 52, modificado por el art 1 de Ley 1878); (ii) el procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los arts. 3 y 4 Ley 1878) que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección; y (iii) el seguimiento a esas medidas transitorias (art. 103, modificado por el art. 6 de la Ley 1878 de 2018 y el art. 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una decisión de fondo tendiente a... (ver resumen completo)

 
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CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS – Entre la Defensoría de

Familia del Centro Zonal Galán del ICBF Regional Tolima y el Juzgado

Primero de Familia de Ibagué / PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES – Fundamentos constitucionales y desarrollo

legal

El artículo 44 de la Constitución Política de 1991 elevó a rango

constitucional los derechos de los niños y las niñas, y estableció que

prevalecen sobre los derechos de los demás (…) Para dar cumplimiento a lo

anterior, se expidió el C.go de la Infancia y la Adolescencia, (Ley 1098

de 2006) (…) La Ley 1878 de 2018 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de

2006 (C.go de la Infancia y la Adolescencia) (…) La Ley 1955 de 2019,

modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado

por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018. (…) El tercer inciso del artículo

208 introduce el enfoque diferencial como criterio para ampliar el término

de la fase de seguimiento para resolver de fondo y de manera definitiva la

situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes. (…) El citado

artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modificó las reglas de competencia

establecidas en el artículo 3 de la Ley 1878 de 2018, ni en la Ley 1098 de

2006. (…) El marco legal (…) trata de garantizar y restablecer los derechos

de los niños, niñas y adolescentes, cuando son vulnerados, desconocidos o

puestos en riesgo, a través de un proceso de protección y restablecimiento

que se adelanta por vía administrativa. Este se desarrolla a través de tres

fases o etapas: (i) la verificación de los derechos (art. 52, modificado

por el art 1 de Ley 1878); (ii) el procedimiento regulado en los artículos

99 y 100 del código (modificados por los arts. 3 y 4 Ley 1878) que concluye

con la imposición de medidas transitorias de protección; y (iii) el

seguimiento a esas medidas transitorias (art. 103, modificado por el art. 6

de la Ley 1878 de 2018 y el art. 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina

con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño,

niña o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o

adoptiva), y a cerrar el proceso de protección

FUENTE FORMAL: LEY 1955 DE 2019 – ARTÍCULO 208 / LEY 1878 DE 2018 –

ARTÍCULO 6 / LEY 1955 DE 2019ARTÍCULO 99 / LEY 1955 DE 2019 – ARTÍCULO

100 / LEY 1098 DE 2006 / LEY 1878 DE 2018ARTÍCULO 3 / CONSTITUCIÓN

POLÍTICA – ARTÍCULO 44

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL – Competencia general en materia de

conflictos de competencias administrativas / SALA DE CONSULTA Y SERVICIO

CIVIL – Elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de

competencias administrativas

La Parte Primera del C.go de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento

administrativo». Su Título II se ocupa del «Procedimiento Administrativo

General» cuyas «reglas generales» están contenidas en el Capítulo I, del

que forma parte el artículo 39 (…) Con base en el artículo 39 transcrito y

en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la S. ha precisado los

elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia

administrativa, a saber: (i) que se trate de una actuación de naturaleza

administrativa, particular y concreta; (ii) que, simultáneamente, las

autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la

actuación administrativa particular; y, (iii) que una de las autoridades

inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden

nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un

solo tribunal administrativo

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011ARTÍCULO 39 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO

112

COMPETENCIA DE LOS JUECES DE FAMILIA EN MATERIA DE CONFLICTOS DE

COMPETENCIA Administrativa – No se opone a la competencia de la S. de

Consulta

[L]a S. concluyó que el C.go General del Proceso no modificó ni derogó

en forma expresa o tácita ninguna de las disposiciones señaladas en el

CPACA respecto de los conflictos de competencias administrativas, ya que si

bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la función de

resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las

autoridades antes mencionadas, esta competencia no resultó opuesta o

incompatible con lo dispuesto para la S. de Consulta y Servicio Civil del

Consejo de Estado y los tribunales administrativos en los artículos 39,

112, numeral 10, y 151, numeral 3, del CPACA. Por lo anterior, los jueces

de familia y la S. tienen una competencia a prevención para resolver

conflictos de competencias administrativas que se susciten en materia de

familia. Lo anterior, limitado por el alcance del parágrafo 3 del artículo

3 de la Ley 1878 de 2018

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011ARTÍCULO 39 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO

112 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 151 NUMERAL 3 / LEY 1878 DE 2018 –

ARTÍCULO 3 PARÁGRAFO 3 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 21

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL – Competencia para dirimir los conflictos

que se susciten en actuaciones administrativas reguladas por la ley 1098 de

2006

La Ley 1878 de 2018 modificó el Libro Primero C.go de la Infancia y la

Adolescencia. Para establecer la incidencia de tales modificaciones en la

función de dirimir los conflictos de competencia administrativa, asignada a

la S. de Consulta y Servicio Civil, se analizará: (i) el trámite a que se

refieren los artículos 99 y 100 de la Ley 1098 de 2006 (modificados por la

Ley 1878 de 2018), (ii) los trámites de seguimiento y modificación de las

medidas de restablecimiento, de que trata el artículo 103 de la Ley 1098 de

2006, también modificado por la Ley 1878 de 2018, artículo 6, y el artículo

208 de la Ley 1955 de 2019, y (iii) los trámites sobre custodias, visitas,

alimentos y declaratoria de adoptabilidad

FUENTE FORMAL: LEY 1098 DE 2006ARTÍCULO 103 / LEY 1955 DE 2019

ARTÍCULO 208 / LEY 1878 DE 2018 – ARTÍCULO 6

JUEZ DE FAMILIA – Competencia para dirimir conflictos de competencia que

puedan presentarse en el trámite de la ley 1878 de 2018

Las normas del procedimiento administrativo general estatuido en el CPACA

se aplican para suplir los vacíos del procedimiento administrativo de

restablecimiento de derechos, regulado en ley especial (C.go de la

Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006). Por lo que, en tanto el

artículo 3 de la Ley 1878, que modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de

2006, confirió a los jueces de familia la función de dirimir los conflictos

de competencia que puedan presentarse en el trámite regulado por dicha

norma, sobre ese punto ya no hay vacío, sino norma especial de aplicación

prevalente. El artículo 99 del C.go regula la «iniciación de la actuación

administrativa», cuyo trámite se consagra de forma inicial en este artículo

y continúa desarrollándose en el artículo 100 de la misma normativa, por lo

que, debe entenderse que el parágrafo del artículo 3 de la Ley 1878 cobija

ambos artículos. Significa, entonces, que los conflictos de competencia que

se susciten desde el «conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de

los derechos» hasta la definición de la situación jurídica «declarando en

situación de vulneración de derechos o adoptabilidad al niño, niña o

adolescente», regulado en los artículos 99 y 100 del C.go de la Infancia

y la Adolescencia, son competencia del juez de familia

FUENTE FORMAL: LEY 1878 DE 2018 – ARTÍCULO 3 / CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA

ADOLESCENCIA – ARTÍCULO 99 / CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

ARTÍCULO 100

VIGENCIA DE LA LEY – R. general / LEY 1878 DE 2018 – Vigencia /

Corresponde al Congreso de la República hacer las leyes (artículos 150 y

157 de la C.P.), de lo cual se sigue que puede disponer el momento en el

cual comenzarán a regir. Por regla general, la ley comienza a regir a

partir de su promulgación, salvo que el legislador, en ejercicio de su

competencia constitucional, mediante precepto expreso determine una fecha

diferente. La Ley 4 de 1913, «sobre régimen político y municipal», es

plenamente concordante con la normativa constitucional, al disponer que «La

ley no obliga sino en virtud de su promulgación, y su observancia principia

dos meses después de promulgada», esto es, «insertar la ley en el periódico

oficial» (…) Si bien la Ley 1878 de 2018 no estableció una norma precisa

relativa a su vigencia, por lo que, en principio, resultaría aplicable la

regla general del artículo 52 de la Ley 4, el intérprete no puede pasar por

alto que el artículo 13 de la Ley 1878. La norma transcrita alude a la

vigencia de la Ley 1878 para hacer un corte respecto de los procesos en

curso y fijar las reglas de tránsito de legislación, momento que acaece «a

partir de la expedición» de esa ley. La manera ambigua y anti-técnica como

la ley alude a dos asuntos de capital importancia (la vigencia de la ley y

las normas de transición), ameritan que sean dilucidados por la S.. En

cuanto a lo primero, debe decirse que la expedición de la ley no coincide

con el momento de su vigencia. La expedición se refiere a la formulación de

la materia normativa y la promulgación alude a la publicidad de dicho

contenido. «En consecuencia, la ley o el acto, aunque se conforman en el

momento de su expedición, sólo producen efectos jurídicos desde su

promulgación en el Diario Oficial». Por consiguiente, si se le da un efecto

útil al artículo 13 de la Ley 1878 de 2018, en el sentido de que la

expresión «a partir de la expedición» de esa ley debe entenderse como el

inicio de su vigencia, esto es, que el legislador fijó la fecha de su

promulgación como el día en que debía «principiar a regir» (art. 53, Ley 4

de 1913), necesariamente deberá concluirse que si la Ley 1878 fue publicada

en el Diario Oficial 50.471 del 9 de enero de 2018, esta comenzó a regir en

esa fecha, y, por lo mismo, desde ese momento comienza a regular las

situaciones por ella previstas, en lo que se conoce como...

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